Conferencia de prensa de la Vicepresidenta primera y Portavoz del Gobierno, y de la Ministra de Ciencia, después de la reunión del Consejo de Ministros

2.7.2010

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Madrid

Vicepresidenta primera.- Buenos días. En primer lugar, quiero expresar el profundo pesar del Gobierno por el fallecimiento de Félix Pons Irazazábal, Presidente del Congreso de los Diputados a lo largo de tres legislaturas vitales en el devenir de nuestra democracia. Ministro del Gobierno de España, brillante jurista y político de talla, Félix Pons prestó a nuestro país un gran servicio; un servicio marcado por el compromiso, la dedicación y la responsabilidad, que contribuyó a consolidar y fortalecer nuestro Estado de Derecho. Desde aquí, quiero enviar a su familia las más sentidas condolencias del Gobierno; condolencias que, sin duda, comparte toda la sociedad española

Como ven, esta mañana nos acompaña la Ministra Garmendia --bienvenida, Ministra-- y es que el Gobierno ha aprobado la Estrategia Estatal de Innovación, una Estrategia que sitúa la innovación como eje central de la mejora de la competitividad y el crecimiento económico, que se enmarca en la Estrategia de Economía Sostenible y que va a contribuir al cambio de nuestro modelo productivo con el impulso del desarrollo tecnológico.

Para ello, la Estrategia comprende un conjunto de actuaciones abiertas a la cooperación con las Administraciones y los agentes sociales y económicos, porque, aunque somos la novena potencia mundial en generación de nuevo conocimiento, debemos aumentar su aplicación en nuestro tejido productivo. Nuestro objetivo a medio y largo plazo es acompasar nuestro crecimiento a los países más innovadores de la Unión Europea.

En definitiva, estamos seguros de que con esta Estrategia, que les explicará en detalle la Ministra, vamos a promover una economía más innovadora que acelerará la recuperación económica y consolidará un crecimiento más sostenible.

Paso ahora a detallarles otros acuerdos adoptados hoy en el Consejo de Ministros. En primer lugar, en materia de función pública son dos iniciativas; la primera de ellas, la creación del Observatorio del Empleo Público. Damos cumplimiento así a uno de los compromisos que asumimos con los sindicatos de la función pública en el acuerdo que sellamos el pasado año.

El Observatorio que hoy creamos va a servir, primero, para analizar la situación actual de empleo en nuestras Administraciones Públicas y, segundo, para diseñar modelos y planificar los recursos humanos de manera más eficiente y para dar un mejor servicio a los ciudadanos. Estará adscrito al Ministerio de la Presidencia, a través de la Secretaría de Estado de la Función Pública, y contará con representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales y de los sindicatos. El Observatorio no creará ninguna nueva estructura y, por tanto, no acarreará costes adicionales.

En segundo lugar, y dentro de las medidas de austeridad y eficiencia en materia de empleo público adoptadas por el Gobierno, hemos aprobado un acuerdo por el que el máximo de vacantes que podrán tener los Departamentos y organismos de la Administración General del Estado pasará del 8 al 5 por 100. Es una limitación que implicará amortizar o suprimir alrededor de 10.600 puestos de trabajo, que, sin duda, evitará desviaciones al alza de sus masas salariales y que producirá un ahorro estimado de más de 250 millones de euros. La limitación se mantendrá durante todo el período de aplicación de nuestro Programa de Estabilidad que, como saben, se prolonga hasta el año 2013.

La medida afectará a departamentos, organismos, entidades gestoras y servicios comunes de las Administraciones del Estado, Seguridad Social, agencias estatales, entes públicos y entidades públicas empresariales. Quedarán exceptuadas las Fuerzas Armadas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Administración de Justicia, los centros penitenciarios, los servicios periféricos del Servicio Público de Empleo estatal y los controladores aéreos.

Permítanme que en este punto haga un paréntesis para hacer un breve comentario sobre algunos buenos datos que hemos conocido hoy, que también están relacionados con el empleo y nuestra economía: como saben ya, el paro registra su mayor caída desde que comenzó la crisis; sube el número medio de afiliados a la Seguridad Social, se firman más contratos que hace un año y también, por tercer mes consecutivo, aumenta el Índice de Producción Industrial.

Sin duda, son cuatro buenos datos. Se trata del tercer mes consecutivo que baja el paro y del mejor dato registrado en un mes de junio desde hace trece años. En cuanto a la Seguridad Social, son cinco ya los meses consecutivos en los que las cifras están siendo positivas. Respecto de la contratación, se han firmado 1.300.000 contratos, 23.000 más que hace un año. A estas buenas cifras viene a sumarse también el Índice de Producción Industrial, que ha registrado en mayo un aumento del 3,3 por 100 interanual.

