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Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y del ministro del Interior, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid, viernes 21 de noviembre de 2014

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a darles cuenta de los principales asuntos aprobados hoy en la reunión del Consejo de Ministros.

En primer lugar, hemos aprobado, para remitirlo ya a las Cortes Generales, el Proyecto de Ley Orgánica de régimen de personal de la Policía Nacional. Con esta iniciativa dotamos a la Policía Nacional de un marco normativo que da a su régimen de personal la debida seguridad jurídica, acabando con la actual dispersión normativa y adoptándolo, además, al Estatuto Básico del Empleado Público. Se da cumplimiento a un mandato de nuestra Constitución, artículo 104, de dotar a la Policía Nacional de una Ley Orgánica que regule sus funciones, sus derechos, sus principios básicos de actuación y su estatuto; cuestiones que hasta ahora estaban dispersas en distintas normas, algunas de ellas de notoria antigüedad. Por eso se moderniza y se clarifica, como explicará el ministro del Interior, el régimen de personal de la Policía Nacional.

En segundo lugar, hemos aprobado, entre otros Reales Decretos, uno por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes del reparto de cantidades a financiar relativas al bono social. ¿Qué es el bono social de la electricidad? De acuerdo con la Ley del Sector Eléctrico, es una obligación del servicio público cuya financiación recae sobre quienes desarrollan actividades de generación, distribución y comercialización. Afecta a los consumidores que están en particulares situaciones, más vulnerables, y la metodología se realiza proporcionalmente al tamaño de cada grupo empresarial, según el número de clientes y suministros. ¿Quién va a hacer el cálculo? Anualmente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para lo cual las empresas deberán facilitarle la información necesaria. Para su información, y a modo de referencia, la cuantía del bono social para 2013 es superior a los 228 millones de euros.

Otro Real Decreto que aprobamos es el de los requisitos y procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia de títulos, a nivel académico universitario oficial, y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior de lo que eran títulos de arquitecto, ingeniero, licenciado, arquitecto técnico, ingeniero técnico y diplomado. Lo que se hace es fijar los criterios, la norma general, para homologar los títulos obtenidos en el extranjero, como para los títulos existentes en España anteriores al Plan Bolonia. En ambos casos se crea un procedimiento para declarar esa correspondencia de títulos en los niveles del Marco Europeo de Educación Superior.

Se acaba con un vacío normativo y se aprueba un régimen general de correspondencias entre los títulos anteriores y posteriores a la reforma de Bolonia, que no existían hasta ahora. Esta carencia lo que estaba provocando, fundamentalmente, es problemas a nuestros titulados, especialmente cuando éstos y los empresarios que los contratan querían hacer valer su titulación española, por ejemplo, para firmar proyectos en otros países. Con este Real Decreto se asigna un nivel dentro del Marco Europeo a las 140 antiguas titulaciones universitarias que permiten a sus titulares acreditar el nivel obtenido.

A partir de ahora lo que hay que hacer es un examen y valoración por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad de la Acreditación, la ANECA, de todas las antiguas titulaciones. La ANECA va a comenzar a trabajar de forma inmediata y las primeras correspondencias serán declaradas en los primeros meses de 2015.

En otro orden de cosas, hoy se ha aprobado el Acuerdo que permite la firma ad referéndum del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania por otra, y se dispone su remisión a las Cortes Generales.

Como saben, la política europea de vecindad es uno de los componentes fundamentales de las relaciones exteriores de la Unión Europea. Esa política se aplica al conjunto de los países vecinos de la Unión, tanto los mediterráneos, como la Europa oriental o el Cáucaso Sur. Entre estos vecinos de Europa Oriental, Ucrania es el socio más relevante por su importancia política y económica, y por su proximidad geográfica a la Unión Europea.

Un elemento esencial de los acuerdos de asociación es el capítulo relativo a la liberalización comercial, que se traduce en un área de libre comercio de alcance amplio y profundo, además de una importante asistencia financiera que profundice en la modernización de las economías de los Estados con los que se suscribe. De ahí la importancia que reviste para Ucrania y para la Unión Europea la entrada en vigor de este Acuerdo de Asociación.

Como recuerdan, iba a ser firmado en noviembre de 2013 y, entonces, el presidente decidió no hacerlo. Hoy el Consejo de Ministros lo que ha aprobado es la firma ad referéndum del Acuerdo por parte de España y ha dispuesto su remisión a las Cortes Generales para su ratificación. De este modo, España, al igual que el resto de nuestros socios europeos, reafirmamos nuestra apuesta política por la máxima aproximación de Ucrania a la Unión y por el desarrollo de profundas relaciones en todos los ámbitos.

Entre otras cuestiones, hoy aprobamos el Acuerdo por el que se autoriza un crédito extraordinario en el presupuesto del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música para dar cumplimiento al Real Decreto del 24 de octubre de 2014 que regulaba la concesión de una subvención directa a la Fundación Gran Teatro del Liceo para la ejecución del Plan Estratégico de Viabilidad 2014-2017.

El Gran Teatro del Liceo es, sin duda, un símbolo indiscutible de la cultura catalana y española, un referente artístico de primer nivel y un puesto privilegiado en la escena operísticas internacional. Desde 1986, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte forma parte de los órganos de Gobierno, aportando a través del INAEM, de este Instituto, una cuantía anual ordinaria para el sostenimiento del proyecto lírico y musical.

