Conferencia de prensa del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Portavoz.- Buenas tardes. Comparezco ante ustedes para informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la reunión celebrada el día de hoy, 21 de julio, bajo la presidencia de don Mariano Rajoy. Antes de ello, y como viene siendo habitual, haré una valoración política de los asuntos más destacados de la semana.

En primer lugar, me quiero referir a la visita que el presidente del Gobierno, acompañado de la ministra de Defensa, ha girado a las tropas españolas desplegadas en Estonia y Letonia. Ha querido el presidente del Gobierno conocer de primera mano las labores que desarrollan el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire, y las operaciones en el mando de la OTAN, tanto en la base aérea de Ämari, como en las unidades acorazadas que están en la denominada "Presencia Avanzada Reforzada" dentro de la política de disuasión y defensa de la OTAN.

El presidente del Gobierno ha querido con esta visita respaldar la labor de tropas españolas que operan en ambos países con la misión de proteger y reforzar su espacio aéreo de acuerdo con los compromisos adquiridos en el marco de la OTAN. Como recordaran ustedes, los pasados 8 y 9 de julio, en Varsovia, se tomaron una serie de medidas importantes motivadas por la nueva situación en Rusia o en Estados Unidos, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la inestabilidad en el norte de África y Oriente Medio. Para responder a estos retos, la OTAN se ha convertido en una alianza de 360º, con arreglo a dos objetivos estratégicos fundamentales: defender, en primer lugar, la seguridad de los países miembros de la Alianza y participar en la estabilización de las regiones volátiles que influyen en la seguridad o en la inseguridad occidental.

Esta presencia del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa engarza con el compromiso de la Cumbre de Cardiff en el año 2014 por el que todos los países miembros, y también España, se comprometieron a aumentar el gasto de Defensa hasta el 2 por 100 del PIB en el año 2025; y también en esta línea que está adoptando la Unión Europea de integrar la política de seguridad y defensa en el proyecto europeo, uno de los pilares más importantes que, en mi opinión, va a tener desarrollo, y desarrollo decisivo, en los próximos años.

Asimismo, durante esta semana hemos ido conociendo nuevos datos económicos que confirman la fortaleza de la economía española. Ayer, y hoy también, la prima de riesgo baja de los cien puntos básicos por primera vez en el año 2017. Ya están muy lejos aquellos tiempos de julio del año 2012 cuando la prima de riesgo alcanzó 670 puntos básicos en relación con el bono alemán; hoy estamos en noventa y tantos, 93 puntos básicos. La prima de riesgo es importante, porque es el sobrecoste que exigen los mercados por comprar los bonos españoles en vez de otros bonos más seguros. Por tanto, hace unos meses, en febrero, estábamos en 157 puntos básicos, hoy estamos en 93 y eso significa que, para los inversores, España es un país de confianza, un país estable, un país donde las reformas funcionan y un país que tiene futuro.

En esa misma línea de futuro, el Fondo Monetario Internacional publicó este martes su informe anual sobre la economía española. Se refirió a las reformas emprendidas por nuestro país, que son las que han hecho que España lidere el crecimiento económico en la zona euro y también la que cree más empleo en la zona euro.

Igualmente, otras noticias que hemos conocido esta semana: datos de créditos dudosos -fuente, Banco de España--: la morosidad en el mes de mayo se ha situado a niveles de abril de 2012; las empresas exportadoras mejoran también sus expectativas sobre la evolución de la cartera de pedidos; ésta es una información del Indicador Sintético de Actividad Exportadora. Es decir, no es que estemos exportando más ahora, sino que la previsión hacia el futuro también es halagüeña.

Récord de contratos de trabajo. Se han firmado en España hasta el mes de mayo más de 10,5 millones de contratos de trabajo, el mejor registro de la serie histórica que se remonta a 1995. Ayer, la ministra de Empleo y Seguridad Social anunció que España contará en este año con 837 millones de euros más para el Programa de Garantía Juvenil. Por tanto, estamos hablando de una cantidad muy importante para motivar el empleo entre los jóvenes, que ha bajado en España en quince puntos en el último año, lo que supone más de un millón de personas menores de veinticinco años que están en el mercado laboral.

Hemos conocido también una fuerte reducción de la deuda privada en el año 2016 y se ha incrementado también la inversión productiva de las empresas: en el año 2016 se cerró en el 13,4 por 100 del PIB, que es el mayor nivel desde el año 2008.

En línea con esta batería de buenas noticias, hay un fuerte incremento de actividad en el sector exterior, que creció en mayo casi un 8 por 100; un fuerte incremento de la cifra de negocios de la industria y también de los pedidos, es decir, de las expectativas, y aumenta nuevamente la confianza empresarial. El Índice de Confianza Empresarial Armonizado ha subido en el tercer trimestre del año un 2 por 100 con relación al segundo.

