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Referencia del Consejo de Ministros

Madrid, viernes 23 de noviembre de 2018

SUMARIO

Presidencia del Gobierno

  • REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno.

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

  • REAL DECRETO por el que se desarrolla el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada.
  • ACUERDO por el que se aprueba la Declaración del Gobierno con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
  • ACUERDO por el que se autoriza la firma del Convenio entre el Reino de España y la República Popular China para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la elusión y evasión fiscales y de su Protocolo.
  • INFORME sobre las medidas de lucha contra la violencia de género en el Día Internacional de 25 de noviembre.
  • INFORME sobre la trata con fines de explotación sexual y medidas de acción.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

  • ACUERDO por el que se autoriza la firma y la aplicación provisional del Protocolo Anejo al Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular China sobre el establecimiento de Centros Culturales.

Justicia

  • ACUERDO por el que se toma conocimiento de la autorización de la Ministra de Justicia a la Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de Servicios para la realización de la campaña sobrevenida de publicidad institucional de comunicación del servicio de cita previa en determinados trámites del Ministerio de Justicia.
  • ACUERDO por el que se toma conocimiento de la autorización de la Ministra de Justicia a la Dirección General para la Memoria Histórica para la realización de la campaña sobrevenida de sensibilización ciudadana hacia las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.

Hacienda

  • ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito por importe de 134.422.077,21 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 300.000.000 de euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a formalizar préstamos a largo plazo hasta un importe máximo de 45.000.000 de euros.
  • ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la ley 47/2003, de 24 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Instituto de Mayores y Servicios Sociales durante 2018 la tramitación anticipada de la contratación de las temporadas 2019/2020 y 2020/2021 del programa de Turismo Social y de la contratación por dos años del programa de Termalismo Social.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Dirección General de Fondos Europeos la concesión de incentivos regionales para fomentar la actividad empresarial y orientar su localización hacia zonas previamente determinadas, denominadas "zonas de promoción económica", durante el periodo 2019-2022.
  • ACUERDO por el que se modifican los porcentajes y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo atender la financiación de los satélites de comunicaciones gubernamentales SPAINSAT NG.

Interior

  • ACUERDO por el que se autoriza una contribución voluntaria de España a la Organización Internacional para las Migraciones para el Programa de retorno voluntario asistido con reintegración en Marruecos, por un importe global de 300.000 euros.

Fomento

  • REAL DECRETO sobre cambio de titularidad del tramo de la carretera del Estado N634 sobre el puente "Emilio Llamedo Olivera", en el río Sella (Asturias), a favor del Principado de Asturias, y consiguiente modificación de la Red de Carreteras del Estado.

Educación y Formación Profesional

  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones por razones de interés público para la participación en las ediciones supranacionales de las Olimpiadas Científicas durante el año 2018 de estudiantes en representación del sistema educativo español.

Industria, Comercio y Turismo

  • ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a celebrar con la empresa Navantia, S.A., S.M.E., una cuarta adenda al Convenio entre el extinto Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y Navantia, S.A., para el desarrollo tecnológico e industrial del Programa de los Buques de Acción Marítima.
  • ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a celebrar con la empresa Navantia, S.A.,S.M.E., una quinta adenda al Convenio entre el extinto Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y Navantia, S.L., para el desarrollo tecnológico e industrial del Programa del prototipo de Buque de Aprovisionamiento de Combate.
  • ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a suscribir una octava adenda al Convenio entre el extinto Ministerio de Industria y Energía y la Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, S.A., (hoy Navantia, S.A.,S.M.E.) para el Programa de desarrollo de las Fragatas Tipo F100.
  • ACUERDO por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, antes del día 30 de noviembre, en relación con el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Agricultura, Pesca y Alimentación

  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria al Consejo Consultivo de Acuicultura de la Unión Europea por importe de 6.000 euros.

Política Territorial y Función Pública

  • REAL DECRETO por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.
  • ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno el desistimiento parcial del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Decreto-Ley 3/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda.
  • ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno el desistimiento parcial del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia social en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón.
  • ACUERDO por el que se autoriza al Ayuntamiento de Alcaracejos (Córdoba) a realizar una consulta popular relativa al traslado del lugar de celebración de la feria y fiestas de julio.

Para la Transición Ecológica

  • REAL DECRETO por el que se aprueba el Reglamento sobre seguridad nuclear en instalaciones nucleares.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la actuación destinada a la retirada de material, estabilización de taludes y conducción de aguas superficiales para aumentar la seguridad en el drenaje del deslizamiento I-13 en el vaso del embalse de Montearagón, en el término municipal de Loporzano (Huesca) por un importe máximo de 362.250 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria al Fondo de actividades suplementarias de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, por un importe de 200.000 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria al Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, por un importe de 5.000 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria al Acuerdo sobre la conservación de cetáceos en el mar Negro, el mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua, por un importe de 18.000 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria al Secretariado de la Estrategia del Agua en el Mediterráneo Occidental, por un importe de 50.000 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria al Partenariado Internacional de Acción de Carbono, por un importe de 50.000 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para actividades de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático, por un importe de 200.000 euros.

Cultura y Deporte

  • ACUERDO por el que se autoriza el pago de la contribución voluntaria del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música a la European Union Youth Orchestra correspondiente al año 2018, por importe de 22.500 libras esterlinas.

Economía y Empresa

  • REAL DECRETO-LEY de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto de creación de la Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera.
  • ACUERDO por el que se autorizan las contribuciones financieras de España a la reposición extraordinaria de recursos de la Asociación Internacional de Fomento para la Iniciativa de Condonación de la Deuda Multilateral y al Fondo Español en el Banco Mundial para América Latina y Caribe por importes de 14.000.000 de euros y de 7.000.000 de euros, respectivamente.

Ciencia, Innovación y Universidades

  • REAL DECRETO por el que se crea el Observatorio "Mujeres, Ciencia e Innovación", para la igualdad de género en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.


ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

  • REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Azerbaiyán, con residencia en Ankara, a D. JUAN GONZÁLEZ-BARBA PERA.
  • REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Armenia, con residencia en Moscú, a D. FERNANDO VALDERRAMA PAREJA.
  • REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Turkmenistán, con residencia en Moscú, a D. FERNANDO VALDERRAMA PAREJA.

Justicia

  • REAL DECRETO por el que se nombra fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer a Dª ANA MARÍA GALDEANO SANTAMARÍA.
  • REAL DECRETO por el que se nombra fiscal de sala de Criminalidad Informática a Dª PATRICIA RODRÍGUEZ LASTRAS.

Educación y Formación Profesional


AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

EL CONSEJO DE MINISTROS RECUPERA ORGANISMOS Y APRUEBA NUEVAS INICIATIVAS Y RECURSOS PARA LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Consejo de Ministros ha aprobado nuevas medidas para mejorar la protección de las víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos, coordinadas desde el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad para su aplicación transversal con la ayuda de otros ministerios. Este trabajo coordinado comprenderá también organismos como la Conferencia Sectorial de Igualdad, la Comisión Interministerial de Igualdad, el Consejo de Participación de la Mujer, el Observatorio Estatal de la Violencia contra la Mujer y la Comisión Delegada del Gobierno para Políticas de Igualdad. Algunos de ellos han estado abandonados por el anterior Ejecutivo desde el año 2011 y han visto retomada su actividad en los últimos meses.

El pasado 31 de julio, en la Conferencia Sectorial de Igualdad se acordaron por unanimidad con todas las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía los criterios para el reparto y la distribución resultante, para el año 2018, de los 100 millones de euros previstos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Genero para el desarrollo de las medidas cuya ejecución corresponde a estas administraciones territoriales.

Asimismo, se ha procedido a renovar la composición del Consejo de Participación de la Mujer, con la finalidad de proceder a su convocatoria; proceso que ha culminado con la publicación el 22 de noviembre de 2018 en el Boletín Oficial del Estado de la Orden PCI/1233/2018, de 21 de noviembre, por la que se proclaman las organizaciones y asociaciones de mujeres elegidas para ejercer las 20 vocalías que integran el organismo, en representación de las propias organizaciones y asociaciones de mujeres.

Por otra parte, en la última reunión del Observatorio Estatal de la Violencia contra la Mujer celebrada el 20 de noviembre, se abordó el borrador de Real Decreto para reformar la composición y funcionamiento de este órgano participativo que ejerce funciones de valoración de las políticas públicas en materia de Violencia de Género, con intención de ampliar sus competencias a otras formas de violencia contra las mujeres. Este Observatorio trabajará conjuntamente con la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género en la creación de nuevos indicadores del tratamiento de la violencia contra las mujeres.

El Ejecutivo reanudará también la actividad de la Comisión Delegada del Gobierno para Políticas de Igualdad que no se reúne desde 2013, al objeto de abordar específicamente la planificación de la igualdad en el Ámbito de la Administración General del Estado

Asimismo, todos los ministerios contarán con Unidades de Igualdad propias: Próximamente se aprobará un Real Decreto que desarrolle la reglamentación de estas unidades para garantizar la integración efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado.