La Administración General del Estado ha garantizado en todo momento el mantenimiento de la entidad, también en los momentos de mayor dificultad de su historia reciente, como es el presente. Valga como dato que desde 2002 el Gran Teatro del Liceo ha recibido, a través de transferencias del Consorcio y a su fundación, cerca de 160 millones de euros, sumando tanto aportaciones extraordinarias, como ordinarias.

Pese a todo, la situación actual es muy complicada. En la temporada 2012-2013 el déficit asciende a más de cuatro millones de euros y la deuda acumulada con diferentes instituciones bancarias, a más de quince millones. Para hacer frente a esta situación los órganos de gobierno del Liceo aprobaron un plan estratégico y de viabilidad para restaurar el equilibrio financiero y presupuestario de la entidad para 2017. La aplicación de este plan requiere aportaciones extraordinarias por parte de las Administraciones Públicas, que son, fundamentalmente, la Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona, Diputación de Barcelona y el Estado, de más de once millones de euros.

El Estado cumple con esto íntegramente las obligaciones que tenía asumidas, a diferencia de otras Administraciones. Por tanto, demuestra su firme compromiso con esta institución con el pago de cerca de cinco millones de euros, que realizamos como subvención directa.

Quiero destacar también, en el capítulo de Reales Decretos, que el Consejo de Ministros ha acordado la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Helena Wolo, nacional de Liberia, y a doña Paciencia Melgar Ronda, nacional de Guinea Ecuatorial.

El Consejo de Ministros ha valorado como circunstancias excepcionales que motivan la concesión de la nacionalidad española la trayectoria personal de las dos hermanas, como Misioneras de la Inmaculada Concepción, que han dedicado su vida al servicio de los demás y al cuidado y la atención de enfermos de ébola, arriesgando su propia vida, así como su colaboración absolutamente desinteresada en la donación del suero para el tratamiento de la paciente de ébola, de la gente que hemos atendido y que se ha sanado en el Hospital La Paz-Carlos III.

Como se explica detalladamente en el informe elaborado por el propio Hospital, y que ha sido determinante en esta concesión, las hermanas Paciencia y Helena han accedido, además, a seguir colaborando durante todo el tiempo que sea necesario en el estudio de la actividad neutralizante de su suero. Tener acceso a dos donantes altruistas, dispuestas a continuar realizando estas donaciones, es una oportunidad científica excepcional. Nos ayudará, además, a resolver dudas terapéuticas sobre la enfermedad del ébola, pero además es un agradecimiento del Estado español a su tarea y a la de los futuros pacientes que pueden verse beneficiados en todo el mundo por su generosidad y su vocación de servicio a la sociedad.

Agradecemos, por tanto, su extraordinario, generoso y altruista comportamiento.

También les quiero informar de un asunto que, aun cuando no va en este Consejo de Ministros, irá en el siguiente, pero conviene ya que se tenga conocimiento del mismo por sus efectos anticipados: es la extensión del PIVE. La extensión del programa de ayudas tendrá las mismas características que el PIVE actual y se elevará a decisión en el próximo Consejo de Ministros. ¿Por qué lo hacemos público hoy? Porque las matriculaciones que se realicen a partir del lunes 24 serán válidas con arreglo al nuevo programa; es decir, que los ciudadanos que quieran comprar un vehículo con arreglo a este programa, a pesar de que lo matriculen toda esta semana, y por supuesto la siguiente, tendrán derecho a las ayudas que este plan concede. Es decir, no habrá interrupción en la concesión de estas ayudas.

Los resultados favorables que se están obteniendo en los efectos de este programa de incentivos al vehículo eficiente han sido valorados muy positivamente por el Gobierno, lo que ha llevado a avalar la continuidad del programa. Son resultados muy favorables en términos de mejora de la balanza comercial, generación de actividad económica en el sector del automóvil, industrias auxiliares, sector de comercialización, seguros y financiación de bienes de equipo, creación o mantenimiento de los niveles de empleo, y, además, el objetivo esencial del programa, que es la eficiencia energética.

La buena acogida que han tenido los sucesivos programas han motivado que el número de reservas haya superado las previsiones iniciales; por tanto, creemos que es conveniente ampliarlas y continuarlas.

Sr. Fernández.- Como ha señalado ya muy bien la señora Vicepresidenta, el Consejo de Ministros ya ha aprobado lo que era inicialmente el Anteproyecto de Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional, que como tal he presentado y defendido ante el Consejo de Ministros, y que, tras la aprobación por el Consejo de Ministros, como ella ha señalado, se ha convertido en Proyecto de Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional y que va a ser remitido, en consecuencia, ya para su debate y votación al Congreso de los Diputados.

Quiero decir que para la Policía ésta es una iniciativa que, sin exagerar, reviste carácter histórico, pues, a partir de la aprobación, en su caso, de este Proyecto de Ley y transformación en Ley, dota a lo que será la Policía Nacional de una Ley de Personal tras casi treinta años de existencia. He dicho de lo que será Policía Nacional, porque saben ustedes que la vigente legislación denomina Cuerpo Nacional de Policía, como resultante de lo establecido en la vigente Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de 1986, que creó el Cuerpo Nacional de Policía como fusión de la Policía Nacional, por un lado, y del Cuerpo Superior de Policía, por otro.

Tras casi treinta años de iure sigue siendo la denominación de ese cuerpo de seguridad del Estado la de Cuerpo Nacional de Policía, aunque, de facto, es la de Policía Nacional. Ahora legalizamos ya lo que era una realidad de facto, insisto, tras casi treinta años de creación del Cuerpo Nacional de Policía, siendo sus integrantes conocidos, como por todos es público y notorio, como policías nacionales. Insisto en que, a partir de ahora, la denominación legal del Cuerpo será el de Policía Nacional.