Y también los servicios de estudios de las grandes instituciones incrementan la previsión de crecimiento para este año 2017 respecto a la del Gobierno, que, como saben ustedes, es del 3 por 100. El Gobierno previó al principio un 2,5 por 100 del PIB, lo subió al 2,7 por 100 y en julio, al 3 por 100. Pues bien, las grandes firmas, las grandes empresas, los servicios de estudios de las mismas, prevén que, si continuamos así, en la línea de reformas y con los datos que tenemos, es posible que aun aumente ese 3 por 100 que está sobre la mesa del Gobierno.

Un nuevo dato de hoy mismo: las exportaciones españolas registran un nuevo máximo histórico en los primeros cinco meses del año: han aumentado casi un 11 por 100 sobre el mismo período del año anterior. Y el dato de España -esto es muy importante-- se sitúa por encima de Alemania, que está en el 7,2 por 100; Francia, en el 3,6 por 100; Italia, en el 8 por 100 y también Estados Unidos, que no llega al 7 por 100; China, al 4,5 por 100 o Japón. Por lo tanto, también lideramos, en este capítulo tan importante para la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas y nuestra balanza de pagos, como son las exportaciones.

En definitiva, avanza ese crecimiento integrador. Todos estos datos subrayan que, tanto las familias, como las empresas están mejorando su situación económica, y con todo ello, como he dicho en numerosas ocasiones, la estabilidad económica retroalimenta, alimenta, la estabilidad política. Hoy España tiene un horizonte político de mayor estabilidad, de mayor confianza y certidumbre; eso que hemos denominado "la Legislatura del diálogo", y que está dando sus frutos. Los ha dado con la aprobación de los Presupuestos Generales, que están ya vigentes para 2017 y con la aprobación también del "techo de gasto" para el año 2018.

Y ayer mismo también hubo una buena noticia: la Subcomisión del Pacto de Estado contra la violencia de género --recuerden ustedes que era una de las prioridades del presidente del Gobierno en la sesión de investidura-- ha alcanzado un acuerdo, un acuerdo importante, para luchar contra esa lacra, un acuerdo de medidas políticas que van acompañadas también de previsiones presupuestarias.

Por tanto, estamos en una legislatura del diálogo, que el Gobierno quiere y presume que va a ser larga y fructífera, en un entorno mundial en el que España es un país que cumple sus compromisos, un país estable, un país con prestigio, serio y fiable.

Por tanto, dentro de este marco, quiero mencionarles los acuerdos a los que ha llegado hoy el Consejo de Ministros.

Antes de la reunión del Consejo de Ministros, ha celebrado una reunión la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno en la cual, y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, se ha aprobado un Acuerdo de condicionalidad específica para la Comunidad Autónoma de Cataluña, que complementa el adoptado en 2015.

El objetivo de este Acuerdo tomado hoy es impedir que la Generalidad de Cataluña pueda tramitar expedientes de gasto destinados a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre. El motivo para establecer condiciones específicas parte de los acontecimientos de las últimas semanas, de los que les he dado cuenta. El pasado 5 de julio el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y nula la disposición adicional 40 de la Ley de Cataluña 4/2017, de Presupuestos de la Generalidad, y declaró inconstitucionales partidas presupuestarias en caso de que se destinasen a financiar el referéndum ilegal. Pese a ello, representantes de las instituciones catalanes han declarado su voluntad de seguir con el procedimiento, lo que, evidentemente, genera un riesgo para el interés general y una situación de incertidumbre económica perjudicial para ciudadanos y empresas.

Por ello, y para garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos y a la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional del 5 de julio, el presente Acuerdo introduce una serie de requisitos a la Generalidad de Cataluña que incluyen la remisión de certificados individuales semanales para los interventores de las Consejerías, con el soporte certificado de los máximos responsables de los órganos gestores; para los responsables económico-financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas; para el director general de Presupuestos y para el director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro. Todos ellos, todas estas personas que acabo de mencionar, certificarán semanalmente que no se han iniciado o tramitado expedientes de gastos y pagos que puedan estar destinados, directa o indirectamente, a actividades vinculadas con el referéndum ilegal.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública verificará lo previsto en este Acuerdo. Si de la información concluyera que se ha financiado el proceso referendario, dará traslado a las autoridades competentes para la exigencia de responsabilidades. En caso de incumplimiento de la obligación de remitir la información, se aplicará lo previsto en el Acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del 20 de noviembre de 2015 sobre medidas para garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de servicios públicos en defensa del interés general.