En definitiva, debemos ser prudentes pero, sin duda, estos datos confirman que se está frenando la destrucción de empleo y que progresivamente irán registrándose mejores cifras. Por supuesto, el Gobierno no echa las campanas al vuelo y, desde luego, nuestra prioridad sigue centrada en las personas que no tienen trabajo. Por eso seguimos trabajando y tomando decisiones que faciliten el crecimiento de nuestra economía y la creación de empleo.

En el área de defensa el Consejo ha dado el visto bueno para su envío a las Cortes al Proyecto de Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Se trata, como saben, de una importante ley con la que regulamos el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los militares, actualizando los preceptos aún vigentes en las Reales Ordenanzas de hace más de treinta años y en la Ley del Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas.

Entre las principales novedades figura la regulación de las asociaciones profesionales de los militares, destinadas a promover y defender los intereses profesionales, económicos y sociales, desde el respeto a la neutralidad política y sindical. Otras novedades de la Ley son la creación del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, en el que participarán las asociaciones profesionales y que analizará sus propuestas o sugerencias, y la del Observatorio de la Vida Militar.

Se trata, en suma, de una norma con la que completamos el Estatuto del Militar y con la que culminamos el ciclo de transformación y modernización de nuestras Fuerzas Armadas.

También para su remisión a las Cortes, el Consejo ha aprobado el Proyecto de Ley de Sociedad Cooperativa Europea domiciliada en España. Esta norma permitirá que las sociedades cooperativas intensifiquen sus actividades transnacionales y que las cooperativas españolas de gran dimensión puedan establecer alianzas con las de otros países. En el Proyecto de Ley se recogen los requisitos para la constitución y disolución de una sociedad cooperativa europea, y se define su estructura. Con esta norma, sin duda alguna, aumentaremos el potencial de desarrollo de estas sociedades.

Además, el Consejo ha dado luz verde al texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Con este Real Decreto cumplimos el mandato de un año que nos dieron las Cortes Generales para refundir en un único texto las leyes reguladoras de las sociedades anónimas, de la responsabilidad limitada, de las anónimas cotizadas y de las comanditarias por acciones. Reforzamos así la seguridad jurídica en la materia y, desde luego, armonizamos y mejoramos nuestra legislación en esta área.

En materia de industria, y para facilitar la financiación de las empresas españolas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, en el ámbito internacional, hemos aprobado un Real Decreto que modifica los requisitos para solicitar la financiación para proyectos localizados en países emergentes o en vías de desarrollo. Actualmente, nuestra legislación impone una cofinanciación entre el Fondo de Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa y la Compañía Española de Financiación al Desarrollo, y esta última debe aportar, al menos, una cuarta parte. Con este Real Decreto que aprobamos hoy modificamos estos requisitos para facilitar precisamente este tipo de financiación, estableciendo la cofinanciación potestativa y sin que exista el requisito imprescindible de una mínima aportación.

En el terreno de la educación también esta semana hemos aprobados dos importantes iniciativas. En primer lugar, hemos actualizado la regulación de las enseñanzas universitarias oficiales, mejorando el proceso de verificación de los títulos y permitiendo que las Comunidades Autónomas participen en él. En segundo lugar, hemos regulado las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en Educación Secundaria, Obligatoria o Bachillerato. Son, como ven, dos iniciativas con las que seguimos contribuyendo a la modernización de la educación y la formación, tal y como nos reclaman los ciudadanos, y venimos haciendo de manera constante.

En materia de Justicia, el Consejo ha fijado, por medio también de un Real Decreto, el número máximo de fiscales decanos de sesión especializada que se pueden designar en cada Fiscalía de Comunidad Autónoma, provincial y de área. Serán 85 los fiscales que se distribuirán en un total de trece Comunidades Autónomas, lo que viene a mejorar y a hacer más eficaces nuestros servicios de funcionamiento de la Justicia.

En el área de Fomento, el Consejo ha tomado en consideración un acuerdo que fija las bases para la declaración de servicio público de líneas de transporte ferroviario de viajeros que se consideran de interés general por razones sociales, económicas y medioambientales. Los servicios de Cercanías y de media distancia con gran afluencia de pasajeros serán los que prioritariamente tendrán la consideración de interés general, y Renfe será la operadora de estos servicios durante los tres primeros años. En definitiva, con el acuerdo aprobado hoy se inicia un proceso de reorganización y racionalización gradual de la oferta de transporte ferroviario de pasajeros en el marco de la normativa comunitaria.

Acabo ya con una iniciativa que afecta al sector de la automoción, porque esta mañana hemos regulado la tramitación de las reformas de vehículos para adaptar nuestra legislación a la normativa europea; normativa que no permite reformas antes de la matriculación y que establece para estos casos la homologación individual de vehículos. Este Real Decreto que aprobamos hoy deroga otro de hace más de veinte años y regula los procedimientos que deben seguir las reformas efectuadas en los vehículos después de su matriculación definitiva en España. Con ello aseguramos sus condiciones de seguridad y damos más garantías a los ciudadanos.

