​El Gobierno afirma que la obligación del Estado de derecho es impedir que el referéndum del 1-O se materialice

La Moncloa, Madrid

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "el próximo 1 de octubre no habrá ningún referéndum en Cataluña".

Méndez de Vigo ha recordado que la Ley reguladora de la consulta fue aprobada contra la advertencia realizada por los letrados y el secretario general del Parlamento catalán y a pesar del aviso de inconstitucionalidad del Consell de Garanties Estatutàries. Y tanto esa norma como los decretos de convocatoria del referéndum han sido suspendidos por el Tribunal Constitucional.

Es un referéndum, ha remarcado, sin Sindicatura Electoral ni campaña neutral, papeletas, mesas, censo oficial ni locales autorizados. El portavoz también ha apuntado que la Agencia Española de Protección de Datos, ante las consultas recibidas por ciudadanos, ha informado de la infracción en la que podrían incurrir los integrantes de las mesas electorales en el caso de que tratasen y cedieran datos, una conducta sancionada con multas de hasta 300.000 euros.

Pool Moncloa/ JM Cuadrado"El presidente Puigdemont dijo que la votación iba a ser como siempre, y lo que estamos viendo es que quieren que haya una votación como sea", ha señalado Méndez de Vigo.

El ministro ha destacado que el referéndum no incumple solo la legalidad española, sino también el ordenamiento internacional y, especialmente, el europeo. "Es público y notorio que el Gobierno español ha recibido el apoyo unánime de todas y cada una de las instituciones europeas y de todos y cada uno de los miembros que componen la Unión Europea", ha expuesto. También la Comisión de Venecia, el supremo órgano del Consejo de Europa que vela por la legalidad de los procesos electorales, ha indicado que esa consulta no cumple con los estándares de la institución.

Un referéndum contra el pueblo catalán

"La obligación del Estado de derecho y de todo Gobierno es impedir que pueda materializarse" el referéndum, ha dicho Méndez de Vigo. Además, ha sostenido que los responsables de la situación son los dirigentes políticos de la Generalitat y sus socios parlamentarios de la CUP, que "cumplirán con las responsabilidades personales y patrimoniales que les adjudiquen los tribunales de justicia".

El ministro ha defendido que "esta pretensión de referéndum va dirigido contra el pueblo catalán" y ha expresado la preocupación del Ejecutivo por sus secuelas, en forma de "fragmentación de la sociedad catalana" y de "una dinámica de enfrentamientos" que debilita la estructura de Cataluña. "El Gobierno quiere reiterar que solo desde el pleno restablecimiento del principio de legalidad se podrá restaurar la convivencia democrática entre todos los catalanes", ha manifestado.

Pool Moncloa/ JM CuadradoÍñigo Méndez de Vigo ha vuelto a denunciar el hostigamiento que sufren quienes se han negado a colaborar con el referéndum ilegal, desde partidos y periodistas a tribunales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En este sentido, ha subrayado la obligación de los Mossos d'Esquadra de ser leales al ordenamiento constitucional y estatutario, garantizando el cumplimiento de las leyes y estando, como Policía judicial, al servicio de la justicia. Además, ha calificado de "deleznable" la utilización de niños en actos propagandísticos de los grupos secesionistas.

El portavoz ha afirmado que el Gobierno respetará "la obligación constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes, respondiendo con firmeza y siempre interesado en preservar la concordia cívica y no debilitar más el equilibrio social maltrecho".

Recursos de inconstitucionalidad

El Consejo de Ministros ha autorizado al presidente del Gobierno a presentar tres recursos de inconstitucionalidad contra sendas leyes autonómicas catalanas: la referida a la Agencia de Protección Social de Cataluña, la de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión y la de voluntades digitales.

Méndez de Vigo ha resaltado que los recursos se refieren a puntos concretos de esas leyes que afectan a las competencias del Estado. En el caso de la Ley de voluntades digitales, ha especificado que el Gobierno solicitó a la Generalitat la constitución de una comisión bilateral para buscar un acuerdo; tras su negativa, el Ejecutivo acudirá al Tribunal Constitucional para que sea este el que resuelva la cuestión.

El periodista Hamza Yalçin no será extraditado

Pool Moncloa/ JM CuadradoEl Ejecutivo ha acordado la no continuación en vía judicial del procedimiento de extradición del periodista de nacionalidad sueca y turca Hamza Yalçin.

El portavoz del Gobierno ha explicado que Yalçin fue detenido el pasado 3 de agosto en Barcelona en cumplimiento de una orden internacional de detención emitida por un juzgado de Turquía, país que le imputa el presunto delito de fundar o dirigir la organización terrorista Partido Frente de Liberación Popular de Turquía.

Méndez de Vigo ha agregado que la Ley de Extradición Pasiva y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados establecen que no se conceda la extradición cuando la persona reclamada tenga reconocida la condición de refugiado. Al haber concedido las autoridades suecas asilo a Yalçin en dos ocasiones y, posteriormente, la nacionalidad de ese país, el Gobierno ha decidido no extraditar al periodista.

Ayudas al sector naval

El Ejecutivo ha aprobado dos Reales Decretos que actualizan la regulación de las ayudas para la construcción de buques. Estos apoyos, que se renuevan hasta el año 2020, buscan fomentar la modernización del sector naval y mejorar su competitividad a nivel internacional.

Las normas potencian las líneas de apoyo financiero a los armadores para la construcción de buques de más de cien toneladas brutas y beneficiarán también a los proyectos de I+D+i de los astilleros.

Mayor integración europea

Pool Moncloa/ JM CuadradoEn la reunión de hoy del Gabinete, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha expuesto un informe sobre la situación política en Europa y las negociaciones del 'Brexit'.

Méndez de Vigo ha afirmado que el Ejecutivo español "valora muy positivamente" la labor que está llevando a cabo el negociador de la Unión Europea, Michel Barnier, siguiendo la posición ya fijada de que primero hay que negociar las condiciones de la salida del Reino Unido y después establecer las relaciones futuras entre ese país y la Unión.

El portavoz ha abogado por "mejorar y profundizar en la integración europea" y ha expresado la "plena disponibilidad" de España a "contribuir activamente en este proceso de construcción europea, que era una de las grandes vocaciones de los constituyentes en 1978 y continúa estando en el primer punto de las preocupaciones y de las ocupaciones del Gobierno".