Conferencia de prensa del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, después de la reunión del Consejo de Ministros

14.7.2017

  • x: abre ventana nueva
  • Whatsapp: abre ventana nueva
  • Linkedin: abre ventana nueva
  • Enviar por correo: abre ventana nueva

Madrid

Portavoz.- Buenas tardes. Comparezco ante ustedes para informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la reunión celebrada hoy, 14 de julio, bajo la presidencia del presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy.

Antes de ello, y como viene siendo habitual, haré una valoración política de los asuntos más destacados de la semana y uno de ellos ha sido el aniversario, veinte años, del secuestro y asesinato del concejal vizcaíno de Ermua, don Miguel Ángel Blanco.

Está fuera de toda duda que todas las víctimas de ETA, más de ochocientas desde que en el año 1960 mataron a una niña de dos años, Begoña Urroz, merecen la misma consideración, estima y reconocimiento nacional, porque todas las víctimas son parte de la memoria colectiva del país, forman parte del patrimonio moral de la nación española y son la fuerza moral de la democracia.

Miguel Ángel Blanco, además de ser una víctima, es también el espíritu de todas ellas. Su secuestro, su calvario y su asesinato a cámara lenta fueron un chantaje a la democracia. Todos conocemos el trágico desenlace y todos vivimos junto a Miguel Ángel Blanco, desde la esperanza, los últimos momentos de su vida. Todos recordamos lo que hacíamos y dónde estábamos aquel 12 de julio, el día en que ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco.

Fue un momento de gran conmoción nacional, pero también fue una gran catarsis colectiva de rebelión cívica, de una movilización nacional contra el terrorismo. Fue el principio del fin de ETA, porque el terrorismo mostro toda su crueldad, su falta de compasión y de humanidad cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, y millones de españoles salieron a las calles gritando "basta ya", con las manos blancas levantadas hacia el cielo.

El "espíritu de Ermua", por tanto, es la expresión de la unidad nacional contra el terrorismo, por la superación del miedo y en contra también de las equidistancias. Recordar a Miguel Ángel Blanco, como hemos hecho esta semana, es un imperativo ético y político. Debemos recordar, veinte años después, el compromiso moral, cívico y político que adquirió toda la sociedad española para vencer, desde la unidad nacional, al terrorismo. La muerte de Miguen Ángel Blanco unió lo que ETA había conseguido dividir, porque ETA, efectivamente, fue derrotada por la democracia española, es decir, por el Estado de Derecho, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por los jueces, por todos aquellos medios de comunicación que mantuvieron una posición inequívoca contra los terroristas, por las instituciones democráticas, los partidos políticos y por la sociedad española en su conjunto.

Son tiempos, por tanto, para meditar, para reflexionar y para reivindicar la memoria de las víctimas, su dignidad, la justicia y la verdad, porque todavía queda que ETA se disuelva, que nadie nunca en su nombre vuelva a atemorizar a ciudadanos libres, que pida perdón a las víctimas y que ayude a esclarecer los asesinatos que todavía no han sido resueltos.

El presidente del Gobierno hizo una aportación, como estamos haciendo en todas las organizaciones internacionales, en el reciente G-20 en relación con la memoria de las víctimas como principio esencial de la lucha contra el terrorismo y para luchar contra ese terrorismo que hoy en día tiene otras fórmulas, el terrorismo tecnológico, que recluta y difunde mensajes de adoctrinamiento continuo.

Igualmente, y ya lo saben ustedes, en la madrugada del 8 de julio se produjo la excarcelación del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, al que el Gobierno venezolano concedió el arresto domiciliario. Nos congratulamos. Fue el presidente del Gobierno el primero que recibió a su mujer, doña Lilian Tintori y el propio Leopoldo López llamó al presidente del Gobierno para agradecerle su posición; una posición que España mantiene activa y comprometida con Venezuela y con el pueblo de Venezuela.

Este Gobierno quiere que la paz vuelva a Venezuela y que se respeten las leyes y los derechos humanos. No tiene ningún sentido que continúe la espiral de violencia que se ha cobrado 91 muertos en las últimas protestas. Como ha dicho el presidente del Gobierno, en Venezuela no deben existir presos políticos, por lo que todos ellos deben ser excarcelados y, asimismo, reclamamos para Venezuela una solución política, democrática, que pasa por la convocatoria de unas elecciones libres y democráticas con todas las garantías jurídicas electorales.