Ya termino, pero antes de darte la palabra, Ministra, quiero en nombre del Gobierno hacer un llamamiento a los ciudadanos que comienzan hoy sus vacaciones de verano. En apenas una hora comenzará la primera Operación Salida de este verano, que se prolongará durante todo el fin de semana y en la que está previsto que se produzcan más de cuatro millones de desplazamientos por carretera.

Un año más, el Gobierno ha reforzado los medios humanos de la Dirección General de Tráfico y los agentes que velan por la seguridad en las carreteras; pero todas las medidas son insuficientes si no van acompañadas de la responsabilidad y la prudencia de todos nosotros, de todos los ciudadanos. Por eso quiero hacer un llamamiento para que los conductores extremen la precaución al volante y sigan a rajatabla las normas y recomendaciones de tráfico, porque lo más importante es que todos los ciudadanos lleguen seguros y sin contratiempos a sus lugares de vacaciones para comenzar un merecido descanso.

Sra. Garmendia.- Como ha señalado la Vicepresidenta, España es ya la novena potencia científica mundial y, por lo tanto, ahora nuestro objetivo es doble: por un lado, consolidar el esfuerzo realizado en los últimos años para mantenernos precisamente en esta élite con reformas como la futura Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que, como saben, está ahora mismo en trámite parlamentario; y, por otro lado, aprovechar de una forma más eficiente el conocimiento que aportan nuestras universidades y nuestras instituciones de ciencia, y lograr así que este potencial científico se retorne y se transforme realmente en potencial innovador, en potencial económico.

Para ello necesitamos que estos resultados de investigación se incorporen a productos, servicios y procesos que generen precisamente riqueza y bienestar, impulsando de esta manera una economía más innovadora y, por lo tanto, una economía más competitiva.

Para cumplir este segundo objetivo el Gobierno ha aprobado hoy la Estrategia Estatal de Innovación. Esta Estrategia comprende un conjunto de acciones que se desarrollan en torno a cinco ejes, que involucran a todos los Ministerios del Gobierno y que están abiertos a la cooperación y a la colaboración con otras entidades territoriales y locales y, por supuesto, con todos los agentes económicos y sociales.

Quiero destacar que no hablamos de una declaración de intenciones. La Estrategia Estatal de Innovación es un documento para la acción, que cuenta con medidas que ya están siendo implementadas, ya están en marcha, y con muchas otras que se desplegarán antes de que termine el año.

El primer eje de la Estrategia agrupa todas las actuaciones orientadas a lograr un entorno financiero proclive a la innovación, un entorno financiero que incentive y facilite todas las actividades innovadoras. En este ámbito hemos replanteado desde el Ministerio algunos instrumentos clásicos de apoyo a la innovación, a los que dedicaremos cerca de 2.500 millones de euros para este año 2010.

Al mismo tiempo, fomentamos otras vías de financiación para empresas innovadoras en las que nuestro país ha sido históricamente deficitario, y me refiero a la financiación bancaria, al capital-riesgo o a los mercados secundarios de Bolsa. Con este objetivo el Ministerio de Ciencia e Innovación y el ICO han formalizado recientemente un acuerdo que contempla una cantidad de hasta 1.150 millones de euros para financiar precisamente este tipo de operaciones en los próximos meses, y se desplegará dentro del marco del Fondo de Economía Sostenible.

En total, el volumen de recursos destinados a mejorar este entorno financiero de la innovación en 2010 asciende a 4.012 millones de euros.

El segundo de los ejes de la Estrategia se centra en acelerar la innovación, actuando desde la demanda de las Administraciones mediante políticas de compra pública y es que la capacidad tractora de estas medidas es muy notable. La licitación pública representa en nuestro país el 13 por 100 de nuestro Producto Interior Bruto y, por lo tanto, esta demanda pública debe comprometerse con el objetivo de fomentar la innovación y con el objetivo de incidir en el cambio de patrón de crecimiento productivo, de crecimiento económico.

La Estrategia ha identificado un conjunto de compras públicas dependientes de la Administración General del Estado y de las Administraciones Locales a través del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. Estas compras públicas con componente innovador suman más de 1.700 millones de euros para el año 2010. Hablamos de oportunidades de negocio para empresas innovadoras en ámbitos como la economía de la salud o la economía verde, sectores que están llamados a jugar un papel muy relevante en el cambio de modelo productivo.

El tercer eje de la Estrategia es el eje de la internacionalización, que es una actividad esencial para que nuestras empresas innovadoras puedan crecer y ser más competitivas. Necesitamos, desde luego, potenciar la exportación de nuestra tecnología y, en este sentido, la Estrategia contempla en 2010 el refuerzo de actividades de promoción exterior de la tecnología y la innovación, concretamente, tanto en países punteros, países consolidados, como en países emergentes. Hemos destacado la actuación en Japón, Corea, China, India, Israel, Estados Unidos, Marruecos, Chile, Brasil, México y Sudáfrica mediante actuaciones conjuntas por parte de tres Ministerios: el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y el Ministerio de Ciencia e Innovación.

