Consejo de Ministros

​El Gobierno agiliza la investigación transnacional de los delitos en el ámbito de la UE

Consejo de Ministros - 24.11.2017

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La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes un proyecto de ley que modifica la norma referente al reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, con el fin de regular la Orden Europea de Investigación. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha enmarcado esta iniciativa en la búsqueda de instrumentos que hagan eficaces los mecanismos de cooperación entre los jueces y fiscales de los países de una Unión Europea "basada en la confianza" entre los estados miembros.

Catalá ha explicado que la situación actual en este ámbito es muy heterogénea y que la directiva europea que se traspone con este proyecto de ley busca homogeneizarla. El objetivo es que los jueces y fiscales de cualquier estado miembro puedan solicitar la realización de pruebas de investigación -como entradas domiciliarias, grabaciones, accesos a bases de datos o reconocimientos- en otro estado mediante un sistema simplificado en el que el soporte documental se transmita electrónicamente.

Además, si ahora cada juez tiene que relacionarse con el juez del lugar donde se tiene que llevar a cabo la prueba, el proyecto de ley establece que será el Ministerio Fiscal quien reciba todas las órdenes europeas de investigación y las dirija al juez y al fiscal competentes.

"De esta manera, estaremos haciendo una Europa más fuerte y más coordinada y haremos que la investigación transnacional del delito no se encuentre con problemas burocráticos en su desarrollo", ha manifestado Rafael Catalá. El titular de Justicia ha expresado su confianza en que el proyecto, que el Consejo de Ministros ha solicitado que se tramite por el procedimiento de urgencia, esté aprobado en los próximos meses.

Reconocimiento a José Manuel Maza

El ministro de Justicia, Rafael CataláPool Moncloa/ JM CuadradoEl Ejecutivo ha concedido, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a José Manuel Maza Martín, fallecido el sábado pasado en Buenos Aires (Argentina).

El ministro de Justicia ha señalado que se trata de un "reconocimiento adicional" a los que Maza ha recibido esta semana y ha recordado sus cuarenta años de servicio a la justicia y al derecho, el último de ellos como fiscal general del Estado, un puesto en el que demostró un "desempeño extraordinario" en una etapa "difícil" para la democracia española.

Propuesta de nuevo fiscal general

Rafael Catalá ha indicado que, dada la importancia de la actividad diaria de la Fiscalía General del Estado en todo el territorio nacional, el Consejo de Ministros ha promovido la designación de un nuevo fiscal general del Estado "para que en el plazo más breve posible" pueda tomar posesión.

El Gobierno ha elegido a Julián Sánchez Melgar como candidato a ese cargo. La propuesta se envía ahora al Consejo General del Poder Judicial para que en el pleno que celebrará el próximo jueves emita un informe en el que acredite que cumple los requisitos exigidos. El Consejo de Ministros del próximo viernes lo remitiría al Congreso de los Diputados, en cuya Comisión de Justicia el candidato tendrá que presentar su proyecto al frente de la Fiscalía General. Catalá ha apuntado que si el proceso se desarrolla con normalidad, el Consejo de Ministros podría proceder al nombramiento de Sánchez Melgar el jueves 7 de diciembre.

El ministro de Justicia ha subrayado "las capacidades personales y profesionales" del candidato, que ingresó en 1993 en la Carrera Judicial, ha ocupado puestos jurisdiccionales y de gobierno y es magistrado del Tribunal Supremo desde el año 2000. Catalá cree que concitará el apoyo unánime del mundo de la justicia por su competencia y su larga carrera profesional.

Cuentas de pago básicas

Íñigo Méndez de VigoPool Moncloa/ JM CuadradoEl Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley de Cuentas de Pago Básicas, traslado de cuentas y comparabilidad de comisiones, que traspone a la legislación española una directiva comunitaria que obliga a las entidades de crédito a ofrecer a los consumidores el acceso universal a una cuenta de pago básica. El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha resaltado que cualquier ciudadano podrá abrirla.

La cuenta de pago básica es un nuevo producto bancario que estará denominada en euros y que facilitará a los usuarios el acceso a una serie de servicios como la domiciliación de recibos, el uso de tarjetas, la retirada de efectivo en la entidad o en cajeros y la realización de transferencias.

Estas cuentas tendrán una comisión máxima que fijará el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. La norma establece que los proveedores de servicios de pago tienen que proporcionar al cliente o potencial cliente un documento informativo con las comisiones que tienen que pagar.