Esta semana también se han aprobado, por parte del Congreso de los Diputados, los objetivos de estabilidad presupuestaria para el período 2018-2020 y el límite del gasto no financiero del Estado para el año 2018. El Congreso avaló con 175 votos a favor dicho "techo de gasto" y el Senado lo aprobó ayer, 13 de julio, de forma definitiva. Este acuerdo político se une también a otro, publicado en el Boletín Oficial del Estado a finales de junio, de los Presupuestos Generales del Estado para el año actual, para el año 2017. El "techo de gasto" supone el primer paso para poder llegar a un acuerdo sobre los Presupuestos Generales del año 2018.

Se trata de dos buenas noticias que afianzan, junto a otros acuerdos logrados anteriormente, esta legislatura decimosegunda, que hemos bautizado como la "legislatura del diálogo". Se trata también de un buen mensaje para los españoles, para los agentes económicos y sociales, y para nuestra credibilidad en los mercados internacionales.

Esto, además, va en la línea de unos datos muy positivos que conocemos semana tras semana. Hoy España tiene un horizonte político de mayor estabilidad, confianza, seguridad y certidumbre. Está claro que el contar con un Presupuesto este año y unas perspectivas razonables el año que viene da esa confianza y da esa estabilidad, en un momento, insisto, en que España lidera el crecimiento de la eurozona, lidera también la creación de empleo y el aumento de nuevos cotizantes en la Seguridad Social.

Además, la aprobación del "techo de gasto" es una buena muestra de la capacidad del Gobierno para articular mayorías políticas, para llegar a acuerdos. Hubo un pacto con hasta siete Grupos Parlamentarios en los Presupuestos y seis en este "techo de gasto". Por tanto, esto nos da garantías de que la estabilidad política en España es una realidad.

Esta misma semana, además, también se aprobaron, y a eso lleva su convalidación, tres Reales Decretos Leyes importantes. Uno, por el que se modifica la Ley de la Propiedad Intelectual, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada. Era un tema que teníamos pendiente y ustedes recuerdan cómo les expliqué el Acuerdo del Consejo de Ministros. 270 diputados a favor; por tanto, una muy amplia mayoría a favor del mismo. Pero también obtuvo prácticamente el mismo resultado el Real Decreto Ley sobre Cooperativas de Crédito y aun mayor, casi la unanimidad de la Cámara, el Real Decreto Ley de oferta pública de empleo.

Por tanto, el Gobierno tiene 137 diputados; pero el Gobierno es capaz de encontrar mayorías en los temas reformistas y en los temas de estabilidad presupuestaria que importan a todos los españoles. Por lo tanto, es un Gobierno este que suma, que es capaz de seguir reformando y es capaz de seguir aprovechando esa senda de crecimiento integrador y de cohesión y vertebración social al que nos hemos referido en muchas ocasiones.

El otro camino, que es el de la confrontación permanente, conduce a la esterilidad política y no obtiene ningún resultado para este país. Ese principio que consiste en oponerse a todo, sin argumentos ni alternativas, al final hace de la política una actividad infértil e improductiva.

Por lo tanto, en este nuevo ciclo político, económico y social de crecimiento integrador, España se presenta ante la Comunidad Internacional como un país serio, un país fiable y un país solvente y cumplidor. Y esa solvencia, esa credibilidad, eso de cumplir con nuestras obligaciones, se traduce también en la confianza en nuestro país. Hace cinco años nos despertábamos preguntándonos dónde está la prima de riesgo; es decir, dónde está el interés que tiene que pagar España, su Estado, sus empresas, para financiarse. Entonces estaba en 650 puntos básicos en relación con el bono alemán; hoy estamos en 112 puntos básicos.

Los datos económicos de coyuntura son también muy positivos. BBVA, Funcas --que son paneles de expertos-- y Bankia elevan las previsiones del PIB, del crecimiento económico de España este año, todavía más allá de la última previsión de crecimiento del Gobierno. España lidera en estos momentos la creación de empleo juvenil en Europa. En España se ha creado un 20 por 100 más empleo juvenil que en Italia y un 40 por 100 más que en Francia. El desempleo juvenil en España ha bajado quince puntos. Hay un millón de jóvenes menores de veinticinco años trabajando, lo que no sucedía hace solo setenta meses.

