Conferencia de prensa del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, y del ministro de Economía, Industria y Competitividad, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Portavoz.- Buenas tardes. Comparecemos el ministro de Economía y Competitividad, a quien agradezco su presencia aquí, y yo mismo, para darles cuenta de los acuerdos del Consejo de Ministros, celebrado hoy, 17 de marzo, bajo la presidencia de don Mariano Rajoy.

Dado que el ministro de Economía tiene que partir rápidamente en avión para una reunión del G-20, voy a alterar el procedimiento habitual de esta rueda de prensa: le voy a dar la palabra al ministro de Economía para que informe de los acuerdos que el Consejo de Ministros ha tomado a iniciativa suya y, luego, pueden ustedes hacerle preguntas a él y, así, podrá coger el avión y llegar a tiempo a su reunión. Por lo tanto, señor Ministro, tiene usted la palabra.

Sr. De Guindos.- Yo les voy a exponer, fundamentalmente, de una forma muy rápida, el Real Decreto Ley que ha aprobado hoy el Gobierno en relación con la moratoria de los desahucios; la prórroga de la suspensión de los lanzamientos, concretamente. Para ello, se lo voy a poner en un contexto, en el contexto de las medidas que ha ido adoptando el Gobierno, que adoptó fundamentalmente al principio de la X legislatura, en el año 2012, para hacer frente a la situación de desahucios, al drama de los desahucios, que se vivía como consecuencia de la crisis económica.

La primera actuación del Gobierno fue en marzo del año 2012, a través de un Real Decreto Ley, en el cual se aprobó el Código de Buenas Prácticas en el que a un conjunto de familias que estaban en una situación de especial vulnerabilidad, en lo que se denominaba el "umbral de exclusión", se les daba la posibilidad de negociar con las entidades financieras la reestructuración de la deuda, el establecimiento de una quita de la misma e, incluso, la dación de pago. Era un Código de Buenas Prácticas, donde las entidades financieras, los bancos, se podían adherir al mismo de forma voluntaria, pero prácticamente la totalidad de los mismos se adhirieron y automáticamente se convirtió, como saben ustedes, en obligatorio.

En noviembre ya del año 2012, aprobamos otra medida importante a través de un Real Decreto Ley, que era la de la suspensión de los lanzamientos, es decir, la suspensión de la situación en la cual, una vez que se ha llevado a cabo la ejecución hipotecaria, se obligaba, lógicamente, a los anteriores dueños a salir de la vivienda. Esto se hizo por un período de dos años y en el año 2015 volvimos a aprobar otro Real Decreto- Ley, extendiéndolo durante dos años más, hasta el 15 de mayo del año 2017, que era la fecha que teníamos, lógicamente, en consideración y por la cual hemos hoy mismo aprobado el Real Decreto Ley para volver a extenderla. No hemos esperado al último día porque, lógicamente, esto generaba muchísima incertidumbre y, además, habíamos tenido muchísimas peticiones de Grupos Parlamentarios, del Partido Socialista, del Partido Popular y del Partido Nacionalista Vasco para extender esta moratoria de los lanzamientos.

Después, en enero del año 2013 tomamos la última medida, que fue la constitución del Fondo Social de Reservas, en el que pusimos diez mil viviendas con alquileres muy reducidos a disposición también de colectivos vulnerables, independientemente de lo que hizo SAREB, que también ha llegado a acuerdos para poner a disposición su parque de viviendas con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Los resultados --les voy a dar las últimas cifras, porque creo que es importante recordarlo-- son que prácticamente ochenta mil familias se han favorecido de estas medidas durante este período de tiempo, que es, prácticamente, como saben ustedes, de cinco años desde la primera adopción del primer Real Decreto Ley en marzo del año 2012. En concreto, se han suspendido más de 24.000 lanzamientos; 45.600 familias se han acogido al Código de Buenas Prácticas, de las cuales 38.500 son reestructuraciones de deuda y 7.000, daciones en pago. Y con respecto al Fondo Social de Viviendas, se han adjudicado algo más de 9.000 viviendas. Esto es lo que lleva a la cifra de las ochenta mil familias que se han beneficiado de las medidas adoptadas.

El Real Decreto Ley que se aprueba hoy lo que hace es ampliar y profundizar las medidas tomadas para hacer frente a la protección de los deudores, a la necesaria protección de los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad.

Las medidas que hemos adoptado son de tres tipos:

En primer lugar, se amplía el plazo de suspensión de lanzamientos hipotecarios tres años más, hasta el año 2020.

En segundo lugar, se han flexibilizado los criterios para beneficiarse de las medidas de protección de deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad. Les voy a referir las fundamentales:

- Anteriormente, para estar en una situación de vulnerabilidad era una unidad familiar de la que formara parte un menor de tres años y lo hemos cambiado desde un menor de tres años a un menor de edad; es decir, un menor de edad, lógicamente, lo que permite es una cobertura de familias muy superior.

- En segundo lugar, hemos pasado de, en vez de familia monoparental con dos hijos a cargo, como hasta ahora, a la unidad familiar monoparental con hijos a cargo, de forma genérica.

- En tercer lugar, también hemos extendido este concepto de vulnerabilidad a la unidad familiar con la que convivan una o más personas en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave

- En cuarto lugar, hemos incluido también que la unidad familiar, si existe una víctima de violencia de género, también estará incluida dentro del colectivo.

- En quinto lugar, en el ámbito de la suspensión de lanzamientos, se amplía el supuesto relativo a la situación de desempleo, en la medida en la cual se elimina el requisito que teníamos anteriormente de "haber agotado las prestaciones de desempleo".

