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Referencia del Consejo de Ministros

Madrid, viernes 25 de agosto de 2017

SUMARIO

Presidencia y para las Administraciones Territoriales

  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para el control de la incapacidad temporal, y se ratifica su autorización provisional.
  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y la Comunidad Autónoma de Aragón para el control de la incapacidad temporal, y se ratifica su autorización provisional.
  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para el control de la incapacidad temporal, y se ratifica su autorización provisional.
  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el control de la incapacidad temporal, y se ratifica su autorización provisional.
  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y la Comunidad Autónoma de Canarias para el control de la incapacidad temporal, y se ratifica su autorización provisional.
  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y la Comunidad Autónoma de Cantabria para el control de la incapacidad temporal, y se ratifica su autorización provisional.
  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y la Comunidad de Castilla y León para el control de la incapacidad temporal, y se ratifica su autorización provisional.
  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el control de la incapacidad temporal, y se ratifica su autorización provisional.
  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y la Comunidad Autónoma de Cataluña para el control de la incapacidad temporal, y se ratifica su autorización provisional.
  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y la Comunidad Autónoma de Extremadura para el control de la incapacidad temporal, y se ratifica su autorización provisional.
  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y la Comunidad Autónoma de Galicia para el control de la incapacidad temporal, y se ratifica su autorización provisional.
  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y la Comunidad de Madrid para el control de la incapacidad temporal, y se ratifica su autorización provisional.
  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el control de la incapacidad temporal, y se ratifica su autorización provisional.
  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y la Comunitat Valenciana para el control de la incapacidad temporal, y se ratifica su autorización provisional.
  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y la Comunidad Autónoma de La Rioja para el control de la incapacidad temporal, y se ratifica su autorización provisional.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

  • ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo de Seguridad entre el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, el Reino de los Países Bajos y la República Portuguesa relativo a la protección de información clasificada de la Fuerza de Gendarmería Europea, y su ratificación.
  • ACUERDO por el que se toma conocimiento de la denuncia del Convenio entre la República de Paraguay y el Estado Español para el Establecimiento en el Paraguay de un Depósito Franco para mercancías españolas y de una Zona Franca para mercancías y materias primas paraguayas y/o españolas, y se dispone su remisión a las Cortes Generales.
  • ACUERDO por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas a los Anexos 2, 6 y 7 del Convenio Aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los Cuadernos TIR.

Justicia

  • ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Justicia el gasto para la celebración de un contrato basado en el Acuerdo Marco 13/2013 para el suministro de equipamiento para los Centros de Proceso de Datos de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, por un valor estimado de 29.797.244,15 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Justicia la celebración de un contrato de servicios de operación de las aplicaciones y servicios de la Administración de Justicia y de las infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones asociadas a las mismas, por un valor estimado de 15.804.866,09 euros.
  • ACUERDO por el que se formalizan los criterios de reparto y la distribución resultante del crédito de 6.000.000 de euros del Programa de Reforma de la Administración de Justicia, incluido en los presupuestos del Ministerio de Justicia para 2017.

Hacienda y Función Pública

  • ACUERDO por el que se autoriza la contratación, mediante procedimiento abierto, de los servicios de desarrollo y mantenimiento de los sistemas y aplicaciones de administración electrónica del Departamento de Informática Tributaria, con destino a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, durante los años 2017, 2018 y 2019.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para el suministro de vehículos turismo, por un valor estimado de 133.029.600 euros.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites y el número de anualidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la convocatoria de ayudas y becas para la formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado.

Fomento

  • ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación nº 2 de las obras de emergencia del túnel de Albertia del Proyecto de Construcción de Plataforma Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Legutiano-Eskoriatza (Subtramo II), por importe de 929.778,74 euros.

Empleo y Seguridad Social

  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ciudades de Ceuta y Melilla) para el control de la incapacidad temporal.

Economía, Industria y Competitividad

  • ACUERDO por el que se autoriza a la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria correspondiente al año 2017 -tramitación anticipada- para la concesión de las acreditaciones y ayudas públicas de centros de excelencia «Severo Ochoa» y de unidades de excelencia «María de Maeztu» del subprograma estatal de fortalecimiento institucional, en el marco del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, por importe de 40.000.000 de euros.