El cuarto de los ejes es el eje de la cooperación territorial y es que, si tenemos que duplicar la actividad de I+D+i en el terreno del retorno de nuestras actividades innovadoras, de nuestras actividades de investigación, por parte del Programa Marco en el ámbito europeo, tenemos que hacer lo mismo en el ámbito nacional y, por supuesto, tiene que tener siempre un reflejo en cada una de nuestras Comunidades Autónomas. Por esto cobra un especial sentido este eje de cooperación territorial.

En este marco, en los últimos meses el Ministerio ha firmado convenios con varias Comunidades Autónomas por valor de 250 millones de euros para este año 2010, a lo que se suma el efecto movilizador que ha tenido a escala municipal el ya mencionado Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, que ha permitido desarrollar a escala municipal 7.650 proyectos con un contenido claramente tecnológico, a los que se ha destinado el 13 por 100 del total del Fondo.

Finalmente, me referiré al último de los ejes de la Estrategia, que es el eje de las personas. El cambio de modelo productivo sólo podrá culminarse si logramos incorporar más talento innovador a las empresas españolas. Desde luego, no cabe ninguna duda que para transformar la cultura de las empresas lo vamos a conseguir transformando a las personas y las personas sólo se transforman con las personas. Parece que cobra siempre más importancia la inversión en infraestructuras, que la tiene, sin duda, y hemos hecho un gran esfuerzo, pero realmente estamos convencidos de que lo que realmente es transformador son las personas. Por ello, vamos a hacer un énfasis especial en incorporar talento innovador en todo nuestro tejido productivo.

Con este objetivo hemos lanzado un nuevo Programa, denominado Incorpora, con capacidad para financiar a mil tecnólogos y gestores, que se sumarán al ya exitoso Programa Torres Quevedo de apoyo a la contratación de doctores y tecnólogos para las empresas.

Este eje también se verá muy reforzado con la entrada en vigor de la futura Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en la que se establece un modelo de carrera científica que premia precisamente la movilidad de los investigadores entre el sector público y el sector privado e incentiva muy especialmente la creación de empresas y la transferencia de conocimiento al tejido productivo.

Como ya les ha anticipado la Vicepresidenta, en el año 2010 la Estrategia Estatal de Innovación integra, impulsa y coordina un conjunto de actuaciones distribuidas en todos los Ministerios, ya previstas en los Presupuestos Generales del Estado, que suman en este caso, todas las actuaciones de forma conjunta, el importe de 6.720 millones de euros.

Se va a constituir recientemente, pero está así reflejado en la Estrategia, un comité de seguimiento interministerial, presidido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que tendrá la misión, entre otras funciones, de elaborar anualmente el Plan de Actuación de la Estrategia e informar al Gobierno sobre su cumplimiento.

Por último, quiero destacar también que la Presidencia española de la Unión Europea nos ha permitido trasladar la reflexión que ha motivado esta Estrategia al conjunto de la Unión Europea. Fruto de este trabajo, el Consejo de Ministros europeo, en su reunión de mayo del Consejo, adoptó, bajo Presidencia española, unas conclusiones que definen la futura política de innovación europea de acuerdo con los cinco ejes que precisamente señala nuestra Estrategia.

Finalmente, me gustaría reforzar este mensaje que ya les he anunciado, pero creo que realmente es relevante que el que el Gobierno plantee esta Estrategia Estatal de Innovación, donde queremos identificar, que es lo que hemos hecho, alinear, integrar, coordinar y, sobre todo, impulsar todas aquellas políticas que puedan tener una incidencia específica en la construcción de esta economía innovadora, es una condición esencial para acelerar nuestra recuperación económica y, desde luego, va a ser esencial para sostener nuestro crecimiento futuro.

P.- Vicepresidenta, yo quería plantearle un par de cuestiones en torno a la sentencia del Estatut. Supongo que sabrá que hoy se han producido distintas declaraciones y me gustaría una valoración por su parte. En primer lugar, de esa amenaza, de ese mensaje, que ha lanzado Artur Mas, el líder de CiU, al Presidente del Gobierno directamente, amenazando con retirar el apoyo que hasta ahora ha venido dando la formación catalana al Gobierno central para salir de la crisis. Y también el ex Presidente José María Aznar hoy ha hecho unas declaraciones, también muy duras, contra el Presidente del Gobierno en concreto, contra Rodríguez Zapatero, a quien le acusa de haber abierto una sima enorme en la España democrática con su apoyo al Estatut.