Por último, el tercer bloque de medidas, se introduce en el Código de Buenas Prácticas el derecho de alquiler a la vivienda habitual ejecutada, de tal forma que, durante el plazo de vigencia de la suspensión del lanzamiento, el deudor hipotecario tendrá un periodo de tiempo en el cual podrá pedir que durante un período de cinco años la vivienda la pueda arrendar. Este período de cinco años será extensible a otros cinco años. Lo hará con un precio tasado, de tal forma que el precio del alquiler no podrá superar el 3 por 100 del valor de la vivienda, al tiempo de la aprobación del remate determinado según la tasación.

Finalmente, se establece una disposición adicional que prevé que el Gobierno, en el plazo de ocho meses, propondrá medidas destinadas a poder recuperar la propiedad de la vivienda habitual por los deudores hipotecarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Suspensión. Esto lo tendremos que desarrollar, lo haremos seguramente en la Ley de Crédito Inmobiliario y lo que daremos, fundamentalmente, es la posibilidad --lógicamente, tras el pago de un precio-- de que la familia que fue ejecutada y cuyo lanzamiento se había suspendido pueda recuperarla, lógicamente, si paga el precio de la misma, con unos descuentos en función de lo que hubiera aportado anteriormente mediante pagos de la hipoteca.

En conclusión, este es un Real Decreto Ley que, como decía anteriormente, amplía la protección a los deudores hipotecarios, no solamente desde el punto de vista de la extensión del período de moratoria de lanzamiento, sino que también hemos mejorado, yo creo, los criterios desde el punto de vista de lo que eran las familias vulnerables. A su vez, incluimos la posibilidad de un alquiler, alquiler a un precio reducido.

Este Real Decreto Ley lo hemos negociado con los principales grupos de la oposición en el Parlamento, con el Partido Socialista, con Ciudadanos, con el Partido Nacionalista Vasco y con Coalición Canaria, y se lo hemos comentado también a los otros Grupos. Creemos que vamos a tener un apoyo muy amplio desde el punto de vista de lo que es su aprobación.

Simplemente, para acabar, si me permite el Ministro Portavoz, yo diría que lo importante aquí no son las medidas paliativas, siendo importantes; lo importante es que ya llevamos prácticamente dos años con caídas en el número de desahucios, en tasas interanuales, de vivienda habitual. La razón fundamental de estas caídas es la recuperación económica y la creación de empleo. Estas medidas que yo comentaba anteriormente, y que hemos visto que han favorecido a casi prácticamente ochenta mil familias, han sido, de alguna forma, una señal clara de las dificultades en las cuales se encontraba la vivienda en nuestro país y la situación como consecuencia de dificultades sobrevenidas que estaban, de alguna forma, sufriendo una serie de familias. Creemos que han sido medidas que sí han tenido un impacto: ochenta mil familias, lógicamente, son un número especialmente relevante.

Pero, sin duda, el dato fundamental aquí, para acabar con el drama de los desahucios, es la recuperación económica y que continúe la creación de empleo porque, efectivamente, además, como hemos visto en el resto del mercado hipotecario en España, las familias españolas pagan, en un 95 por 100, prácticamente, su hipoteca mes a mes. Hemos actuado sobre ese 5 por 100; pero yo creo que el dato más esperanzador es que en estos momentos los desahucios de vivienda habitual están cayendo a una tasa interanual del 30 por 100 como consecuencia de la recuperación.

P.- Eulogio López, de "Hispanidad". Ministro, el presidente del BBVA, Francisco González, acaba de decir en la junta que Europa está atravesando un momento verdaderamente crítico; se ha puesto incluso un poco dramático, diría yo. En un momento dado ha dicho que España tiene la oportunidad de liderar el proyecto europeo. Yo creo que si hay alguien que conoce bien Europa es usted. ¿Es un brindis al sol o España, realmente, puede liderar el proyecto europeo en las actuales circunstancias?

También quería hacerle una pregunta muy breve. Comentó usted que había una buena oferta por BMN. ¿Por qué no se aceptó?

Sr. De Guindos.- Empiezo por la segunda. Era una oferta que, como hizo público el otro día el FROB, valoraba BMN entre 1.100 y 1.300 millones de euros, dependiente de una serie concreta en relación con lo que era la distribución de seguros. ¿Por qué no se aceptó? No se aceptó, fundamentalmente, porque la alternativa, que era la de la fusión, generaba, según los cálculos que hacía nuestro asesor, 400 millones de euros más, desde el punto de vista de valor, para el FROB, que es el dueño del 65 por 100 de una u otra, y, por lo tanto, era mejor.

Todos estos son cálculos teóricos pero que, lógicamente, tienen un fundamento. Se había hecho un proceso en dos etapas: primera, de oferta sobre BMN, y, después, ese proceso de oferta sobre BMN, cuya mejor oferta era entre 1.100 y 1.300 millones, como decía yo anteriormente, se integró o se comparó con lo que era la fusión entre BMN y Bankia. Teniendo en cuenta que había sinergias y que el 65 por 100 de las sinergias eran capturadas y beneficiaban a su accionista fundamental, que es el FROB, que somos todos los ciudadanos, entonces se decidió, lógicamente, ir por esa vía.

No sé si ha visto usted la evolución de la cotización de Bankia en los últimos días, pero prácticamente ha reflejado un incremento de la cotización, del cual en un 65 por 100 se han favorecido el FROB y todos los españoles. Me parece que está en torno a trescientos o cuatrocientos millones de euros simplemente la evolución de la cotización de Bankia desde que se anunció el inicio del proceso de integración.

Respecto a lo otro, yo le diría aquí que España tiene una serie de valores: somos la economía que más crece, no generamos ningún tipo de incertidumbre, hemos hecho nuestros deberes en casa desde unas circunstancias muy complicadas, estamos cumpliendo todos nuestros compromisos fiscales, y los vamos a cumplir --como dijo el otro día el presidente del Gobierno, el déficit público en el año 2016 lo vamos a cumplir, y en el año 2017--, y, por lo tanto, estamos contribuyendo de forma muy notable a la recuperación de la zona euro y de la Unión Europea en general. Por otro lado, tenemos un valor, que es estabilidad política, que no es un valor que esté excesivamente abundante en estos momentos en otros países.