En cuanto a la distribución de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Genero a las Entidades Locales aprobada el pasado 3 de agosto, próximamente se publicará la Resolución de Distribución de Fondos del Pacto de Estado a las Entidades Locales en el Boletín Oficial del Estado para su posterior pago, y está previsto que las actuaciones puedan ser llevadas a cabo hasta el 30 de junio de 2019.

Para facilitar el cumplimiento de los objetivos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la Secretaría de Estado de Igualdad, a través del Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades y de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ofrecerá a todas las empresas integradas en la Red de Formación Específica en Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres, así como en prevención de la violencia, incorporación de la perspectiva de género en el ámbito empresarial. Se también trata de una de las necesidades básicas de las mujeres que sufren violencia de género: poder encontrar un empleo para salir adelante.

Por otro lado, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha decidido recuperar los 'Premios Irene: La Paz Empieza en Casa', dirigidos específicamente a prevenir y erradicar conductas violentas y promover la igualdad en los centros educativos españoles de enseñanzas no universitarias, intentando que dichos premios se conviertan en un estímulo para extender las buenas prácticas, las innovaciones docentes, la proliferación de Proyectos educativos de centro que recojan progresivamente más experiencias de prevención de violencia contra las mujeres. Contarán además con un apartado dedicado específicamente a la lucha contra la trata de seres humanos.

También se ha apostado por recuperar, actualizar y rediseñar el portal 'INTERCAMBIA, Educar en femenino y en masculino', concebido como un centro virtual de recursos temáticos que permite difundir y acceder a aportaciones valiosas en el ámbito coeducativo; así como el curso 'En Abierto', dirigido al profesorado para promover la reflexión y prevenir la desigualdad, la violencia de género, la trata de seres humanos, y los estereotipos.

Por otro lado, desde el Ministerio del Interior se está impulsando la creación del área de Igualdad en la Dirección General de la Guardia Civil y ha recuperado el rango estratégico y administrativo que el Sistema VioGén había tenido desde su creación en el año 2007, puesto que había sido relegado a la mera categoría de servicio administrativo durante los últimos años. Se han presentado dos nuevos formularios de Valoración Policial del Riesgo de la mujer víctima, con importantes novedades para mejorar la predicción del riesgo en el que se encuentra la mujer víctima e identificar casos con menores, que se resaltarán especialmente a la autoridad judicial para la adopción de medidas específicas de valoración forense del riesgo, así como identificar casos en los que se pueda predecir también, y de forma especial, el riesgo homicida del agresor.

La Secretaria de Estado de Seguridad ha dado una Instrucción urgente a los Cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil para reforzar el conocimiento y la formación de los agentes policiales en el ámbito de la prevención y lucha contra la violencia de género, con incidencia en la valoración policial del riesgo y la perspectiva de género en sus actuaciones.

El Ministerio de Sanidad recuperó por su parte, el pasado 24 de agosto, el Observatorio de Salud de las Mujeres: mecanismo para promover el conocimiento sobre las desigualdades de género en salud y fortalecer el enfoque de género en las políticas públicas de salud, poniendo el acento en la violencia contra las mujeres, dando así cumplimiento al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El organismo prepara ya su informe anual.

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social aprobó el pasado día 14 la Proposición de Ley de mejora de la pensión de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género incrementando su cuantía hasta el 70% de la base reguladora.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública aprobó el pasado 22 de octubre el acuerdo para favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género. También elaborará, a través del Alto Comisionado para el Reto Demográfico, programas específicos dirigidos a la sensibilización, orientación y detección de la violencia de género en el ámbito rural.

Por último, el Ministerio de Defensa trabaja en la modificación del Reglamento de destinos para la creación de un puesto específico en la estructura de los ejércitos, cuando sea requerida la movilidad de la víctima de violencia de género.

Mientras, el ministerio de Cultura y Deporte impulsará la creación de un Observatorio de Mujer en el Deporte desde el cual se aplique el nuevo Protocolo de acoso sexual que está elaborando el IMIO y el Consejo Superior de Deportes. Incorporará también el estudio de medidas para aquellas deportistas que son víctimas de violencia de género.


Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

INFORME SOBRE LA TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y MEDIDAS DE ACCIÓN

El Consejo de Ministros ha conocido un informe sobre la trata con fines de explotación sexual en España, previo a la elaboración del Anteproyecto de Ley.

Tal y como recoge la Guía de criterios de actuación judicial frente a la trata de seres humanos elaborada por el Consejo General del Poder Judicial, está ampliamente documentado que la trata con fines de explotación sexual afecta mayoritariamente a mujeres y niñas. Ello supone que se haya reconocido internacionalmente que la trata de mujeres es una forma de violencia de género y derechos humanos, y una forma de discriminación prohibida por la norma internacional y regional.

Asimismo, en el ámbito internacional, cabe mencionar el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005 (conocido como Convenio de Varsovia), que la define como "el reclutamiento, transporte, transferencia, alojamiento o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coerción, el secuestro, fraude, engaño, abuso de autoridad o de otra situación de vulnerabilidad, o el ofrecimiento o aceptación de pagos o ventajas para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con vistas a su explotación. La explotación comprenderá, como mínimo, la explotación de la prostitución de otras personas u otras formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extirpación de órganos.

España se considera un Estado de entrada, tránsito y destino de víctimas, especialmente en el caso de la trata con fines de explotación sexual.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género recoge la elaboración de una ley orgánica de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

En ese sentido, el Gobierno, en la elaboración del anteproyecto, establecerá medidas de prevención y persecución de este delito, atendiendo al mismo tiempo como prioridad a la protección de las víctimas, desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género.

La futura ley incluirá, asimismo, un enfoque preventivo a través de una educación basada en los valores de igualdad, no dominación, educación sexual y afectiva igualitaria. La normativa incluirá la incorporación a los planes de formación de la Administración General del Estado (acceso a la función pública y formación continua) de la trata con fines de explotación sexual. También recogerá la exigencia de formación específica para el acceso a puestos o cuerpos especializados, como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o Fiscalía.

La futura norma buscará a su vez desincentivar la demanda de prostitución mediante campañas de concienciación y talleres de sensibilización dirigidos a los jóvenes, entre otras medidas.

Cabe destacar también que desde la prioridad de atender a las víctimas de estos delitos es fundamental la intervención de las ONGs y asociaciones que han venido prestando su inestimable colaboración y han sido una fuente constante de conocimiento.

En esa línea, otra de las medidas será el establecimiento de unos indicadores homogéneos para la identificación de las víctimas de trata, conforme a las recomendaciones de la Guía elaborada por el Consejo General del Poder Judicial.

Se establecerá un sistema de valoración de riesgos de las víctimas; se hará especial referencia a la situación de menores víctimas; se regulará el acceso al asesoramiento legal especializado; y se buscarán acuerdos con los colegios de abogacía para una garantía de esta asistencia.

Por último, la futura ley mejorará la eficacia de la persecución e investigación de los delitos e incorporará medidas de sensibilización, respaldando lo previsto en la Guía del CGPJ para favorecer un mejor conocimiento del fenómeno a jueces y fiscales.


Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

DECLARACIÓN DEL GOBIERNO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se aprueba la Declaración del Gobierno con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer.

La violencia contra las mujeres constituye una vulneración de sus derechos fundamentales y la expresión más cruel de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de sensibilizar a toda la sociedad respecto del problema de la violencia que sufren las mujeres, para fomentar la toma de conciencia sobre la gravedad de la violación sistemática de los derechos de las mujeres en todo el mundo decidió en 1999 declarar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, a sumarse a esta tarea de concienciación y sensibilización.

Con este motivo, el Consejo de Ministros ha aprobado la siguiente Declaración del Gobierno:

"Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, el Gobierno de España declara su firme voluntad de seguir avanzando en la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres por razones de género o motivos de sexo, una violencia que constituye una grave violación de sus derechos y libertades fundamentales. Mientras exista una violencia estructural hacia la mitad de la población de nuestro país, que obstaculice la plena libertad, igualdad y seguridad de las mujeres, no podremos disfrutar de una verdadera sociedad democrática.

En este año 2018, en el que conmemoramos el 40 aniversario de la aprobación de la Constitución Española, queremos recordar que la Constitución promueve y crea el marco que permite construir el camino hacia la igualdad de las mujeres y los hombres a partir del reconocimiento del derecho a la igualdad en el artículo 14 y de la obligación impuesta a los poderes públicos, en el artículo 9, para garantizar las condiciones en que esta igualdad sea real y efectiva. El desarrollo legislativo de la igualdad por razón de sexo está plasmado en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, a partir de las que impulsamos medidas y actuaciones para combatir la violencia contra las mujeres.