Las sociedades creadas en el mes de mayo aumentan cerca de un 13 por 100 respecto al mes anterior; cerca de 69.000 familias en riesgo de exclusión se han beneficiado de las medidas antidesahucio del Gobierno; 78.798 familias se han beneficiado de las mismas, porque se han suspendido más de 24.000 alzamientos, 45.697 familias se han acogido al Código de Buenas Prácticas y Reestructuración de la Deuda y 7.095, a las daciones en pago. Y se ha adjudicado, igualmente, 9.062 viviendas a través del Fondo Social de Viviendas.

Pero es que también el número de compraventas de viviendas en mayo se sitúa en la cifra más alta de los últimos seis años; es decir, se está recuperando la construcción; aumenta también la confianza empresarial en el tercer trimestre del año; el IPC de junio se ha reducido al 1,5 por 100; la cifra de negocios de la industria crece al nivel más alto desde mediados de 2016 y la cifra del negocios del sector servicios crece cerca del 8 por 100. Finalmente, el ministro de Economía ha informado hoy en el Consejo de Ministros de que, según el Banco Central Europeo, las Pymes españolas hoy se financian a tipos inferiores a las de Alemania.

Por tanto, estamos en esa senda de crecimiento integrador a la que me he venido refiriendo desde hace ya varias semanas, con unos muy buenos resultados y con unos índices de confianza a los que vamos creciendo una y otra vez.

En relación con la situación en Cataluña, el presidente del Gobierno se ha referido a la misma en el acto que ha tenido lugar hace unos minutos. Por supuesto, estaré a su disposición en las preguntas, si quieren alguna aclaración de las mismas o algún complemento de las mismas.

En cuanto a los acuerdos del Consejo de Ministros, hoy hemos examinado, a propuesta del ministro de Justicia, el Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 23/2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación. Se trata de una Directiva comunitaria, cuyo plazo de transposición ha vencido estos días.

El objetivo es crear un sistema general para obtener pruebas en aquellos casos de dimensión transfronteriza, basado en un principio: el reconocimiento mutuo a través de un único instrumento denominado Orden Europea de Investigación. Eso lo que va a llevar, ese reconocimiento mutuo, es a que haya relaciones entre las autoridades judiciales, esa confianza mutua con la que se reconocen y ejecutan las resoluciones de otro país, y se rompe el esquema tradicional de las comisiones rogatorias y fórmulas de convenios anteriores, que son unas fórmulas lentas procedimentales. Por tanto, a través de este formulario certificado lo que vamos a agilizar es la relación entre las Administraciones judiciales.

Quiero decirles a ustedes que la cooperación judicial es uno de los elementos integrantes más importantes de la Unión Europea y quiero recordarles a ustedes, puesto que antes me he referido al terrorismo de ETA, como la Orden de Busca y Captura, en su momento, en el año 2002, fue uno de los instrumentos más importantes para acabar con la impunidad de los terroristas de ETA. Antes de la Euroorden, cuando un terrorista era aprehendido en otro país y este había cometido un delito en ese país, como, por ejemplo, era portar una pistola --que, por cierto, nunca utilizaban en ese país, sólo lo hacían para ser juzgados por ella--, tenía que ser juzgado en ese país. Desde la vigencia de la Euroorden, si está reclamado por un tribunal de otro país por un delito más grave, tiene que ser puesto inmediatamente a disposición de ese país. Les puedo asegurar que eso contribuyó de forma decisiva a acabar con algún santuario y propició el fin de ETA.

Por lo tanto, seguimos avanzando en el marco de la Unión Europea en la cooperación y de este Anteproyecto ahora comienza un procedimiento de consulta interna y externa, de dictámenes y demás. Nosotros calculamos que en la segunda mitad del año el Gobierno estará en condiciones de presentar el Proyecto de Ley ante las Cortes Generales.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha tomado sendos acuerdos por los que se solicita la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley de la Junta de Andalucía 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía, y también, como consecuencia del mismo, otra interposición contra el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía que trae consecuencia de ese Decreto Ley.

Saben ustedes que el primero de estos recursos se presenta por el Decreto Ley que regula el trabajo de los empleados públicos en 35 horas semanales; por tanto, lo reduce de 37,5 a 35. El Gobierno estima que contraviene la disposición adicional septuagésimo primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2013, que estableció para toda España la jornada del personal al servicio de las Administraciones Públicas en 37,5 horas, y también el Real Decreto Ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Se trata de que los funcionarios, que son funcionarios de Estado, no pueden estar sometidos a un determinado régimen dependiendo de la Comunidad en que se encuentren. Por tanto, si todos los funcionarios tienen que cumplir con ese límite de 37,5 horas, no nos parece que sea vertebrador o cohesionador que en alguna Comunidad Autónoma, en función de una legislación adoptada en la misma, como un Decreto Ley --por cierto, tampoco entiende el Gobierno que la norma utilizable sea un Decreto Ley, porque no concurre ese caso de excepcional y urgente necesidad--, se rompa con ese marco que, insisto, es común al resto de España.