Este Acuerdo condiciona el desembolso de la financiación del Fondo de Liquidez Autonómica, del FLA, al cumplimiento del Acuerdo. Les reitero que desde el año 2012 el FLA ha destinado a Cataluña 67.000 millones de euros y para este año, el año 2017, están previstos 3.600 millones.

El Consejo de Ministros ha tomado también otros acuerdos. Ha aprobado el Real Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2017-2018. La beca la considera el Gobierno, de acuerdo con lo que establece el artículo 27 del derecho de educación en la Constitución, como un derecho subjetivo del estudiante. Para cumplir con ese deber de garantizar la igualdad en el acceso a la educación, las becas garantizan el acceso a los niveles no obligatorios de la enseñanza a todos los estudiantes, y se establecen también mecanismos, en su caso, de exención de precios públicos. Todo ello con el objetivo del Gobierno, que es un principio esencial de su política, de que nadie en España abandone sus estudios postobligatorios por motivos económicos; para asegurar también que quienes tienen vocaciones y aptitudes puedan desarrollarlos y para avanzar también en el esfuerzo, la responsabilidad y la igualdad de oportunidades.

Becas, por tanto, y ayudas de estudio que se dirigen a estudiantes de Bachillerato, de Formación Profesional básica de grado medio y superior, de enseñanzas universitarias de Grado, de Master, de diplomaturas o licenciaturas, y enseñanzas en régimen especial.

Por tanto, el Real Decreto lo que establece son unos umbrales de renta y patrimonio de las familias y de requisitos económicos que se aprueban, como saben ustedes, año tras año.

Quiero decirles a ustedes también que el Gobierno ha incrementado el presupuesto para el sistema de becas y ayudas al estudio en los Presupuestos Generales desde el año 2013. Este año también lo ha incrementado y llega a un récord histórico de 1.420 millones de euros.

El Real Decreto sigue la línea de los años anteriores: se mantienen los umbrales de renta y patrimonio --no se han alterado desde el curso 2012-2013, pese a que haya variado a mejor la situación económica de las familias--; sigue promocionando la cultura del esfuerzo, con requisitos académicos para estimular la mejora del rendimiento económico de los estudiantes y se han adaptado medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema financiero.

Quiero significar también cómo el número de becarios, según nuestros datos de la política de becas, ha ido aumentando en estos últimos años: en el último año hay 674.645 becarios de la convocatoria general y más de 95.000 de la convocatoria para alumnos con necesidades específicos de apoyo educativo.

Hay dos modificaciones que se han introducido: una para sustituir la antigua PAU por el nuevo EBAU, la Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad; y otra que se refiere a la convocatoria de módulos de grado medio de Formación Profesional que resulten automáticamente convalidados en algunas enseñanzas de grado superior. Asimismo, también vamos a mejorar la gestión de las becas y hemos incorporado una "microsite" de becas en la página web del Ministerio para que exista una información, la gran facilidad de información, para todos los becarios.

Con esto cumplimos con algo muy importante para este Gobierno: la dimensión social de la educación y, como he dicho antes, el facilitar que en España nadie deje de estudiar por motivos económicos.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y que corresponden a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Es un Real Decreto que viene a dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de enero del año 2017 y a los acuerdos sobre el nuevo modelo de gestión de las subvenciones de 0,7 por 100 del IRPF para fines sociales.

Esta es la primera convocatoria en que los créditos del programa del 0,7 por 100 se reparten a las entidades del Tercer Sector en un sistema que es de gestión mixta entre Estados y Comunidades Autónomas.

En esta convocatoria se van a distribuir más de trescientos millones de euros gracias a la solidaridad de los contribuyentes españoles que marcaron la casilla "fines sociales" en la declaración de la Renta del año 2015. En su reparto se priorizarán las actividades que sean consideradas de interés social, como la atención a personas con necesidades de atención integral sociosanitaria, la promoción del voluntariado o el desarrollo de actividades en el ámbito de la educación no reglada. De las entidades solicitantes se valorarán aspectos como el desarrollo de actividades en ocho o más Comunidades Autónomas, número de socios y afiliados, antigüedad, estructura, capacidad y especialización. Y se dará prioridad a programas subvencionados con anterioridad, precisamente para darles continuidad.

Además, el Consejo de Ministros ha tomado un acuerdo por el que se autoriza al Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales la convocatoria de ayudas para la amortización de largometrajes correspondiente al año 2017, por un importe de más de 32 millones de euros. Se trata del viejo sistema de ayudas para la amortización de largometrajes estrenados en el año 2015 y estos 32 millones se unen a los 30 millones que aprobamos el 16 de junio para la nueva Ley de Financiación del Cine.