Esta Ley es necesaria para la adecuada y completa organización estatutaria de la Policía Nacional y da cumplimiento, como señalaba la señora Vicepresidenta, a lo establecido por la Constitución en su artículo 104.2 que dice literalmente: "una Ley Orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Al aludir a "estatutos", es evidente que estaba hablando del Estatuto, en este caso, de la Policía Nacional, igual que el de la Guardia Civil.

Precisamente, ayer el Congreso aprobó definitivamente… Será Ley cuando sea publicada en el Boletín Oficial del Estado; pero ayer, definitivamente, las Cortes aprobaron lo que hasta ahora era el Proyecto de Ley de Régimen Jurídico de Personal de la Guardia Civil. Desde ayer ya es Ley y ahora, a partir de hoy, ya existe un Proyecto de Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional.

Como les decía, tras casi treinta años de no tener ese Estatuto de Personal en una norma con el adecuado nivel de jerarquía normativa, Ley Orgánica… La Policía Nacional no lo tenía y no lo tenía porque lo tenía disperso en diferentes normas, incluso alguna de ellas preconstitucional, del año 1975, que se venía aplicando ante el vacío legislativo existente.

Por tanto, era necesario disponer de la debida seguridad jurídica en esta materia --estamos hablando del régimen de personal de un cuerpo de seguridad del Estado--, acabar como he dicho con la dispersión normativa y lograr, asimismo, cosa en la que quiero poner también especial énfasis, la adaptación requerida a los cambios derivados de la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público, lo cual se hizo, como saben todos ustedes, con ocasión de la aprobación de la Ley 7 del año 2007.

Por lo tanto, con este Proyecto de Ley se busca garantizar con más seguridad jurídica y más precisión los derechos y deberes de los policías nacionales, lo que permite, a su vez, sin duda, que ellos estén en mejores condiciones, si cabe, de garantizar los derechos y libertades del conjunto de ciudadanos. Dota de mayor protección a los policías, mejorando su seguridad jurídica y social. Va a permitir disponer, sin duda, de una Policía, si cabe todavía, más profesional, mejor formada, más cercana y más abierta a la sociedad.

Pongo especial énfasis al decir "si cabe" en la medida en que no podemos olvidar, y yo como Ministro del Interior tengo el deber de recordarlo, que, siguiendo tasas de criminalidad, estadísticas homologadas de Eurostat, España está a la cabeza de los países más seguros de la Unión Europea, que es lo mismo que decir que de los países más seguros del mundo. Ello, sin duda, es debido al civismo de nuestros conciudadanos y también a la profesionalidad de los Cuerpos de Seguridad encargados de velar por el libre y pacífico ejercicio de nuestros derechos y libertades, y de garantizar, como dice la Constitución, la seguridad ciudadana. También conviene recordar que el CIS pone de manifiesto que entre las instituciones más valoradas de los españoles están a la cabeza los Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Por eso quiero decir que, si cabe -si cabe--, nos permitirá disponer de una Policía más profesional, mejor formada, más cercana y más abierta a la sociedad.

Desde el punto de vista de su contenido, el texto del Proyecto de Ley se divide en un título preliminar y trece títulos, siete disposiciones adicionales, siete transitorias, una derogatoria y cinco finales.

En cuanto a las principales novedades que incluye el Proyecto de Ley que será remitido próximamente al Congreso de los Diputados, me permito destacar, entre ellas, las siguientes. Como he señalado ya, la nueva definición legal de este Cuerpo de Seguridad del Estado de naturaleza civil a diferencia del otro Cuerpo de Seguridad del Estado, el Cuerpo de la Guardia Civil, que es de naturaleza militar; la denominación legal será Policía Nacional.

Se establece un completo catálogo de derechos individuales y colectivos de los policías nacionales. Destaco entre ellos, en materia de conciliación de vida personal, familiar y laboral, una mejor garantía de la igualdad efectiva de trato y oportunidades de todos los policías nacionales, hombres y mujeres, la igualdad efectiva por tanto entre los mismos; y el derecho a adecuar las funciones de los policías nacionales a sus condiciones psicofísicas, una reclamación justamente planteada en el Consejo de la Policía por los sindicatos representativos de los mismos. Se regula mejor y con más precisión la formación profesional permanente y de especialización, que es un elemento prioritario en la carrera policial.

Por otra parte, se refuerza la especial protección de la Policía, de tal suerte que, junto a la defensa y asistencia jurídica por el Estado, se incorpora la contratación de un seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera para cubrir las indemnizaciones y fianzas derivadas del desempeño de las funciones de los policías nacionales o con ocasión de las mismas, cuando no concurra, como es evidente, una conducta dolosa en las mismas.

En materia de protección social, se legaliza la obligación para la Administración de concertar un seguro de accidentes, que hasta ahora era graciable desde el año 1993 --a partir de ahora estará legalizado--; un seguro de accidentes para los supuestos de fallecimiento o incapacidad permanente total o parcial acaecidos a los policías nacionales con ocasión de un acto de servicio.

Se regula un régimen de incompatibilidades acorde con las peculiaridades de las funciones policiales. Las modalidades e ingresos se siguen articulando bajo el sistema fundamental de acceso mediante oposición libre. Se potencia la promoción interna y algo muy importante para la Policía Nacional es que se mantiene el régimen de la denominada "segunda actividad", respetando todas las expectativas de derecho de los prácticamente setenta policías nacionales que integran ahora la Policía Nacional.