En todo caso, sí quiero dejar claro que el diálogo con la Junta de Andalucía sigue abierto, la puerta sigue abierta, para buscar acuerdos con la Administración autonómica, porque creemos que es importante llegar a ese acuerdo, insisto, en un ámbito que afecta a todos los funcionarios de las Administraciones españolas.

Estos han sido los acuerdos que ha tomado el Consejo de Ministros y, por supuesto, estoy a su disposición para cualquier pregunta que tengan por conveniente plantearme.

P.- José Miguel Blanco, de la Agencia EFE. Querría saber si el Gobierno observa con recelo la posición del líder del PSOE, Pedro Sánchez, en relación con Cataluña ante anuncios como el que ha hecho hoy mismo, coincidiendo con los relevos en el Gobierno de Cataluña, de que ha pactado con el señor Iceta impulsar a partir de septiembre una reforma de la Constitución.

Por otro lado, querría pedir como interpreta el Gobierno el ofrecimiento del presidente de Castilla-La Mancha a Podemos para pasar a formar parte del ejecutivo.

Portavoz.- En cuanto al segundo caso, fue el Partido Popular la fuerza más votada en Castilla-La Mancha en las últimas autonómicas. No tuvo mayoría absoluta para gobernar. Es competencia del presidente García-Page buscar los aliados tenga por conveniente. Por tanto, el Gobierno no tiene que decir nada sobre dicha cuestión, pero sí quiere recalcar que el partido más votado fue el Partido Popular.

En cuanto a la primera cuestión, a mí me ha parecido que al señor Sánchez le ha contestado el presidente Puigdemont a las once de la mañana, haciendo una crisis de Gobierno, de sustitución de varios de sus miembros por otros miembros muchos más radicalizados. Por lo tanto, a la oferta de diálogo que ha hecho el señor Sánchez le ha contestado, ya antes de que la hiciera, el propio presidente Puigdemont.

Respecto al diálogo, yo he hecho en esta sala y en alguna otra 35 comparecencias ante ustedes. En 34 de las mismas --en la otra no, porque no me preguntaron ustedes por la situación en Cataluña-- he manifestado la posición del Gobierno: diálogo sin fecha de caducidad dentro de la Ley. Algunos amigos míos europeos me decían que porque añadía lo de "dentro de la Ley si es obvio, si el diálogo solo puede ser dentro de la Ley. Yo lo decía porque, a lo mejor, algunos no lo entienden.

El Gobierno desde el primer momento ha querido dialogar, ha estado abierto a dialogar y ha dialogado. Yo quiero recordar aquí que el presidente Puigdemont fue invitado, con el resto de los presidentes autonómicos, a acudir a la Conferencia de Presidentes del Senado. No vino. Se constituyó a raíz de esa Conferencia de Presidentes una comisión de expertos para estudiar la financiación autonómica, que reivindican una y otra vez. No ha enviado un experto. Le representa el consejero balear.

El Gobierno invitó al presidente Puigdemont a acudir al Congreso de los Diputados. Tenía todo el sentido político y jurídico del mundo. Si lo que pretendía, una vez que ya no estamos en aquello del derecho a decidir, sino que lo que pretende es ejercer el derecho de secesión, hay que modificar la Constitución Española y, por lo tanto, quien puede modificar la Constitución Española es el Congreso de los Diputados. Se le ha invitado por activa y por pasiva. No quiere venir. No se pueden hacer más llamamientos, ni más voluntad de diálogo; pero, como yo les dije la semana pasada utilizando una metáfora, para bailar un tango son necesarios dos y, claro, cuando la otra parte todo lo supedita a que haya un referéndum de secesión si o si, se puede dialogar, pero no se llega a ningún acuerdo.

Lo he dicho muchas veces: con la Administración catalana el diálogo ha sido permanente. Cada ministro, en su departamento ministerial, habla con los consejeros de alguna manera fluida, natural y para resolver problemas de la gente; pero aquí se trata de otra cosa, se trata de que hay una parte que quiere solo una cosa y que supedita cualquier acuerdo --son palabras del presidente Puigdemont-- a referéndum sí o sí. Nosotros llevamos ejerciendo y proponiendo diálogo muchísimo tiempo, y hemos visto cuál es la respuesta del presidente Puigdemont y hoy creo que quien le ha respondido al señor Sánchez a las 11 de la mañana ha sido el presidente Puigdemont.

