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​El Gobierno autoriza la firma del Acuerdo de París sobre cambio climático

Consejo de Ministros - 8.4.2016

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La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha acordado la firma del Acuerdo de París sobre el cambio climático adoptado en la Conferencia de las partes el 12 de diciembre de 2015. El texto tiene como objetivo evitar que el incremento de la temperatura media global del planeta supere los 2ºC respecto a los niveles preindustriales e intenta lograr esfuerzos adicionales que posibiliten que el calentamiento global no supere los 1,5º.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado que el acuerdo se suscribirá el próximo 22 de abril en una ceremonia organizada por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. "Se trata de una cita clave para mantener el impulso en la agenda climática tras la Cumbre de París y para refrendar los compromisos adoptados en diciembre del año pasado en la capital francesa", ha dicho.

Sáenz de Santamaría ha subrayado que, con este acuerdo, "España muestra una vez más su compromiso en la lucha contra el cambio climático reforzando las propuestas que se han hecho hasta la fecha, que han permitido cumplir con el Protocolo de Kioto" y situar a nuestro país en la senda de cumplimiento con las obligaciones fijadas de aquí hasta el año 2020.

El Acuerdo de París, a juicio de la vicepresidenta, "es un hito histórico en la lucha contra el cambio climático, fundamental para la promoción del desarrollo bajo en emisiones, resiliente al clima y sostenible", en el que "la innovación, las inversiones y las nuevas tecnologías juegan un papel clave". "Supone un avance muy importante a la comunidad internacional que, por primera vez, consigue una participación universal", ha añadido.

Este acuerdo global y jurídicamente vinculante recoge 189 planes nacionales de lucha contra este fenómeno, que cubren el 97% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Campañas de publicidad institucional

Soraya Sáenz de Santamaría (Foto: Pool Moncloa)Pool Moncloa / J. M. Cuadrado Soraya Sáenz de Santamaría ha aclarado que los servicios jurídicos del Estado han determinado que el Gobierno en funciones no puede aprobar el Plan Anual de Publicidad que suele presentar a principios de año, ya que "comporta una decisión de naturaleza política" que condicionaría al Ejecutivo siguiente.

Sin embargo, la Abogacía del Estado, por motivos de urgencia, ha permitido al Gobierno autorizar la realización, entre otras, de tres campañas de publicidad institucional con el fin de divulgar el teléfono de atención a las víctimas de acoso escolar, la promoción del deporte olímpico en 2016 y la programación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

La vicepresidenta se ha referido a la campaña de divulgación del teléfono institucional en el ámbito de los centros docentes para atender las llamadas de la comunidad educativa sobre malos tratos en el ámbito escolar.

La campaña cumple los requisitos de vinculación con el interés general en la protección de los menores de edad, de sus familias, de los equipos directivos y docentes de los centros y, en general, de la sociedad frente a situaciones de violencia escolar que "pueden y deben evitarse" mediante la publicación de estos números de teléfono de atención inmediata en supuestos de acoso escolar, que estarán disponibles todos los días del año.

En los últimos meses, según ha indicado Sáenz de Santamaría, son cada vez más numerosos los supuestos de acoso escolar dentro y fuera de las aulas, que afectan a casi un 4% de la población escolar.

Seguridad de productos en atmósferas explosivas

El Gobierno ha regulado los requisitos de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.

La vicepresidenta ha concretado que la norma regula principalmente tres aspectos: los requisitos esenciales que deben reunir los aparatos y sistemas de protección para su comercialización, los procedimientos para certificar que se cumplen y los requisitos de los organismos de control que efectúan la certificación.

Además, se establecen las obligaciones de fabricantes, importadores y distribuidores. Si apreciaran riesgo, deberán informar a las comunidades donde se hayan comercializado para que los retiren.

Reforma del sistema de financiación autonómica

Pool Moncloa / J. M. Cuadrado El Consejo de Ministros ha analizado un informe sobre el sistema de financiación autonómica, del que ya informó ayer el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, durante su comparecencia en la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.

La vicepresidenta ha explicado que, tras las tareas que llevó a cabo el comité técnico de evaluación del funcionamiento del sistema de financiación, el Gobierno ha acordado "empezar a trabajar, a sentar las bases para ese futuro modelo que, además, hay que aprobar por obligación legal". "La conclusión a la que hemos llegado para generar un gran consenso en su redacción es que se constituirá un comité de expertos que sienten las bases de un futuro modelo de financiación", ha dicho.

La designación de ese comité de expertos se realizará en "plena colaboración y contacto" con todas las comunidades autónomas, que quedarán integradas en él, según ha avanzado Sáenz de Santamaría.

Asuntos de actualidad

Soraya Sáenz de Santamaría recibiendo la medalla (Foto: Pool Moncloa)Pool Moncloa / J. M. Cuadrado Preguntada por las medidas del Gobierno ante la aprobación por parte del Parlament de Cataluña de una moción que reafirma y avanza en la intención soberanista de la propuesta del pasado 11 de noviembre, anulada por el Tribunal Constitucional, la vicepresidenta ha informado de que ya se han dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que analice sus "efectos y consecuencias". Una vez que se disponga de esos trabajos, la actuación del Ejecutivo podría incorporarse "dentro de los procesos ya abiertos" en el Alto Tribunal.

Soraya Sáenz de Santamaría ha expresado el "absoluto rechazo" del Gobierno a los "intolerables insultos", "lamentables e impropios" de las relaciones que deben regir entre los Estados, dirigidos al presidente Rajoy y a las instituciones españolas por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha reclamado "respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho".

Al tiempo, la vicepresidenta ha confirmado que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha convocado al embajador de Venezuela en Madrid para hacerle partícipe de la protesta del Ejecutivo español, y ha anunciado que se va a llamar a consultas "a nuestro embajador en Caracas" para "conocer de su mano la situación".

Sobre la necesidad de reducción del déficit público por parte de las comunidades autónomas, la portavoz ha explicado que no se les ha "reclamado que hagan recortes, sino que cumplan la regla de gasto", es decir, el incremento de un 1,8%.

De hacerlo así, ha dicho, "estaremos en la buena senda a la que estamos obligados" ya que, "aparte de las exigencias de la política presupuestaria", "España está sujeta a sus obligaciones con la recomendación de la Unión Europea", idea que ha querido trasladar a las comunidades. "No es algo que sea una opción para el Gobierno de España", ha resaltado.