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores y de Cooperación

  • REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la Antigua República Yugoslava de Macedonia a D.EMILIO LORENZO SERRA.
  • REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República Federal de Nigeria a D. MARCELINO CABANAS ANSORENA.
  • REAL DECRETO por el que se designa embajadora de España en la República de Ghana a DªALICIA RICO PÉREZ DEL PULGAR.
  • REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en Barbados, con residencia en Puerto España, a D. JAVIER CARBAJOSA SÁNCHEZ.
  • REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Madagascar, con residencia en Pretoria, a D. CARLOS ENRIQUE FERNÁNDEZ-ARIAS MINUESA.
  • REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en el Principado de Mónaco, con residencia en París, a D. FERNANDO CARDERERA SOLER.
  • REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la Unión de Myanmar, con residencia en Bangkok, a D. EMILIO DE MIGUEL CALABIA.
  • REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en el Reino de Camboya, con residencia en Bangkok, a D. EMILIO DE MIGUEL CALABIA.
  • REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República Federal de Somalia, con residencia en Nairobi, a D. JAVIER GARCÍA DE VIEDMA BERNALDO DE QUIRÓS.

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente


AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Empleo y Seguridad Social

APROBADOS LOS CONVENIOS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA EL CONTROL DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL EN EL PERÍODO 2017-2020
  • También se da luz verde a los créditos para la financiación de los convenios de colaboración en materia de bajas laborales
  • Se aumentan los recursos destinados, tanto al programa de actividades para mejorar la calidad de la prestación, como a los objetivos de racionalización del gasto

El Consejo de Ministros ha aprobado los convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas -todas, excepto País Vasco y Navarra-, y el INGESA para el control de la incapacidad temporal en el período 2017-2020. Asimismo, se fijan los créditos destinados a financiar dichos acuerdos.

Los dieciséis convenios a los que el Ejecutivo ha dado hoy luz verde persiguen mejorar la colaboración y coordinación entre los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas y las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social para el control eficaz de esta prestación sin generar molestias innecesarias a los trabajadores.

Todos los acuerdos contemplan dos apartados: un programa de actividades para modernizar la prestación de Incapacidad Temporal, al que se supedita el 60 por 100 del crédito, y unos objetivos de racionalización del gasto para cada año, para los que se reserva el 40 por 100 restante.

Novedades

Los convenios autorizados, que cubren, como se ha citado, el período temporal hasta 2020, incorporan algunas novedades relativas a la distribución de los créditos para la financiación de la mejora de la gestión y del control de los procesos de Incapacidad Temporal. Son los siguientes:

  • Se aumenta del 20 por 100 al 22 por 100 el porcentaje de crédito destinado a la transmisión telemática de partes médicos de baja, confirmación y alta. La correcta cumplimentación de los partes es clave para que el traslado de la información gane en agilidad y calidad.
  • Se incrementa la formación de los médicos de atención primaria para que conozcan las circunstancias que atañen a la Incapacidad Temporal como prestación en la que participan los Servicios Públicos de Salud.
  • Se intensifica el acceso telemático a las historias clínicas de atención primaria. La información de los servicios Públicos de Salud es básica para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social pueda conocer las dolencias de los trabajadores y valorar la recuperación o incapacidad de estos. Además, se avanza en la equiparación en el acceso al historial en atención especializada.
  • Se incrementa la asignación de crédito a la gestión de las propuestas de alta que envían las mutuas colaboradoras a los Servicios Públicos de Salud con la finalidad de que estos se impliquen en esas valoraciones, y al objetivo de racionalización del gasto. En ambos casos, la meta es asegurar que el gasto del Sistema se destina a su objetivo primordial que es proteger adecuadamente a los trabajadores que se encuentran incapacitados para el trabajo.

Distribución del crédito

Los Acuerdos alcanzados hoy por el Consejo de Ministros posibilitan la suscripción de los convenios entre la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas y el INGESA para financiar, como se ha mencionado, el elenco de medidas dirigidas a mejorar la gestión y el control del gasto en Incapacidad Temporal (bajas laborales).