P.- Soy Eulogio López, de "La Hispanidad". Dos cuestiones. Ha lanzado usted un rosario de buenas noticias económicas; pero al mismo tiempo se nos acaba de informar por la Autoridad Independiente sobre que, en materia de pensiones, las pensiones van a tener que soportar ese mínimo del 0,25 por 100, quizá durante bastantes años. Recientemente, en esta misma sala la ministra Báñez nos informó de la necesidad de endeudarse más para pagar la extra de julio. La pregunta es: por supuesto dentro del marco de Toledo, ¿se planea el Gobierno medidas más drásticas para mantener el sistema público de pensiones o no lo considera necesario? Por ejemplo, retrasar de forma también más drástica la edad de jubilación que el calendario actual.

Luego, cambiando de asunto, el grupo Podemos ha insistido en que va a presentar en el próximo período de sesiones dos leyes: una, sobre eutanasia, donde cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez; y otra, sobre los derechos del colectivo LGTBI. Me gustaría saber cuál es la posición ante estos dos proyectos legislativos --ya ha habido borradores, además, circulando por ahí-- y si los cree necesarios el Gobierno.

Portavoz.- En cuanto a la segunda pregunta, ya sabe usted que el Gobierno no se pronuncia sobre hipótesis futuras. Es muy difícil que el Gobierno se pronuncie sobre un texto que no conoce, porque todavía no lo ha presentado y, como usted mismo ha dicho, lo va a presentar. Cuando llegue el momento, nos pronunciaremos a la vista del mismo.

En segundo lugar, respecto a las pensiones, lo importante, la buena noticia, es que todos los pensionistas en España reciben a final de mes su pensión. Eso es lo importante, porque eso hace cinco años no estaba tan claro que fuera a ser así, en mitad de la crisis económica, la más profunda que ha tenido España, y en la situación que tenía España con el déficit y la incapacidad para endeudarse. Antes me he referido a dónde estaba la prima de riesgo. Por tanto, la buena noticia, la importante para todos, es tranquilidad. Las pensiones se siguen pagando.

Lo que ha hecho este Gobierno esta Legislatura, y constituye uno de los siete pactos de Estado que propuso el presidente en esa sesión, fue llamar a las fuerzas políticas para pensar cuál debe ser el futuro sistema de pensiones dentro del marco del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo fue un acierto cuando se creó, la idea de consensuar algo tan importante para todos los españoles, y en esa subcomisión del Pacto de Toledo se está estudiando, se está trabajando, con la tranquilidad de que las pensiones se pagan; pero también con la mirada puesta en el horizonte para que el sistema de pensiones en España continúe siendo. como hasta ahora, estable y sostenible.

P.- Estefanía Molina, de "El Nacional.cat". En relación con Cataluña, esta semana la Guardia Civil se personó en el Teatro Nacional de Cataluña donde tuvo lugar el acto de Junts pel Sí. Me gustaría saber si cree el Gobierno que con el contrato del acto es posible emprender alguna medida legal. Lo digo porque, a menudo, el Gobierno ha dicho que cualquier acto preparatorio del referéndum también constituye delito.

En segundo lugar, ¿cree que los cambios en el Govern van a llevar a ignorar de ahora en adelante las resoluciones judiciales?

Portavoz.- Yo no sé, no conozco, el Gobierno no conoce, cuáles han sido los actos llevados a cabo por la Policía Judicial o la Guardia Civil, quien haya investigado el caso. Lo desconozco. Lo que sí está claro, y eso lo sabe todo el mundo, es que el Tribunal Constitucional ha declarado que los actos preparatorios también son ilegales y forman parte de la ilegalidad del acto refrendario. Por lo tanto, es evidente, y yo lo he dicho en numerosas ocasiones, que ni un solo euro de los catalanes, de todos los catalanes, servirá para pagar una tentativa de unos pocos catalanes que son los secesionistas. Eso es normal y, por lo tanto, por esa razón las instituciones están viendo a ver quién sufraga esos actos.

Como en anteriores ocasiones, cuando ha acudido a algún tribunal, el expresidente Mas ha recordado o ha dicho que no sabía exactamente las consecuencias, o que no le había quedado claro cuáles eran las mismas, en ese ejercicio de pedagogía que es bueno hacer recalcamos, reiteramos, lo que han dicho los Tribunales: que los actos preparatorios también son ilegales y, por lo tanto, no puede pagarse con el dinero, insisto, de todos los catalanes lo que es solo un acto de los secesionistas.