Y de manera también especial, lo quiero subrayar, se incluye en este Proyecto de Ley un reconocimiento expreso a la protección otorgada a la mujer policía víctima de violencia de género, a través, entre otras, de dos fundamentales garantías o derechos: la excedencia por razón de violencia de género, por una parte, y, por otra parte, se le reconoce a la mujer policía que haya sido víctima de violencia de género la garantía de poder acceder a otro puesto de trabajo de análogas características en otro lugar sin que necesariamente exista vacante de necesaria cobertura.

También es una novedad de especial relevancia el que se elevan las titulaciones exigidas para el ingreso --Bachiller para la escala básica, que la integran los oficiales de Policía y los policías; Grado Universitario para la escala ejecutiva, que la integran los inspectores jefes y los inspectores--, así como el nivel requerido para la promoción. Quiero decir que estas titulaciones, como digo, son para el ingreso; por tanto, lógicamente para los próximos policías. En lo que hace referencia a los criterios requeridos para la promoción, se establece un plazo transitorio de cinco años para los actuales policías nacionales, transcurridos los cuales todos deberán adaptarse a las condiciones para la promoción interna que se establecen en este Proyecto de Ley.

Muy relevante es que se contempla lo que es comúnmente conocida como "pasarela"; es decir, la posibilidad de ingresar en la Policía Nacional en la escala y categoría equivalentes a los funcionarios de carrera de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.

En conclusión, y con esto termino, este texto, sin duda, mejora las condiciones de trabajo y de vida de los policías nacionales. Nuestros policías dispondrán de más seguridad jurídica, de más derechos, y estarán mejor protegidos, de tal suerte, que a partir de ahora España contará sin lugar a dudas con unos policías más preparados, más profesionales si cabe, y todo ello, en definitiva, con el objetivo que todos pretendemos y para lo cual existen los policías, que es garantizar el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, y garantizar, asimismo, como establece la Constitución, la seguridad ciudadana.

P.- Al ministro del Interior. Quería preguntarle como ministro catalán y buen conocedor de la situación catalana. Hoy se ha presentado finalmente la querella contra el president Mas. Hay mucha gente que dice que esta querella puede ser un gran favor al independentismo y yo le quería preguntar si el Gobierno va a lanzar alguna propuesta en positivo al margen de esta querella, si hay algo encima de la mesa.

Y le quería preguntar también sobre la manifestación del aborto. Ya hay dirigentes importantes, como Ana Botella, que dicen que van a ir. ¿Usted va a ir? ¿Sí o no? ¿Y por qué?

A la Vicepresidenta. Ayer se cumplieron tres años desde la victoria electoral del PP y le quería preguntar si, con los datos encima de la mesa de paro, de desigualdad, de pobreza infantil o de la bajada de los salarios, cree que el Gobierno ha cumplido con las expectativas que tenían los ciudadanos a la hora de votarles con mayoría absoluta.

Y un detalle: ¿han tomado ya la decisión sobre el indulto de Carlos Fabra y otros.

Sr. Fernández.- En relación con lo que me ha preguntado a mí, en nombre del Gobierno hablará la vicepresidenta del Gobierno; yo hablo como ministro del Interior y como catalán.

Le tengo que decir que yo creo que hablar de momento para política o momento para la Ley para mí no tiene demasiado sentido. Creo que el momento para la Ley en un Estado de Derecho es todo momento. Yo creo que no se suspende el Estado de Derecho y, por tanto, en todo momento hay que cumplir y hacer cumplir la Ley. Y los que estamos investidos de autoridad creo que, en la medida en que al asumir nuestras responsabilidades hemos jurado o prometido cumplir y hacer cumplir la Ley, tenemos un plus de responsabilidad, porque nuestras decisiones afectan a nuestros conciudadanos. Por tanto, tenemos un plus también de responsabilidad y de ejemplaridad a la hora de cumplir la Ley, porque con poca autoridad podemos exigir al resto de ciudadanos que cumplan la Ley si nosotros no la cumplimos.

Desde esa perspectiva, yo sólo tengo que decir que la Constitución establece claramente cuáles son las misiones del fiscal general del Estado y del Ministerio Fiscal, que se desarrollan en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Al fiscal general del Estado lo nombra el Gobierno pero, a partir de ese momento, goza de absoluta autonomía y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal determina que es una organización que actúa promoviendo la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, en defensa de la Ley, bajo los principios de unidad de actuación y de jerarquía; y, a su vez, el fiscal general del Estado goza de absoluta autonomía.

Por tanto, si ha decidido el fiscal general del Estado, con la consulta o con el apoyo que hemos conocido, tan importante, de la Junta de Fiscales de Sala, es evidente que será porque habrá encontrado suficientes motivos jurídicos para considerar que lo que sucedió el 9 de noviembre es susceptible de una querella de esas características. Si me pregunta por mi opinión personal, le diré que estoy totalmente de acuerdo. Es mi opinión personal: que estoy totalmente de acuerdo. Pero eso no quiere decir que, como he dicho, el fiscal general del Estado, como es público y notorio, haya actuado con absoluta autonomía en esa decisión.

En cuanto a lo que me ha preguntado sobre la manifestación en relación con la Ley del Aborto, yo desde esta misma mesa, en otra rueda de prensa posterior también a otro Consejo de Ministros, y en cuantas ocasiones se me ha preguntado, he dicho lo mismo: yo estoy y estaré siempre en favor del derecho a la vida, y en favor de proteger al ser más vulnerable que, en mi opinión, existe en la Creación, que es el niño que va a nacer. Creo que no hay nada más progresista que defender a los seres más vulnerables y creo que no hay ser más vulnerable, insisto, que el niño que va a nacer.