Combatir la violencia contra las mujeres y lograr la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres es una prioridad del Gobierno que ha convertido estos objetivos en uno de los ejes vertebrales de su acción y de su política exterior de derechos humanos, en línea con los compromisos asumidos por España en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, concretados en el "Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030: Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible", aprobado por El Consejo de Ministros de 29 de junio de 2018. Así como de las obligaciones establecidas en el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) de 2011, ratificado por España en 2014. En este contexto, España apoya los mecanismos internacionales de lucha contra la violencia contra la mujer, entre ellos, el mandato de la relatora Especial de Violencia contra la Mujer.

La violencia de género se ha cobrado en nuestro país la vida de 972 mujeres desde el año 2003, 44 de ellas en 2018, y de 27 menores desde el año 2013, a quienes queremos rendir un sentido recuerdo. Estas cifras ponen de manifiesto la situación trágica a la que nos enfrentamos, una situación ante la cual la sociedad, las instituciones, y los y las responsables políticos no pueden permanecer impasibles. Por ello, es nuestra responsabilidad garantizar una respuesta contundente y coordinada de todos los poderes públicos con el objetivo de asegurar la mejor atención a las víctimas, el rechazo absoluto hacia las actitudes violentas y la condena de los maltratadores. Para ello es necesario disponer de todos los instrumentos con los que cuentan el conjunto de las administraciones públicas del Estado y sumar los esfuerzos de los agentes económicos y sociales, de las asociaciones de mujeres, de los medios de comunicación, en resumen, del conjunto de la sociedad.

Muestra de ello es la aprobación en septiembre de 2017, en el seno del Congreso y del Senado, sedes de la soberanía popular, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Este Pacto ha dotado a España de un instrumento excepcional para poder afrontar juntos el reto de lograr la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, tanto la que se produce en el ámbito de las relaciones de afectividad, como de la violencia sexual, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados, entre otras.

Un Pacto que cuenta con el respaldo del conjunto de las fuerzas políticas y representa la esperanza de un país en ser cada día mejor. Mejor en la prevención, mejor también en la respuesta, en la protección y en la solidaridad, no solamente con las mujeres objeto de violencia en cada una de sus variables, sino también con las víctimas que estos asesinatos dejan como rastro y que afectan de manera principal a sus familias y particularmente a sus hijos e hijas.

Desde la aprobación del Pacto de Estado y también como consecuencia de la ratificación por España del Convenio de Estambul, el Gobierno está concentrando sus esfuerzos en la revisión y adaptación del ordenamiento jurídico a los compromisos asumidos para mejorar la respuesta que desde las Instituciones se presta a las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia contra las mujeres y para mejorar e incrementar los mecanismos de prevención, detección y protección. Fruto de este compromiso es la aprobación, el pasado 3 de agosto, del Real Decreto-ley 9/2018, de Medidas Urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que acomete algunas de las reformas más inaplazables en relación con la asistencia a las víctimas. Entre las medidas aprobadas destaca la recuperación de las competencias en materia de igualdad y contra la violencia de género por parte de los Ayuntamientos, la administración más cercana a la ciudadanía y, por ende, a las víctimas, y la aportación de fondos económicos para contribuir a su desarrollo.

Junto a las reformas legislativas, el Pacto se acompaña de un importante compromiso económico que va a permitir a todas las Administraciones involucradas, entre ellas, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, acometer las actuaciones de prevención de la violencia y de asistencia a las víctimas que tienen encomendadas.

Este Gobierno en colaboración y coordinación con todas las administraciones públicas y poderes del Estado así como con las organizaciones de la sociedad civil, ha mostrado su firme compromiso en la implementación de las medidas acordadas en el Pacto como prioridad en el desarrollo de sus políticas públicas. Las organizaciones de la sociedad civil que atienden a las víctimas y en las que éstas confían son fundamentales para minimizar los riesgos de victimización secundaria tan frecuente en los casos de violencia de género y de trata con fines de explotación sexual.

Uno de los ejes de actuación en los que más insiste el Pacto de Estado, y que ya se está implementando, es el impulso de la formación multidisciplinar de los y las profesionales que atienden y asisten a las víctimas. Para ofrecer a las víctimas de cualquier forma de violencia la mejor asistencia posible es necesario impulsar la formación especializada de los y las profesionales que intervienen en la prevención, protección, y ayuda psicosocial a las víctimas. Para ello es preciso promover la formación con perspectiva de género de todos los profesionales implicados, desde los profesionales de la administración de Justicia, pasando por el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, hasta el personal de los servicios sociales, sanitarios, y el personal docente, entre otros.

El Pacto también nos insta a mejorar en el conocimiento, el seguimiento estadístico y la investigación sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres para poder abordar de forma más eficaz las políticas públicas de prevención, apoyo y protección, teniendo en cuenta cuestiones como la edad, la discapacidad, la situación de extranjería, la incidencia en el mundo rural, o el impacto de la violencia sobre las hijas e hijos de las víctimas.

Necesitamos seguir avanzando en la conciencia de una sociedad en la que el machismo llega hasta el extremo de asesinar a las mujeres. España es un país pionero en la lucha contra la violencia de género y un referente a nivel mundial, que ha enseñado a otros que la única manera de atajar la violencia contra las mujeres es hacerla aflorar, que la sociedad la conozca, no la calle ni la oculte en el ámbito privado o de las relaciones personales. La mejor manera de erradicar la violencia sobre las mujeres es enfrentarse a ella, romper los silencios cómplices, y lograr el rechazo unánime de la sociedad ante las actitudes violentas y discriminatorias.

Para ello es fundamental incidir en el ámbito educativo, fomentando que desde el inicio de la formación, nuestros niños y niñas, entiendan que la igualdad y el respeto a la diversidad, están en el centro de nuestras libertades y de nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas. Es importante que eduquemos con responsabilidad, porque es ahí donde trazamos a los hombres y a las mujeres del futuro, conscientes del cuál es su identidad, de cuáles son sus derechos y respetuosos los unos con los otros.

Asimismo, para el logro de una sociedad plenamente igualitaria, resulta esencial la contribución activa de los medios de comunicación. La construcción de una conciencia social que rechace cualquier forma de violencia contra la mujer, y apoye inequívocamente a quienes la sufren, tiene que contar con los medios. Para ello, desde el respecto a las normas deontológicas y de autorregulación, es fundamental continuar informando acerca de la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo evitando estereotipos, y sensacionalismos y promoviendo una opinión pública que sea consciente y beligerante con la violencia de género, la más extrema y cruel manifestación de discriminación contra la mujer.

Por todo ello, el Gobierno manifiesta su firme compromiso de seguir avanzando, desde la unidad, la lealtad y el consenso alcanzados en el Pacto de Estado, en la lucha contra la violencia sobre las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones a través del establecimiento de las todas medidas legales y de cualquier otra índole necesarias para erradicarla, apoyar a las víctimas, y garantizar el libre ejercicio de los derechos de todas las mujeres, desde el convencimiento de que sin la libertad y la seguridad de las mujeres no es posible la construcción de una sociedad plenamente democrática".


Economía y Empresa

REAL DECRETO-LEY DE SERVICIOS DE PAGO Y OTRAS MEDIDAS URGENTES EN MATERIA FINANCIERA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Este Real Decreto-ley tiene como objetivo principal transponer una serie de directivas europeas con plazo de transposición vencido y procedimiento de infracción abierto, así como adaptar el ordenamiento jurídico interno a algunos reglamentos comunitarios ya aplicables desde hace meses.

Conseguir una pronta transposición y adaptación de la normativa europea ayudará:

  • A mejorar la protección de los derechos de los usuarios de servicios de pago, que puedan realizar transacciones más seguras y que puedan acceder a una oferta creciente de servicios innovadores.
  • A mejorar la eficacia supervisora para garantizar la protección de los inversores y la integridad de los mercados, otorgándole al supervisor los poderes necesarios para sancionar y perseguir conductas relevantes relacionadas con la manipulación del mercado, la venta de determinados productos especialmente complejos o la manipulación de índices.
  • A incrementar la eficacia de la supervisión en solvencia al crear un canal de denuncias anónimas y mejorar la cooperación con otros supervisores;
  • A incrementar la protección del inversor al definir los poderes supervisores que deban tener los supervisores, a fomentar la innovación, y a una mayor competitividad de nuestro sector frente a los socios europeos.


Ciencia, Innovación y Universidades

CREACION DEL OBSERVATORIO 'MUJERES, CIENCIA E INNOVACIÓN' PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea el Observatorio 'Mujeres, Ciencia e Innovación' para la Igualdad de Género en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación como órgano colegiado interministerial responsable de analizar y realizar el seguimiento y medición de impactos sobre la situación de las mujeres en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación, fomentar la realización de políticas públicas y actuaciones de igualdad de género, y promover la mejora de la situación de las mujeres.

