Está usted en:

Compartir en Facebook: abre ventana nuevaCompartir en Twitter: abre ventana nuevaCompartir en Linkedin: abre ventana nuevaCompartir en Tuenti: abre ventana nuevaCompartir en Delicious: abre ventana nuevaCompartir en MySpace: abre ventana nueva

Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid, viernes 31 de octubre de 2014

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Voy a informarles de los principales asuntos que han sido hoy acordados en el Consejo de Ministros.

En primer lugar, en este Consejo de Ministros se ha acordado plantear la impugnación ante el Tribunal Constitucional de las actuaciones de la Generalitat para la convocatoria y preparación de una consulta, denominada "proceso de participación", el 9 de noviembre en Cataluña.

Esta decisión conviene ponerla en antecedentes. Como recordarán ustedes, hace un mes el Gobierno ya recurrió la consulta prevista, el referéndum, organizado para esta fecha, y la ley sobre la que se fundamentaba, y el Tribunal Constitucional acordó su suspensión el 29 de septiembre. En quince días, el presidente de la Generalitat anunciaba una nueva consulta, sin más concreción que asegurar que sería en la misma fecha y con la misma pregunta, y afirmar que en esencial sería lo mismo, con las mismas papeletas y urnas.

Desde entonces ha venido articulándose un proceso de convocatoria y preparación de una consulta sin ninguna base legal y, lo que es más importante, sin ninguna de las garantías democráticas más básicas: un proceso sin censo, sin administración electoral y pilotado por quienes defienden un resultado concreto, manejado por sus voluntarios, captados, seleccionados e instruidos por los defensores de ese proceso y la propia Generalitat; que se encargarían de todas las tareas, desde el registro de participantes, hasta el recuento de las papeletas y la proclamación de los resultados. Todo ello para que la Generalitat pudiera eludir sus responsabilidades y delegarlas, o en particulares, o en funcionarios.

Quiero recordar aquí que la obligación del Gobierno es velar por el cumplimiento de la Ley, la integridad de la democracia y los derechos de los ciudadanos. Así lo expusimos en esta mesa hace una semana, cuando se les informaba de que el presidente del Gobierno había solicitado de los Servicios Jurídicos del Estado un informe sobre las actuaciones que ahora les relato. Ese análisis nos permitió constatar las evidencias existentes para la impugnación de esta nueva consulta y la protección de los derechos de los ciudadanos.

Este lunes se solicitó el informe al Consejo de Estado sobre la posibilidad del recurso. El informe del supremo órgano consultivo del Gobierno, aprobado ayer mismo, ha venido a certificar la incompatibilidad de esta nueva convocatoria con el orden constitucional, el marco de derechos que ampara y la democracia sobre la que se sustenta, dejando claros los motivos para su impugnación.

A juicio del Consejo de Estado, existen fundamentos jurídicos suficientes para proceder a la impugnación, no sólo porque en dicho proceso sean apreciables elementos de carácter referendario, perfectamente identificables en el llamamiento al pueblo de Cataluña para el depósito del sufragio en un sobre cerrado en una urna, sino que, además, el objeto de la consulta excede de forma palmaria de los límites competenciales y materiales que afectan a todo tipo de consultas. Además, la invocación a marcos jurídicos preexistentes, que atribuyen a la Generalitat competencia en materia de participación ciudadana, carece de toda virtualidad para legitimar el proceso, dado que los vicios de que adolece son de naturaleza constitucional y no pueden ser sanados por normas o actos de rango inferior. La firma de un decreto, eventualmente, señala el propio Consejo de Estado, tampoco podría enervar la inconstitucionalidad de la consulta.

En segundo lugar, el hecho de que la consulta pretenda celebrarse con la ayuda de voluntarios, lejos de atenuar los vicios de inconstitucionalidad, eleva, si cabe, la gravedad de los mismos, ya que omite algunas de las más elementales garantías constitucionales atenientes al ejercicio del derecho fundamental de participación política, como la neutralidad de los responsables del proceso y la previa determinación del universo de personas llamadas a votar. La inobservancia de tales garantías atenta contra la libertad y la igualdad del sufragio, y se imputaría al pueblo de Cataluña una manifestación de voluntad moldeada y orientada a un determinado sentido por las autoridades públicas convocantes.