Por lo tanto, yo creo que esos dos factores son los que explican que España pueda hacer una contribución muy importante, y lo va a realizar así, al futuro de la Unión y al futuro de la zona euro.

P.- Javier Casqueiro, del periódico "El País". Ministro De Guindos, yo le quería preguntar en este sentido de la estabilidad política. Ha dicho usted que estaba bastante asegurado el tema de la convalidación del Real Decreto Ley. Po voy a ser muy previsible pero, después de lo que pasó ayer, ¿usted cree que Ciudadanos, en este sentido, por ejemplo, será de fiar a la hora de las promesas que le ha planteado?

Abundando más en esta línea, y de cara a lo que usted mismo acaba de decir, ¿en Europa la señal es buena? Después de todo esto, ¿es buena, teniendo en cuenta que no sabemos siquiera qué va a pasar con los Presupuestos? ¿Usted sigue manteniendo esa idea?

Sr. De Guindos.- Hoy hemos aprobado un Real Decreto Ley y es evidente que, si lo hemos aprobado en el Consejo de Ministros, es porque tenemos constancia de que existe un consenso muy amplio para aprobarlo. Por lo tanto, es una señal en el sentido yo creo positivo que… Siempre decimos o siempre indicamos: el Gobierno tiene 137 diputados, que le apoyan siempre, en todas las circunstancias; lógicamente, un apoyo crítico, pero siempre está ahí, ¿no?, señor Ministro Portavoz. Y hasta los 175 tenemos que negociar.

Yo lo que le puedo decir es que la búsqueda del consenso no es simplemente la búsqueda del consenso. En otras experiencias, en otros Reales Decretos- Leyes, que también hemos negociado con el Partido Socialista, con Ciudadanos y con el PNV, nos han hecho aportaciones y nos han hecho aportaciones que han mejorado los textos. Es decir, no es el consenso por el consenso, sino también es el consenso en la búsqueda de la calidad adicional de los textos, y yo creo que en este caso también ha ocurrido así y ha habido aportaciones de todos los Grupos Parlamentarios en las negociaciones que hemos tenido con ellos. Por lo tanto, es una señal positiva.

En cuanto al tema de la estiba, yo ya lo dije ayer. Esto deriva de nuestras obligaciones con la Unión Europea y no existe una Unión Europea a la carta; lo que existe es un conjunto. Si estamos en la Unión Europea, estamos para todo y la verdad es que no es una buena señal, pero no desde el punto de vista de la estabilidad política, sino desde el punto de vista de la señal en sí misma y de nuestra relación con eso que se denomina en abstracto "Bruselas", que un Parlamento rechace un Real Decreto Ley que lo que hace es cumplir estrictamente lo que, de alguna forma, sí nos ha indicado Bruselas, porque forma parte de toda la normativa comunitaria que nosotros, lógicamente, tenemos que cumplir.

Entonces, no es tanto un problema de estabilidad o no estabilidad, si me permite usted; es un problema, fundamentalmente, de que aquí no existen recetas a la carta: no puedo coger la Unión Europea para unas cosas y no para otras. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno; es decir, ha mandado un Real Decreto Ley que, de algún modo, cumple fielmente con lo que nos ha dicho Bruselas en función de toda la normativa: el mercado interior, las relaciones laborales, etc., etc. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno.

P.- María José Artuch, de la agencia Europa Press. Quería preguntarle por los pasos y las actuaciones que tiene previstos el Gobierno tras el anuncio de la liquidación y venta de la filial de Gas Natural Fenosa en Colombia.

Sr. De Guindos.- Lo que vamos a hacer, lógicamente, es apoyar a la empresa. Como sabe usted perfectamente, ya se había planteado en el ámbito del Banco Mundial en el tema del arbitraje. La decisión que ha tomado no es la adecuada y por supuesto que el Gobierno de España, ante una situación de este tipo, va a mantener lo que además es algo que creo que es importante para la propia Colombia, que es la seguridad jurídica.

En estas cuestiones, a veces, el consejo que yo les daría a otros Gobiernos que están ahí es que no es tanto el hecho en sí mismo, sino que, efectivamente, un hecho específico te puede afectar a un valor intangible, pero que es vital, especialmente para una economía en desarrollo, que es la credibilidad y que es la seguridad jurídica. Porque, como podrá usted comprender, este tipo de actuaciones no son las ideales desde el punto de vista de lo que son los flujos de inversión, que este tipo de países necesita de forma muy clara.

Portavoz.- Vamos a seguir el procedimiento habitual.

Como saben ustedes, suelo hacer una valoración política de los acontecimientos de esta semana y la voy a hacer también hoy refiriéndome, fundamentalmente, a la política europea y a la evolución de la economía española.

Respecto a la primera cuestión, el pasado miércoles 15 de marzo se produjo la comparecencia del presidente del Gobierno para informar y hacer la correspondiente valoración política del Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 9 y 10 de marzo. También se refirió a una reunión previa que hubo en Versalles, a iniciativa del presidente de la República Francesa, con la canciller Merkel y el presidente italiano Gentiloni, y también se hicieron muchas referencias a la próxima reunión de jefes de Estado y de Gobierno en Roma, el 25 de marzo, para celebrar el 60º aniversario de los Tratados de Roma.

De ese debate, como conclusión, creo que surgió una clara reivindicación de la Unión Europea como una historia de éxito, como el logro del mayor período de paz y prosperidad de nuestra historia, y también la certidumbre de que nos unen principios, valores e intereses comunes.