Eso lo voy a defender desde el Gobierno o desde fuera del Gobierno, lo he defendido desde el Partido Popular y lo sigo defendiendo ahora desde el Gobierno. Por tanto, no cambio de opinión, evidentemente, porque esté en estos momentos en el Gobierno.

No voy a ir a la manifestación, pero el que no vaya a la manifestación no quiere decir, insisto, que haya cambiado mi conciencia o que hayan cambiado mis convicciones, que siguen estando donde estaban: en la defensa de la vida en los términos en los que le he comentado.

Vicepresidenta.- Me pregunta por un balance de estos tres años que han transcurrido desde que el Partido Popular, que es el partido que sustenta al Gobierno, ganó las elecciones.

Yo creo que en este tiempo se ha desarrollado un trabajo muy intenso, no sólo por el Gobierno con un plan nacional de reformas muy ambicioso, sino, fundamentalmente, por la sociedad española. Gracias a ese trabajo y a ese esfuerzo de todos hemos conseguido superar algunas dificultades con las que empezamos la Legislatura, y creo que tenemos que seguir haciéndolo hasta el final de la misma.

Hemos conseguido dar un vuelco a la situación y creo que hemos cambiado el signo negativo de la situación económico-social de nuestro país por uno positivo, y sólo voy a dar algunos datos, ya que me pregunta.

Cuando llegamos al Gobierno, España estaba en recesión: decrecíamos un 0,6 por 100 interanual, mientras la eurozona crecía un 0,7 por 100; es decir, la eurozona crecía y nosotros perdíamos crecimiento. Hoy, 2014, España lidera el crecimiento de las grandes economías europeas, con el 1,6 por 100. De hecho, Goldman Sachs acaba de decir hoy que España y Alemania son las dos economías más potentes de la Unión Europea.

Cuando llegamos al Gobierno en la eurozona se creaba empleo, 120.800 empleos, mientras España lo destruía: más de medio millón de empleos al año. Hoy un 43 por 100 de los empleos de la eurozona se registran en España, un 43 por 100 de los empleos de la eurozona.

Cuando llegamos al Gobierno, seis de cada diez personas que perdían su empleo en la eurozona lo hacían en España; hoy, 2014, siete de cada diez europeos que abandonan el desempleo lo hacen en España.

Cuando llegamos al Gobierno en 2011, el déficit español incumplía los objetivos con Europa, superando el límite marcado en tres puntos del PIB: del 6 al 9 por 100. Este año revisamos el objetivo al alza y estamos cumpliéndolo: el déficit, ahora sí, se encuentra por debajo del 6 por 100.

Cuando llegamos al Gobierno en 2011, la desconfianza en las cuentas públicas hizo que se llegara a pagar por las letras a seis meses un interés del 2,42 por 100; ahora por ese interés lo que pagamos son las obligaciones a diez años.

Esto no es fruto de la casualidad, es un trabajo muy intenso y un esfuerzo muy amplio por parte de la sociedad española.

En 2011 España era un país lastrado por un pasado sin reformas y hoy tenemos el reconocimiento del G-20 y de la Comisión Europea, que nos ponen como modelo a seguir. ¿Quiere eso decir que está todo hecho? Por supuesto que no. Queda muchísimo por hacer. Ha sido una crisis muy larga, muy intensa, y los efectos se siguen sintiendo, especialmente por el desempleo, en la sociedad española.

Por tanto, tenemos que seguir trabajando, pero no podemos negar que han sido tres años de Legislatura del cambio. No obstante, conscientes de que hay dificultades, de que tenemos que mejorar la situación, especialmente de los más vulnerables, adoptamos medidas y reformas también pensando, o fundamentalmente pensando, en las personas en esa situación y voy a poner un ejemplo: la reforma fiscal. La reforma fiscal se ha diseñado para beneficiar, fundamentalmente, a las rentas medias, pero especialmente a las rentas más bajas.

Las rentas de menos de doce mil euros, que son las personas a las que usted hacía referencia, en el año 2011, cuando llegamos al Gobierno --es decir, hace tres años--, pagaban impuestos: al 2'27 por 100 estaba el tipo medio; a partir de la reforma fiscal dejarán de pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Eso es un incremento de renta importante, porque van a dejar de pagar ese porcentaje.

Las de rendimientos íntegros de doce mil a quince mil pagaban en 2011 un tipo medio del 10'24 por 100 y, tras la reforma, se les va a aplicar una rebaja de más del 20 por 100. Y las rentas de menos de dieciocho mil euros en España van a tener una rebaja en el Impuesto sobre la Renta del 30 por 100. Eso es renta disponible para las personas y para las familias.

Y sobre los indultos, le diré que hoy se ha procedido a la concesión de creo que son siete indultos y a la denegación de más de dos mil. Entre esos dos mil están los del señor Carlos Fabra y el señor Del Nido.

P.- Para la Vicepresidenta. Quería pedirle también una valoración por el hecho de que, finalmente, la Fiscalía haya presentado la querella y ante el hecho también de las acusaciones por parte del líder del PSOE de que el Gobierno ha presionado para que finalmente esa querella se convirtiera en realidad.