Insisto, esto es una investigación y el Gobierno desconoce absolutamente cuál es el resultado de la misma.

En cuanto a la segunda pregunta que me ha hecho usted, yo creo que Gobierno anterior no respetaba las decisiones judiciales, por desgracia. Lo que venimos viendo en los últimos tiempos es una falta de respeto a las mismas, no solo a las decisiones judiciales, sino también a las propias de las instituciones de la Generalidad de Cataluña. El Consell de Garantías Estatutarias ha emitido unos dictámenes donde el último, el más reciente, decía que esta especie de procedimiento de reforma exprés aprobado en el Parlamento solo con los votos de unos y no escuchando a las minorías era contrario al Estatuto. Parece que no le hacen mucho caso, porque quieren seguir adelante con ello.

Los letrados del Parlamento de Cataluña, en su momento, dijeron que la incorporación de una enmienda para sufragar el referéndum secesionista era ilegal y no les hicieron ningún caso, la incorporaron. Y luego la ha anulado el Tribunal Constitucional. Pero a mí me parece que el respeto a la legalidad no ha sido la característica del Gobierno anterior. Por lo tanto, eso me parece que es un elemento que hay que tener muy en cuenta.

Nosotros, desde el Gobierno, seguimos diciendo lo mismo: la fuerza democrática es el cumplimiento del Estado de Derecho. Tenemos que ser esclavos de las leyes para poder ser libres, decía un clásico, Cicerón, y así es, y nosotros, dentro de ese respeto a las leyes, seguimos ofreciendo ese diálogo, esa mano tendida, sin fecha de caducidad; pero lo que no es posible es desconocer las leyes cuando las leyes no se acomodan a lo que tú quieres o a lo que tú piensas.

P.- Ana I. Gracia, de "El Español". El presidente se ha preguntado hace apenas unos minutos qué diálogo quieren en la Generalidad con esa forma de comportarse con sus propios consejeros. Me gustaría saber si con esta declaración nos quiere decir que no existe ninguna posibilidad de que haya una reunión entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalidad antes del día 1 de octubre.

Portavoz.- No, mire; no quiere decir… Yo creo que el "sequitur" lógico es lo que no existe. Lo que se ha preguntado al presidente del Gobierno en voz alta, y lo ha compartido con ustedes, es cómo tratará el presidente Puigdemont a los que no son suyos si trata como ha tratado a los suyos. Eso es lo que se ha preguntado. Pero la voluntad de diálogo por el Gobierno sigue abierta. Lo que ocurre, y lo he dicho antes cuando me he referido al señor Sánchez, es que los secesionistas no quieren dialogar; lo único que quieren es celebrar sí o sí un referéndum ilegal. Entonces, la voluntad de diálogo está ahí pero, si una parte lo único que quiere es una cosa, lo que significa es que no quiere dialogar, solo quiere esa cosa.

Yo creo que la mayoría de los catalanes, la inmensa mayoría de los catalanes, no quiere conflicto, quiere la convivencia. Se está dando cuenta ya de que la actitud del Gobierno es una actitud contra Cataluña y los catalanes, y su convivencia. Por tanto, desde el Gobierno hacemos un llamamiento a que no se den más pasos, a que se hable, pero que se hable con voluntad de llegar a acuerdos, no poniendo como último o requisito esencial, como condición sin la cual no hay acuerdo, la celebración de un referéndum ilegal.

Como ha dicho el presidente del Gobierno, ni el presidente del Gobierno, el presidente Rajoy, ni ningún otro, puede acceder a la celebración de un referéndum ilegal; referéndum ilegal que no tiene… Es un referéndum "sin": es un referéndum sin apoyo internacional de ningún tipo, un referéndum sin urnas, un referéndum sin censo y un referéndum sin presupuesto. No tiene nada. Esa es la realidad hoy, 14 de julio, y el 1 de octubre pretenden realizarlo.

Por tanto, hagamos una apelación a la sensatez, sentémonos a hablar. Eso es lo que el Gobierno ha dicho siempre y, pese a las cosas que vemos, sigue dispuesto a hablar; pero también decimos: dentro de la Ley. Por lo tanto, no le puede pedir nadie -nadie, insisto-- al Gobierno que haga algo que es ilegal; pero el Gobierno, otra vez insisto, tiene voluntad de diálogo, la ha tenido siempre y ha dialogado en muchísimos temas; pero aquí se encuentra con una cerrazón por parte del presidente Puigdemont.