Las autorizaciones contemplan un importe máximo de gasto para todo el período (2017-2020) de 1.259,17 millones de euros (no tiene en cuenta a INGESA y La Rioja porque su nivel de gasto no requiere aprobación por parte del Consejo de Ministros). Del crédito global reservado para estos cuatro años, que, incluyendo al INGESA y La Rioja asciende a 1.271,66 millones de euros, casi 318 millones de euros (317.914.500,6) corresponden al ejercicio 2017.

La distribución inicial del crédito para 2017 se desglosa en el siguiente cuadro; no obstante, la cantidad asignada finalmente a cada Comunidades Autónomas (excepto País Vasco y Navarra) e INGESA depende del porcentaje de cumplimiento de objetivos del año anterior:


COMUNIDADES AUTÓNOMAS IMPORTE (en euros)
ANDALUCÍA 54.530.560,68
ARAGÓN 10.093.351,61
ASTURIAS 6.867.511,40
ILLES BALEARS 8.845.858,72
CANARIAS 14.191.806,81
CANTABRIA 4.003.948,16
CASTILLA Y LEÓN 16.793.900,58
CASTILLA- LA MANCHA 12.402.473,57
CATALUÑA (*) 60.374.245,84
EXTREMADURA 7.125.830,63
GALICIA 18.454.074,20
COM. MADRID 55.538.635,75
MURCIA 9.923.238,95
LA RIOJA 2.302.821,48
COM.  VALENCIANA 32.756.139,23
INGESA 819.060,99
TOTAL (sin Navarra y País Vasco) 315.023.458,60 +2.891.042

(*) A esta cantidad se suman 2.891.042 euros que corresponde a la cláusula adicional en virtud de lo establecido en el artículo 170.2 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para hacer frente a los costes de los controles médicos en los procesos de Incapacidad Temporal.


Justicia

INVERSIÓN DE 55 MILLONES EN MEJORAS INFORMÁTICAS EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
  • Se trata de dos contratos para la adquisición de nuevo equipamiento y servicios de operación de las aplicaciones de la Administración de Justicia

El Consejo de Ministros ha aprobado dos Acuerdos por los que autoriza una inversión de 55,2 millones de euros para la adquisición de equipamiento y contratación de servicios destinados a la mejora de los sistemas informáticos en el ámbito del Ministerio de Justicia.

Equipamiento para el Centro de Proceso de Datos

Respecto al primero de estos acuerdos, se destinan más de 36 millones de euros a la adquisición del necesario equipamiento para el Centro de Proceso de Datos de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia. El equipamiento se estructura en tres bloques diferentes como son la adquisición de servidores físicos de alto y medio rendimiento y evolución de la plataforma de virtualización, la solución de almacenamiento de alto rendimiento en alta disponibilidad y la potenciación y ampliación de la capacidad de la plataforma de "backup".

El nuevo equipo resulta imprescindible para afrontar la transformación digital de la Justicia, ya que los avances en la misma, especialmente con la implantación y generalización de la solución Justicia Digital, han supuesto un gran crecimiento en el volumen de datos. Ello exige incrementar los recursos, dotando a la citada Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia de una infraestructura más robusta. La mayor parte irá a parar al ámbito general de la Administración de Justicia, con una inversión de 32,6 millones de euros.

Los bienes objeto de este contrato cuya entrega no debe ser superior a dos meses, han sido declarados de contratación centralizada. Ello implica que para su adquisición solo es necesaria la selección especificada y justificada de los mismos. En este caso, se ha propuesto para su adquisición a la empresa Hewlett-Packard Servicios España S.L. por tratarse de la única que dispone de las referencias necesarias en su catálogo.

Servicios de operación de las aplicaciones

Por otra parte, el segundo de los acuerdos autorizados hoy supone una inversión de 19,1 millones de euros para la contratación, mediante procedimiento de licitación abierto, de servicios de operación de las aplicaciones y servicios de la Administración de Justicia y de las infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones asociadas a las mismas. Este contrato, que incluye el mantenimiento y las acciones preventivas, correctivas y evolutivas sobre el hardware y el software, tiene una duración de un año prorrogable durante un máximo de nueve meses. La finalidad es disponer de un servicio que permita la normal prestación de estas funciones simplificando la gestión y ejecutando los proyectos de actualización y mejora, así como la resolución de incidencias, peticiones o problemas.

La Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia depende de la Secretaría de Estado de Justicia y desempeña un papel relevante en el proceso de modernización de la Administración de Justicia, ya que ostenta las competencias relativas al suministro y mantenimiento de las infraestructuras necesarias para desarrollar los proyectos tecnológicos diseñados para llevar a cabo la transformación del sistema de Justicia, dotándolo de mayor agilidad y eficacia.

Ambos contratos se enmarcan en las actuaciones precisas para avanzar en el proceso de transformación digital de la Justicia. Inciden en la mejora de los servicios tecnológicos que se prestan a la Administración de Justicia en un contexto de disponibilidad absoluta durante las veinticuatro horas de todos los días del año, con todas las garantías, requisitos tecnológicos y rendimiento necesarios.

Justicia

SEIS MILLONES DE EUROS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA JUSTICIA Y AVANZAR HACIA UN SISTEMA DE GESTIÓN PROCESAL COMÚN

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se formalizan los criterios de reparto y distribución de un crédito de seis millones de euros entre las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia. Dicha cantidad se destina a la modernización tecnológica y a la preparación de sus respectivas infraestructuras para mejorar las comunicaciones electrónicas gracias a la consecución de un sistema de gestión procesal común.

La distribución de este crédito, así como los criterios de reparto del mismo, para lo que se ha contado con indicadores como la población de derecho de cada Comunidad, la litigiosidad registrada durante el pasado ejercicio y la planta judicial actual, se acordaron en el Pleno de la última Conferencia Sectorial celebrada el pasado día 26 de julio, con un reparto según se indica en el siguiente cuadro:

COMUNIDAD AUTÓNOMA CANTIDAD ASIGNADA SEGÚN POBLACIÓN, LITIGIOSIDAD Y PLANTA (en euros)
Andalucía 22,9% 1.373.650,50
Aragón 3,3% 195.284,82
Principado de Asturias 3,0% 178.691,00
Canarias 6,2% 374.216,00
Cantabria 1,6% 95.866,00
Cataluña 18,7% 1.120.021,00
Comunidad Valenciana 12,9% 774.943,00
Galicia 7,3% 439.135,00
La Rioja 0,8% 45.029,00
Comunidad de Madrid 16,9% 1.011.461,00
Comunidad Foral de Navarra 1,5% 90.006,00
País Vasco 5,0% 299.958,00
Total 100% 5.998.261,32

El objetivo de esta iniciativa es avanzar en la necesaria integración tecnológica plena de la Administración de Justicia mediante una mejora en la eficiencia operativa de la gestión procesal. Actualmente existen nueve sistemas procesales diferentes y resulta muy complicado cumplir en toda España con unos principios básicos de coordinación, cooperación y reutilización de soluciones, lo que redunda en una pérdida de la calidad en el servicio prestado tanto a ciudadanos como a profesionales del mundo de la Justicia.

El Ministerio ha propuesto un sistema de gestión procesal común avanzado tecnológica y funcionalmente, que garantice la máxima eficiencia y ahorro de costes para todas las administraciones. El nuevo sistema sustituirá de forma paulatina el actual, incorporando la gestión de asuntos judiciales en formato electrónico. Para ello, se habilitará la entrada automática de escritos y demandas a través de LexNET y la Sede Judicial Electrónica, con lo que se incrementan las funcionalidades necesarias para la tramitación electrónica y la notificación de las partes.

Esta dotación económica tiene como objetivo financiar los gastos e inversiones necesarios para abordar la transformación digital en el ámbito de cada Comunidad Autónoma a través de una financiación adicional con la que el Estado contribuye al proceso de modernización de la Justicia.