Luego me gustaría que valorara esa iniciativa que parece ser que está partiendo de algunos partidos catalanes de llevar esta sentencia del Tribunal Constitucional al Tribunal de Estrasburgo.

Vicepresidenta primera.- Yo creo que son muchas cosas, porque son manifestaciones de distinta naturaleza.

En primer lugar, ya sabe que yo no suelo comentar las declaraciones que suelen hacer los líderes políticos; pero sí me gustaría, por una parte, señalar lo que dijo ayer el Presidente del Gobierno para que quede bien claro. Creo que el Presidente del Gobierno ayer, cuando habló, dejó muy clara la posición del Gobierno, que ya habíamos expresado con anterioridad, y es que la sentencia del Tribunal Constitucional ha venido a avalar el Estatuto de Autonomía de Cataluña que promovimos la pasada Legislatura, junto con un conjunto de reformas estatutarias…, de lo que se ha venido en denominar los Estatutos de segunda generación, que creíamos que era el momento en que se podía hacer. Algunos Estatutos se han aprobado, entre ellos el de Cataluña; el de Cataluña se ha recurrido, otros no, y otros están también tramitándose en el Parlamento, pero con arreglo a los mismos criterios de avanzar en el ámbito del autogobierno.

La sentencia del Tribunal Constitucional, evidentemente, avala lo que nosotros impulsamos y, por lo tanto, se ha cumplido el objetivo del Gobierno de impulsar esas reformas en los Estatutos de segunda generación y ha sido avalado por el Tribunal Constitucional. A partir de ahí, lo que queda por hacer son los Estatutos que se están tramitando con arreglo a esos mismos criterios, uno, y, dos, el desarrollo también constitucional.

Pero es verdad que la sentencia del Tribunal Constitucional, más allá de que haya alguna parte menor de la que declara su inconstitucionalidad, pero que es muy pequeña en su conjunto, en su práctica totalidad avala la constitucionalidad de ese Estatuto. Por lo tanto, no se pueden hacer interpretaciones que sean distintas a lo que dijo el Presidente del Gobierno.

¿Margen para seguir desarrollando los Estatutos? Por supuesto, porque los Estatutos se están desarrollando, una vez aprobados, con absoluta normalidad y los desarrollaremos como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Eso, en primer lugar.

En segundo lugar, respecto de las declaraciones de algún otro líder político, sobre todo del Partido Popular y del señor Aznar, yo quiero recordar que durante cuatro años el Partido Popular ha estado criticando el Estatuto de Cataluña y ha estado atizando la confrontación y el fuego de la confrontación desde cualquier perspectiva: si había que pedir firmas en la calle, se pedían; si había que denunciar la ruptura de la Constitución y el espíritu de la transición, se hacía, y, si había que apelar al principio del fin del Estado, se apelaba.

Los mismos que hicieron esas afirmaciones, esta semana, por boca de su líder, piden concordia y serenidad. Ésta es una situación de bastante hipocresía. Que se haga un llamamiento a la serenidad, que a la vista, además, de las últimas declaraciones que hemos podido oír de la Secretaria General del Partido Popular o de las reclamaciones del Partido Popular en Valencia para tratar inmediatamente de sacar rentabilidad del fallo en menos de veinticuatro horas, y ahora también del señor Aznar, yo creo que demuestra la baja autoridad del señor Rajoy en su partido, porque decir, de verdad, como hoy hemos escuchado, que hemos estado al límite del Estado constitucional fallido, no sólo demuestra poco patriotismo, sino lo que demuestra es una preocupante deslealtad institucional.

Pero, sobre todo, lo que demuestra este barullo de los dirigentes es el barullo de los dirigentes del Partido Popular, que están contrariados, en definitiva, por el varapalo que ha supuesto la sentencia del Tribunal Constitucional.

La verdad es que, vistas todas estas declaraciones, yo creo que al Partido Popular no le debería extrañar que los ciudadanos de Cataluña les den la espalda de manera abrumadora. Francamente, yo creo que debería hacerse una reflexión y, más que llamar a la serenidad, serenarse ellos, tranquilizarse y aceptar que se equivocaron. Me parece que eso es realmente lo responsable.

Por lo demás, los partidos políticos y los representantes de Cataluña están en su derecho de acudir a los Tribunales. Es su derecho y, por tanto, están en el derecho de acudir a los Tribunales cuándo quieran y cómo quieran.

P.- También para la Vicepresidenta. Quisiera saber si la nueva visita de un alto responsable del Fondo Monetario Internacional al Palacio de La Moncloa se debe a algún motivo especial, dado que no es la primera en poco tiempo. Además, ¿cabe la posibilidad de que el Gobierno vaya a solicitar ayudas al FMI para los Bancos españoles, una teoría que está volviendo a circular con fuerza?