Añade que los vicios de inconstitucionalidad de esta consulta se enfatizan por la propia actitud de las autoridades públicas convocantes y responsables, que han exteriorizado consciente, retirada y públicamente su voluntad de eludir los mecanismos de control de constitucionalidad.

Entiende el Consejo de Estado que cabe la impugnación de esta convocatoria a través del procedimiento previsto en el título quinto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional o, con carácter subsidiario, del conflicto positivo de competencias.

Por estas razones, hemos acordado plantear la impugnación al Tribunal Constitucional, al que solicitamos la suspensión de las actuaciones de la Generalitat relativas a la convocatoria del 9-N, así como cualquier actuación de preparación de la misma, tanto las que se han realizado, como las que se pretendan realizar.

¿Qué pretende el Gobierno con ello? En primer lugar, asegurar la vigencia del ordenamiento jurídico constitucional y el Estado de Derecho, porque este procedimiento no tiene cabida en nuestro Estado de Derecho. En segundo lugar, proteger la democracia frente a lo que es una perversión de sus mismos fundamentos; en particular, los derechos a la libertad y a la igualdad. Garantizar los derechos de los catalanes frente a la invocación de derechos que no existen o se pueden fragmentar, y, muy especialmente, de aquellos funcionarios públicos a los que la Generalitat pretende colocar ante la intemperie legal de no darles ninguna cobertura jurídica a su actuación.

La Generalitat pretende colocar a los ciudadanos y a los funcionarios ante la responsabilidad de asumir ellos mismos el incumplimiento de una ley que el presidente de la Generalitat no está dispuesto a asumir con su firma. Por ello, uno de los motivos fundamentales de esta impugnación es proteger a esos funcionarios para que no se vean obligados a incumplir la Ley y a asumir personalmente una responsabilidad ante la voluntad de la Generalitat de no dictar ningún tipo de instrucción que les coloque o que les coloca, al no dictarse, en una situación, como decía, de absoluta intemperie legal y de responsabilidad propia frente a la elusión de su responsabilidad que hace la Generalitat; y, en definitiva, evitar un fraude a los ciudadanos y un fraude de ley.

En un segundo orden de cosas, se han aprobado algunas decisiones que complementan algunas de las materias en las que veníamos trabajando en nuestro proceso de regeneración democrática. Hoy se aprueba el Real Decreto que contempla el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Como saben, este Gobierno aprobó por primera vez en España la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Esta Ley entrará en vigor en diciembre de este año. Pues bien, para que pueda hacerlo con plenas garantías, el Consejo cuyo Estatuto aprobamos hoy tiene un papel esencial a la hora de garantizar que se cumplen las normas de transparencia y buen gobierno. Ese Estatuto regula fines, estructura y funciones del Consejo, que actuará con plena independencia y autonomía. En cuanto a la estructura, estará articulada en torno a su presidente, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, y órganos de rango inferior que desarrollarán el trabajo ordinario del Consejo.

El presidente será nombrado, por un período no renovable de cinco años, mediante Real Decreto a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, previa comparecencia ante el Congreso de los Diputados. Esta Comisión, la correspondiente al Congreso, aprobará o refrendará su nombramiento por mayoría absoluta.

En el Estatuto se detallan funciones que corresponden a la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno; el régimen del nombramiento de sus miembros, entre los que se encuentran un diputado, un senador, un representante de la Agencia Española de Protección de Datos y del Defensor del Pueblo, así como las reglas de funcionamiento de la Comisión.

Este Consejo --aprobamos ahora el Real Decreto-- se prevé constituir antes del próximo 10 de diciembre, que es cuando entran en vigor las obligaciones de transparencia que prevé la Ley para la Administración General del Estado. Para, además, asumir estas tareas les recuerdo que el Gobierno está desarrollando una plataforma web para el Portal de la Transparencia.

Asimismo, se ha aprobado un Real Decreto por el que se crean 112 plazas de magistrado en órganos colegiados, 167 plazas de juez de juez de adscripción territorial, y se crean y constituyen tres Juzgados de Lo Penal para adecuar la planta judicial a las necesidades existentes. Con este Real Decreto se suman un total de 282 plazas judiciales. Esta medida, que responde al afán y determinación del Gobierno para fortalecer el Estado de Derecho, fija recursos para que puedan ejercerse con mayores garantías la función constitucional de administrar justicia. Estas plazas van a contribuir a agilizar el funcionamiento y la respuesta de la Justicia, y entre ellas quiero destacar la creación de dos plazas de magistrado para la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El reparto de plazas lo tienen ustedes detallado en la Referencia de Consejo de Ministros y serán efectivas a partir del 1 de enero de 2015. Con esta ampliación, la carrera judicial está integrada en este momento por 5.361 jueces en activo.