Asimismo, se ha aprobado un Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de guardia civil y de situaciones administrativas de personal de la Guardia Civil que actualiza el Reglamento General de adquisición de pérdida y de condición de militar de carrera de la Guardia Civil, que entró en vigor hace veinte años. Por tanto, es una actualización del mismo.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha escuchado un informe, que ha hecho quien les habla, sobre la situación en la Federación Española de Fútbol.

También ha aprobado una serie de nombramientos. En el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la nueva subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación es doña Beatriz Larrotcha; introductora de Embajadores, con cargo de directora general, doña María Sáenz de Heredia y Alonso; secretario general técnico, don José María Muriel Palomino; embajador de España en la República de Austria, don Juan Sunyé Mendía; embajador de España en el Estado Plurinacional de Bolivia, don Enrique Ojeda Vila; embajador de España en la República Helénica, don Enrique Viguera Rubio; embajador representante permanente de España ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, don Cristóbal González Aller-Jurado, que era el anterior subsecretario; embajador de España en la República de Uganda, don Javier García de Viedma Bernaldo de Quirós y, finalmente, embajador en misión especial para Asuntos Migratorios, don José Luís Pardo Cuerdo.

Con esto concluyo los acuerdos del Consejo de Ministros y estoy, por supuesto, a su disposición para aquellas preguntas que quieran realizarme.

P.- José Miguel Blanco, de la agencia EFE. Después de la actuación de ayer de la Guardia Civil en el Palacio de la Generalitat y en el Parlament, ¿cómo valora el Gobierno la interpretación del consejero de Presidencia, el señor Turull, de que se trató simplemente de un espectáculo mediático y le choca que no haya habido una actuación similar en Moncloa?

Por otro lado, en el terreno económico, ¿el Gobierno vería con buenos ojos la contra opa que hoy ACS ha confirmado que está estudiando sobre Abertis y que podría evitar que pasase a manos del grupo italiano Atlantia?

Portavoz.- Respecto a la primera pregunta, ayer la presencia de la Guardia Civil fue consecuencia de una orden del juez del Tribunal Superior de Cataluña que conoce del caso llamado de "las comisiones del 3 por 100". Por lo tanto, entra dentro de la más absoluta normalidad y lo que tienen que hacer todas las instituciones es atender un llamamiento de la autoridad judicial y cooperar. Lo otro sería muy extraño. El no cooperar con la actuación judicial alguien puede entender que es que no quiere que la autoridad judicial desentrañe lo que ha pasado en realidad. Por tanto, estamos seguros de que todas las instituciones van a cooperar con la autoridad judicial; insisto, con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En el segundo caso, estamos, como usted sabe, ante una gestión de empresas privadas y, por tanto, son ellas las que tienen que tomar la decisión. Estamos también ante un anuncio de estudio. Veremos a ver si se traduce o no en realidad. El Gobierno está a la espera y sigue con interés este tema porque, además, hay una participación de Hispasat en todo ello. Pero, evidentemente, estamos viendo cómo se desarrolla el procedimiento y a la espera de que los anuncios se traduzcan en hechos.

P.- Carina Verdú, de Antena 3 Noticias. Quería pedirle una valoración del Gobierno sobre la detención de Ángel María Villar y si creen que afecta a la buena imagen del fútbol español.

Portavoz.- La detención, primero, del señor Villar, del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, del vicepresidente, del tesorero y de otra persona más obedece a una actuación judicial. Las federaciones de fútbol u otras son asociaciones de Derecho Privado, el Estado tiene una función de tutela para el cumplimiento de la Ley, pues están sometidas a la Ley del Deporte, y de supervisión en el caso de que haya fondos públicos.

Creo que en la Legislatura pasada el Consejo Superior de Deportes hizo una gran labor en lo que se refiere al saneamiento de las deudas de los clubes de fútbol. Muchos de ellos estaban en una mala situación y esa labor ha conseguido superar esa mala situación.

En todo caso, cuando el Consejo Superior de Deportes estima que existen indicios de irregularidades, los pone en conocimiento de las autoridades, o bien penales, o bien administrativas. El Consejo Superior de Deportes vio, estimó, que existían esos indicios de irregularidades, que podían tener una repercusión penal en varios casos y los pusimos en conocimiento inmediatamente de la Fiscalía Anticorrupción:

- Escrito de fecha 11 de noviembre de 2015 sobre la resolución de los contratos suscritos entre la Real Federación Española de Fútbol y el Grupo Santa Mónica.