La prioridad hoy es la de mantener la cercanía con los ciudadanos, atendiendo mejor sus problemas, resolviendo sus problemas, y la agenda política europea debe focalizarse en determinados asuntos prioritarios, que coinciden también con los aportados en su momento por el presidente Juncker: la economía y la creación de empleo, la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo, la seguridad exterior y el fortalecimiento de la Política Común de Seguridad y Defensa, y las política de inmigración y de asilo. En este sentido, las políticas realizadas en España en los últimos tiempos en todas estas materias son una referencia en Europa, porque son los retos a los que Europa tiene que enfrentarse.

El presidente del Gobierno anunció --fue un anuncio importante y lo acaba de ratificar el ministro de Economía-- que España había cumplido el objetivo de déficit del 4,6 por 100 del PIB para el ejercicio 2016, que es el acordado con las instituciones europeas. El cumplimiento de este objetivo se une el hecho de que España estuvo en el año 2016 a la cabeza del crecimiento en Europa, el 3,2 por 100 del PIB, y en la creación de empleo: el 40 por 100 del empleo creado en Europa en 2016 se generó en España. Es una economía que crece, por tanto, y un empleo que aumenta también en calidad: llevamos 38 meses consecutivos de incrementos en la contratación indefinida.

Por tanto, España --lo han preguntado ustedes antes-- puede jugar un papel de vanguardia en estos momentos en Europa. Yo creo que del debate del otro día se deduce claramente que no solo puede, sino que también debe, concentrado en esa fórmula del presidente del Gobierno de "más y mejor Europa". Y en el debate surgieron cuáles son los aspectos en los que hay que avanzar: la integración en el Mercado Único, completar la Unión Bancaria, impulsar la Unión Fiscal, la política energética común, la Agenda Digital o la Unión Política.

Asimismo, desde entonces sobrevoló el debate que estaban las citas electorales; la primera tuvo lugar ayer en Holanda. En Holanda se ha frenado en seco la tendencia del populismo, que allí tenía tintes antieuropeos, claramente antieuropeos. En Holanda han ganado los partidos europeos, y eso es bueno porque Holanda es uno de los países fundadores de la Unión Europea, y han perdido aquellos que reniegan de los principios y valores fundamentales de la Unión Europea, y los que, en su suma, quieren destruir Europa.

Segundo aspecto de la situación económica, en esta semana se ha difundido el informe de la OCDE sobre la situación económica de España y su proyección de futuro. Lo más significativo del mismo es la revisión al alza de las perspectivas económicas de España para el ejercicio 2017. En la OCDE, la primera previsión era el 2,3 por 100 y la última que ha hecho es el 2,5 por 100, que coincide con la que hizo el Gobierno. Ya saben ustedes que el Gobierno es siempre prudente en esas previsiones.

El informe de la OCDE destaca la solidez de la recuperación, indicando que esta solidez se debe, en parte muy importante, a las reformas introducidas; a la consolidación fiscal española, que califica de correcta; al saneamiento y reestructuración del sistema financiero, que se llevó a cabo en 2012, y a la reforma laboral. Asimismo, hace determinadas previsiones respecto a la tasa de desempleo, señalando que bajará al 17,5 por 100 en el año 2017; es decir, se situará diez puntos por debajo del máximo nivel alcanzado por la tasa de paro en el año 2013, que alcanzó, como recuerdan ustedes, al 27 por 100.

El informe también menciona la tasa de pobreza, que alcanzó sus máximos entre los años 2009 y 2013, y que se va reduciendo a partir del año 2014; el informe de la OCDE toma datos de ese año. Nosotros pensamos que esa tasa se va a reducir más en esa senda de reducción, fundamentalmente debido a la creación de empleo, que es la mejor forma de combatir la pobreza.

La OCDE propone una serie de medidas, en las que está trabajando el Gobierno, como fortalecer las políticas activas de empleo, mejorando la Formación Profesional y la Dual, y, en general, todo el proceso formativo. Yo tuve ocasión de explicarle al secretario general Gurría las vicisitudes del Pacto Social y Político por la Educación, que en estos momentos, como saben ustedes, está residenciado en una comisión del Congreso de los Diputados. La OCDE, además, nos traslada un mensaje a la sociedad española: la necesidad de continuar la senda de las reformas y perseverar en las mismas.

Esta visión positiva de la OCDE también se ha encontrado reforzada por una serie de distintos indicadores económicos que se han publicado o se han conocido estos días. En primer lugar, quiero referirme al gasto total realizado por los turistas internacionales en el mes de enero, que se ha incrementado casi un 14 por 100 respecto al mismo mes del año 2016. Las ventas de las grandes empresas, no las financieras, tuvieron en enero un incremento del 3,6 por 100 respecto al año anterior, apuntando la tendencia de 39 meses de crecimiento continuado. Las ventas del comercio minorista cierran enero con una variación del 0,1 por 100 respecto al mismo mes del año anterior y encadenan treinta meses consecutivos de subida. El índice de producción industrial crece un 2,5 por 100 respecto al mismo mes del año anterior; crece también 38 meses ininterrumpidamente. Las compra-ventas de viviendas aumentaron un 18 por 100 en enero respecto a enero 2016 y las sociedades creadas en enero aumentan un 21 por 100 respecto a las cifras del año anterior.

Asimismo, hay otros datos obtenidos en el año 2016, que acabamos de conocer, que merecen nuestra atención. En primer lugar, la lucha contra el fraude fiscal, que alcanzó en ese año 2016 la cifra de 14.883 millones de euros, que es la segunda cifra más alta de la historia; o la venta de viviendas, que creció en todas las Comunidades Autónomas, con un incremento de casi el 14 por 100 respecto a 2016. Esta revitalización del sector inmobiliario aparece como una realidad y con un crecimiento equilibrado, no buscando el "efecto burbuja". En ese sentido, recordarán ustedes que el último Consejo de Ministros prorrogó el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas y la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración Urbana para el período 2017-2020.

Así pues, el año 2017, según todas las previsiones, será el cuarto ejercicio con PIB positivo, en el que además recuperaremos la riqueza nacional perdida durante la crisis. Ello es debido a las políticas económicas, por ello es necesario que continúen y, por ello, son importantes la estabilidad política y el afianzamiento de la gobernabilidad, que permite hacer reformas y generar credibilidad y confianza en el crecimiento económico.