P.- Soy José María Brunet, de "La Vanguardia". Quería seguir por esta senda. Le iba a decir, cita por cita de Cicerón, que quizá la más célebre sería aquella de "¿hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?". No sé si ahí cambiaría usted el nombre propio pero, en todo caso, mi pregunta es si entiende usted que la remodelación hoy del Govern de la Generalidad agrava un conflicto político, que ya lo es y, en ese sentido, si el Gobierno puede empezar a tomar algún tipo de medida. Estoy pensando, y le pregunto concretamente sobre ella, en cuanto a la reforma del Tribunal Constitucional y la posibilidad de que el Gobierno le pida la suspensión o apartamiento del cargo de alguna persona en concreto que se entienda que ha desobedecido o contravenido gravemente las resoluciones del propio Tribunal.

Y entendiendo las ofertas de diálogo que usted nos recuerda, pero respecto del día después, ahora probablemente el diálogo no tiene muchos visos de prosperar pero, así como por parte del Partido Socialista se nos habla de reforma constitucional para el día después de ese 1 de octubre, ¿el Gobierno tiene un plan previsto?

Portavoz.- Señor Brunet, yo creo que el agravamiento es un agravamiento dentro del Gobierno de la Generalidad. Aquí lo que se ha producido, y creo que el presidente ha utilizado la expresión, es de una purga a un "sálvese quien pueda". Al final, lo que vemos es que este Gobierno de la Generalidad de Cataluña ha puesto presión en los periodistas, luego en los funcionarios, luego en los Mossos... Eso no nos parece que sea la buena dirección.

Yo no sé si Cicerón tenía paciencia, yo creo que no; pero el Gobierno tiene paciencia, ¿sabe?, porque el Gobierno tiene que velar por todos los catalanes y el Gobierno sabe que hay una inmensa mayoría de catalanes que quieren ser de su pueblo, catalanes, españoles y europeos, como llevan siéndolo muchos siglos. Por lo tanto, nosotros haremos acopio de paciencia, estando siempre abiertos a ese diálogo, pero siendo firmes también y claros en que no habrá un referéndum ilegal, porque es una vulneración del Estado de Derecho. Y en eso estamos ahora.

Yo soy una persona que cree que hay que poner de su parte todo lo posible para encontrar soluciones. Usted me habla de lo que pasará en el futuro. Cada día tiene su afán, que no es una cita de Cicerón sino del Antiguo Testamento, y en ella yo estoy hoy. Cada día tiene su afán y mi afán de hoy es seguir haciendo acopio, como usted dice, de paciencia, pero haciendo llamada al diálogo, diciendo que por ese referéndum "sin" no se llega a ningún lado y que están afectando gravemente a la convivencia de los propios catalanes. Por tanto, esa huida hacia ningún sitio no conduce a nada y creemos que lo que hay que hacer es hablar, dialogar, pero siempre dentro del respeto a la Ley.

P.- Mariano Calleja, de ABC. Yo quería conocer la opinión del Gobierno sobre el plan que ha presentado Pedro Sánchez sobre algunos asuntos concretos que le puedo decir, por ejemplo, el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña o abrir el melón de la reforma constitucional que salía también antes a colación. ¿Qué le parecen al Gobierno este plan y, en concreto, estas dos cuestiones que están dentro de estas propuestas?

Portavoz.- Me parece que el señor Sánchez, que había convocado una reunión con el PSC, que me parece muy bien, creo que no ha tenido cuenta el tiempo político. Creo que la intervención del presidente Puigdemont a las once le ha respondido a todas estas cosas. Yo creo que el presidente Puigdemont no está no está pensando en reformas constitucionales, ni en esto de las "aspiraciones nacionales" de Cataluña, que tampoco sabemos muy bien lo que es, porque una cosa es decirlo, elaborarlo o lanzar un concepto y, luego, ver en qué se traduce ese concepto.