Vicepresidenta primera.- El señor Blanchard ha sido invitado a participar en algún foro, en algún coloquio o en un seminario estos días, y está aquí. El hecho de estar aquí, y por razones de cortesía, es lo que ha motivado la entrevista que ha mantenido con el Presidente del Gobierno, de la misma manera que el Presidente del Gobierno mantuvo hace unos días también una entrevista con el Presidente del FMI, con Strauss-Kahn. Forma parte de esa cortesía que es absolutamente habitual y normal. Eso, en primer lugar.

En segundo lugar, quiero, desde luego, negar absolutamente ese rumor sobre ninguna petición de España al Fondo Monetario Internacional y reiterar, una vez más, el mensaje de confianza en nuestra economía y el mensaje de confianza en las certezas y en la solvencia de nuestra economía y de nuestro sistema económico. Estamos trabajando, estamos poniendo en marcha y hemos puesto en marcha todas las reformas necesarias, y, desde luego, por supuesto, nuestra economía, como se está poniendo de manifiesto por algunos datos que incluso hoy mismo hemos conocido, tiene mucha solvencia para salir adelante. Vamos a salir adelante y vamos a recuperar ese objetivo que es prioritario para el Gobierno: el crecimiento y la creación de empleo. Pero nosotros mismos, con lo que estamos haciendo.

P.- Vicepresidenta, le pregunto si el Consejo de Ministros valoró el reto del Gobierno portugués al negocio con Telefónica y si piensa el Gobierno español que el negocio va a ocurrir a corto plazo.

Vicepresidenta primera.- No, no ha habido una valoración hoy en el Consejo de Ministros de ese tema. Se trata de una decisión soberana sobre una operación entre dos empresas privadas y esperamos que se solucione mediante el diálogo entre las diferentes partes. Yo creo que el Gobierno de Portugal conoce muy bien la normativa europea y, como el resto de los países socios, sabe que debemos de actuar de acuerdo al marco regulatorio del que todos nos hemos dotado. En todo caso, creo que el Tribunal de Luxemburgo tiene previsto pronunciarse pronto sobre esta operación, creo que el próximo martes. Por tanto, debemos de ser prudentes y esperar, y, en cualquier caso, como dijo ayer también el propio Presidente del Gobierno, nosotros creemos que lo mejor es una solución dialogada entre las partes.

P.- También para la Vicepresidenta. Quería insistirle en una pregunta anterior. ¿Teme el Gobierno perder el apoyo o, al menos, la disposición positiva de CiU para apoyar algunas iniciativas del Gobierno en el Parlamento? Si es así, ¿tiene previsto establecer algún contacto con ellos, al menos para darles su interpretación de las palabras del Presidente ayer, que parece que ellos no lo interpretan así?

Vicepresidenta primera.- Las palabras no hay más que oírlas para saber qué es lo que ha dicho el Presidente del Gobierno. Yo creo que es muy claro lo que ha dicho el Presidente del Gobierno, porque no puede ser de otra manera. Se ha conseguido el objetivo que nos propusimos, que recuerdo que se propuso el Gobierno y que lo llevábamos hasta en nuestro programa electoral, de impulsar las reformas de los Estatutos después de que habían transcurrido muchísimos años desde los primeros Estatutos. Se impulsaron, se tramitaron y se apoyaron.

El Gobierno confió siempre en la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, un Estatuto avalado por el Parlamento de Cataluña, avalado por las Cortes Generales, refrendado por el pueblo de Cataluña y con una aplicación de normalidad democrática absoluta cerca de cuatro años. Por tanto, siempre hemos confiado en la constitucionalidad y ahora el Tribunal Constitucional ha venido a avalar la práctica totalidad del Estatuto.

Yo comprendo que pueda haber sensibilidades diferentes en orden a hace esa valoración. Es verdad que hay catorce declaraciones de inconstitucionalidad, pero un solo artículo. En cualquier caso, ahora lo que tenemos que hacer, como también ha dicho el Presidente del Gobierno, es, con la prudencia razonable, esperar a conocer la sentencia para poder estudiarla y para, una vez conocida y estudiada, abordar el desarrollo de esa sentencia de la mejor manera para poder cumplir las mejores y mayores expectativas que dentro del marco que nos ha dado el Tribunal Constitucional pueda tener el desarrollo y aplicación de ese Estatuto.

¿Se ha acabado algo? No, aquí se ha culminado. Lo que se ha culminado es el objetivo que nos habíamos propuesto y, por supuesto, ahora lo que hay que seguir es desarrollando y cumpliendo ese objetivo tan ambicioso. Quiero recordar que nosotros apoyamos el Estatuto y, por lo tanto, no puede ser malinterpretado lo que dijo el Presidente del Gobierno, porque yo creo que el Presidente fue muy claro.