Por otra parte, quería saber si tienen algún dato nuevo sobre el ingreso de la cooperante que ha sido ingresada en el Carlos III. Y una aclaración: ¿ese ingreso afecta al plazo, que estaba previsto para el 2 de diciembre, para que España fuera declarada oficialmente libre de ébola?

Vicepresidenta.- Me pregunta usted por la querella interpuesta por la Fiscalía General del Estado y hablamos de esta misma cuestión la semana pasada, sólo que entonces era la pregunta inversa, porque alguno de sus compañeros me afirmaba, con conocimiento de causa, que no iba a ser planteada. El mismo respeto a la actuación de la Fiscalía que tenía ese viernes, cuando por parte de los medios se decía una cosa, lo tengo ahora y lo tiene el Gobierno. Nosotros respetamos la autonomía de la Fiscalía. Actúa con arreglo a los principios de imparcialidad y legalidad, y de dependencia jerárquica.

La semana pasada aquí comentamos esos principios de actuación que recoge nuestra Constitución. Nosotros defendemos esa autonomía de la Fiscalía en todos los ámbitos, cuando interpone querellas o cuando deja de interponerlas. Nosotros hicimos nuestro camino, que fue defender la legalidad como tiene que hacerlo el Gobierno: a través de los recursos correspondientes ante el Tribunal Constitucional cuando entendemos que una norma de una Comunidad Autónoma puede ser contraria a la Constitución, puede ser contraria al reparto competencial y puede ser contraria a los derechos, especialmente al derecho de libertad y participación política que tienen los ciudadanos, como es el caso.

Y desconozco si el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, ha dicho si hay o no presiones. No conozco ese dato, pero yo les diré una cosa: de esta Vicepresidenta y de este Gobierno no oirá nunca "la Fiscalía recurrirá o he pedido explicaciones o informe a la Fiscalía de si va o no va a recurrir".

Sobre el ingreso de la cooperante, Médicos sin Fronteras ha señalado que no va a informar sobre la cooperante evacuada y nosotros en estos temas --lo hemos hecho siempre y es, además, el criterio del Comité-- informamos hasta donde las personas afectadas… No estamos hablando en este caso de una paciente, porque no hay constancia de que tenga la enfermedad; hay que analizarlo. Si la paciente o, en este caso, Médicos sin Fronteras, que es la organización a la que pertenece, no informa, nos sometemos a esos criterios y lo haremos de manera coordinada. Yo creo que en este punto, y en materia de información, desde el Comité se ha actuado con total transparencia, pero respetando siempre los derechos de los implicados y además, en este caso, coordinados con la organización.

La otra pregunta la puedo contestar en genérico: depende de los pacientes con ébola diagnosticado. España empezó a contar los días para salir de ese estadillo que tiene la Organización Mundial de la Salud cuando se produjeron las circunstancias de los análisis negativos de Teresa Romero. Esos plazos corren en tanto en cuanto no haya en España nuevos pacientes diagnosticados con ébola y éste no es, como bien ha dicho Médicos sin Fronteras, el caso hasta que no se acredite que tiene la enfermedad.

Pero entiendan que en este punto el respeto a los… No hablo de paciente, porque no es una paciente, no tiene diagnosticada la enfermedad; pero si esa persona que está en vigilancia --llamémoslo de esa manera--, en observación, es el primer derecho que nosotros desde luego vamos a respetar.

P.- Vicepresidenta, sobre este tema del bono social de la electricidad que ha anunciado, no me queda muy claro si es solamente para familias, para personas vulnerables o también para empresas. Y me parece que no nos ha dicho nada de la cuantía.

Luego, otra pregunta relacionada con el tema de la Agenda Social. El Plan Integral de Ayuda a la Familia, que se anunció en abril, me parece, no sé en qué punto está, cuándo está previsto presentarlo y qué cuantía va a tener.

Vicepresidenta.- El bono social ya está regulado. Es una figura que existe en nuestro sistema desde hace tiempo y lo que atiende, fundamentalmente, es a personas y familias en determinadas situaciones, por debajo de determinados consumos e ingresos.

Por otro lado, esta norma lo único que hace es fijar la metodología, no del cálculo del bono social, que sigue con el sistema previsto, sino cómo se sufraga ese bono social por cuenta de las empresas de generación, de distribución o de comercialización.

Sobre la Agenda Social del Gobierno está trabajando. Hay un grupo de trabajo muy amplio en el que, fundamentalmente, la tarea es muy intensa por parte del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, pero en el que están participando distintos Ministerios, donde se prevé un conjunto de medidas, tanto medidas de naturaleza legislativa, como son las leyes relativas a la protección de los menores o aspectos relativos al voluntariado social, como también un Plan Integral de Apoyo a la Familia, donde se están estudiando, además, medidas de apoyo a la maternidad y medidas de apoyo a los menores y a los niños.

Se está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y el resto de los Ministerios que puedan tener materias afectadas, como puede ser el Ministerio de Empleo, para la presentación en unas pocas semanas de un plan amplio y complejo, que tendrá muchas líneas de actuación pero que especialmente, en ese apoyo a los menores, en ese apoyo a las madres, tendrá uno de los puntos más importantes.

P.- Vicepresidenta, desde la oposición se está pidiendo menos querellas y más política al Gobierno. El Gobierno ¿qué política va a plantear a partir de ahora en Cataluña? Y, en concreto, sobre el diálogo al que se volvió a referir el presidente del Gobierno en el Congreso esta semana, ¿cómo se va a concretar ese diálogo? ¿Hay prevista alguna reunión con el señor Artur Mas o cómo se va a concretar exactamente?