Este nuevo Observatorio será decisivo para combatir cualquier discriminación por razón de sexo, garantizar la igualdad de oportunidades y aumentar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida científica, tecnológica y universitaria. Entre sus funciones está la de actuar como órgano permanente de recogida y análisis de la información disponible, recepción de información sobre medidas y actividades, seguimiento de actuaciones, conocer los planes de igualdad de los organismos públicos de investigación, conocer las actuaciones de las unidades de igualdad de las universidades, entre otras.

Este nuevo texto legal permitirá al Observatorio hacer un diagnóstico fiable y válido sobre los avances en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, en consecuencia, evaluar las políticas planeadas con este fin en el ámbito de la ciencia y la innovación tecnológica, así como de disponer de información para adoptar las medidas adecuadas dirigidas a combatir cualquier discriminación.

El Observatorio estará presidido por la secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, a quien corresponde la función de promoción de las políticas de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal en el ámbito científico, así como el fomento de la participación de las mujeres en el ámbito universitario, investigador e innovador en un plano de igualdad. Además, el Observatorio contará con representación, a nivel de director/a general, de ocho Ministerios: Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; Defensa; Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Educación y Formación Profesional; Industria, Comercio y Turismo; Economía y Empresa; y Agricultura, Pesca y Alimentación.


Educación y Formación Profesional

CONCESIÓN DE 110.000€ PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE LOS PARTICIPANTES EN LAS OLIMPIADAS CIENTÍFICAS DE 2018

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula la concesión directa de una ayuda de carácter excepcional a las reales sociedades y entidades que durante 2018 han colaborado financiando los gastos derivados de la participación de estudiantes españoles en las ediciones internacional e iberoamericana de las Olimpiadas Científicas de 2018.

El Gobierno, a instancias del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha decidido adoptar esta medida excepcional "en atención a la indudable incidencia sobre la consecución de los fines de interés público vinculados a la educación y a la imagen internacional de España".

El importe total de la subvención será de 110.000€, que se repartirán entre las diferentes reales sociedades y asociaciones científicas que enviaron participantes a estas competiciones en 2018. Se trata de la Real Sociedad Matemática Española, la Real Sociedad Española de Física, la Real Sociedad Española de Química, la Asociación Olimpiadas Española de Biología, la Sociedad Española para la enseñanza de las Ciencias de la Tierra y la Asociación Olimpiada Española de Economía.

Este Real Decreto se suma a la batería de medidas adoptadas previamente por el Gobierno encaminadas a reestablecer el apoyo institucional a estas prestigiosas competiciones. De este modo, hace unos días se anunciaba la convocatoria de los premios de las olimpiadas nacionales de este año, por un valor total de 43.500€, y la convocatoria para las olimpiadas de 2019, que costeará viajes y premios, y evitará la situación vivida este año.

Antecedentes

Hasta hace seis años, la financiación de las Olimpiadas Científicas se realizaba a través de convenios firmados entre Educación y las reales sociedades científicas. En ese momento, se procedió a un cambio de normativa, lo que obligó a que el convenio se tuviera que sustituir por una convocatoria.

En el curso 2015-2016 se publicó una convocatoria y se pagaron determinados gastos. En el curso 2016-2017 se pagaron algunos gastos pero no se publicó una convocatoria y en el curso 2017-18, hasta el cambio de Gobierno, no se había publicado una convocatoria y no se había pagado ningún gasto.

Las medidas aprobadas por el Ministerio en estos meses, incluida la presente subvención excepcional, han ido encaminadas a subsanar el vacío creado por la ausencia de convocatoria para el curso pasado.

Cultura y Deporte

REAL DECRETO QUE DESARROLLA EL SISTEMA DE COMPENSACIÓN POR COPIA PRIVADA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que desarrolla reglamentariamente el sistema de compensación por copia privada introducido en 2017 a través del Real Decreto-ley 12/ 2017, de 3 de julio.

Con el presente Real Decreto se ordenan aspectos procedimentales para hacer efectiva la compensación por copia privada, así como la aplicación de las exceptuaciones y reembolsos.

En relación al procedimiento para la compensación, establece un sistema de presentación de relaciones trimestrales por parte de los sujetos deudores (fabricantes de equipos de reproducción) y por los distribuidores que culmina con la emisión de las correspondientes facturas de abono o de devolución de la compensación a cargo de la persona jurídica -"ventanilla única"- constituida por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual a tal efecto.

Asimismo, regula el procedimiento para hacer efectivo el derecho a la obtención del certificado de exceptuación y del reembolso de pago de la compensación equitativa. Podrán obtener dicho certificado las personas físicas y jurídicas que justifiquen el destino profesional de los equipos y soportes adquiridos, y las entidades integrantes del sector público, al estar exentas del pago, como recoge el Real Decreto-ley 12/2017.

Establece también el procedimiento para resolver los conflictos que puedan surgir entre las partes y fija, en un 20%, el porcentaje de la compensación equitativa por copia privada que las entidades de gestión deben dedicar a actividades y servicios de carácter asistencial hacia sus socios, así como de formación y promoción de autores y artistas intérpretes o ejecutantes, que ya se había introducido de manera transitoria en el Real Decreto-ley de 2017.


Hacienda

APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA PARA FINANCIAR MODIFICACIONES DE CRÉDITO

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia, por un importe total de 134.422.077, 21 euros, para financiar las siguientes ampliaciones de crédito:

  • 63.219.713,48 euros para atender el gasto relativo a las subvenciones de tráfico aéreo y marítimo regular de los residentes en los territorios extrapeninsulares con el resto del territorio nacional.
  • 15.236.320 euros para financiar el gasto relativo a la subvención al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en territorios extrapeninsulares.
  • 20.000.000 de euros para atender el pago de pensiones de Clases Pasivas del Estado.
  • 17.871.560,17 euros para atender el pago de la compensación a la Ciudad Autónoma de Melilla por pérdidas de recaudación del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, correspondientes a las importaciones y al gravamen complementario sobre las labores del Tabaco.
  • 9.184.633,26 euros para atender gastos relativos a la compensación de los beneficios fiscales concedidos a las personas físicas o jurídicas en tributos locales de exacción obligatoria.
  • 8.909.850,30 euros para financiar en el Ministerio de Educación y Formación Profesional gastos en concepto de cuotas patronales a la Seguridad Social.


Hacienda

AUTORIZADA CASTILLA-LA MANCHA A FORMALIZAR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO PARA REFINANCIAR DEUDA

El Consejo de Ministros ha autorizado a Castilla-La Mancha a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 300 millones de euros para refinanciar deuda de su cartera.

La operación solicitada por la Comunidad Autónoma tiene como objetivo amortizar anticipadamente operaciones financieras de deuda concertadas con anterioridad, con el fin de mejorar sus condiciones financieras, adaptándolas a la situación actual de mercado y reducir la carga financiera de su cartera de deuda.

La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas establece que para la concertación de todas las operaciones de crédito se precisará la autorización del Estado cuando se constate el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Asimismo, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera contempla que, en el supuesto en que el Gobierno constate que existe incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, todas las operaciones de endeudamiento a largo plazo de la comunidad autónoma incumplidora precisarán de autorización del Estado, en tanto que persista dicho incumplimiento.

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto del ejercicio 2017, y, de acuerdo con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, presentó un plan económico financiero, cuyas medidas de ingresos y gastos fueron declaradas idóneas por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 31 de julio de 2018.

Las operaciones autorizadas por este acuerdo no supondrán un aumento del endeudamiento financiero de la comunidad autónoma al final del ejercicio.

Esta autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2018.


Hacienda

AUTORIZADA BALEARES A FORMALIZAR OPERACIONES DE DEUDA PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE REPARACIÓN TRAS LAS INUNDACIONES DE OCTUBRE

El Consejo de Ministros ha autorizado a Baleares a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 45 millones de euros, con el objetivo de financiar el crédito extraordinario suscrito para atender los gastos de reparación tras las inundaciones provocadas por las lluvias de octubre en la comarca de Levante de la isla de Mallorca.

El pasado 29 de octubre el Gobierno balear aprobó por Real Decreto-ley la concesión de un crédito extraordinario de 45 millones de euros para atender gastos derivados de las inundaciones provocadas por el temporal del pasado 9 de octubre, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Illes Balears de 2018.

Asimismo, se acordó la financiación de dicho crédito mediante endeudamiento a largo plazo. El Gobierno de Baleares lo ha solicitado al Gobierno central, que lo autoriza hoy en el Consejo de Ministros.

El endeudamiento se ajusta al cumplimiento de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias caídas el pasado 9 de octubre en la comarca de Levante de Mallorca ha producido daños muy importantes en bienes muebles e inmuebles, así como en infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de carácter público. Además, ha causado la pérdida de vidas humanas.

Esta autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2018.


Hacienda

INCENTIVOS REGIONALES DESTINADOS A "ZONAS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA"

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para la concesión de incentivos regionales destinados a fomentar la actividad empresarial y orientar su localización hacia zonas previamente determinadas, denominadas "zonas de promoción económica", durante el periodo 2019-2022.