Estoy a su disposición para cualquier pregunta sobre este u otro tema.

P.- Vicepresidenta, quería preguntarle por el tema de Cataluña. Si se está utilizando dinero de los ciudadanos para hacer publicidad, para que los funcionarios actúen para una convocatoria legal y, además, con reincidencia. ¿por qué el Gobierno no se plantea cortarle el grifo económico o de la financiación a la Generalitat, si se está utilizando el dinero para cuestiones ilegales y con reincidencia, o intervenir la Comunidad Autónoma? ¿Se lo han planteado en alguna ocasión?

Después, sobre el tema de la corrupción quería plantearle dos cosas: Si en mi empresa yo me invento un artículo, a mí me echan; pero a mi supervisor, también. ¿Por qué en política sólo basta con pedir disculpas y no los que nombran a los corruptos también asumen las responsabilidades políticas?

Sobre este asunto también quería preguntarle si no cree que se ha retrasado demasiado en la Legislatura la aprobación de medidas de regeneración, porque se anunciaron ya hace año y medio, y todavía siguen sin estar en vigor, sin estar aprobadas en el BOE, y el Gobierno cuenta con mayoría absoluta.

Por último, sobre AENA. Quería preguntarle si no ha habido una descoordinación grande en el Gobierno entre los Departamentos económicos para que esta salida a Bolsa se haya paralizado. Usted dirige la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. ¿Ha habido esa descoordinación? ¿Por qué se ha producido ese descontrol?

Vicepresidenta.- Me pregunta sobre por qué no cortamos el grifo a Cataluña, habida cuenta que la Generalitat decide convocar consultas ilegales. Sencillamente, porque ya la Generalitat ha perjudicado bastante los derechos de los catalanes como para que el Gobierno adopte medidas que vayan en perjuicio de los servicios públicos a los que tienen derecho.

Nosotros hemos adoptado medidas para suplir las dificultades financieras de la Generalitat, pago a proveedores o los mecanismos del FLA, porque es el único instrumento para garantizar que los catalanes, los ciudadanos en Cataluña, los funcionarios, cobren sus nóminas, se presten los servicios públicos, cobren las farmacias y puedan recibir los servicios a los que tienen derecho con los impuestos a los que pagan. Entonces, sencillamente, nosotros no vamos a perjudicar a los ciudadanos de Cataluña porque la Generalitat no cumpla con sus obligaciones constitucionales.

Nosotros recurrimos precisamente todo este proceso de consulta de la Generalitat, no sólo porque es contrario a la Ley, sino porque es contrario a los derechos de los catalanes Un proceso en el que quien lo dirige no asume ninguna responsabilidad, no quiere firmar nada por escrito y traslada a los funcionarios de la Generalitat y a los directores de los colegios, de los institutos, una responsabilidad de tipo personal, les está perjudicando en sus derechos y en su tranquilidad. Y a nosotros ése es uno de los principales motivos que nos ha llevado a plantear esta impugnación: defender el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, incluida la libertad de los medios de comunicación, la libertad de prensa, la libertad individual, y el derecho de los funcionarios a tener la tranquilidad de que no van a violentar la Ley, no tienen por qué violentar la Ley.

Entonces, una cosa es que una Comunidad Autónoma tome determinados derroteros y otra cosa es que el Gobierno de España perjudique a los ciudadanos de esa Comunidad Autónoma, que tienen derecho, dado que pagan sus impuestos, a recibir servicios públicos. Para eso también está el Estado.

Sobre las medidas en materia de corrupción, nosotros a lo largo de toda la Legislatura hemos adoptado muchas medidas en relación con la regeneración democrática y de lucha contra la corrupción, y me permitirá que haga un resumen de las que están en vigor y de las que están pendientes de tramitación ante el Congreso de los Diputados.