Dicho esto, estoy absolutamente convencida de que no va a haber ningún tipo de problema en una interpretación diferente respecto de sus palabras. Eso por una parte y, por otra parte, estoy absolutamente convencida de que seguiremos colaborando y dialogando con el grupo de Convergència i Unió como lo hemos venido haciendo hasta ahora, y recabando, como recabamos del resto de todas las fuerzas políticas, los apoyos necesarios para sacar adelante las iniciativas que son buenas y necesarias para este país.

P.- Mi pregunta también es para la Vicepresidenta primera. A raíz del conflicto del Metro estos días, tanto sindicatos como la Presidenta de la Comunidad de Madrid han rescatado el tema de la Ley de Huelga. La Presidenta decía que ella creía que, en caliente o no, había que tomar esa iniciativa y los sindicatos creen que también hay que tomarla, pero no en caliente. El Gobierno ¿qué piensa? ¿Piensa adoptar alguna iniciativa al respecto?

Vicepresidenta primera.- Son muchos, muchos, años los que llevamos hablando sobre la elaboración o aprobación de una Ley de Huelga; muchos, muchos. Éste es un debate que, como recordarán -ustedes, a lo mejor, son muy jóvenes y no lo recuerdan--, es muy antiguo. Lleva muchísimos años y yo creo que tampoco es el momento.

Es verdad que es un tema que está ahí, que está pendiente; pero en estos momentos creo que lo más importante, más allá de que ése es un debate que podemos tener en cualquier momento, pero no en estos momentos, en relación con el tema que estamos viviendo en Madrid es volver a reiterar lo que hemos venido diciendo a lo largo de estos días: el Gobierno es respetuoso con el derecho de huelga de los trabajadores, con el derecho de los sindicatos a convocar una huelga y, desde luego, somos respetuosos también con el derecho de los ciudadanos a acceder a los servicios mínimos, sobre todo cuando se trata de un servicio público, porque debe ser compatible el ejercicio del derecho de huelga con el cumplimiento de esos servicios, porque somos conscientes, además, del trastorno que se les está produciendo a los ciudadanos de Madrid.

Quiero, una vez más, reiterar, desde luego, nuestra solidaridad con todos ellos, con todos los madrileños, y nuestro reconocimiento ante la actitud paciente y cívica que han demostrado ante una situación que, evidentemente, ha sido y está siendo muy difícil.

Por lo tanto, respeto al derecho de huelga, cumplimiento de los servicios mínimos y, de nuevo, un llamamiento al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es quien tiene que solventar el conflicto y quien tiene que garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos. Por lo tanto, yo creo que tiene que actuar desde la responsabilidad, porque los Gobiernos tenemos que asumir también la resolución de los problemas que, sobre todo, causan, además, trastornos importantes a la ciudadanía.

P.- Dos cuestiones para la Vicepresidenta primera. La primera, quizás un poco prematura, en relación con el Debate sobre el Estado de la Nación. Quería saber qué podíamos esperar o qué espera usted del relato del Presidente del Gobierno, cuál debería ser el tono del discurso, a su juicio. o cuáles serían los ejes.

Una segunda cuestión muy de distinto tenor, aprovechando su presencia en esta sala: la web de Moncloa incluye entre la relación de Presidentes de Gobierno a Francisco Franco, sin especificar de qué forma --es así, sí-- llegó al poder ni cómo lo ha perpetuado. Quería saber si se plantan alguna modificación en esa web para mejorar el rigor del listado, como reclaman algunos historiadores y como hacen otros países con un pasado fascista, como Alemania, Italia, Portugal o Argentina.

Vicepresidenta primera.- Lo voy a comprobar porque, sinceramente, no soy consciente de que eso sea como usted me está indicando. Desde luego, lo vamos a mirar, lo voy a mirar personalmente y actuaremos de forma inmediata. Es lo que le puedo decir en cuanto a esto último.

En cuanto al Debate del Estado de la Nación, yo creo que esta semana se hará la comunicación al Parlamento y es evidente que, como todos los debates, más allá de hacer un análisis de la situación en la que nos encontramos y un balance de todo lo que hemos hecho, uno de los elementos fundamentales es marcar los objetivos del tiempo que tenemos inmediato por delante. Ésa va a ser un poco la línea: determinar objetivos, hacer un análisis, hacer un balance y seguir adquiriendo compromisos, como hemos hecho hasta ahora, con el objetivo prioritario y fundamental de crecimiento de la economía y creación de empleo.

Ésos siguen siendo nuestros objetivos prioritarios y, por lo tanto, el Debate del Estado de la Nación transcurrirá, desde luego, por esos derroteros.

P.- Mi pregunta es también para la Vicepresidenta. Ayer Rodríguez Zapatero dejó la puerta abierta a que se pudiera reforzar el Estatuto de Cataluña y, entonces, a mí me gustaría saber si usted nos podría decir qué aspectos de la norma catalana podrían ser reforzados.