Los incentivos regionales son ayudas financieras que concede el Estado en forma de subvenciones con la finalidad de reducir las diferencias de la situación económica en el territorio nacional, repartir más equilibradamente las actividades económicas sobre el mismo y reforzar el potencial de desarrollo endógeno de las regiones.

Las subvenciones son otorgadas a proyectos de inversión promovidos por inversores privados para la puesta en funcionamiento, ampliación y modernización de establecimientos productivos. Al no existir concurrencia competitiva, tienen derecho a que se les conceda la subvención todas aquellas solicitudes que cumplan los requisitos y criterios previstos en la normativa de incentivos regionales vigente.

El pago de las mismas se realizará una vez ejecutada la inversión y verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos para su percepción. Esto supone que las concesiones de las subvenciones en el ejercicio corriente implican las retenciones de crédito con cargo a ejercicios futuros para el ejercicio en el que se prevé que se realizará el pago de la subvención.


Presidencia del Gobierno

REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1886/2011, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS COMISIONES DELEGADAS DEL GOBIERNO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica el Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno, con el objeto de crear la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica, Tecnológica y de Innovación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, así como establecer sus funciones y composición, adecuadas a lo dispuesto en dicha ley y a la vigente estructura departamental.


Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y CHINA PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA ELUSIÓN Y EVASIÓN FISCALES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la firma del Convenio entre el Reino de España y la República Popular China para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la elusión y evasión fiscales y de su Protocolo.

El vigente Convenio entre España y China para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio fue firmado en Pekín el 22 de noviembre de 1990 y entró en vigor el 20 de mayo de 1992.

España y China vienen negociando un nuevo Convenio desde 2015, acordándose el presente texto en 2018, cuya firma está prevista con ocasión de la visita de Estado a España del Presidente de la República Popular China los próximos 27 y 29 de noviembre.

El nuevo Convenio, que sustituirá al vigente de 1990, permitirá la adecuación del marco tributario bilateral al presente entorno económico. Su entrada en vigor está prevista con carácter indefinido transcurrido un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la última de las notificaciones mediante las que ambos Estados se comuniquen el cumplimiento de los procedimientos internos exigidos en cada uno de ellos a tal efecto.

En este sentido, fija los criterios relativos a la imposición sobre las rentas inmobiliarias, beneficios empresariales, transporte internacional, empresas asociadas, dividendos, intereses, cánones, ganancias de capital, servicios personales independientes, rentas del trabajo, remuneración de consejeros, artistas y deportistas, pensiones, función pública, profesores e investigadores, estudiantes y otras rentas. Incluye, también, disposiciones relativas a los métodos para eliminar la doble imposición, al derecho a los beneficios del Convenio, a la aplicación de normas y medidas nacionales para prevenir la elusión fiscal, a la aplicación de criterios de no discriminación, al procedimiento amistoso en caso de discrepancia respecto a la forma de aplicación del Convenio, al intercambio de información entre las respectivas autoridades competentes y a la no incidencia de las disposiciones del Convenio en los privilegios fiscales de los miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares.

En cuanto a su ámbito de aplicación subjetivo, afectará a las personas residentes de uno o ambos Estados. En cuanto a su ámbito material afectará a los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de los Estados o sus subdivisiones políticas.

Forma asimismo parte del Convenio un Protocolo que incorpora disposiciones relativas a la aplicación de la limitación de los tipos impositivos en relación con los dividendos, intereses y cánones, y a la precisión de las entidades cuyo capital se considera íntegramente propiedad de cada Estado.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

PROTOCOLO ANEJO ESPAÑA Y CHINA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE CENTROS CULTURALES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la firma y la aplicación provisional del Protocolo Anejo al Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular de China sobre el establecimiento de Centros Culturales.

El Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular de China sobre el establecimiento de Centros Culturales firmado en 2005, dio amparo jurídico a la presencia del Instituto Cervantes en China. No obstante, en aquel momento quedaron fuera del Acuerdo ciertos aspectos fiscales y de estatuto de personal de los Centros Culturales.

Por tal motivo, prácticamente desde el mismo momento de la firma del Acuerdo, comenzaron las negociaciones respecto a las cuestiones fiscales y de personal de los Centros; negociaciones que han culminado en un Protocolo Anejo al Acuerdo.

La firma del citado Protocolo, dotará de un marco jurídico concreto a los asuntos relacionados con el tratamiento fiscal y con el estatuto del personal de los Centros, permitiendo superar los problemas que hasta la fecha ha ocasionado en estas cuestiones la ausencia de regulación.

El Protocolo, que está constituido por un preámbulo y tres artículos, formará parte integrante del Acuerdo sobre establecimiento de Centros Culturales. En cuanto a su contenido, acuerda la exención de impuestos aduaneros para la importación de determinados artículos de uso común de los Centros Culturales, la posibilidad de importación provisional de artículos para su uso en exposiciones, representaciones y conciertos, y la posibilidad de que los Centros puedan percibir cantidades por actividades y objetos, con la correspondiente exención de impuestos.

Asimismo, recoge una serie de disposiciones que facilitarán la labor del personal de dichos Centros Culturales.


Justicia

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA HACIA LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y DEL FRANQUISMO

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del informe presentado por la ministra de Justicia sobre el Acuerdo por el que se autoriza a la Dirección General para la Memoria Histórica la realización de una campaña de sensibilización para hacer partícipes a los ciudadanos de la necesidad de reparación a las víctimas del franquismo durante la Guerra Civil y la Dictadura, en línea con las recomendaciones realizadas a nuestro país por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su informe de julio de 2014.


Defensa

REAL DECRETO POR EL QUE SE DESARROLLA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

La norma aprobada presenta como principales novedades:

  • La adscripción del Centro Nacional de Inteligencia al Ministerio de Defensa a través del titular del Departamento sin que ello suponga la modificación de su régimen jurídico, que es el recogido en la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.

Además, se prevé que todos los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, de acuerdo con la Ley 11/2002, de 6 de mayo, prestarán los apoyos necesarios a este organismo público para que disponga de las coberturas que resulten precisas y adecuadas para el cumplimiento de sus objetivos en el ejercicio de las funciones previstas en dicha ley.

  • La Unidad Militar de Emergencias (UME) pasa a depender del titular del Ministerio de Defensa.

No obstante, como parte integrante de las Fuerzas Armadas, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa ejercerá sobre la UME las competencias que, con arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, le atribuye en los supuestos de conducción de operaciones militares que contribuyan a la seguridad y defensa de España y de sus aliados.

  • La Subsecretaría de Defensa asume nuevas competencias, destacando la planificación y gestión económica derivadas de las políticas de personal, de reclutamiento, de enseñanza y sanitaria, la política cultural del Departamento y las funciones en materia de protección de datos.

En la Dirección General de Personal, perteneciente a la Subsecretaria de Defensa, se incrementan las funciones de la actual División del Servicio de Apoyo al Personal, que pasa a denominarse División de Igualdad y Apoyo al Personal, dirigiendo su actuación y recursos hacia apoyos personalizados y que sean prestados en su entorno cercano y de manera continuada, y a realizar un análisis e identificación de las condiciones de aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres dentro de las Fuerzas Armadas.


Por último, se modifica el Real Decreto 47/2004, de 19 de enero, por el que se establece la composición y competencias de los Consejos Superiores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y de las Juntas Superiores de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, incluyendo nuevos vocales en la Junta Superior del Cuerpo Jurídico Militar.


Política Territorial y Función Pública

DESISTIMIENTO DE DOS RECURSOS CONTRA NORMAS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EN MATERIA DE VIVIENDAS VACÍAS

El Consejo de Ministros ha aprobado dos Acuerdos sobre desistimiento parcial ante el Tribunal Constitucional de dos recursos interpuestos por el anterior Gobierno contra artículos de normas de Aragón en materia de viviendas vacías.

En concreto, se retira el recurso contra el artículo que prevé la cesión obligatoria de uso de viviendas vacías pertenecientes a bancos y grandes corporaciones, tanto en el Decreto-ley 3/2015, como en la posterior Ley 10/2016 sobre la misma materia, ya que el alto tribunal ha establecido que se trata de una medida plenamente constitucional, siempre y cuando se acuerde un justiprecio con el propietario de la vivienda.

Existen varias sentencias del Tribunal Constitucional en este sentido, la última es de este mismo año, sentencia 16/2018, de 22 de febrero, estableciendo la constitucionalidad de la expropiación de viviendas vacías en la medida en que «lo relevante en este contexto competencial es que al expropiado le asiste, como garantía constitucional, el derecho a recibir necesariamente una indemnización y a que esta represente un proporcional equilibrio respecto del valor económico del bien de cuya propiedad se le priva".