Nada más llegar al Gobierno, nosotros planteamos un cambio en el régimen jurídico de los partidos políticos. En el primer Consejo de Ministros que tuvo decisiones ejecutivas, que fue el del 30 de diciembre de 2011, planteamos una reforma de la Ley Orgánica de financiación de los partidos, donde se incorporaron más medidas de control sobre la financiación; en particular, restringiendo sujetos que pueden hacer donaciones y limitando las condonaciones.

Además, también hicimos una reforma muy importante en la Ley de Prevención y Blanqueo de Capitales para máximas obligaciones de transparencia en el ámbito bancario, que usted conoce bien.

Después, aprobamos la primera Ley de Transparencia de la democracia, que quisimos abrir a la participación de todos los Grupos y que muchos de ellos, además, algunos la apoyaron y otros presentaron enmiendas y después no quisieron votarla al final; pero, en su contenido, logró un gran consenso, aunque no fuera en su votación final.

En febrero de este año, en febrero de 2014, mandamos a las Cortes Generales dos Proyectos de Ley: el Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos, y el Estatuto del Alto Cargo de la Administración General del Estado.

¿Qué se recoge en estas leyes? Someramente --además, creo que ya se les ha entregado en reiteradas ocasiones, pero lo incluiremos, si les parece bien, en la Referencia de Consejo de Ministros--, medidas sobre el régimen interno de los partidos y medidas, también, de financiación; por ejemplo, prohibición de las donaciones a los partidos procedentes de personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica; devolución de las donaciones indebidas al donante o su ingreso en el Tesoro; obligación de abonar las donaciones en cuentas abiertas exclusivamente a tal efecto, prohibición de las condonaciones de deuda a los partidos políticos por parte de entidades de crédito, información de las entidades de crédito al Tribunal de Cuentas sobre las donaciones ingresadas en las cuentas de los partidos.

En la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo: requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo, entre ellos, la ausencia de antecedentes penales en determinados delitos; la declaración responsable para ser nombrado alto cargo, remitida a la Oficina de Conflicto de Intereses; publicidad de sus retribuciones; declaración de actividades; limitación y control de los gastos de representación; control de la situación patrimonial del alto cargo al final de su mandato; impulso a un mayor control en el régimen de incompatibilidades y conflicto de intereses, y el establecimiento de un régimen sancionador.

Además, señalamos la necesidad de incorporar nuevas medidas penales y procesales que agilizaran los procedimientos.

Esto se mandó en febrero. Empezamos a negociar con los partidos políticos en marzo y nos pidieron que, como llegaban unas elecciones, que eran las europeas, recuperáramos las negociaciones después de esas elecciones. Hubo, como ustedes saben, un cambio en la secretaría general del Partido Socialista y tuvimos que esperar a que se nombrara al nuevo secretario general del Partido Socialista.

Llegado este momento, nosotros vamos a abrir a debate esas normas y vamos a pedir que se inicie su tramitación parlamentaria y que se planteen las enmiendas que tengan interés los Grupos en presentar. Pero nosotros hemos hecho nuestra tarea, hemos procurado buscar un consenso y hemos dado todo el tiempo de mundo para que los órganos que tenían que consensuarlo tuvieran la legitimación de los nuevos dirigentes de esos partidos políticos. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y queremos seguir haciéndolo: con estas normas, con incorporaciones en Justicia, como hemos visto; también en la Fiscalía, que incorporaremos en próximos pasos, y con medidas de agilización procesal que son también muy importantes para que todos estos procedimientos se resuelvan cuanto antes y, además, puedan sancionarse con todo el rigor por parte de los Tribunales.

Sobre AENA, perdóneme que le diga que el proceso de privatización parte de la propia entidad, que es la que lo lleva a cabo. Inicia un procedimiento donde se solicita una serie de informes por parte de las auditorías. En el análisis y control que por parte de los órganos de gobierno se tiene de esa operación se pone de manifiesto que puede haber un problema contractual sobre la relación que se tenía con la empresa encargada de esa auditoría, y se ha decidido solventarlo porque, desde luego, este Gobierno en su conjunto toma decisiones con plenas garantías de legalidad.

Eso es lo que hemos pedido: que la adjudicación de esa tarea se haga conforme a la Ley de Contratos, con la más absoluta transparencia y con el más absoluto respeto a la legalidad administrativa vigente. En eso estamos de acuerdo todos los Departamentos, porque los entes públicos están sometidos a la Ley de Contratos. Entonces, cuando al Gobierno le toca abordar determinadas cuestiones, tiene que tener las plenas garantías de que todo está correcto y en la más absoluta transparencia, y eso es lo que hemos pedido que se haga.