Las entidades de crédito podrán denegar el acceso a este tipo de cuentas en casos muy tasados. Por ejemplo, si el potencial cliente no aportara la información requerida en función del nivel de riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, o si su apertura fuera contraria a los intereses de la seguridad nacional o de orden público.

Información no financiera y sobre diversidad

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley que traspone una directiva comunitaria en materia de divulgación de información no financiera. La norma obliga a las grandes empresas y grupos empresariales a aumentar ese tipo de información en el informe de gestión que acompaña a sus cuentas anuales.

Tendrán que informar, entre otras, sobre cuestiones sociales (igualdad de género, respeto de los derechos humanos, etc.), medioambientales y de lucha contra la corrupción.

Íñigo Méndez de Vigo ha explicado que la ley afecta a grandes empresas, es decir, "empresas con una media de 500 trabajadores" y favorecerá la transparencia para que los accionistas conozcan cuáles son las políticas de sus empresas.

Violencia de género

El Ejecutivo ha aprobado una Declaración Institucional contra la violencia de género con motiva del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora mañana.

Méndez de Vigo ha afirmado que "preservar y proteger la dignidad de las personas, el respeto a su integridad física y la erradicación de la violencia contra las mujeres es un objetivo prioritario e irrenunciable" del Gobierno, tal y como planteó el presidente, Mariano Rajoy, en su discurso de investidura.

Además, el portavoz del Ejecutivo ha subrayado que el acto de entrega de reconocimientos celebrado hoy en La Moncloa "es una muestra más de la necesaria sensibilización para acabar con esta lacra".

Edificios inteligentes

El Consejo de Ministros ha autorizado una nueva línea de ayudas para poner en marcha, al menos, seis proyectos piloto de edificios inteligentes dentro del Plan Nacional de Territorios Inteligentes, en el que Red.es aportará un máximo de 19,5 millones de euros.

La iniciativa estará cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y los ayuntamientos beneficiarios.

Aplicación del 155 en Cataluña

Pool Moncloa/ JM CuadradoEn relación con los acuerdos adoptados conforme al acuerdo del Pleno del Senado del 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución, el Consejo de Ministros ha autorizado al Ayuntamiento de Barcelona a contratar el servicio de transporte mediante bicicletas compartidas.

En una rueda de prensa celebrada en Barcelona, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, también ha informado sobre la aprobación de dos expedientes de modificación de crédito en los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2017 para atender actuaciones del Instituto Nacional de Salud y del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

Balance semanal

En su resumen de la actualidad semanal, Íñigo Méndez de Vigo ha resaltado que la Comisión Europea dio el visto bueno el miércoles pasado al borrador del plan presupuestario presentado por el Gobierno para el año 2018. Al respecto, ha indicado que la institución europea estima que España cumple los requisitos establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que puede salir en el año 2018 del Procedimiento de Déficit Excesivo.

El ministro también ha recordado que el comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici, destacó que la Comisión Europea no va a pedir a España más ajustes, si bien señaló que la situación política en Cataluña crea incertidumbre respecto a las futuras cifras de crecimiento.

Las cifras en Cataluña, ha proseguido Méndez de Vigo, contrastan con las "muy positivas" de la economía española, cuyo crecimiento estimado es del 3%. "Creemos que el 21 de diciembre tiene que cerrarse la puerta a la inestabilidad y a la inseguridad y abrirse la puerta a que Cataluña siga con el resto de España en los datos positivos", ha concluido el ministro.

Asuntos de actualidad

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de VigoPool Moncloa/ JM CuadradoPreguntado por la pretensión de Carles Puigdemont de debatir en Bruselas con el presidente Rajoy sobre la situación de Cataluña, Méndez de Vigo ha respondido que con quien debe establecer un debate el candidato a las elecciones al Parlamento de Cataluña del próximo 21 de diciembre es con su igual, el también candidato Xavier Garcia Albiol, y no tratar de evitarlo, "que es lo que viene haciendo".

El portavoz del Gobierno ha desligado la aprobación en el Congreso de los Diputados del cupo vasco para 2017-2021 del apoyo del grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco a las propuestas del Grupo Popular para la reforma de la financiación autonómica: "Son dos cosas completamente distintas". Establecer un paralelismo entre ambas cuestiones, ha recalcado, "es un error".

Rafael Catalá, en respuesta a los periodistas, ha considerado "conveniente" y "razonable" integrar en un solo proceso, seguido en el Tribunal Supremo, las causas abiertas por la declaración unilateral de independencia de Cataluña del pasado 1 de octubre. "Tiene todo el sentido", es "lo que establece la norma" y "fortalece la unidad jurídica" y "la unidad de actuación", ha sostenido.