El Gobierno de Aragón, por otro lado, ha asumido esta misma semana, en la reunión de la Comisión Bilateral Aragón-Estado del 19 de noviembre, el compromiso de elaborar la concreción normativa de las condiciones económicas de la cesión prevista en la norma autonómica en cuestión y ajustarla a la normativa vigente.

La doctrina constitucional sobre expropiación de viviendas vacías y el compromiso del Gobierno autonómico justifican el desistimiento de los recursos interpuestos en su día contra el Decreto-ley y contra la posterior Ley.


Política Territorial y Función Pública

AUTORIZACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE ALCARACEJOS (CÓRDOBA) A CELEBRAR UNA CONSULTA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza al Ayuntamiento de Alcaracejos (Córdoba) a celebrar una consulta popular relativa al traslado del lugar de celebración de la feria y las fiestas de julio.

La solicitud reúne los requisitos formales y de fondo exigidos por el artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, al no trascender del ámbito municipal ni incidir en intereses supramunicipales, por tanto, procede que el Gobierno otorgue autorización para celebrar la consulta solicitada.


Fomento

EL GOBIERNO CEDE AL PRINCIPADO DE ASTURIAS LA TITULARIDAD DEL PUENTE EMILIO LLAMEDO OLIVERA

El Gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros y conforme al Acuerdo de cesión firmado entre ambas Administraciones, cede al Principado de Asturias, a través de Real Decreto, la titularidad del puente Emilio Llamedo Olivera, situado sobre el río Sella en la carretera N-634, en el término municipal de Arriondas, que hasta ahora tenía la consideración de Red de Carreteras del Estado.

El Principado de Asturias solicitó al Ministerio de Fomento la titularidad del tramo de la N-634 comprendido entre el comienzo de la travesía de Arriondas y la conexión con los ramales del enlace de la N-634 "San Sebastián-Santiago de Compostela" con la N-625 "León a Santander, por Cangas de Onís". Se trata de un tramo de gran interés tanto para el Principado como para el Ayuntamiento de Arriondas, pues es el punto de partida del Descenso Internacional del Sella.

Una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, al amparo de las condiciones establecidas en la Ley 37/2015 de Carreteras, el Ministerio de Fomento ha considerado procedente acceder a lo solicitado.

El tramo a ceder tiene una longitud de 97 m, y no sirve a las funciones propias de la Red de Carreteras del Estado. El cambio de titularidad no conlleva transferencia de capital alguno, ni genera obligaciones económicas o gasto para la Administración General del Estado.


Tramo a ceder


Para la Transición Ecológica

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD NUCLEAR EN INSTALACIONES NUCLEARES
  • Traspone a nuestro ordenamiento la Directiva 2014/87/Euratom que establece como objetivo la prevención de accidentes en todas las etapas del ciclo de vida de una instalación nuclear.
  • Aunque nuestro marco normativo ya incorpora, en gran medida, los requisitos exigidos por esta Directiva, no contaba con una norma específica de carácter reglamentario sobre la seguridad nuclear en instalaciones nucleares.
  • La responsabilidad primordial en materia de seguridad nuclear recae sobre el titular de la autorización e incluye el control de las actividades de los contratistas y subcontratistas que puedan afectar a la seguridad de las instalaciones nucleares.

Su objetivo es garantizar un alto nivel de seguridad nuclear para proteger a los trabajadores y al público contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes procedentes de instalaciones nucleares.

Las disposiciones recogidas en este Reglamento son de aplicación a las centrales y reactores nucleares, a instalaciones de fabricación o enriquecimiento de combustible nuclear, reprocesamiento de combustible gastado, instalaciones de almacenamiento temporal de combustible nuclear gastado o residuos radioactivos de alta actividad.

Los requisitos generales para el emplazamiento, diseño, construcción, puesta en servicio, explotación y desmantelamiento de las instalaciones deben tener como objetivos:

  • La prevención de accidentes y, en el caso de que se produzcan, la atenuación de sus consecuencias.
  • Evitar las emisiones radioactivas que requieran medidas de emergencia fuera del emplazamiento y las grandes emisiones radiactivas que requieran medidas de protección a la población.

Se trata de objetivos trasversales que inciden en todas las etapas de vida de una instalación nuclear: desde la concepción y diseño del proyecto, la construcción, la puesta en marcha, la implantación de los sistemas de gestión, la explotación y el desmantelamiento.


Para la Transición Ecológica

ACTUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL VASO DEL EMBALSE DE MONTEARAGÓN EN LOPORZANO (HUESCA)

La presa de Montearagón se encuentra en fase de puesta en carga habiéndose llegado a la cota 554, máxima permitida según el plan aprobado por la Dirección General del Agua, hasta que se resuelva la inestabilidad del deslizamiento I-13, para así evitar la inundación de la parte más baja del mismo.

Dado que el embalse debe completar su llenado en las debidas condiciones de seguridad, como paso previo a su puesta en servicio, se debe estabilizar de manera previa el deslizamiento I-13, para lo cual se licitaron las obras contenidas en el "Proyecto de drenaje para estabilización del deslizamiento I-13 en el vaso del embalse de la presa de Montearagón", actualmente en fase de ejecución. Estas obras consisten en captar las aguas superficiales e infiltradas para, mediante varias obras de drenaje, evacuarlas fuera de la zona deslizada.

Una vez realizada la bajante general que evacuará las aguas drenadas, se procedió al inicio de la excavación de las zanjas para los drenes, mediante apertura de zanja de no más de 21 m de longitud y colocación de los módulos de entibación, según lo proyectado. No habiendo transcurrido más de doce horas y cuando se procedía por parte de dos operarios a realizar labores de rasanteo en zanja, se produjo un fuerte empuje del terreno de tal magnitud que hizo ceder los paneles de entibación, rompiendo bulones y doblando codales, debiendo abandonar de forma apresurada los trabajadores el fondo de la zanja por la inseguridad e incertidumbre de si podía proseguir el empuje.

Al inspeccionarse el talud, de 15 m de altura, se observó la formación de varias grietas en su cabeza y la surgencia de agua en varias zonas, lo que denotaba el alto grado de saturación del terreno. Por ello, se dio orden de paralizar el tajo hasta actuar en la zona movida para dar estabilidad al terreno y total seguridad a los trabajadores que tienen que realizar las diferentes tareas para las entibaciones y ejecución de los drenajes.

Además las lluvias caídas en la semana del 14 y 15 de octubre, que según la AEMET rondaron los 100 l/m2, aconsejaron actuar de manera rápida, pues incidía de manera negativa sobre el terreno ya movido.

Las actuaciones a realizar, exclusivamente en la zona afectada, necesarias para asegurar la ejecución de los citados drenes, consisten en la retirada de todo el material movido, procediendo a la excavación del resto del talud afectado por la saturación de agua, al aumento de su tendido, realizando las bermas necesarias, y al retranqueo del pie del mismo, aportando finalmente a éste un manto de escollera.

El movimiento producido y la situación de saturación de agua en los terrenos impiden la ejecución de la obra, siendo necesario acometer una actuación de emergencia para, tras ello, permitir la continuación de la obra en las debidas garantías de seguridad de los trabajadores, por la grave situación ocasionada por dicho movimiento y la clara inseguridad manifiesta, se tuvo que tomar la decisión de suspender las obras.

Esto conllevó la declaración, mediante Resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de 25 de octubre de 2018, de unas obras de emergencia para la retirada de todo el material movido, pues la actual situación que persiste, supone un grave peligro y debe solventarse de manera inmediata.

Además, esta época del año hace prever una muy probable situación de mayor riesgo por las intensas lluvias que se vienen produciendo en la zona, debiendo acometerse de manera inmediata los siguientes trabajos:

  • Retirada del material movido en terreno saturado del talud afectado.
  • Excavación en desmonte de todo el material del resto del talud afectado.
  • Canalización de las aguas superficiales de la zona para evacuarlas fuera de la zona de trabajo, mediante la colocación de una tubería estanca de PVC de diámetro 315 mm.
  • Transporte de todo el material que finalmente se excave a zona adecuada o vertedero.
  • Colocación de un manto de escollera en el pie del talud afectado.
  • Reperfilado y compactación de las plataformas de trabajo con aporte de material o retirada, según proceda.
  • Formación de cuneta revestida con hormigón, incluyendo todas las operaciones, en aquellas zonas de la berma donde se estime necesaria.

El importe de las obras de emergencia, cuya duración prevista es de dos meses y que incluyen la necesaria asistencia técnica a la dirección de obra en materia de geotecnia, se ha presupuestado en 362.250,00 euros, habiéndose retenido para ello el correspondiente crédito con cargo a la aplicación presupuestaria 23.104.452A.610.