Cuando hablo de responsabilidad, esta nos obliga a todos y nadie está exento de esa responsabilidad, especialmente los políticos. El presidente del Gobierno, en su sesión de investidura, dijo con claridad que él no quería un cheque en blanco, quería llegar a acuerdos. Eso es lo que pretendemos en la Legislatura que hemos bautizado como "legislatura del diálogo" y en esa búsqueda de acuerdos en muy importante anteponer los intereses generales a los intereses partidistas; conjugar --me lo han oído decir ustedes en alguna ocasión-- la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad.

Hay un proyecto para España, hay un proyecto por España, que se traduce en los siete pactos de Estado que propuso el presidente del Gobierno; hay todo un desarrollo de la agenda reformista derivada de los acuerdos de la Conferencia de Presidentes del Senado, que se está ya desarrollando, y en esa línea tenemos que ir.

También quiero mencionar la no convalidación ayer del Real Decreto Ley relativo a la estiba. Como saben ustedes, una mayoría en el Congreso de los Diputados (los votos de PSOE, Podemos, Esquerra, PDeCAT, Compromís, Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias) votaron en contra y Ciudadanos se abstuvo, frente a los votos a favor del Partido Popular, del PNV, de UPN y del Foro Asturias.

Como saben ustedes, y lo ha recordado el ministro de Economía, con ese Real Decreto Ley, un Real Decreto Ley muy corte, lo que se hacía era dar cuenta del cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por entender que la legislación española atentaba contra los Tratados europeos al ser contraria a la libertad de establecimiento. El Tribunal de Justicia obligaba, por tanto, a reformar la legislación española.

Eso es lo que hacía el Real Decreto Ley y, además, como saben ustedes, porque se lo transmití hace dos semanas, la comisaria Violeta Bulc estuvo en el Congreso de los Diputados y explicó que la propuesta --el texto de Real Decreto Ley que requería se convalidado-- cumplía con todos los requisitos que exigía la Comisión. Por tanto, de convalidarse, de aprobarse, la Comisión se comprometía a la condonación de la deuda, que en ese momento era ya de 21 millones de euros, y, además, a retirar el caso del Tribunal de Justicia. Está pendiente una segunda sentencia, que está al caer. Si esa segunda sentencia se produce en el sentido de tememos, obligará, además de esos 21 millones, también a una sanción diaria de 134.000 euros que tendremos que pagar todos los españoles.

Conocen ustedes los avatares de esa negociación. Ha habido una negociación en la que ha intervenido el Gobierno; una negociación, como en cualquier convenio colectivo, entre la patronal y los sindicatos. El Gobierno ha hecho una propuesta que creemos que es ambiciosa y generosa pero, al final, la Cámara no ha convalidado el Real Decreto Ley.

El Gobierno piensa que la convalidación era necesaria desde el punto de vista de la responsabilidad política y de la defensa de los intereses generales. No es fácil explicar a las instituciones europeas cómo el cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia, que es lo que era el contenido del Real Decreto Ley, es rechazada por las Cortes y afecta a esa imagen de España y de todos los españoles.

Por tanto, el Gobierno hace hoy, a las veinticuatro horas de ese voto, un llamamiento a la reflexión. Tenemos que preguntarnos todos, y también las fuerzas políticas, o sobre todo las fuerzas políticas, si esta decisión de ayer favorece o no a los intereses generales; si se priman los intereses generales o, por el contrario, se priman intereses corporativos o particulares; si el voto en contra a cumplir una resolución judicial de la Unión Europea beneficia a la imagen internacional de España; si ayuda al proceso de liberalización económica haciendo de nuestra economía un espacio más competitivo y más próspero y, al final, si es leal o no con el mandato que nos dieron los electores a todos para buscar acuerdos.

El Gobierno, en todo caso, quiere hacer esta reflexión a todos los españoles y el Gobierno va a continuar trabajando para llegar a un acuerdo satisfactorio, porque entiende que cumplir con nuestras obligaciones internacionales es una exigencia inexcusable. Por tanto, el ministro de Fomento va a ponerse en contacto con las fuerzas parlamentarias para ver de qué manera podemos cumplir, como digo, con nuestras obligaciones internacionales y evitar una multa que iría al bolsillo de todos los españoles.

Junto a estas consideraciones que quiero hacer, el Consejo de Ministros ha tomado hoy una serie de acuerdos. Ha aprobado el Real Decreto Ley por el que se amplía el plazo de la suspensión de lanzamientos hipotecarios, al que se ha referido el ministro de Economía; y ha aprobado también un Acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de préstamos a la inversión industrial, programa de Pymes, por un valor de 606 millones de euros, que podría, se estima, generar en torno a diez mil puestos de trabajo entre empleo directo e indirecto, y va en la línea del Gobierno de apostar por la creación de empleo y por favorecer el empleo en las Pymes.

