El Gobierno reducirá las cotizaciones a las empresas con baja siniestralidad laboral

Consejo de Ministros - 10.3.2017

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La Moncloa, Madrid

El Real Decreto que regula el sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales, aprobado por el Consejo de Ministros, da cumplimiento a la Ley que, en diciembre de 2016, modificó la Ley General de la Seguridad Social en lo relativo al régimen jurídico de las denominadas Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha explicado que el nuevo texto legal "establece una serie de incentivos, basados en sistemas objetivos, para premiar a las empresas que adoptan medidas que contribuyen, de manera eficaz, a prevenir o a reducir los accidentes o enfermedades profesionales".

La cuantía del incentivo será del 5% del importe de las cuotas por contingencias profesionales de cada empresa correspondientes al periodo de observación, con posibilidad de reconocer un incentivo adicional del 5%.

La financiación irá a cargo al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social. El volumen máximo de los recursos a disposición de las mutuas en cada ejercicio económico para este fin será del 3% del saldo de dicho Fondo.

Como requisitos para beneficiarse de la reducción en las cuotas, se exige el cumplimiento de los índices de siniestralidad general y siniestralidad extrema, una declaración responsable del cumplimiento de determinadas obligaciones por parte del empresario e informar de la solicitud de los incentivos a los delegados de prevención.

Ayudas a la vivienda

Íñigo Méndez de VigoPool Moncloa/ JM CuadradoEl Consejo de Ministros también ha acordado las cuantías máximas de las ayudas financieras estatales para las subvenciones de la prórroga del Plan Estatal 2013-2016 de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, aprobado el pasado mes de diciembre.

Esta cuantía máxima asciende a 321,61 millones de euros, a los cuales, según ha declarado el portavoz, "habrá que sumar otros 94 millones de euros que provendrán de las comunidades autónomas y unos 440 millones de euros de diversas inversiones". A la luz de estas cifras, Méndez de Vigo ha dicho que "estamos hablando de un paquete muy importante de dinero que servirá para ayudar y fomentar el alquiler de viviendas".

El Gobierno, ha proseguido el portavoz, calcula que el acuerdo adoptado hoy afectará aproximadamente a más de 100.000 ayudas al alquiler y a la rehabilitación edificatoria de, aproximadamente, unos 35.000 edificios.

Otros acuerdos

El Gobierno ha aprobado la creación de 16 plazas de magistrados en órganos colegiados para hacer efectiva la segunda instancia penal, que consagra el derecho al recurso de apelación frente a una condena emanada de cualquier órgano jurisdiccional.

Además, el Consejo de Ministros ha acordado interponer un recurso de inconstitucional contra determinados artículos de una ley de Murcia que afecta a la ley de vivienda y al Estatuto de los Consumidores y Usuarios de esta región.

Agenda internacional del presidente

El portavoz ha adelantado la agenda internacional del presidente del Gobierno, quien viajará oficialmente a la República Federativa de Brasil y a la República Oriental del Uruguay los días 24 a 26 de abril.

En su viaje a Brasil, además de mantener un encuentro con el presidente brasileño, Michel Temer, Mariano Rajoy acudirá al encuentro empresarial España-Brasil e inaugurará el I Foro España-Brasil. Después se desplazará a Montevideo donde tiene programada una reunión de trabajo con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, para abordar las relaciones bilaterales.

Asuntos de actualidad

Íñigo Méndez de VigoPool Moncloa/ JM CuadradoA preguntas de los periodistas, el ministro de Educación Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, ha asegurado que la huelga en el sector de la enseñanza del jueves 9 tuvo una incidencia mínima, porque "no tenía ningún sentido" cuando existe "la voluntad de llegar a un pacto político y social por la educación" y se está trabajando en ello en el Congreso de los Diputados.

Méndez de Vigo ha explicado que el sindicato de estudiantes convocó, hace tres meses, este paro para reclamar la derogación de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), derogación que ha estimado "irrealizable" porque dejaría en el "limbo" a más de ocho millones de alumnos y a unos 160.000 enseñantes. Por otra parte, muchas de las restricciones económicas que imponía la ley, -aprobada durante la crisis económica-, ya se han ido revirtiendo. Entre ellas, Méndez de Vigo ha citado la recuperación de las becas para la adquisición de libros de texto, la promoción interna entre universidades o la puesta en marcha de "una gran oferta de empleo público con especial incidencia en el número de interinos".

Sobre las negociaciones con la baronesa y los abogados de la Fundación Thyssen para la prórroga del préstamo de la colección privada de Carmen Cervera y sus hipotéticas pretensiones económicas, el ministro ha afirmado que, en las conversaciones que se vienen manteniendo desde hace meses, "no se han formulado peticiones económicas formales". La voluntad del Gobierno, ha añadido, es llegar a un acuerdo a finales de abril: "Que haya un buen final, tanto para el museo como para la baronesa".

A propósito de las consecuencias que el Brexit tendrá para España, el ministro y portavoz ha asegurado que los fondos estructurales para nuestro país "están garantizados hasta 2020". Sobre otros posibles efectos se ha remitido a las palabras de hoy mismo en Bruselas del presidente del Gobierno, que ha recordado que el proceso no se ha iniciado aún y que tras el inicio se abre un periodo de al menos dos años, por lo que resulta aventurado y prematuro hacer conjeturas o predicciones.

Méndez de Vigo ha resaltado que la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, haya considerado conforme a las exigencias comunitarias el contenido del Real Decreto-ley por el que se modifica el régimen laboral de los estibadores portuarios, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 24 de febrero, y cuyo debate y votación de convalidación se va a producir la próxima semana. Al tiempo, ha alertado de las serias consecuencias que tendría para España que no se produjera esa convalidación: una multa diaria de 134.000 euros y el riesgo de que las empresas consignatarias de buques desviaran sus tráficos a otros países.