Economía, Industria y Competitividad

CUARENTA MILLONES PARA LA CONVOCATORIA 2017 DE AYUDAS A CENTROS "SEVERO OCHOA" Y UNIDADES "MARÍA DE MAEZTU"

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Agencia Estatal de Investigación a publicar la convocatoria 2017 de ayudas públicas de centros "Severo Ochoa" y unidades de excelencia "María de Maeztu", por un importe de cuarenta millones de euros. Esta convocatoria pretende impulsar la calidad de la investigación científica española mediante el reconocimiento y acreditación de los mejores centros y unidades que destacan por la relevancia e impacto a nivel internacional de los resultados de investigación. Concretamente, los centros que resulten acreditados recibirán cuatro millones de euros (un millón de euros anual durante cuatro años) y las unidades, dos millones de euros, a razón de quinientos mil euros anuales durante cuatro años.

El objetivo de esta iniciativa es distinguir y apoyar a centros y unidades internacionalmente competitivos, con planes estratégicos sumamente atractivos, con una producción científica de máxima categoría en revistas de gran impacto y una gran capacidad para atraer talento, sea nacional o internacional. Pueden ser beneficiarios los Organismos Públicos de Investigación, las universidades públicas y privadas, y otras entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen actividades de I+D definidas en sus estatutos como actividad principal, y que generen conocimientos científico-técnicos de alto impacto y relevancia.

En la actualidad existen veinticinco centros "Severo Ochoa" y dieciséis unidades "María de Maeztu", que se sitúan entre las posiciones avanzadas de sus respectivas áreas a nivel internacional.

Hacienda y Función Pública

AUTORIZADO UN NUEVO ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS TURISMOS
  • Supondrá unos ahorros estimados de veinte millones de euros

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un Acuerdo Marco para el suministro de vehículos turismos, así como los elementos de equipamiento adicional y los kits de adaptación, con un valor máximo estimado de 133 millones de euros.

El nuevo Acuerdo Marco sustituirá al que se encuentra actualmente vigente y que finaliza el 30 de noviembre de 2017. El plazo de duración de este nuevo Acuerdo Marco será de dos años, prorrogable por un máximo de otros dos años.

La baja media de licitación puede alcanzar el 15 por 100

Dado el nivel de concurrencia existente en el sector, se espera que la baja media de licitación de los bienes incluidos pueda alcanzar el 15 por 100, por lo que en este caso el ahorro total del conjunto de los contratos basados que se formalicen durante el período máximo de duración total, incluyendo las posibles prórrogas (48 meses), estaría en torno a veinte millones de euros.

67 entidades adheridas

El ámbito del Acuerdo Marco es el previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Tras un proceso de adhesión voluntaria abierto a Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, a los Organismos Autónomos y entes públicos dependientes de ellas, a las sociedades y fundaciones y a los restantes entes, organismos y entidades del sector público, se han adherido un total de 67 entidades.

Vehículos ecoeficientes y kits de adaptación

Se distinguen distintos tipos (lotes) y diferentes clases (sublotes), tratando de ajustarlo a las necesidades de la Administración. Se incrementa, sin embargo, para cada uno de los lotes la presencia de vehículos ecoeficientes (híbridos y/o eléctricos), ante un previsible aumento de la demanda pública en esta categoría de vehículos.

Por otra parte, se han definido kits de adaptación con un precio máximo de licitación para los siguientes organismos interesados: Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Dirección General de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Unidad Militar de Emergencias, Ayuntamiento de Madrid y TRAGSA. Con ello se pretende que estos órganos u entidades vean adecuadamente satisfechas sus necesidades.

Varios adjudicatarios

Al igual que en el actual Acuerdo Marco, el procedimiento de licitación será un acuerdo marco con varios adjudicatarios y se licitará mediante procedimiento abierto. Este sistema permitirá, a través de un único procedimiento, seleccionar las empresas que cumplan los requisitos de solvencia indicados en los pliegos y los productos que, reuniendo las características técnicas mínimas que se determinen, sean los mejor valorados de acuerdo con los criterios de valoración indicados en dichos pliegos.

Efectuada dicha selección (1ª fase), los productos seleccionados pasan a formar parte del catálogo de bienes de la Administración, lo que permite a los órganos u organismos que los requieran adquirirlos a través de un procedimiento más ágil (compra directa de los bienes del catálogo).

No obstante, para adquisiciones de mayor volumen se regula la convocatoria de nuevas licitaciones para la adjudicación de los contratos basados.