Asimismo, ha tomado el acuerdo de remitir a las Cortes Generales el convenio de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia entre el Reino de España y la República de Níger, e instar su ratificación. Como saben ustedes, el Sahel se ha convertido en una de las regiones prioritarias para la política exterior de la Unión Europea. Compartimos desafíos comunes: la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y los tráficos ilegales. Esta misma semana, precisamente, el ministro Zoido ha estado con su homólogo francés en Níger. Por tanto, está dentro de la política española de firmar acuerdos de cooperación con los países de origen o los países de tránsito para evitar que pueda extenderse el terrorismo internacional. Como he dicho antes, es uno de los retos que tiene en estos momentos planteados la Unión Europea.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales en Girona, Huelva, Baleares, Cádiz, Málaga y Granada a los causados durante el mes de febrero del año 2017, y también ha tomado razón de las obras de emergencia para reparar los daños producidos por temporales. Estamos hablando de 16,5 millones de euros y, en otro caso, de 11,5 millones de euros, que tienen un objetivo que es acometer con urgencia las actuaciones de reparación, tanto en las playas como en las costas, evitando daños menores ante posibles nuevos temporales. Esta posibilidad rápida y eficaz de nuevas medidas es posible gracias a la previsión de un Real Decreto Ley, el 2/17, que aprobamos el pasado 27 de enero, que permite, cuando nos encontramos ante casos como estos, utilizar la fórmula del Real Decreto para llevarlo a cabo.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se actualiza la cualificación profesional de la familia profesional Electricidad y Electrónica, que va en la línea de dotar de contenido al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales dentro del ámbito de la Formación Profesional; y ha aprobado una Declaración con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El próximo 21 de marzo celebramos ese día, declarado por la ONU en el año 1996, que es algo, no tengo que decirles a ustedes, con lo que el Gobierno de España y todos los españoles estamos profundamente comprometidos.

Asimismo, el Gobierno ha procedido a una serie de nombramientos, entre los cuales quiero destacar el nombramiento de don Miguel Falomir como director del organismo autónomo Museo Nacional del Prado, agradeciendo a don Miguel Zugaza la labor que ha realizado al frente del Prado en estos años.

Creo que con esto he dado cuenta de lo más importante y, por supuesto, estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme.

P.- Carmen del Riego, de "La Vanguardia". Se ha hecho público que ETA pretende desarmarse definitivamente el 8 de abril y me gustaría una valoración del Gobierno, por un lado, y, por otro, si éste sería un paso en las exigencias que hacía el Gobierno para proceder a un acercamiento de presos.

Por otro lado, y volviendo a la estabilidad y a lo que ocurrió ayer en el Congreso, ¿el Gobierno hace alguna autocrítica sobre la forma en la que ha tramitado el Real Decreto Ley? La oposición se queja de que no han hablado con ellos hasta las últimas 24-48 horas y de que tampoco se han sentado a negociar hasta las 24 horas anteriores. ¿Hace alguna autocrítica?

Portavoz.- En relación con la primera pregunta, la posición del Gobierno, desde que está el Gobierno, por tanto, desde diciembre del año 2011, es muy clara y muy nítida: ETA tiene que hacer dos cosas, que son desarmarse y disolverse. Por tanto, eso es lo que tiene que decir el Gobierno que, insisto, no ha variado ni un centímetro su posición desde hace seis años.

En relación con la segunda pregunta, el Gobierno no tiene ningún empacho en hacer autocrítica cuando cree que la autocrítica hay que hacerla; pero yo creo que hay que recordar ante la situación en la que nos encontramos. Como saben ustedes, en la Unión Europea lo que hay son dos instrumentos jurídicos: uno, el Reglamento, que se aplica directamente, tiene eficacia directa; y otro, la Directiva, que requiere un acto de cada Estado miembro, eso que llamamos la transposición, por tanto, la incorporación al ordenamiento jurídico de cada país.

De lo que estamos hablando es de una ley del Gobierno anterior, que data del año 2010; una ley que fue aprobada muy mayoritariamente por el Parlamento de la época y con los votos también del Grupo Popular. Esa Ley el Tribunal de Justicia es la que ha examinado y ha dicho que no se acomoda a lo establecido en la Directiva. Por tanto, el 11 de diciembre del año 2014 el Tribunal de Justicia condenó al Reino de España al estimar que la transposición no se había realizado correctamente y notificó esa sentencia al Reino de España en el año 2015.

En el año 2015 es cuando empieza a negociar el Gobierno de la época con la patronal y con los sindicatos --empieza a negociar, por tanto, inmediatamente-- y traslada inmediatamente, en mayo de 2015, los acuerdos alcanzados entre patronal y sindicatos. En julio de 2016 --el Gobierno testa con la Comisión Europea para saber si los acuerdos merecen el apoyo, el aval, de la Comisión Europea--, la Comisión Europea remitió una carta al Ministerio de Fomento en la que señalaba que había parte de esos acuerdos que la Comisión consideraba que eran contrarios a la Directiva: el 27 de julio de 2016 (tengo por aquí la carta de la Comisión Europea).

Por lo tanto, el 27 de julio del año 2016 es cuando el Gobierno conoce la situación. Les recuerdo a ustedes que el Gobierno estaba en funciones y que la Ley del Gobierno del año 2002 impide presentar un Proyecto de Ley o un Real Decreto Ley y, por tanto, el Gobierno no ha podido hacerlo hasta que esa situación de interinidad ha desaparecido.

A partir de ese momento ha negociado con las partes: primero, ha aprobado en Consejo de Ministros un Real Decreto Ley; ese Real Decreto Ley fue remitido a todos los grupos políticos antes de su aprobación en el Consejo de Ministros, antes de su aprobación, y ningún grupo político, ningún Grupo Parlamentario, hizo ningún comentario ni pidió ninguna aclaración al Gobierno; antes de su aprobación. A continuación, el Gobierno, dentro del marco de esa negociación, ha instado a que hubiera un mediador, porque estamos hablando de la negociación colectiva que compete a las partes. Pero, incluso compitiendo a las partes, el Gobierno ha participado en esa negociación intentando encontrar una solución y haciendo una propuesta, que ustedes conocen, que entiende que es una propuesta ambiciosa y generosa.

Por tanto, ya le digo, no es por no hacer autocrítica o no hacerla; pero creo que, cuando uno hace un desarrollo de los acontecimientos, cuando uno tiene en cuenta de lo que se trata, que es cumplir una sentencia del Tribunal de Justicia, que es el Real Decreto Ley, la negociación es una cosa que uno puede considerar paralela, pero es una cosa diferente. En la convalidación del Real Decreto Ley, que es, insisto, la traslación de una sentencia del Tribunal de Justicia, me parece que no hay mucho margen para hablar de ese contenido.