P.- Yo tenía varias preguntas. Primera, si no me equivoco, usted dice que el presidente del Consejo de Transparencia se va a elegir en el Congreso de los Diputados, pero será por mayoría absoluta. ¿Cree usted que esto da una imagen de transparencia, que la persona que tiene que controlar este Consejo sea una persona que se pueda elegir por mayoría absoluta y no por consenso de la mayoría de los Grupos de la Cámara?

Segunda pregunta: a usted le escuchamos como asegura, y así es, que se han puesto en marcha medidas de regeneración, ¿cómo le explica usted a un ciudadano que estas medidas se han puesto en marcha pero han funcionado o no? Porque en la "operación Púnica" se cobraban comisiones, supuestamente --veremos cómo acaba la investigación judicial--, hasta hace dos días. Entonces, ¿un ciudadano percibe que esas medidas que ustedes han puesto en marcha están funcionando? ¿Son suficientes o no?

Le han preguntado sobre las responsabilidades políticas y yo quería incidir en este asunto; en concreto, fijarme en la persona de Esperanza Aguirre, puesto que no es la primera vez que su partido en la Comunidad de Madrid está tocado por un caso de corrupción. ¿Hasta qué punto cree usted que ella debería retirarse o ustedes invitarla a que se retirara?

También quería preguntarle por qué, al margen de poner en marcha medidas, no creen que el presidente del Gobierno debería dar explicaciones en el Parlamento y se niegan a la celebración de ese Pleno sobre corrupción.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, sobre el Consejo de la Transparencia, yo le invito a que se repase cómo se produce el nombramiento de los principales órganos reguladores en el ámbito de nuestro Derecho, con leyes que, unas, las ha aprobado el Gobierno del Partido Popular y, otras, Gobiernos del Partido Socialista. La dinámica de todas es la misma: una propuesta por parte del Gobierno, del titular del Departamento correspondiente, y pasa una entrevista en el Congreso de los Diputados, donde se examinan su currículum y sus características. Esto es con carácter general para prácticamente todos los órganos reguladores.

Pero es que, además, este Consejo de la Transparencia va a estar apoyado por un diputado, un senador y un representante del Defensor del Pueblo, entre otros, que son también órganos constitucionales que nacen emanados directamente de las Cortes. Con lo que creo que no hay ninguna duda de la implicación del Parlamento en este Consejo de Transparencia que, por cierto, es la primera vez que va a existir en España porque, hasta que no llegó este Gobierno, no es ni por mayoría absoluta ni por mayoría simple; es que no se había aprobado en España una Ley de Transparencia. Creo que eso es un importante avance.

Me dice: ¿en qué medida sirve la Ley de Transparencia? Pues mire, a partir de ahora se tienen que publicar en el Portal de la Transparencia, con los requisitos que establece la Ley, por ejemplo, contratos y subvenciones, del primero al último de los elementos. Eso tampoco existía en nuestro país hasta que se aprobó la Ley de Transparencia y ahora todos los órganos administrativos saben que tienen la obligación de colgar en la página web los contratos que celebran. Creo que eso, la transparencia y la publicidad activa, es un elemento muy importante de control.

Yo creo que las instituciones funcionan, porque dice usted "han cobrado comisiones hasta hace dos días". Pues han sido descubiertos el día tercero, por utilizar sus propios términos. Eso quiere decir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigan, que los fiscales proceden y que los jueces juzgan, y eso es lo que tiene que ser: aplicar la Ley con el máximo rigor y dar los mecanismos necesarios para que así se haga.

Yo no voy a entrar aquí en responsabilidades políticas de los partidos, porque no me corresponde, ni de unos ni de otros, y enlazo con la última de sus preguntas. Por desgracia, la corrupción afecta a todas las fuerzas políticas, porque no es algo de partidos políticos, es algo de personas. Entonces, cuando los partidos políticos reclaman un debate en el que vaya el Gobierno a explicarse, yo me pregunto: ¿habría que explicarse todos, no? Porque el Gobierno sube y explica, ¿lo del partido que le sustenta y lo de todos los demás? Porque, por lo que vemos, cada partido político, por desgracia, tiene sus propios casos.