Criterios automáticos de adjudicación

Para la adjudicación de los productos que se incluyan en el catálogo se emplearán exclusivamente criterios automáticos que no dependan de un juicio de valor. El principal será el precio ofertado, pero también se tienen en cuenta otros como la amplitud de los kits ofertados para el vehículo, valor técnico, aspectos medioambientales o elementos de equipamiento adicional.


Asuntos Exteriores y de Cooperación

REMISIÓN A LAS CORTES DEL ACUERDO SOBRE PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DE LA FUERZA DE GENDARMERÍA EUROPEA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo de Seguridad entre el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, el Reino de los Países Bajos y la República Portuguesa relativo a la protección de información clasificada generada o intercambiada por la Fuerza de Gendarmería Europea (EUROGENDFOR). Además, autoriza su ratificación.

La Fuerza de Gendarmería Europea, creada en virtud del Tratado de Velsen (Países Bajos) del 18 de octubre de 2007, y en vigor desde el 1 de junio de 2012, está integrada por fuerzas policiales de carácter militar de cinco países europeos: Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y España. Se caracteriza por su alta operatividad y capacidad de reacción rápida con el fin de llevar a cabo actuaciones policiales en el marco de operaciones de gestión de crisis.

En atención a la naturaleza de las tareas que pueden ser atribuidas a la Fuerza de Gendarmería Europea, entre las que se encuentran la investigación de delitos, el control de fronteras o la realización de labores de inteligencia general, el establecimiento de un marco normativo que garantice la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información clasificada generada en el ámbito de actuación de EUROGENDFOR contribuirá de manera efectiva al cumplimiento de los fines de esta institución.

El Acuerdo prevé la creación de un sistema de seguridad en cada uno de los Estados partes y en el seno de EUROGENDFOR, con el fin de garantizar el control y la protección de la información clasificada. Asimismo, regula el acceso a dicha información.


Hacienda y Función Pública

CONTRATO PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la licitación de un contrato cuyo objeto es la realización de servicios de desarrollo y mantenimiento de los sistemas y aplicaciones del Departamento de Informática Tributaria, durante 2017, 2018 y 2019, prorrogables por un máximo de dos años. El valor estimado del contrato, considerando las prórrogas, es de 34.104.576 euros.

Estos servicios son requeridos por el resto de los departamentos de la Agencia Tributaria para el cumplimiento de los fines que le son propios, fundamentalmente por los departamentos de Gestión Tributaria, Recaudación, Inspección Financiera y Tributaria, y Aduanas e Impuestos Especiales.

El impulso dado por la Agencia Tributara en los servicios prestados a los contribuyentes y empresas a través de Internet debe mantenerse y mejorarse con un continuo refuerzo de actuaciones tendentes a la profundización y extensión horizontal del número de trámites que se pueden realizar electrónicamente.

También se pretende implantar funcionalidades avanzadas en las herramientas informáticas que los funcionarios de la Agencia Tributaria tienen a su disposición para la realización de sus tareas de gestión y de lucha contra el fraude.


Asuntos Exteriores y de Cooperación

DENUNCIA DEL CONVENIO CON PARAGUAY SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN DEPÓSITO FRANCO Y DE UNA ZONA FRANCA

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento de la denuncia del Convenio entre la República del Paraguay y el Estado Español para el establecimiento en el Paraguay de un depósito franco para mercancías españolas y de una zona franca para mercancías y materias primas paraguayas y/o españolas. Además, ha dispuesto su remisión a las Cortes Generales.

En 1959, España y Paraguay firmaron un Convenio para el establecimiento en el Paraguay de un depósito franco para mercancías españolas y de una zona franca para mercancías y materias primas paraguayas y/o españolas. El propósito de este Convenio era favorecer un mayor intercambio de mercancías entre España y Paraguay.

En virtud del mismo, Paraguay establecía la concesión, a favor de España, de dos elementos para facilitar el tráfico comercial: por una parte, un depósito franco en el puerto de Asunción para el recibo, almacenaje y distribución de mercancías de procedencia y de origen españoles destinadas a su exportación al Paraguay u otros países en régimen libre, consistente en un depósito, de propiedad del Estado paraguayo; por otra parte, una zona franca en algún puerto de la República del Paraguay para el recibo, almacenaje y manipulación de mercancías y materias primas de origen paraguayo y/o español en régimen libre.