En todo caso, el ministro de Fomento se va a dirigir a los grupos políticos para que le digan, ya que no se lo han dicho antes, qué es lo que hay que cambiar de ese Real Decreto Ley, qué es lo que juzgan que en ese Real Decreto Ley hay que cambiar y pudiera cambiar el sentido de su voto, siempre teniendo en cuenta que esos posibles cambios o esos eventuales cambios deberían contar con el aval de la Comisión Europea.

Estamos muy justos de tiempo, porque la sentencia del Tribunal de Justicia puede recaer en cualquier momento; pero el Gobierno va a hacer todo cuanto esté en su mano, primero, para cumplir con las obligaciones de la Unión Europea y, segundo, para que los españoles no tengamos que pagar esa sanción de nuestros bolsillos y poder dedicar ese dinero a otras cosas.

P.- Ha dicho usted: "ETA lo que tiene que hacer es desarmarse y disolverse". Pues bien, parece ser que el anuncio del desarme lo hace hoy y que podría ser el 8 de abril cuando se desarmara. ¿Eso lo interpreta el Gobierno como un gesto? ¿Tendrá una respuesta? ¿Cómo lo interpreta?

Portavoz.- El Gobierno nunca especula sobre las voluntades, los deseos, de las organizaciones terroristas. El Gobierno hoy lo que hemos oído es unas filtraciones que dicen que se va a producir. Todavía no se ha producido nada. El Gobierno quiere reiterar su posición firme y sólida desde el principio, y que creo que tiene el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles. Por lo tanto, desarmarse y disolverse.

P.- Josep Capella, de Televisión de Cataluña. Quería preguntarle dos cuestiones; una, sobre este mismo tema de ETA. Quería preguntarle si el Gobierno, por ejemplo, está en contacto --el Presidente dijo que tenía contactos con los máximos responsables del PNV-- sobre este anuncio que se va a formalizar hoy y si también esta nueva situación de desarmarse permite un avance en esas conversaciones que tenía el lehendakari Urkullu y en uno de los puntos, por ejemplo, que planteaba antes la compañera era el acercamiento de presos: la política penitenciaria en el País Vasco.

En segundo lugar, dada la situación de debilidad parlamentaria, constatada con la derrota de ayer del Gobierno en el Congreso, ¿el Gobierno se replantea presentar los Presupuestos Generales del Estado el día 31 de este mes de marzo?

Portavoz.- Respecto a su primera pregunta, hemos conocido esa noticia, que, insisto, es una filtración donde se dice que ETA va a hacer, porque todavía, que yo sepa, no ha hecho nada; la hemos conocido durante el Consejo de Ministros y, por tanto, comprenderá usted que el presidente del Gobierno no haya podido hablar con nadie. Ha hablado con sus ministros y la posición del Gobierno es la que yo le he expresado. Por tanto, vamos a esperar a ver qué dice ese comunicado, vamos a ver estas cosas con cautela y con prudencia, es una organización terrorista, vamos a ver qué es lo que hace y, luego, ya actuaremos.

Pero, insisto, que me parece que es el mensaje que el Gobierno quiere lanzar, no hemos movido ni un centímetro nuestra posición desde el año 2011 y ésa es: desarmarse y disolverse.

En relación con la segunda pregunta, el Gobierno es consciente… Me lo han oído decir ustedes a mí una y otra vez aquí: el Gobierno tiene un Grupo Parlamentario con los escaños que tiene y, por lo tanto, el Gobierno tiene que buscar acuerdos. Al Gobierno le sorprende que algo tan obvio, tan evidente, como el cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia, por tanto, una obligación contraída con Europa, las Cortes lo rechace. Eso resulta difícil de explicar; pero vamos a seguir trabajando y haciendo un esfuerzo por cumplir con Europa y por evitar que los españoles tengan que pagar esa sanción.

El Gobierno no se replantea la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer porque creemos que es bueno para los ciudadanos, para la Administración General del Estado y para las Comunidades Autónomas tener unos Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, los planes que tiene el Gobierno --este es un Gobierno serio, que se compromete con los ciudadanos-- vamos a cumplirlos en las fechas que teníamos pensado y seguimos hablando con los grupos políticos para alcanzar acuerdos.

P.- José Miguel Blanco, de la Agencia EFE. Después de lo ocurrido ayer en el Congreso con el Real Decreto Ley de la estiba, ¿el Gobierno considera desleal la actitud de Ciudadanos y considera que puede ser un precedente de cara, precisamente, al próximo debate presupuestario?

Y respecto a los Presupuestos, y en el ámbito concreto de su Departamento, querría saber si cree que las Comunidades, por ejemplo, podrían actuar o presionar, de alguna forma, para la aprobación de los mismos, teniendo en cuenta que varias han tenido que aplazar la convocatoria de oposiciones de docentes por la falta de ese texto presupuestario.

Portavoz.- El Gobierno no califica; el Gobierno actúa, el Gobierno gobierna y el Gobierno quiere buscar las reformas necesarias para continuar en la senda de crecimiento en la que estamos. El Gobierno y el partido que lo sustenta firmaron un acuerdo con el partido de Ciudadanos, que fue el acuerdo de investidura. Hay 150 puntos en ese acuerdo de investidura y estamos trabajando en ellos. Hemos cumplido ya algunos de ellos, estamos cumpliendo otros y el Gobierno va a mantenerse en ese acuerdo, porque este Gobierno es un Gobierno serio y responsable, y porque cree que eso es lo que necesita España en estos momentos y lo que más nos conviene.

En segundo lugar, y respecto al tema que me plantea, que es un tema del Ministerio de Educación, el Gobierno es consciente… El Gobierno, primero, ha dicho que en los Presupuestos Generales del Estado va a haber una oferta muy importante de empleo público y otro de los objetivos es reducir también el número de interinos. Ayer se reunió el Ministerio de Hacienda y Función Pública con los sindicatos y lo va a hacer en los próximos días con la Mesa General de la Administración Pública para concretarlo.