Digo yo, ¿no será más oportuno que dentro de los partidos tomen las decisiones que estimen convenientes y las explicaciones que consideren oportunas, y al Gobierno nos dejen llevar adelante la discusión de estas leyes para ponerlas en vigor cuanto antes? Porque desde febrero están allí.

Nosotros hemos hecho nuestra tarea. Unos dirán "bien, mal, regular…", para eso están las enmiendas. Pero, como comprenderá, el Gobierno si va a ir al Congreso de los Diputados a explicar lo de todos, pueden decir que a lo mejor no somos muy neutrales explicando, a lo mejor, lo de los demás. Que cada uno explique lo suyo, tome las decisiones que le correspondan dentro de su partido y el Gobierno explicará las leyes que lleven las decisiones que puede tomar.

P.- Vicepresidenta, sobre este tema de las medidas de corrupción, y al hilo de lo que está diciendo y al hilo de lo que hemos visto también esta semana en el Congreso, con tanto enfrentamiento y tanta acritud entre el PSOE y el Gobierno, ¿se descarta definitivamente llegar a un acuerdo con los socialistas para presentar un pacto anticorrupción, viendo que también cada uno está presentando sus propias medidas, o se va a crear alguna comisión, algún equipo de trabajo, para intentar llegar a un acuerdo?

Vicepresidenta.- El equipo de trabajo lleva trabajando, como digo, desde marzo. Ha tenido dos interrupciones: una por los comicios europeos y, otra, por la ausencia de un líder dentro del Partido Socialista. Y, como recordarán bien, en septiembre se retomaron las conversaciones y ha habido numerosas reuniones, reuniones de trabajo, donde se han intercambiado papeles y documentación. Cada uno tomará sus decisiones y los Grupos Parlamentarios pueden hacer las que tengan por conveniente. Como ya está todo escrito, nosotros nos marcamos el mes de octubre para acabar esa negociación y poder aprobar las normas en diciembre --esto es tirar de hemeroteca--. Entonces, estamos hoy a último día de octubre y yo creo que sería bueno ya que en el mes de noviembre esas leyes se debatieran en el Parlamento, se hicieran las enmiendas que se consideraran oportunas y pudiéramos ponerlas en vigor.

P.- Vicepresidenta, ha dicho "cada uno que explique lo suyo". No sé si debemos interpretar que usted le está pidiendo al PP que dé explicaciones porque, por ejemplo, sobre la sede en la que ustedes se reúnen habitualmente, también los miembros del Gobierno, la semana pasada hubo un auto y ha pasado una semana, y el PP no ha dado ninguna explicación. Desde aquí, desde el Gobierno, ¿le pide al PP que dé explicaciones cuando dice "cada uno que explique lo suyo"?

En cosas que puede hacer el Gobierno, por ejemplo, el polémico indulto a Carlos Fabra, ¿se va a rechazar? Porque tienen ustedes un plazo indefinido, o bastante plazo, para decidir pero podrían decidir ya mismo si quisieran; hoy mismo podían haber decidido. ¿Van a hacer algo con eso? ¿Van a rechazar ese indulto inmediatamente?

Por otra parte, la Comisión Europea ha denunciado malos tratos a inmigrantes en las vallas de Melilla y dicen que lo que están ustedes haciendo es contrario a la legislación europea. Quería saber si el Gobierno reconoce esa actuación contraria a la legislación europea.

Vicepresidenta.- Antes me preguntaban por un debate al Gobierno sobre este asunto y, entonces, yo le ponía a usted en la tesitura de que estamos ante distintos expedientes que afectan: el del famoso asunto de las tarjetas, a varios partidos políticos; el asunto de los ERE, fundamentalmente en Andalucía; el asunto de la "operación Púnica", a concejales y alcaldes de diferentes partidos políticos…

Yo, cuando oigo a los grupos políticos decir "que venga el Gobierno a explicar", me planteo la duda de qué hacemos. ¿Explicamos el conjunto o explicamos lo que tenemos que hacer como Gobierno y lo que podemos hacer todos juntos para poder solventar y establecer medidas de regeneración democrática? Eso es lo que yo planteo.

