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Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba la reforma de la Formación Profesional para el Empleo

La Moncloa, Madrid, viernes 20 de marzo de 2015
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1. Intervención de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría

La Moncloa, Madrid - 20/03/2015

​​​La reforma tiene como objetivo fomentar el acceso al empleo de calidad, fortalecer la transparencia y evitar el fraude en la gestión de recursos destinados a formación. El Ejecutivo también ha aprobado la Oferta de Empleo Público de 2015, con 7.416 nuevas plazas -un 340% más que el año anterior-, y ha remitido a las Cortes las nuevas leyes del voluntariado y del Tercer Sector de Acción Social.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado que es una de las reformas estructurales más importantes de esta legislatura porque favorecerá el acceso al empleo de mayor calidad y contribuirá a la lucha contra la desigualdad. Además, ha resaltado que fortalecerá la transparencia y el control contra el fraude, que en algunos casos ha estado ligado a la formación y a los fondos para el empleo.

En el mismo sentido, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado que "habrá tolerancia cero contra el fraude" y que cada euro que vaya a formación se tendrá que destinar a este fin.

La ministra ha apuntado que el modelo de Formación Profesional para el Empleo vigente es un sistema "consolidado en el tiempo" que hoy utilizan 475.000 empresas. Sin embargo, a su juicio, adolece de falta de planificación estratégica, calidad y ​transparencia. Además, existe un desajuste entre la oferta de contenidos formativos y las demandas de empleo, por lo que "estamos ante un modelo mejorable", ha afirmado.

Nuevo modelo de formación

Fátima Báñez (Foto: EFE)EFEFátima Báñez ha recordado que la reforma ha sido fruto de un amplio proceso de diálogo y participación y responde al Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita firmado por el presidente del Gobierno y los interlocutores sociales (CCOO, UGT, CEOE y Cepyme) el 29 de julio de 2014.

La ministra ha anticipado que sus objetivos son claros: favorecer la creación de empleo estable y de calidad; mejorar la competitividad empresarial; garantizar el derecho a la formación; ofrecer garantías de mejora de la empleabilidad y promoción profesional de los trabajadores y consolidar en el sistema productivo una cultura de la formación.

Además, la reforma pretende lograr una mayor eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos y que el sistema sea evaluable. "Queremos que la evaluación sea también una de las claves y que se incremente la coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno", ha dicho Báñez.

El nuevo modelo, ha explicado, se aplicará a todas las Administraciones Públicas y los agentes sociales seguirán teniendo un papel trascendente, sobre todo en la planificación y programación de la formación, ya que "son los que mejor conocen el tejido productivo". "Queremos que detecten las necesidades de ese tejido con anticipación. Un país con tanta tasa de paro como la que tiene España no puede tener vacantes y se producen vacantes", ha añadido.

Otra novedad es que se hará una planificación estratégica plurianual para que la formación sea coherente con las necesidades actuales y futuras. También se implantará una cuenta-formación asociada a cada trabajador que certificará los conocimientos recibidos durante toda su vida laboral. Se apostará por la teleformación y por la formación permanente dentro de la empresa; en especial, se impulsará en las de tamaño pequeño y mediano.

Fátima Báñez ha destacado que "hay un cambio radical" en el modelo de formación de oferta o subvencionada. La gestión se realizará en régimen de concurrencia competitiva en un cien por cien, de tal manera que "los centros accederán a las convocatorias de formación en igualdad de condiciones y será el mercado el que elija a aquellos de mayor calidad".

En relación con los desempleados, la novedad es la implantación del cheque-formación mediante el que la persona parada elegirá el centro donde se quiera formar y la administración correspondiente pagará a esa entidad la formación directamente. La ministra ha argumentado que cuando se trate de formación subvencionada sólo se anticipará un 25% de los fondos a los centros: "Hasta ahora se podía hacer un anticipo del cien por cien y eso ha dado lugar en muchas comunidades autónomas a irregularidades que en el futuro queremos evitar".

El proceso de evaluación será permanente para conocer el impacto de la formación. Y para evitar el fraude, se creará una unidad especial, dentro de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y se elevarán las sanciones para aquellas empresas que utilicen de forma irregular los fondos recibidos. No podrán trabajar para la administración pública en el ámbito de la formación durante cinco años.

Oferta de Empleo Público

EFEEl Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público de 2015, descrita por la vicepresidenta del Gobierno como "un esfuerzo muy destacado por mejorar algunos de los servicios públicos que dependen de la Administración General del Estado". Sáenz de Santamaría ha resaltado entre esos objetivos la lucha contra el fraude en los servicios públicos, el impulso del funcionamiento de la Administración de Justicia y la mejora de la Administración Local, así como el refuerzo de la Policía y la Guardia Civil.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado que como consecuencia de la crisis económica el Gobierno aplicó "una congelación muy estricta de plantillas" desde el comienzo de la legislatura. El conjunto de las Administraciones Públicas, ha apuntado, cuenta hoy con una plantilla similar a la de 2003-2004.

La situación ha cambiado a partir de la Ley de Presupuestos para el año 2015: la tasa de reposición pasa del diez al cincuenta por ciento y puede sobrepasar ese porcentaje en los ámbitos donde el Ejecutivo considere que los refuerzos son más necesarios. Como ya ocurrió en 2014, junto a la oferta ordinaria, el Gobierno ha aprobado otra extraordinaria destinada a las áreas prioritarias. "No se trata de que la plantilla del sector público continúe reduciéndose como lo ha hecho hasta ahora, ni mucho menos, sino al contrario: el Estado tiene que tener la dotación de recursos humanos para prestar servicios públicos de calidad", ha sostenido el ministro. 