Si bien en un principio este Convenio favoreció el comercio entre ambos países y permitió la exportación de productos de España en condiciones competitivas, paulatinamente fue perdiendo interés para ambas partes, hasta el punto de que la falta de utilización de estas concesiones ha motivado por parte del Gobierno paraguayo la denuncia del mismo.

De acuerdo con las disposiciones del Convenio, transcurrido ya un año desde el 18 de abril de 2016, fecha de la presentación de la denuncia del Convenio por parte de la República del Paraguay, el Convenio suscrito entre ambos Estados ha dejado de tener efectos jurídicos.


Fomento

OBRAS DE EMERGENCIA EN EL TÚNEL DE ALBERTIA, DE LA ALTA VELOCIDAD VITORIA-BILBAO-SAN SEBASTIÁN

El Consejo de Ministros ha tomado razón de las obras de emergencia necesarias para restituir la losa fisurada en una de las soleras de refuerzo del tubo izquierdo del túnel de Albertia, así como el refuerzo de la zona afectada.

El túnel bitubo de Albertia, de 2.100 metros, se encuentra en el tramo Legutiano-Eskoriatza de la Línea de Alta Velocidad Vitoria/Gasteiz-Bilbao-Donostia/San Sebastián, actualmente en construcción.

El importe de las actuaciones destinadas a restaurar la estructura dañada asciende a 929.778,7 euros, IVA no incluido.


BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores y de Cooperación

E mbajador de España en la Antigua República Yugoslava de Macedonia.-

D.EMILIO LORENZO SERRA.

Nacido el 16 de septiembre de 1952, es Licenciado en Derecho y pertenece a la Carrera Diplomática.

Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Noruega, Suecia, Alemania, China, Representación Permanente ante la Unión Europea y Bélgica. Fue subdirector general de Asuntos Energéticos y subdirector general de Europa Occidental, y embajador de España en Letonia. Ha sido vocal asesor en el Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y en la Vicesecretaría General Técnica, puesto que desempeñaba en la actualidad.

E mbajador de España en la República Federal de Nigeria.-

D. MARCELINO CABANAS ANSORENA.

Nacido el 26 de septiembre de 1956, es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales e ingresó en 1987 en la Carrera Diplomática.

Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Bolivia, Noruega y Hungría. Fue vocal asesor en la Subdirección General de Coordinación para las Relaciones Institucionales de la Unión Europea, subdirector general de Asuntos Internacionales de Seguridad, cónsul general de España en Rabat y segundo jefe en la Embajada de España en Grecia. Ha sido subdirector general adjunto de la Subdirección General de Naciones Unidas y subdirector general de Naciones Unidas y Asuntos Globales. En abril de 2012 fue nombrado embajador de España en la República del Camerún y desde julio de 2015 era embajador en Misión Especial para la Diplomacia Preventiva y Candidaturas.

E mbajadora de Esp aña en la República de Ghana.-

DªALICIA RICO PÉREZ DEL PULGAR.

Nacida el 23 de julio de 1965, es Licenciada en Derecho y pertenece a la Carrera Diplomática.

Ha estado destinada en las Representaciones Diplomáticas de España en Luxemburgo, Kuwait y Omán. Fue consejera técnica en el Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores, subdirectora general de Cancillería y consejera para el Espacio Europeo en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, además de participar en el programa DESP de intercambio diplomático con la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores en la División de Sudamérica de la Unión Europea.

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Directora General de Recursos Pesqueros y Acuicultura.-

Dª MARÍA ISABEL ARTIME GARCÍA.

Es Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Después de ocupar diferentes puestos en varios ministerios, en 2001 fue nombrada subdirectora general de Asuntos Jurídicos en la Secretaría General de Pesca y desde agosto de 2012 era consejera en la Embajada de España en Estados Unidos. Ha participado activamente en las negociaciones de la Política Pesquera Común y de los Reglamentos de la Unión Europea de Lucha contra la Pesca Ilegal. Ha dirigido el grupo de trabajo para la redacción de las propuestas de la Ley de Protección del Medio Marino y de la modificación de la Ley de Pesca Marítima.

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