- Con fecha 3 de diciembre, también de 2015, sobre la existencia de saldos bancarios de la Federación en determinadas entidades sin justificación aparente.

- El 18 de enero de 2016, sobre obras financiadas por la Federación con cargo al por 100 de las quinielas en la provincia de Tenerife.

- El 15 de febrero de 2016, sobre presunta reventa fraudulenta de entradas facilitadas por la Federación para el Mundial de Brasil.

- Escrito del 7 de marzo de 1016 sobre presunto trato discriminatorio y posible adulteración de competición por las actuaciones de dirigentes de la Federación en relación con dos clubes de fútbol.

-Y un escrito del 25 de enero de 2017 sobre presuntos delitos de fraude de subvenciones y apropiación indebida.

Estamos hablando de seis casos que han sido puestos en conocimiento, por parte del Consejo Superior de Deporte, de la Fiscalía. El Consejo veía que podía existir alguna irregularidad que podía dar lugar a responsabilidades penales. Ha habido otros que se han referido a irregularidades de tipo administrativo que han estado residenciados en el Tribunal Administrativo del Deporte. Por tanto, fruto de esos escritos remitidos por el Consejo Superior de Deportes, en uso de sus atribuciones, como obligación suya, ha sido el auto que hemos conocido ayer del juez de la Audiencia Nacional en el que imputa a tres miembros de la Federación, al señor Villar, al señor Padrón y al señor Hernández, de cuatro delitos: corrupción entre particulares, falsedad documental, administración desleal o apropiación indebida, o estafa.

Desde ese mismo momento, el interés del Consejo Superior de Deportes es garantizar la tranquilidad y la estabilidad en el mundo del fútbol. Por eso, la primera medida que tomó fue que se siguiera con el curso normal de los acontecimientos. Era muy importante que se realizara el sorteo para la competición de Liga y se ha realizado esta mañana con total normalidad. Y ayer mismo, después de conocer el auto del juez, el presidente del Consejo Superior de Deportes ha remitido un escrito al Tribunal Administrativo del Deporte para que, a la luz del auto, incoe expediente disciplinario contra los afectados como consecuencia de presuntas infracciones muy graves tipificadas en la Ley del Deporte.

Asimismo, el presidente del Consejo Superior de Deportes ha convocado a la Comisión Directiva del Consejo Superior para el próximo martes, a las 19.00 horas. En esa reunión del martes, a las 19.00 horas, el presidente del Consejo Superior de Deportes va a proponer a la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes el acuerdo de suspensión cautelar y provisional de los afectados, de acuerdo con el artículo 10.2 de la Ley del Deporte y, por lo tanto, entrará en vigor, se activará, el mecanismo previsto en el artículo 34.7 de los Estatutos de la Federación Española de Fútbol en casos de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que impida transitoriamente desempeñar sus funciones al presidente; establece una cadena de sustituciones.

Por tanto, por lo que queremos velar, que ha sido nuestro objetivo desde el principio, es por asegurar la total normalidad y funcionamiento de las instituciones cuando el presidente y el vicepresidente están en prisión incondicional por un auto del juez.

Esa es la actitud del Gobierno, creemos que es la correcta también y queremos lanzar un mensaje a esa gran familia del fútbol para que estén tranquilos y para que sepan que vamos a actuar, y estamos actuando ya, con total normalidad para que las Administraciones funcionen en tal sentido.

P.- Sonsoles Ónega, de Informativos Tele-5. Quería preguntarle sobre esa orden que el Gobierno va a dar a la Generalitat. ¿A partir de cuándo será efectiva? ¿Cuándo Cataluña tendrá que empezar a justificar sus gastos? ¿Quién del Gobierno va a estar encima de ese control de las cuentas de Cataluña? ¿Será Hacienda o quién?

Ha hecho usted mención a un acuerdo importante. Quería saber si se está refiriendo al acuerdo de violencia de género, a ese Pacto de Estado que se está trabajando en el Congreso de los Diputados, y si confían ustedes en poder cerrarlo para la semana que viene.

Portavoz.- Respecto a la primera pregunta, la entrada en vigor del Acuerdo es inmediata. Es un Acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

En segundo lugar, será el Ministerio de Hacienda y Función Pública el encargado de velar por el cumplimiento del Acuerdo.

Y, en tercer lugar, efectivamente, me refería al acuerdo sobre violencia de género. Ya saben ustedes que en la conversación que tuvo lugar hace unas semanas entre el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE se habló de este tema como un tema importante, un tema que importa a los españoles, un tema que era necesario cerrar. La subcomisión pidió una prórroga para continuar sus trabajos, para poder realizarlos mejor. Creo que ese acuerdo, si no se ha cerrado formalmente, está a punto de cerrarse. Tiene 200 medidas y tiene también algo que a mí me parece muy importante, que es un presupuesto a lo largo de cuatro años.