Porque, indudablemente, cada partido --como se vio en el debate del otro día, por cierto-- tiene asuntos en que tomará sus decisiones y hay partidos que están tomando como decisión apartar a esas personas de sus cargos o no apartarlas. Ahí cado uno, con arreglo a sus propios estatutos, tendrá que explicar por qué hace ciertas cuestiones. A mí no me corresponde desde esta mesa, ni de un lado ni del otro; pero sí poner en evidencia que hay que tomar medidas y que nosotros hemos planteado medidas, y medidas que son ambiciosas, que hemos querido consensuar, porque entendemos que es un problema que tenemos que afrontar entre todos juntos. Porque esto no es una cuestión de partidos, es una cuestión de personas en todos y cada uno de los partidos, y creo que a todos nos concierne. Y ésa es mi posición.

Sobre los indultos, sigue la tramitación, éste como cualquier otro, y, una vez que se reciban los informes correspondientes y se sustancie el expediente, se llevan a Consejo de Ministros, que es cuando nosotros les informaremos. Ahora los indultos se sustancian en un Consejo de Ministros al mes. Pues, cuando corresponda, en ese Consejo de Ministros se tomará la decisión sobre éste o sobre cualquier otro. Recientemente ya les informamos de unas denegaciones de indulto bastante amplias, que afectaban también a casos relacionados sobre la corrupción.

En relación con el asunto relativo a la inmigración, en efecto, la comisaria Malmström dirigió, el pasado 24 de octubre, una carta al ministro del Interior manifestando interés por conocer determinados aspectos de un incidente ocurrido en la valla de Melilla el 15 de octubre. El ministro del Interior, como ha sucedido en ocasiones anteriores, está dispuesto a facilitar y a entregar la información solicitada; pero, dado que Cecilia Malmström dejará en breve su cargo como comisaria de Interior, el ministro del Interior responderá al nuevo comisario de Inmigración y Asuntos de Interior, el señor Avramopoulos. Siempre que nos han pedido información desde la Comisión Europea se ha dado y nuestro interés por colaborar es máximo; entre otras cosas, porque tenemos una responsabilidad con la Unión Europea, y la Unión Europea con nosotros, que es la gestión de una frontera que es española, pero es frontera de la Unión Europea, y queremos gestionarla con la máxima coordinación y con las máximas garantías.

P.- Vicepresidenta, yo quería alguna concreción, si es posible, sobre el recurso al Tribunal Constitucional. ¿En base a qué conflicto de competencia lo va a presentar? O ¿a qué se refiere la impugnación y la suspensión de actos a los cuales usted apela? Estamos prácticamente a ocho días-diez días del proceso participativo, que es lo que usted mismo ha utilizado también, diciendo que se utilizan los mismos argumentos, las mismas papeletas, las mismas urnas. ¿Qué es lo que se le va a pedir al Tribunal que suspenda? ¿Qué actuaciones: si la campaña, si la fabricación de las urnas, si la instalación de urnas, si el listado del colegio, si el censo…? ¿Nos podría dar algún detalle más sobre en qué basa y cómo va a ser ese recurso, y cuándo se va a presentar?

Vicepresidenta.- El recurso se presentará inmediatamente, porque saben ustedes que la suspensión produce efectos desde que el Gobierno interpone el escrito de impugnación. Una vez que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, la suspensión es inmediata. Pero, si se registrara en el día de hoy, produciría efectos de suspensión desde el día de hoy.

¿Qué se pide en la suspensión? Dado que estamos ante un proceso, por voluntad del propio presidente de la Generalitat, especial --no hay, digamos, decreto de convocatoria, pero sí hay innumerables actuaciones--, lo que se pide es la suspensión de las actuaciones que ha llevado a cabo o que puede llevar a cabo la Generalitat relativas a la convocatoria del 9-N y cualquier actuación de preparación de la misma; las que se han realizado y las que se pretendan realizar.

P.- He entendido que el recurso lo presentan hoy delante del Tribunal Constitucional, ¿no? Hoy mismo. Vale.

Usted decía al inicio de la rueda de prensa que una de las bases del recurso es la falta de garantías democráticas. Desde la Generalitat se acusa al Gobierno español de recortar estas garantías democráticas. Siguiendo con su argumento, con este discurso, ¿hay alguna manera de hace esta consulta democráticamente ahora, no dentro de cinco o diez años?