Quería preguntarle también por la reforma mínima de la Ley del Aborto que tiene pendiente todavía el Gobierno, teniendo en cuenta que mañana es la manifestación pro vida. ¿Cuándo va a ser esa reforma, aunque sea mínima, de la Ley del Aborto?

Vicepresidenta.- Sobre su primera pregunta en relación con las querellas y la política, en relación con la Ley y la política, que es el término más general que se utiliza, permítame que le diga que, a mi juicio y a juicio del Gobierno, esa contraposición y esa contradicción no existen. Todos podemos hacer política, pero la tenemos que hacer dentro del marco de la Ley, y, si queremos cambiar las leyes, lo tenemos que hacer dentro del marco que las propias leyes nos establecen para cambiarlas. Porque la Ley no es, ni más ni menos, que la voluntad política de los ciudadanos y al menos este Gobierno no se considera por encima de la voluntad política de los ciudadanos.

Se utiliza y se está utilizando por algunos la Ley, cuando la incumplen, como un límite, cuando lo que es es un marco y es un marco de libertades, porque, cuando alguien incumple la Ley está afectando, indudablemente, a la voluntad y a la libertad de otro.

Entonces, los que se saltan la Ley ponen como excusa la política. ¡Fíjese si los ciudadanos dejaran de incumplir las leyes diciendo que tenemos que hacer más política, y dejaran de pagar los impuestos, por ejemplo a la Generalitat, porque dicen que el Gobierno de la Generalitat o la Generalitat debiera hacer más política fiscal, o dejaran de cumplir las leyes de tráfico porque dijeran que la Generalitat tiene que hacer más política de seguridad vial. Uno tiene que hacer política, pero tiene que cumplir la Ley, máxime cuando quiere cambiarla.

En segundo lugar, hoy traíamos un plan, que lo conocen como el rescate del Liceo los que trabajan en eso, que son cinco millones de euros para una institución cultural de primer orden para Cataluña y para España. Para nosotros eso es también diálogo y trabajo por los intereses de los ciudadanos en Cataluña.

Es cierto que la Generalitat lleva unos cuantos años en los que ha hecho del discurso soberanista o independentista, que eso es lo que han votado y promovido estas semanas, su única línea de actuación; pero los ciudadanos tienen necesidades y ha sido precisamente el Gobierno de España el que, con mucho diálogo, ha ido satisfaciendo y procurando que esos ciudadanos tuvieran los mejores servicios públicos y no les faltara el suministro en las farmacias o la garantía del cobro de sus nóminas. Eso lo ha hecho el Gobierno de España, con mucho diálogo y con mucha voluntad.

¿Y qué quiere que le diga? Ése es un esfuerzo que ahí está y que se traduce en la vida real de los ciudadanos. Y yo, si fuera el presidente de la Generalitat, analizaría si, a lo largo de todo este proceso y desde que en el año 2010 tuvo unas elecciones, si de lo que estamos viendo del resultado de 2012 y de ese consenso que se está viendo, ha doblado o ha reducido a la mitad el apoyo de los ciudadanos y el respaldo de los ciudadanos a su posición.

Sobre la Ley del Aborto, una de las leyes más ligadas a la protección de la infancia, está pendiente de informe en el Consejo de Estado. Cuando se emita por parte del Consejo de Estado y teniendo en cuenta los informes de las leyes de interrupción del embarazo que pasaron por distintos órganos consultivos, que no será en mucho tiempo --yo creo que el informe del Consejo de Estado puede estar en una o dos semanas--, será el momento de analizar la fórmula de inclusión en esa Ley, o en una ley que pudiera tramitarse de modo acompasado a la misma, de esta medida de protección a las menores, que es la asistencia de los padres en el caso de interrupción voluntaria del embarazo, que consideramos que es un punto que tiene un gran consenso social y que la inmensa mayoría de la población española es muy consciente de que son menores que necesitan de la asistencia, del cariño y del apoyo de sus padres.

P.- En relación con la reunión con Mas…

Vicepresidenta.- No hay prevista reunión con Mas. Se ha comunicado y lo ha hecho el propio equipo del presidente del Gobierno esta semana, y no está previsto. Pero que no haya reunión con Mas no quiere decir que no haya asistencia, presencia y reunión del Gobierno y de su Presidente con los catalanes, que tienen también tanto o más derecho que el señor Mas de saber que este Gobierno es Gobierno de Cataluña, y lo que este Gobierno está haciendo para mejorar la vida de los catalanes y para escuchar directamente y sin intermediarios, porque el señor Mas suele reinterpretar bastante a su manera lo que el presidente del Gobierno dice, cuál es nuestra posición en Cataluña y lo que ha hecho y lo que va a seguir haciendo este Gobierno --pongo el ejemplo de hoy: cinco millones de euros para un plan extraordinario para el Liceo-- para asegurar que la vida económica, social y cultural de Cataluña sigue siendo importante.

P.- Precisamente, un par de precisiones sobre las dos últimas respuestas. Sobre esto último de Cataluña, que anuncia más asistencia y presencia del Gobierno en Cataluña, quería preguntarle si tiene algo que ver también con el hecho de que el Partido Popular, que es el partido que apoya al Gobierno, haya preparado una gran cumbre el próximo fin de semana en Barcelona, donde se va a producir un gran desembarco de toda la cúpula del partido, incluido del presidente del Gobierno. ¿Eso significa que, no solamente el Presidente el próximo sábado, sino que ustedes, los ministros y la Vicepresidenta, van a asistir de forma todavía más habitual de lo que lo están haciendo a Cataluña?