Creo que es una buena muestra de que a los españoles, a todos, nos preocupa la violencia de género, queremos acabar con ella, queremos hacerlo de forma eficaz y demuestra, una vez más, la voluntad de unirnos para hacer frente a un problema que preocupa, insisto, a toda la sociedad.

P.- Mariano Calleja, de "ABC". Quería saber, ministro, si esta orden que van a dar a la Generalitat es una manera de controlar que no se destine ningún dinero al referéndum, pero ¿es la única manera de control que tiene el Gobierno? ¿Se reserva alguna actuación más para tener vigilado ese posible dinero destinado al referéndum?

En este sentido, ya que ha apelado al riesgo que podría suponer para el interés general, es el mismo interés general que viene incluido en el artículo 155 de la Constitución. ¿Puede ser éste un primer paso para la aplicación de ese artículo?

Portavoz.- Señor Calleja, el acuerdo de hoy es lo que es y nada más, y es muy importante. He hablado antes de una cantidad presupuestada, muy importante: 3.600 millones de euros. Destinados ¿a qué? Destinados a los servicios públicos esenciales en Cataluña, destinados a cosas que importan a la gente, que mejoran el bienestar de las personas. Lo que ha dicho el Gobierno desde el principio, apoyándose en sentencias del Tribunal Constitucional, es que cualquier acto encaminado a ese referéndum ilegal no puede ser pagado con dinero público. Ni un euro de los catalanes va a ir a un referéndum ilegal que es voluntad de unos pocos. Esta es una medida de hacer efectivo el mismo y semanalmente habrá un control de todo el Presupuesto para que las personas responsables del mismo --las he leído anteriormente-- suministren esa información al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Por lo tanto, que estén tranquilos todos los catalanes: no habrá ningún euro distraído para nada que sea ilegal.

P.- Pilar Santos, de "El Periódico de Cataluña". Tengo varias dudas con este tema de Cataluña. Por un lado, si no envían esos certificados, ¿qué puede hacer Hacienda? Por otro lado, si se demuestra que sí desvían dinero para la preparación del referéndum y se suspenden las ayudas del FLA, ¿cómo garantiza el Gobierno la atención de los servicios públicos?

Portavoz.- En primer lugar, si no envían la información requerida, cosa que sería muy grave, primero, incurrirían esas personas que detalla el propio acuerdo en responsabilidad. Yo le diré que no contemplo esa posibilidad. Yo creo que los funcionarios cumplen con la Ley, esto es un Acuerdo, insisto, de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Gobierno y, por lo tanto, hay que cumplirlo. Y esto ya estaba previsto en el acuerdo del año 2015.

Si no se destinan las cantidades a aquello para lo que esas cantidades han sido previstas, evidentemente, podrá llegarse a retirar el FLA. Es lógico. El FLA está orientado hacia la consecución de unos objetivos que, insisto, van en la línea del progreso y el bienestar material de los catalanes. Y, si hay un Gobierno que quiere utilizarlo para otras cosas, y en este caso las cosas encima son ilegales, y tienen el respaldo del Tribunal Constitucional, que ha declarado que el Presupuesto, que la partida presupuestaria, no puede utilizarse para un referéndum ilegal, desde luego tendrán que ser ellos los que lo sufraguen, porque no lo sufragarán con el dinero de todos los catalanes.

P.- Josep Capella, de Televisión de Cataluña. Como lo ha leído muy al principio y era muy prolijo el Acuerdo, deduzco que es de Comisión Delegada y sobre el FLA; o sea, que esto afecta solo a FLA.

Portavoz.- Lo he leído bastante mal, está claro.

P.- Lo ha leído usted muy bien, pero no hemos podido recoger todos los detalles. Entonces, ¿está solo condicionado a los temas relacionados con el FLA o es una intervención global semanal del presupuesto de la Generalitat de lo que tiene que informar semanalmente el Gobierno catalán? No sé si distinguir solo condicionado al FLA, o sea, no habrá FLA si no se cumplen estas condiciones, ¿o es una intervención general de las cuentas de la Generalitat?

Portavoz.- Yo creo que se refiere al FLA. Se refiere a la disponibilidad que el Estado ejecuta en relación con el Fondo de Liquidez Autonómico. Me he referido antes a que para este año 2017 están previstos 3.600 millones de euros.