Para la Transición Ecológica

CONTRIBUCIÓN INTERNACIONAL AL CONVENIO DE AARHUS SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA TOMA DE DECISIONES Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES

El Convenio de Aarhus es un tratado internacional que vincula los derechos ambientales con los derechos humanos, que no se limita a regular relaciones entre países, sino que reconoce derechos a las personas y establece una regulación procedimental de las relaciones entre aquéllas y los Estados. Constituye la base para el ejercicio de estos tres derechos, no estableciendo un techo a su reconocimiento y ejercicio:

  • a que las autoridades recojan activamente y difundan determinada información sobre el medio ambiente en poder de las administraciones públicas.
  • participar en la toma de decisiones que puedan tener un efecto importante sobre el medio ambiente (preparación de planes, programas, políticas y leyes relativas al medio ambiente).
  • reclamar a la justicia una respuesta inadecuada a una solicitud de información; la legalidad de una decisión, o las acciones que vulneren la legislación nacional sobre el medio ambiente.

El Convenio fue adoptado en la Conferencia Ministerial de Aarhus, Dinamarca, el 25 de junio de 1998, y supuso un paso muy importante hacia la democracia ambiental.

Ratificado por la Comunidad Europea, (Decisión del Consejo de 17 de febrero de 2005), por más de 40 países y por España (Instrumento de ratificación de 15 de diciembre de 2004), este Convenio se encuentra ahora mismo en fase de expansión a otros países del ámbito no europeo, habiendo manifestado interés por el procedimiento de adhesión algunos estados africanos y latinoamericanos.

La participación de nuestro país en el Convenio garantiza a los ciudadanos españoles el derecho a acceder a la información ambiental que las autoridades públicas poseen, participar en la toma de decisiones ambientales y acudir a la justicia para reclamar por su cumplimiento.

La modalidad de contribución voluntaria ha permitido que España haya adaptado sus aportaciones a los Presupuestos Generales del Estado en el marco de la situación económica vivida en los últimos años. Debe señalarse que, en el caso de que se adoptase la modalidad de pago obligatorio, de acuerdo con la escala de contribuciones de Naciones Unidas, a España le correspondería algo más de 7% del presupuesto total del Convenio, lo que supone un total de casi 49.000 euros anuales.

Por ello, y con el fin de mantener la aportación de nuestro país al Convenio, se propone aportar 5.000 euros en el año 2018 con el fin de que la Secretaría del Convenio no fuerce la aplicación de la modalidad de pago obligatorio. (Idénticas contribuciones se financiaron en los ejercicios 2017 y 2018).


Para la Transición Ecológica

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA AL FONDO DE ACTIVIDADES SUPLEMENTARIAS DE LA CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

El principal instrumento a nivel internacional para abordar la lucha contra el cambio climático es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y su último Acuerdo de París. CMNUCC fue adoptada en el año 1992 (entró en vigor en 1994), y ha sido ratificada por 197 partes, incluida España, convirtiéndose en el referente prototipo en la lucha contra el citado cambio climático, por lo que tiene como objetivo último la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

El Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015, entró en vigor en noviembre de 2016 y hasta la fecha ha sido ratificado por 134 países (España lo ratificó en febrero de 2017). Tras la Cumbre de París se creó el Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París (APA), como órgano subsidiario adicional para el desarrollo de todos los elementos del Acuerdo.

Las actividades encomendadas a la Secretaría de la CMNUCC como resultado de las negociaciones se financian a través de contribuciones obligatorias y contribuciones voluntarias.

Las contribuciones voluntarias se realizan a través de dos fondos:

  • Fondo de Actividades Suplementarias, destinado a numerosas actividades relacionadas con los resultados de la negociación, desde preparación, compilación y revisión de informes y documentos, organización de reuniones de expertos y seminarios así como actividades de capacitación, en particular enfocadas a países en desarrollo.
  • El Fondo de Participación destinado a financiar los gastos correspondientes a la participación de delegados de países en desarrollo en las reuniones de la Conferencia de las Partes y de los Órganos Subsidiarios.

Tras la adopción del Acuerdo de París, y con el fin de poder desarrollar todos sus elementos, el Secretariado de la CMNUCC tiene que reforzar el trabajo en varias áreas y actividades que son financiadas a través de contribuciones voluntarias.

Realizar aportaciones voluntarias al Secretariado de la CMNUCC permitirá a España cumplir con sus compromisos internacionales en materia de apoyo financiero a países en desarrollo en su lucha contra el cambio climático.

La Decisión de la 23 Conferencia de las Partes de la CMNUCC sobre la aprobación del presupuesto para el bienio 2018-2020, incluye las necesidades financieras del fondo de actividades suplementarias. En consecuencia, el importe de esta contribución voluntaria para el ejercicio de 2018 es de 200.000 euros.


Para la Transición Ecológica

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA A LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) PARA ACTIVIDADES DE LA RED IBEROAMERICANA DE OFICINAS DE CAMBIO CLIMÁTICO (RIOCC)

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para actividades de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC), por un importe de 200.000 euros.

La Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) tiene como objetivo participar en representación del Ministerio en los organismos internacionales y asumir el seguimiento de los convenios internacionales en las materias de su competencia y, en particular, ejercer como punto focal nacional ante la CMNUCC (Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático) y su Acuerdo de París y ante el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático; promoviendo actuaciones de cooperación con países en desarrollo en materia de cambio climático, como parte del compromiso asumido como país anexo I de la CMNUCC.

Entre estas actuaciones de cooperación se destacan las desarrolladas en el marco de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC), en la que la OECC ejerce las labores de secretariado desde su creación en 2004 por mandato del Foro Iberoamericano de Ministros de Medio Ambiente.

La RIOCCC es una red de cooperación regional que integra las oficinas nacionales de cambio climático de 22 países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, y persigue, entre otros objetivos: la generación, uso e intercambio de información y conocimiento en materia de cambio climático, el fortalecimiento de capacidades y el desarrollo y transferencia de tecnologías en el ámbito de la mitigación y de la adaptación al cambio climático.

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), una de las cinco comisiones económicas regionales establecidas por las Naciones Unidas en Europa, África, Asia y el Pacífico, Asia Occidental (Medio Oriente) y América Latina y el Caribe, tiene como objetivo contribuir al desarrollo económico y social de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Así, a través de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, la CEPAL desarrolla actividades para promover una actividad económica más inclusiva y de menor huella ambiental en los países de América Latina y el Caribe, incluyendo en el ámbito de la lucha contra el cambio climático. Entre otras acciones, la CEPAL lleva a cabo estudios, actividades de investigación, organización de reuniones intergubernamentales y actividades de capacitación y fortalecimiento institucional.

La CEPAL y la OECC poseen, por tanto, objetivos e intereses comunes respecto al apoyo a los países de América Latina y el Caribe en diferentes áreas vinculadas al cambio climático. Esta coincidencia de intereses se ha visto reflejada en una colaboración en los últimos años, con contribuciones voluntarias de España a CEPAL para el apoyo a actividades de la RIOCC.


Para la Transición Ecológica

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA AL PARTENARIADO INTERNACIONAL DE ACCIÓN DE CARBONO, POR UN IMPORTE DE 50.000 EUROS

El Gobierno ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria al Partenariado Internacional de Acción de Carbono, por un importe de 50.000 euros.

El Partenariado Internacional de Acción de Carbono (International Carbon Action Partnership -ICAP-) es un foro internacional compuesto por gobiernos y autoridades públicas que han implementado, o prevén implementar, sistemas obligatorios de comercio de derechos de emisión para regular las emisiones de gases de efecto invernadero en el ámbito territorial que les compete.

Para que una jurisdicción pueda optar a ser miembro es preciso que el sistema obligatorio de comercio esté ya implantado o en proceso de implantarse. Sin embargo, cualquier jurisdicción con un interés en los mercados de carbono puede solicitar ser observador.

Creado en octubre de 2007, en una ceremonia celebrada en Lisboa con la presencia de representantes de 15 gobiernos nacionales (entre ellos el de España, uno de los miembros fundadores) y subnacionales, ICAP actualmente cuenta con 31 miembros y 4 observadores de jurisdicciones nacionales, subnacionales y supranacionales de 4 continentes.

En este foro los miembros comparten conocimiento y experiencias, y tienen la oportunidad de dialogar acerca de los distintos elementos que conforman el diseño de un régimen de este tipo, tratando de identificar, en una fase temprana, aquellas cuestiones que podrían suponer problemas de compatibilidad entre los mercados. ICAP funciona a través de programas de trabajo que se establecen para un periodo de dos años. Para cada actividad recogida en el programa de trabajo se estima un presupuesto asociado. Transcurrido un año desde el inicio de la aplicación del programa se valora la introducción de modificaciones. Los gastos de funcionamiento del secretariado de ICAP se han estimado en unos 650.000 euros/año.

La financiación de ICAP se realiza a través de contribuciones voluntarias, que pueden tomar distinta forma: a un fondo conjunto para cubrir, en general, las actividades de ICAP, o dirigidas a productos o líneas de trabajo concretas. Por ejemplo, la Comisión Europea en los últimos años ha realizado aportaciones (de unos 400.000 euros/año) para la organización de cursos de capacitación.