Nuevas plazas y promoción interna

El número total de plazas ofertadas es de 11.250. De ellas, 7.416 son nuevas (lo que representa un aumento del 340% respecto al año anterior) y el resto, 3.834, se destinan a la promoción interna. 

La oferta ordinaria de nuevas plazas incluye 3.098 en la Administración General del Estado (AGE) y 50 para funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, "los garantes del funcionamiento de nuestras administraciones locales", en palabras de Montoro. Otras 1.350 plazas permitirán reforzar los efectivos y reducir la interinidad en el ámbito de la Administración de Justicia. Este apartado se completa con 1.374 plazas para el Cuerpo Nacional de Policía y 820 para la Guardia Civil (frente a las 314 y las 159 del año pasado, respectivamente).

En cuanto a la oferta extraordinaria, la mayor parte de los puestos se destinan a fortalecer la lucha contra el fraude, fundamentalmente en el área de la Agencia Tributaria.

El ministro ha detallado que, sumando ambas convocatorias, el incremento de efectivos para combatir el fraude supondrá un total de 784 personas: inspectores de Hacienda, 50; cuerpos técnicos, 323; agentes de la Hacienda Pública, 50; lucha contra el fraude laboral y a la Seguridad Social, 264, entre otros cuerpos.

Cristóbal Montoro ha subrayado igualmente el aumento de las plazas destinadas a la promoción interna respecto al año 2014 (un 79% más), ya que es muy importante que el funcionario vea que "realmente tiene futuro en su puesto de trabajo". En términos porcentuales, las mayores subidas en este apartado corresponden a la Administración de Justicia, la AGE y el Cuerpo Nacional de Policía.

Voluntariado y Tercer Sector

EFEEl Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes los proyectos de ley de Voluntariado y del Tercer Sector, dos normas enmarcadas en la Agenda Social del Gobierno, "uno de los elementos  clave que impulsamos en este último año de la legislatura", según ha recordado Soraya Sáenz de Santamaría.

El Proyecto de Ley del Voluntariado, ha indicado la vicepresidenta, busca resolver la dispersión normativa que se ha producido en los veinte años de vigencia de la regulación actual, fijar un marco jurídico de su acción y potenciar el voluntariado a lo largo de toda la vida. Alrededor del quince por ciento de los españoles mayores de edad realizan tareas de este tipo, el sexto porcentaje más alto de la Unión Europea, ha señalado la vicepresidenta.

Sáenz de Santamaría se ha referido a las mejoras introducidas en la redacción de la norma con respecto al anteproyecto aprobado el pasado 23 de enero. La edad mínima para la participación de los menores -siempre con consentimiento paterno- se fija en los doce años. Los supuestos de limitación para el acceso al voluntariado se amplían: además de los delitos contra menores, por violencia de género y por violencia doméstica, ahora se incluyen las condenas por tráfico ilegal de personas y por terrorismo. Y se aclara el apartado relativo a la promoción del voluntariado desde las empresas: la participación siempre será "libre y voluntaria", aunque se realice en entidades ligadas a la estructura empresarial.

Por su parte, la Ley del Tercer Sector de Acción Social establece un marco regulatorio "moderno y adaptado a la realidad actual de este sector para reforzar la acción solidaria de las entidades sociales" y su papel en el diseño y ejecución de las políticas públicas, ha asegurado la vicepresidenta.

Este ámbito está integrado en España por más de 29.000 organizaciones de carácter privado, voluntario y sin ánimo de lucro que prestan servicios a más de cinco millones de ciudadanos; en ellas trabajan más de medio millón de personas con carácter retribuido y cerca de 900.000 voluntarios.

Asuntos de actualidad

Soraya Sáenz de Santamaría, Fátima Báñez y Cristóbal Montoro (Foto: EFE)EFELa vicepresidenta ha iniciado la rueda de prensa trasladando en nombre del Gobierno su más sentido pésame a todas las familias del atentado perpetrado el miércoles en Túnez y a todas las víctimas del terrorismo. Este es un momento -ha afirmado- para transmitirles nuestra solidaridad y para que toda la comunidad internacional trabaje conjuntamente en "el fortalecimiento de nuestros instrumentos democráticos, contra el terrorismo y en defensa de las libertades y del Estado de derecho". 

Preguntado por su pertenencia a una empresa privada de consultoría fundada en 2006, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha recordado que, como ya había explicado en el Parlamento, a partir de 2008, cuando regresó al Congreso de los Diputados, dejó esa empresa porque su dedicación tenía que ser completa. "No debía estar ocupando un escaño compatibilizándolo con nada, con nada es con nada", ha recalcado.

A propósito del paralelismo que se ha hecho entre las donaciones a la ONG Cáritas española y al Partido Popular, el titular de Hacienda ha señalado que tributariamente ambas instituciones tienen un tratamiento fiscal "equivalente" porque son entidades de interés general, sin ánimo de lucro, que atienden a "fines sociales, que dan sentido a nuestro estado de derecho y a nuestro sistema de libertades".

Cristóbal Montoro ha señalado que la información facilitada por la Agencia Tributaria al juez Pablo Ruz ​se envió firmada por los funcionarios de ese organismo, a cuyos responsables en ningún caso "se les dan instrucciones políticas" y cuyos profesionales gozan "de una reputación intachable" y "deben ser respetados por todos". ​​