Y, como me ha dicho usted que lo he leído muy deprisa, le ruego que me disculpe. Las personas obligadas a la remisión de certificados individuales semanales son: los interventores de las Consejerías, con el soporte de certificados de los máximos responsables de los órganos gestores; los responsables económico-financieros de las entidades donde no existan intervenciones delegadas; el director general de Presupuestos y el director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro.

Insisto, esto es la aplicación y el desarrollo, a la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 5 de julio, sobre o en relación con un Acuerdo anterior, un Acuerdo que tomó la Comisión Delegada de Asuntos Económicos el 20 de noviembre del año 2015, que era de medidas para garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de servicios públicos en defensa del interés general. Es decir, cuando se da un dinero, ese dinero tiene que estar orientado a la consecución de determinados fines, como digo, aquellos que afectan al bienestar y a la prosperidad de los catalanes, a servir sus servicios públicos esenciales, y no puede ir a pagar otras cosas. Y queremos saber, porque tenemos derecho a saber, y vamos a saber, que nadie utiliza ese dinero, que es el dinero de todos, para algo que es solamente la pretensión de unos pocos, como es el referéndum ilegal.

P.- Marisa Cruz, de "El Mundo". Sobre este tema, si finalmente se detraen o se paralizan recursos del FLA porque la Generalitat incumple esta orden, ¿qué pasará con el mantenimiento de los servicios públicos de los ciudadanos catalanes? Supongamos que no hay dinero para pagar algo y no llega el FLA, ¿qué sucederá con la atención a los ciudadanos?

También me gustaría una precisión: ¿Esto es un acuerdo que ha adoptado la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y a continuación ha pasado a Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros lo adopta como decisión suya? ¿O cómo ha sido este procedimiento?

Portavoz.- Respecto a la segunda pregunta, el Acuerdo ha sido tomado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. La vicepresidenta lo ha mencionado, ha dado cuenta de ese acuerdo, en el Consejo de Ministros; pero la decisión, el Acuerdo, es de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.

Esto es una actuación preventiva en favor de la prosperidad y bienestar de los ciudadanos catalanes. El Gobierno cree que tenemos que garantizar que el dinero va donde los catalanes quieren que vaya, que es a sus servicios públicos esenciales y no a lo que algunos quieren que vaya, que es a un referéndum ilegal. Por lo tanto, en la idea, que me han oído ustedes desarrollar, de que, si alguien quiere hacer un referéndum ilegal no lo va a pagar con el dinero de todos los catalanes, lo tendrá que pagar con el suyo, establecemos medidas de prudencia precisamente para evitarlo.

Estamos, como les decía en alguna ocasión, ante un anuncio, porque aquí todavía no ha habido convocatoria de nada --hay múltiples anuncios, pero nadie ha firmado nada--, de un referéndum "sin": un referéndum sin censo, sin papeletas, sin urnas, sin funcionarios, sin Europa, sin ayuda y ahora también sin presupuesto.

Por tanto, nuestra insistencia, en primer lugar, a la llamada al diálogo, a evitar la radicalidad en la que está instalado el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, en manos de los extremistas más extremistas, donde estamos viendo una sucesión de purgas, dimisiones… Ayer hemos visto otra, la número dos de la Consejería de Educación. Y hoy tenemos la noticia del informe del letrado mayor del Parlamento, que dice que todo esto, todo este proceso que seguimos asistiendo, es ilegal, y lo dice una manera clara y terminante. Es decir, los propios órganos de las instituciones catalanas… No es la primera vez que lo dice el Parlamento, pero el letrado mayor del Parlamento, como antes el Consejo de Garantías Estatutarias, le están diciendo al Gobierno de Cataluña que lo que está haciendo, que los pasos que está dando son ilegales. Por lo tanto, más claro, agua.

La obligación del Gobierno es que todos estos pasos que están fuera de la Ley no tengan tampoco ninguna subvención. Por lo tanto, tendrá que ser el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, en el caso de que se cumpliera lo que usted ha dicho, y yo no quiero que se cumpla porque yo no quiero que se detraiga dinero para el bienestar y el progreso de los catalanes; será el Gobierno del presidente Puigdemont el que tenga que explicar a los catalanes por qué se ha producido esa situación. Por lo tanto, seguimos diciéndoles: diálogo sin fecha de caducidad, pero dentro de la Ley, y tomamos medidas para que esto se cumpla y sea efectivo.

P.- Ana I. Gracia, de "El Español". Ministro, tenía dos dudas sobre este tema. Quería saber si el Gobierno ya ha comunicado a la Generalitat este Acuerdo o se está enterando ahora, como nosotros.

En segundo lugar, me gustaría saber a qué sanciones se enfrentan los responsables antes mencionados si no cumplen con esta obligación.