Pero tiene usted razón en lo que dice. Yo soy consciente, como ministro de Educación, de que los exámenes para maestros tienen lugar en el mes de julio y, por lo tanto, si hubiera que esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, no habría materialmente tiempo para hacer esos exámenes. Sabemos que hay mucha gente que ha estudiado, que se ha preparado y que está preocupada con esta situación, y también yo recibo preguntas de muchas Comunidades Autónomas.

Por ello, el Gobierno está estudiando la manera de presentar, junto a los Presupuestos Generales del Estado, una apoyatura legal que permita convocar esa oferta de empleo en el ámbito de la educación y en algún otro, como el ámbito de las academias militares y de la Guardia Civil, que tienen un calendario especial y que, por tanto, requieren también medidas especiales. Por lo tanto, estamos pensando en cómo articularlo; pero la idea que tiene el Gobierno a día de hoy es dar una respuesta, una respuesta positiva, en materia de empleo público a los opositores a maestros y a, insisto, los de la Academia de la Guardia Civil y de la Academia Militar.

P.- Mariano Calleja, del diario "ABC". Quería saber, Ministro, si estamos más cerca que hace dos días de un posible adelanto electoral. Es decir, si se repite una votación como la de ayer, ¿estamos abocados a unas nuevas elecciones generales?

Por otra parte, relacionado con este asunto, ¿el Gobierno sigue considerando a Ciudadanos socio preferente o algo se ha roto en la confianza que hay entre el Gobierno y Ciudadanos?

Portavoz.- Respecto a la primera pregunta, el Gobierno va a seguir gobernando, porque cree que es lo que le interesa a España. Antes he hablado de los intereses nacionales, de los intereses generales y los intereses partidistas o particulares, y he abogado por poner por delante los intereses generales, y eso es lo que va a hacer el Gobierno. Por tanto, le reitero que no va a haber adelanto electoral.

El Gobierno continúa con sus planes; va a presentar el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado y el ministro de Fomento inmediatamente va a retomar las conversaciones con los grupos políticos. Esperamos que esta vez nos digan qué es lo que quieren cambiar del Real Decreto Ley. El Gobierno va a estar presente en esa mesa de negociación entre patronal y sindicatos de la estiba, va a estar presente; hay una oferta que está sobre la mesa que no se estudió detenidamente en las últimas reuniones; vamos a ponerla sobre la mesa, vamos a escuchar y vamos a intentar resolver ese tema, porque, insisto, afecta a la credibilidad de España.

Es difícil explicar en Europa cómo se rechaza en el Congreso de los Diputados una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso es incumplir nuestras obligaciones con la Unión Europea. Y yo oigo a todos los grupos políticos decir, o a casi todos, que "van a cumplir con Europa". Esto es cumplir con Europa, vamos a seguir trabajando en ello y el Gobierno no se plantea ninguna hipótesis de adelanto electoral. Quiero que eso quede meridianamente claro.

Lo he dicho antes, lo reitero y lo repito, Ciudadanos y el Partido Popular firmaron un acuerdo para la investidura. Hay 150 puntos que juzgamos que son positivos para España. Estamos en la senda de crecimiento, en la creación de empleo, queremos jugar un papel importante en Europa y en eso estamos. Y Ciudadanos sigue siendo un socio de referencia para el Gobierno.

P.- Estefanía Molina, de "El Nacional". Portavoz, esta semana se ha conocido la sentencia del 9-N para Mas, Ortega y Rigau. ¿Cree el Gobierno que la inhabilitación puede servir para alimentar el malestar del soberanismo?

En segundo lugar, ¿de qué forma va a concretar el Gobierno en diálogo en adelante, tanto con la Generalitat, como con la sociedad catalana? ¿Cuál va a ser la estrategia?

Portavoz.- Respecto a su primera pregunta, me lo han oído decir ustedes en numerosas ocasiones: se trata de una sentencia y las sentencias se acatan y se respetan. La sentencia lo que pone de manifiesto es que en España, esta y todas las demás, nadie está por encima de la Ley o al margen de la Ley, y que España es un Estado de Derecho serio. Eso es algo que tenemos que saber todos y estoy seguro de que todos nos damos cuenta de ello.

Respecto a la segunda pregunta que usted me hace, la oferta de diálogo que hace el Gobierno no tiene fecha de caducidad. El otro día estuvo en Madrid el presidente Puigdemont, que asistió a la entrega de los Premios Blanquerna, entre otros, al seleccionador nacional Vicente del Bosque. Fue un acto muy cordial, muy amable, muy positivo, y ahí alguno de sus compañeros me preguntaron lo mismo. Yo les dije: vamos a dialogar. ¿Vamos a dialogar para qué? Para resolver los temas que importan a los españoles y, por tanto, también a los catalanes: para resolver las cuestiones de financiación; estamos hablando del Corredor Mediterráneo, estamos hablando de la Tarjeta Social…

Hay muchos temas importantes que, sin duda alguna, entre todos los resolvemos mejor. De eso se trata. ¿Diálogo? Dentro de la Ley, como es lógico. Ya no se lo he dicho ahora porque es lógico. Nadie entiende fuera de nuestras fronteras que no se dialogue dentro de la Ley, que es el marco que nos damos todos.

Por tanto, ese diálogo sigue plenamente vigente y estará vigente sin fecha de caducidad.

Hoy comienzan las Fallas. El Gobierno está orgulloso de haber instado a la UNESCO el que éstas sean Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad; además, creo que el buen tiempo acompaña a las Fallas en Valencia.

Si quieren ustedes seguir en la costa, pero un poquito más abajo, hoy se inaugura el Festival Internacional de Cine de Málaga. Y si alguno de ustedes va, se encontrará con éste que les habla.

Muchas gracias.