Al Gobierno le parece que en estos momentos hay que hacer acopio de unidad, de buen sentido y de defensa del Estado de Derecho, que es una posición política. La posición política de defensa del Estado de Derecho es "la" posición política y en estos momentos creo que lo que toca es eso, decir eso con toda claridad. Y luego, y antes le contestaba a don José María, ya veremos en su momento. Pero nos parece que cada día tiene su afán y en estos momentos lo que hay que dejar clara es la posición en el día de hoy, y luego ya veremos. Ya comprenderá usted que, si estamos hoy pidiendo diálogo dentro de la Ley, seguiremos pidiendo diálogo dentro de la Ley en otro momento; pero hoy lo que creo que toca es decir claramente que se está con la Constitución, con la Ley y con el Estado de Derecho, y en contra de cualquier deriva secesionista.

P.- Marisa Piqueras, de Europa Press. Ha hablado usted hace un momento que en este momento lo que toca es hacer acopio de unidad. Quería preguntarle precisamente por eso, si el Gobierno considera necesario visualizar esa unidad en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Esta misma semana el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, invitaba al Gobierno a tomar la iniciativa para dejar claro ese "no" al referéndum antes del 1 de octubre. Quería saber si el Gobierno va tomar en consideración esa propuesta del presidente de Ciudadanos.

En segundo lugar, le quería preguntar por la compra de urnas, porque el señor Junqueras y el señor Romeva querían asumir esa decisión de la compra de urnas la próxima semana. Quería saber si el Gobierno se plantea tomar alguna iniciativa ya, una vez que se produzca ese hecho, como, por ejemplo, recurrir al Tribunal Constitucional, aparte de la vía de la Fiscalía que se abrió hace unas semanas.

Portavoz.- Yo creo que respecto a la visualización, como usted le llama, la visualización está muy clara y todo el mundo sabe dónde estamos los partidos constitucionalistas. Pero es que, además, políticamente, se visualizó perfectamente hace unas pocas semanas en el Congreso de los Diputados ante una proposición, creo recordar, del PDeCAT, del señor Xuclá. Se obtuvo un 70 por 100 del Congreso de los Diputados que estuvo en el respeto a la Ley y el Estado de Derecho, y descartando cualquier veleidad secesionista. Por tanto, yo creo que, políticamente, qué mejor expresión que la establecida en el Parlamento español.

En segundo lugar, respecto a las urnas, me alegra que me vuelva a hacer la pregunta otra vez, porque me da ocasión de hacer una vez más pedagogía. Hubo una oferta pública, porque yo creo que la Ley de Contratos obliga a hacer ofertas públicas, para comprar las urnas y quedó desierta. Si ahora, hipotéticamente, compran las urnas, vulnerarán la Ley de Contratos, en primer lugar; en segundo lugar, comprar las urnas es un acto preparatorio de un acto ilegal que es una secesión y, en tercer lugar, recuerdo también que no pueden emplear dinero público para comprar las urnas porque, como he dicho antes, el dinero de todos los catalanes no va a servir para preparar o para realizar , porque no va a haber referéndum, un acto secesionista. Por tanto, que lo tengan claro porque luego, a lo mejor, ¿sabe?, declaran que no lo sabían, o que no estaban enterados, o que no estaban suficientemente informados.

Yo creo que la situación es clara y, una vez más, les pedimos que no cometan actos ilegales. El respeto a la Ley es fundamental en nuestras sociedades. Nadie en Europa entiende que se vulnere la Ley. Por tanto, esa es la llamada, nuevamente, junto con el diálogo, junto con la voluntad de entenderse, que hacemos desde el Gobierno.

Este fin de semana hay tres ciudades españolas que acogen festivales que tienen fama internacional. En Vitoria es un cuarentón, pero todavía joven, festival de jazz, que es ya un clásico y que clausurará Rubén Blades. El blues, en cambio, sonará en Jaén, con una nueva edición del Blues Cazorla, que es un festival que, además, es accesible para personas con discapacidad en sus cuatro escenarios. Y en Benicassim está el FIB, en Castellón. Me habían invitado a mí, siento mucho a los amigos castellonenses que me va a ser imposible acudir, pero el año que viene sin duda voy. Es una oferta interminable de grupos y de tendencias musicales que dura hasta el domingo.

Asimismo, en el Tabacalera, esta vez en Madrid, hay una exposición magnífica, y esta sí que la he visto, "La guía nocturna de museos", de Fernando Maquieira", en la que conocerán los misterios que esconden los museos cuando cierran sus puertas.

Y, finalmente, en Sevilla, el Festival Internacional de Danza, con el espectáculo de danza urbana "Ethnicity".

Para los que quieran hacer otra cosa, no se pierdan mañana a Garbiñe Muguruza en la final de Wimbledon y apoyemos todas a nuestra campeona para ganar esa final.

Muchas gracias.