Artur Mas decía ayer en los pasillos del Parlament que el 9-N es imparable, porque lo hacen voluntarios, porque no hay funcionarios. Si el Tribunal Constitucional suspende la semana que viene este 9-N, ¿qué se va a hacer desde el Estado? ¿Qué pasa con estos cuarenta mil voluntarios que, teóricamente, se responsabilizan de todo este proceso?

Vicepresidenta.- Yo señalaba la semana pasada un ejemplo y permítanme que lo recuerde: imagínese que un partido político que tiene un Gobierno decide no aprobar un decreto de disolución de las Cortes Generales, pero sí hacer un proceso electoral. No disuelve las Cortes; no aprueba, por tanto, ningún decreto, pero decide que quiere hacer unas elecciones generales o autonómicas. Como no quiere convocarlas, llama a voluntarios que, como lo convoca ese partido político, piensan como ese partido político. Entonces, imprime papeletas, urnas y coloca en las mesas para ese día a las personas voluntarias que se presenta. Sin censo, la gente vota allí una, dos o las veces que tenga por conveniente, porque no hay un censo ni hay control de las mesas, que controlan esos voluntarios. Esos voluntarios abren las urnas, cuentan las papeletas y hacen el recuento. ¿Usted diría que el resultado de ese proceso electoral tiene algún tipo de garantías? Pues esto es poco más o menos.

En segundo lugar, habla de voluntarios, pero todos conocemos que a determinados funcionarios públicos se les han pedido obligaciones adicionales para ese día; entre otros, a los directores de los colegios o de los institutos. Ésos tienen determinadas obligaciones para preservar la seguridad de esos centros y se les coloca ante la situación; se les dice: "usted, venga voluntario pero hágalo". Es una fórmula de voluntariedad un tanto particular, sobre todo, porque ese funcionario asume una responsabilidad que el presidente de la Generalitat, sin embargo, no asume, pero sí desplaza a quienes frente a los que pueda tener algún tipo de autoridad por razón de la organización de la Generalitat.

Yo creo que hay que ser un poquito serios, porque ahí hay gente a la que le están poniendo en la tesitura de tener que llevar a cabo actuaciones que fueron en su día suspendidas por el Tribunal Constitucional, que ahora dice el Consejo de Estado que son ilegales, y por eso el Gobierno las va a recurrir y el Tribunal, en su caso, decidirá si lo admite a trámite.

A los ciudadanos no se les puede poner ante esa tesitura. No se les puede dejar a la intemperie, porque hay unas garantías democráticas en este país: hay un derecho a la igualdad, un derecho a la libertad y también la libertad de prensa. Si a los medios de comunicación se les ha pedido o conminado --llámese como quiera-- a que publiquen gratuitamente determinados anuncios en un procedimiento que sabemos que adolece de todo tipo de garantías…

Yo creo que, antes de cualquier otra cuestión, a los gobernantes nos corresponde dar tranquilidad a los ciudadanos, no ponerles ante tesituras complicadas y difíciles en su vida, y cumplir la Constitución, fundamentalmente en aquello que la Constitución protege los derechos fundamentales de los ciudadanos también en Cataluña.

P.- Vicepresidenta, el Gobierno impugna el procedimiento y el Gobierno, por supuesto, conseguirá que se anule; pero ¿qué pasa con la persona que está organizando todo esto y que, según usted, actúa en fraude de ley y en fraude hacia los ciudadanos? ¿Contra quién organiza todo esto, contra quién deja a la intemperie legal a los funcionarios, contra quién está violando la anterior decisión del Tribunal Constitucional? Es decir, ¿qué sucede con el presidente de la Generalitat? Una cosa es impugnar el procedimiento y otra cosa es que esa persona, que, según usted, incumple todas estas normas, al final --discúlpeme la expresión-- se vaya de rositas.

Vicepresidenta.- Yo espero que el presidente de la Generalitat sea muy consciente de que, si en el primer referéndum incumplía la Constitución, en el segundo proceso vulnera derechos de los ciudadanos a los que representa y gobierna. Esto es un paso más en sus responsabilidades como gobernante pero, sobre todo, en su representación de los ciudadanos de esa Comunidad Autónoma. Y yo espero --espero-- que tenga muy presente que con todo este proceso está trasladando una responsabilidad, que él ha pretendido no asumir, a quienes no tienen obligación jurídica ni política de soportarlo y que, al menos por respeto a los ciudadanos, cumpla esta vez las resoluciones del Tribunal.

Muchas gracias.