Otra pregunta. Después de que ustedes hayan criticado tanto al Partido Popular por hablar contra sentencias, ¿qué le parece que ahora José Montilla esté preparando una manifestación para protestar contra la sentencia del Tribunal Constitucional?

Vicepresidenta primera.- En cuanto a lo primero, ya lo estaba señalando antes. El propio Presidente ayer señaló que debemos ser prudentes y esperar a conocer el contenido de la sentencia. A partir de conocer el contenido, como les decía yo antes, hace un momentito, vamos a estudiarla detenidamente, en profundidad. Vamos a ver todas las observaciones que hace el Alto Tribunal y, en su caso, adoptaremos las decisiones normativas que sean necesarias para reforzar su articulación y hacer un desarrollo en el marco de lo que nos permita la propia sentencia del Tribunal Constitucional, que es la que marca los límites.

Seguro que hay espacio porque, de lo poco que conocemos ahora, que es el fallo, que es mucho en el sentido de que ha marcado ya que avala la práctica totalidad, hay una parte, por ejemplo, todo lo que se refiere al tema del Poder Judicial, que seguramente tiene posibilidades de desarrollo normativo a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Pero, de verdad, creo que es un poco prematuro y lo razonable y sensato es esperar a conocer el contenido para, a través de él, poder ya articular iniciativas.

En cualquier caso, el Estatuto se está desarrollando desde hace tres años. Vamos a continuar desarrollándolo y en estas partes reforzaremos todo lo que podamos ese desarrollo en el ámbito de lo que la propia sentencia nos permita, que es el ámbito de la Constitución.

El Gobierno siempre ha respetado, desde la discrepancia, el derecho a la manifestación; en este caso, desde la discrepancia, pero respetamos el derecho a la manifestación. Y lo hacemos desde el propio convencimiento de que el Tribunal Constitucional con su sentencia no ha afectado a los ejes básicos de profundización del autogobierno de Cataluña y porque, como ya hemos indicado y el propio Presidente Montilla ha subrayado, hay que acatar la sentencia del Tribunal Constitucional.

A partir de ahí, desde luego, sobre el derecho de manifestación, nunca habrá oído usted decir a este Gobierno otra cosa que no sea respeto. Por lo tanto, en este caso también respeto.

P.- Tenía varias preguntas. En primer lugar, sobre el tema del Estatut, ¿el Gobierno tiene ya previsto presentar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial?

En segundo lugar, quería preguntarle por qué se ha decidido aplicar la subida del IVA con carácter retroactivo a los servicios como el teléfono o la luz. Si ésta es una decisión del Gobierno, ¿por qué no se explicó? ¿El Gobierno se plantea rectificar?

Una última pregunta y es si, en pro del diálogo que pidió el Presidente para resolver la cuestión de Vivo y Telefónica, el Ejecutivo se va a implicar en ese diálogo o lo deja por entero a las empresas y al Gobierno portugués.

Vicepresidenta primera.- En cuanto a lo primero, me acaba de escuchar. Tenemos que esperar, con prudencia, a conocer la sentencia. Hasta que no conozcamos la sentencia, es prematuro hablar de si vamos a reformar o qué vamos a reformar.

Hemos hecho un comentario, que acabo de hacer, de que puede haber un ámbito, como es el del Poder Judicial, que, a la vista de los contenidos del fallo, pueda permitir una reforma en desarrollo de la propia doctrina del Tribunal Constitucional, se pueda avanzar en lo que es la configuración del Poder Judicial en las Autonomías, en nuestro Estado de las Autonomías. Pero habrá que esperar a la sentencia; por tanto, no hay que precipitarse, hay que hacerlo con rigor y con responsabilidad, y así lo vamos a hacer.

En cuanto al tema del IVA, la subida del IVA que entró en vigor ayer, no es que se aplique de modo retroactivo, se aplica como se ha aplicado siempre. Todos los países europeos, incluido España, aplican este impuesto de acuerdo a la normativa europea. Es una normativa europea y, en el caso de los servicios de suministro, como el gas, la electricidad o la telefonía, el tipo de gravamen no se aplica al momento del consumo, sino cuando se realiza la factura. Lo dice la Ley, ha sido siempre así y, por lo tanto, no hay ninguna novedad. Estamos cumpliendo la Ley y la aplicación del gravamen es en el momento de la realización y pago de la factura.

¿Diálogo? Ya lo he dicho: lo que deseamos es que se produzca un diálogo entre las entidades y que sean las entidades privadas las que lleguen al acuerdo. Como decía antes, todos conocemos cuál es la normativa y tenemos que ser prudentes, porque va a haber pasado mañana, o dentro de dos o tres días, ya una sentencia del Tribunal de Luxemburgo. El Gobierno cree que la prudencia y lo razonable es que sean las propias empresas privadas implicadas las que lo solventen a través del diálogo.

Muchas gracias.