Portavoz.- Me temo que voy a decepcionarla mucho, porque la primera no la sé. No sé si ha habido una comunicación extraoficial. Lo ignoro.

Segundo, las sanciones dependen de cuál sea la conducta. Por tanto, hablar de sanciones en términos generales, ante la denegación de información o la falta de firma de la misma, me resulta imposible decirle, porque yo no soy un juez, cuál es la sanción aplicable.

Pero yo quiero volver a hacer una llamada a la cordura. Esta decisión que ha tomado hoy la Comisión Delegada para Asuntos Económicos es para garantizar el buen fin de los dineros públicos, el fin de contribuir al bienestar de todos los catalanes y los servicios públicos. Por tanto, insisto, ni un euro que tiene que ir al bienestar de los catalanes va a ir a sufragar una consulta ilegal.

P.- Ministro, una duda con lo que usted comentaba antes sobre la Federación Española de Fútbol. Decía que la próxima semana se inicia el procedimiento para la suspensión cautelar y quería saber si ese procedimiento también se va a impulsar en las federaciones territoriales, por así decirlo, y si el Gobierno, en esa función de tutela a la que usted hacía referencia, lo va a impulsar o lo va a promover.

Portavoz.- De momento, hasta donde yo sé, el auto del juez afecta al presidente de la Federación Española de Fútbol, a alguno de los vicepresidentes y al tesorero; afecta, por tanto, a esas tres personas. El juez está en una primera fase, como usted sabe; pero ha dictado prisión incondicional para cuatro personas, una de las cuales es ajena a la Federación Española de Fútbol.

La tutela la ejercemos sobre la Federación Española de Fútbol puesto que, respecto a las federaciones territoriales, en estos momentos, en mi conocimiento, no existe ninguna actuación judicial; en todo caso, no existe ninguna actuación judicial del juez de la Audiencia Nacional.

Lo que le importa al Gobierno y lo que le ha importado siempre, como demuestra el hecho de haber puesto en conocimiento de la Fiscalía lo que eran indicios de irregularidades o de ilícitos penales, es velar por la seguridad y por la certidumbre. Creo que el hecho de haber tenido hoy mismo ese sorteo de los partidos y el hecho también de que inmediatamente, la reacción inmediata a la decisión del juez de enviar a prisión al presidente, la reacción ha sido encauzar un procedimiento que permita, a la mayor brevedad posible, restaurar la normalidad en la Federación Española de Fútbol, de acuerdo con la Ley del Deporte y de acuerdo con los Estatutos de la propia Real Federación Española de Fútbol.

Por tanto, llamada de normalidad y de tranquilidad. Hoy hemos visto el primer caso, con ese sorteo para la Liga; pero tranquilidad porque el Gobierno está velando porque esta situación no traiga consecuencias de ningún tipo al normal desarrollo de la competición.

Déjenme recomendarles, creo que por última vez antes de irnos de vacaciones, que no dejen de pasar por Algeciras, donde hay un encuentro internacional de guitarra este fin de semana dedicado al gran Paco de Lucía y donde esta noche va a tocar "Tomatito", Medalla de Oro de las Bellas Artes, por cierto.

Si van ustedes hacia Navarra, en Olite, Festival de Teatro Clásico, que se junta con el de Almagro o con el de Mérida.

En León hay una nueva edición de "Roma en el espejo", un certamen que mezcla historia; música, como tangos y habaneras; teatro y poesía, desde el anfiteatro romano de la cripta de las Cascalerías.

Apunten el Festival de Aquasella, de música electrónica, en Arriondas.

Y esta noche hay un ejemplo en Madrid de la buena cooperación entre el Liceo de Barcelona y la Plaza Mayor de Madrid. La buena cooperación, la música, la cultura, sobrepasa fronteras y otro tipo de discordias, y no dejen de escuchar la ópera en Madrid, "Turandot", desde el Liceo para todos los madrileños.

Si me permiten un último consejo, aprovechen estas vacaciones para leer. Este año han subido los libros editados en España y también el número de lectores. Continuamos haciéndolo, porque la literatura, leer es cultura y eso nos hará ser más sabios, pero también más felices.

Y dos consejos, por favor: tengan cuidado en la carretera y, por favor, cuidado con el monte. Este año ha hecho mucho calor y, como he dicho alguna vez recordando un viejo eslogan, cuando el monte se quema, algo suyo se quema. No contribuyamos a ello.

Y que sean ustedes felices, porque el próximo viernes tendrán ustedes la fortuna de contar con el presidente del Gobierno y a mí no me verán ustedes, por lo menos, en algunas semanas.

Muchas gracias y hasta siempre.