España considera necesario mantener esta contribución voluntaria con el fin de contribuir a que el ICAP pueda continuar su labor de diseminación, en español, de conocimientos sobre mercados de carbono, a través de boletines, su página Web, y seminarios dirigidos al área de América Latina. Además, las actividades de formación dirigidas a países en desarrollo y emergentes computarían frente a nuestras obligaciones en materia de financiación climática.

Los mercados de carbono tienen ya un papel fundamental en la cartera de medidas de lucha contra el cambio climático. Todo ello hace que se considere de gran interés el trabajo que se realiza en ICAP.

El importe de esta contribución para el presente ejercicio será de 50.000 euros.


Para la Transición Ecológica

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA AL ACUERDO SOBRE LA CONSERVACIÓN DE CETÁCEOS EN EL MAR NEGRO, EL MAR MEDITERRÁNEO Y LA ZONA ATLÁNTICA CONTIGUA

El Gobierno ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria al Acuerdo sobre la Conservación de Cetáceos en el mar Negro, el mar Mediterráneo y la zona Atlántica contigua, por un importe de 18.000,00 euros.

El 24 de noviembre de 1996 España firmó en Mónaco el Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del mar Negro, el mar Mediterráneo y la zona Atlántica contigua (ACCOBAMS). Dicho Acuerdo fue ratificado el 7 de enero de 1999, y entró en vigor en España el 1 de junio de 2001.

Este acuerdo persigue adoptar medidas coordinadas para conseguir y mantener un estado de conservación favorable para los cetáceos. A tal fin, las Partes prohibirán y adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar, cuando no se haya hecho ya, cualquier captura deliberada de cetáceos, y cooperarán para crear y mantener una red de zonas especialmente protegidas para la conservación de los cetáceos.

En noviembre de 2001, en la XII Reunión Ordinaria de las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona, se aprobó el ofrecimiento de España relativo a la creación y mantenimiento en Valencia de una Base de Datos de varamientos de cetáceos del Mediterráneo (MEDACES), dentro del Protocolo "SPA Biodiversidad".

El Centro de Actividad Regional de Áreas Especialmente Protegidas (RAC / SPA) es el depositario de la base de datos, cuya gestión está encomendada al Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE) de la Universidad de Valencia, con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica.

La base de datos mediterránea de cetáceos se ha ampliado para abarcar regiones adyacentes al mar Mediterráneo (el mar Negro y las aguas contiguas del océano Atlántico), tal como se definen en ACCOBAMS. Esto se hizo a través de la Resolución ACCOBAMS. 1.10, relativa a la cooperación entre las redes nacionales de varamiento de cetáceos y la creación de una base de datos.

En 2015 el Punto Focal español informó a la Secretaría de ACCOBAMS de que el presupuesto total actual para la actualización y mantenimiento de MEDACES es de 27.000 euros al año, y de que España tenía la intención de aportar 18.000 euros al año para el periodo 2016-2019. Por tanto, España solicitaba a ACCOBAMS o a ACCOBAMS y RAC-SPA que apoyasen con 9.000 euros al año el mantenimiento de MEDACES para el período 2016-2019.

De acuerdo con el documento ACCOBAMS-MOP6/2016/Inf27 tratado en la sexta reunión de las Partes de ACCOBAMS, que tuvo lugar del 22 al 25 de noviembre de 2016 en Mónaco, España manifestó su voluntad de contribuir al mantenimiento de la Base de Datos de varamientos del Mediterráneo (MEDACES) con una aportación de 18.000 euros durante los siguientes tres años: 2017, 2018 y 2019.

Por tanto, este es el importe de la contribución correspondiente al ejercicio de 2018 destinado al mantenimiento de la base de datos de varamientos del Mediterráneo.


Para la Transición Ecológica

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA AL SECRETARIADO DE LA ESTRATEGIA DEL AGUA EN EL MEDITERRÁNEO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria al Secretariado de la Estrategia del Agua en el Mediterráneo, por un importe de 50.000 euros.

Con la denominación de Asociación Red Mediterránea de Organismos de Cuenca (REMOC), se constituye una entidad con capacidad jurídica y plena capacidad de obrar que carece de ánimo de lucro. Surge en base y desarrollo de lo establecido en el art. 11 de los Estatutos de la Red Internacional de Organismos de Cuenca -RIOC-, con sede en París y de la que forman parte los miembros de la REMOC. En consecuencia, la Asociación tiene carácter de Red Regional de Organismos de Cuencas Hidrográficas, en el marco de la RIOC.

REMOC tiene por objetivo promover la gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca hidrográfica, como un útil esencial del desarrollo sostenible.

Por otra parte, la Estrategia del Agua para el Mediterráneo Occidental es una iniciativa liderada conjuntamente por España y Argelia que trata de promover un uso sostenible del agua y contribuir a respetar el derecho humano de acceso al agua y al saneamiento. Por parte de España coordina el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y ha contado con la colaboración activa del Ministerio para la Transición Ecológica en todo el desarrollo de la misma. Por parte de Argelia también está coordinada por su Ministerio de Asuntos Exteriores, en colaboración con el Ministerio de Recursos Hídricos.

Dicha Estrategia surgió dentro del Diálogo 5+5 (cuyo punto focal en España es el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación), foro de cooperación reforzada entre Portugal, España, Francia, Italia y Malta, por la parte europea, y Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, por la parte sur del mediterráneo.

Además de los países 5+5 y la Comisión Europea, participan en esta iniciativa otros organismos regionales del Mediterráneo como socios invitados (Unión para el Mediterráneo y la Unión Árabe del Magreb), además de otros organismos que actúan como observadores: Instituto Mediterráneo del Agua (IME), Global Water Partership (GWP), OCDE, Plan Bleu, Sistema Euromediterráneo de Información del Agua (SEMIDE), etc.

En virtud de su capacidad y experiencia, REMOC es la entidad que fue elegida como Secretaría de la Estrategia del Agua para el Mediterráneo Occidental y trabaja para el plan de acción de cara a su definición, implementación y seguimiento; todo ello, bajo la presidencia de España en el periodo 2017-2018, acordada en la Conferencia Ministerial de Marrakech 2016.

El importe de esta contribución voluntaria es de 50.000 euros.

Cultura y Deporte

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA A LA EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) al pago de la contribución anual voluntaria a la European Union Youth Orchestra por importe de 22.500 libras esterlinas.

La Joven Orquesta de la Unión Europea (EUYO) es una asociación sin ánimo de lucro con sede en Reino Unido que está financiada tanto por la Unión Europea como por los Estados miembros de la Unión.

En la EUYO coinciden músicos jóvenes con talento procedentes de la Unión Europea junto con profesores reconocidos internacionalmente para conformar una orquesta renombrada a escala internacional. Sus 140 músicos, con edades de 14 a 24 años, son seleccionados mediante rigurosas audiciones de entre más de 4.000 aspirantes. La EUYO celebra dos giras anuales, una de primavera y otra de verano, en las que participan todos los músicos seleccionados.

El INAEM organiza cada año las audiciones para la selección de los instrumentistas españoles que van a participar en esta orquesta. España está situada en los primeros puestos en cuanto al número de instrumentistas admitidos en la orquesta.


Economía y Empresa

AUTORIZACIÓN DE CONTRIBUCIONES FINANCIERAS

El Consejo de Ministros ha autorizado contribuciones financieras de España para la reposición extraordinaria de recursos de la Asociación Internacional de Fomento para la Iniciativa de Condonación de la Deuda Multilateral y al Fondo Español en el Banco Mundial para América Latina y Caribe, por importes de 14.000.000 euros y de 7.000.000 euros, respectivamente.


BIOGRAFÍAS

Educación y Formación Profesional

Presidente del Consejo Escolar del Estado.-

D. ENRIQUE ÁNGEL ROCA COBO.

Enrique Roca Cobo (Madrid, 1947), es ingeniero técnico en Topografía, así como licenciado en Geografía e Historia. Ha ejercido como profesor en la UNED (1976), y pertenece al Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato (1978). Ha sido director de Instituto de Educación Secundaria durante varios años, director del Centro de Investigación y Documentación Educativa, asesor de la Secretaría General de Educación, donde coordinó la elaboración de la Ley Orgánica de Educación, director del Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación, representante en el Comité de Política Educativa de OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), y en el Consejo de Gobierno de PISA ("Programme for International Student Assessment") de OCDE, miembro del Grupo Permanente de Indicadores de la Unión Europea, así como consultor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Ha publicado numerosos trabajos sobre historia, evaluación e indicadores educativos, entre los que destacan "El abandono temprano de la educación y la formación en España", "La educación española desde 2004", "¿Qué pueden esperar los profesores de la evaluación diagnóstica?", "Indicadores internacionales: OCDE y Unión Europea", y La evaluación diagnóstica de las competencias básicas.

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