Luego, me gustaría también preguntarle sobre el tema de la reforma del aborto o el Plan de Familia. Hace unos meses, en el mes de septiembre, cuando se canceló la reforma que se estaba preparando, se dijo o se sugirió que esa reforma podía ir dentro del Plan de Familia. Me gustaría confirmar si realmente va a ser así o no. Se dijo entonces que ese Plan de Familia podía aprobarse sobre estas fechas, en el mes de noviembre, y no sé si ese pequeño retraso de que nos vayamos a diciembre tiene que ver precisamente con el informe del Consejo de Estado que ha comentado. Además, se dijo que esa reforma se iba a intentar consensuar con el resto de los partidos de la oposición, porque precisamente se renunciaba una reforma más amplia. ¿Hay ya ese consenso con el resto de la oposición, y principalmente con el PSOE, para hacer esa pequeña reforma de la Ley del Aborto?

Vicepresidenta.- Sobre las presencias del Gobierno, y dejando al margen al ministro del Interior, que suele ir los fines de semana, con lo que la presencia es…

Sr. Fernández.- A mi casa.

Vicepresidenta.- A su casa. Entonces, computa muchísimo más que los demás… El Gobierno acude a Cataluña muchísimo; a todas las Comunidades Autónomas prácticamente de España, pero a Cataluña de las que más.

Yo me sé mi agenda. Cataluña es la Comunidad Autónoma que más he visitado. No siempre bien recibida por la Generalitat, también he de decirlo, porque en ocasiones han cuestionado que vaya a Cataluña a reunirme con distintos sectores económicos y sociales para hablar de las competencias del Estado y de cómo el Estado puede ayudarles en sus tareas. Entonces, han llegado a decirme que tenía que informar, pedir permiso…

Yo creo que los ministros lo somos de toda España, tenemos una responsabilidad y la asumimos, y procuramos hacerlo dentro del marco de máxima lealtad.

Sobre su última pregunta, le aclaro: la Ley de Protección a la Infancia está pendiente de informe en el Consejo de Estado; tiene que emitirlo en los próximos días. En cuanto se tenga, esa Ley, que ya es el último trámite, será enviada a las Cortes y en ese punto es en el que se hablará con los Grupos y se negociará.

Desde luego, esa Ley no la vamos a demorar. El Plan de Familia, que es más amplio, son medidas, digamos, más de carácter ejecutivo que legales y se aprobarán en cuanto estén debidamente presupuestadas y con un acompañamiento presupuestario suficiente y adecuado. Pero la Ley le digo que no se demorará a la presentación de ese Plan.

P.- Quería preguntar también por Cataluña, porque el presidente del Gobierno dijo el miércoles, en la sesión de control, que estaba dispuesto a hablar con el señor Artur Mas del documento que éste le entregó en julio, en la reunión que se celebró aquí, en el Palacio de La Moncloa. Yo quería saber si el Gobierno tiene preparada una respuesta a ese documento, pus han pasado varios meses.

En segundo lugar, le quería preguntar por la manifestación sobre el aborto que hay este sábado, porque una veintena de diputados ya han anunciado que tienen previsto asistir. Quería saber si al Gobierno le preocupa porque, a fin de cuentas, es una manifestación contra la decisión del Gobierno de retirar la reforma de la Ley del Aborto.

Vicepresidenta.- Nosotros tenemos estudiado ese documento en cuanto se nos hizo entrega del mismo. Son diversas medidas de distinto alcance y de distinto calado; algunas ligadas con la financiación, algunas otras ligadas con infraestructuras, que las estamos haciendo, y muchas están en marcha, y no porque las pida el Gobierno de la Generalitat, que también suele ocurrir. Son infraestructuras que organiza el Estado, presupuesta el Estado e invierte el Estado; pero el Gobierno de la Generalitat parece que las reclama porque, si no las reclama, no se hacen. Se harían de todas las maneras. Y distintas medidas legislativas de diverso alcance.

Nosotros ese documento lo tenemos muy analizado y estudiado, con los informes y las posiciones de los distintos Ministerios, y, desde luego, estamos dispuestos a hablar de él. Hay medidas que pueden realizarse, otras que no en la integridad que se solicitan y otras que no tienen cabida; pero estamos dispuesto a hablarlo con la Generalitat. De hecho, algunas de ellas son de conversación constante entre los miembros del Gobierno y distintos consellers de la Generalitat de Catalunya.

En relación con la segunda de sus preguntas, nosotros desde luego respetamos la libertad de expresión y de manifestación, sobre todo, porque somos muy conscientes, y siempre lo hemos dicho en este tema, de que es un tema con un componente…, con una carga social importante donde, lógicamente, la posición de cada uno debe respetarse y debe entenderse. No es un tema sencillo, siempre lo hemos dicho. Respetamos, desde luego, la posición de todos y cada uno de los que decidan asistir a esa manifestación o decidan no hacerlo. La tarea del Gobierno es trabajar por el máximo consenso en estas decisiones, sobre todo en estas decisiones que tienen este componente.

Creemos que en esa parte de la autorización, del acompañamiento de los padres respecto de sus hijas menores, en este caso tiene un gran consenso. Es también un compromiso, lo vamos a cumplir y seguiremos trabajando en otros aspectos de la Ley para lograr ese consenso, porque somos muy conscientes de que, además de las posiciones políticas, hay unas posiciones individuales, del propio posicionamiento personal y en conciencia, que tenemos que respetar.

Muchísimas gracias.