Referencia del Consejo de Ministros

25.11.2016

Madrid

SUMARIO

Presidencia y para las Administraciones Territoriales

  • REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1698/2003, de 12 de diciembre, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos comunitarios sobre el sistema de etiquetado de la carne de vacuno.
  • REAL DECRETO por el que se regula la venta a distancia al público de medicamentos veterinarios no sujetos a prescripción veterinaria.
  • ACUERDO por el que se aprueba la Declaración del Gobierno con motivo del "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer".
  • ACUERDO por el que se aprueba el Plan Nacional Transitorio para grandes instalaciones de combustión.
  • ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
  • ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

  • ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo de Sede entre el Reino de España y las Naciones Unidas para la celebración en Madrid, en noviembre de 2015, de tres reuniones internacionales sobre registro de emisiones y transferencias de contaminantes, y su ratificación.
  • ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Protocolo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Serbia para la aplicación del Acuerdo entre la República de Serbia y la Comunidad Europea sobre la readmisión de personas que residen sin autorización, y su ratificación.
  • ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Protocolo adicional al Convenio sobre traslado de personas condenadas, hecho en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983, y su ratificación.
  • ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Convenio europeo sobre protección de animales de compañía, y su ratificación.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de una ayuda humanitaria a la población afectada por el huracán "Matthew" ocurrido en Haití, por importe de 140.000 euros.

Hacienda y Función Pública

  • Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de Contratos del Sector Público por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
  • Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por la que se traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.
  • ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas", para reintegrar el anticipo del préstamo recibido del Ministerio de Economía y Competitividad para el desarrollo del Centro de Ensayos de Aviones no Tripulados, Proyecto CEUS, por importe de 8.000.000 de euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para el suministro de mobiliario de despacho y complementario, de archivo, de bibliotecas, mamparas, clínico y geriátrico y de laboratorio, por un valor máximo estimado de 65.000.000 de euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato centralizado de servicios postales de notificaciones administrativas y judiciales, con un valor estimado máximo de 268.836.271,98 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Agencia Tributaria de las Illes Balears a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por importe máximo de 200.000.000 de euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 180.892,97 euros y la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Fomento por la citada cuantía, en cumplimiento del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca (Murcia).
  • ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 78.838,04 euros y la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio del Interior por la citada cuantía, para atender gastos en concepto de complemento de productividad en cumplimiento de sentencias y autos dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y por distintos Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid.
  • ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar la tramitación anticipada del contrato centralizado de servicios postales de la Tesorería General de la Seguridad Social.
  • ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para la tramitación de diversos suministros, servicios e inversiones del Instituto Social de la Marina.

Empleo y Seguridad Social

  • ACUERDO por el que se autoriza la adscripción del inmueble "Hospital General de Ciudad Real", propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

  • REAL DECRETO por el que se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores y sus asociaciones en el sector cunícola.
  • REAL DECRETO sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia en el suministro e instalación de sistemas de alimentación ininterrumpida en el Centro de procesamiento de datos de la sede del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, por un importe máximo de 250.000 euros, IVA incluido.

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

  • ACUERDO por el que se autoriza la conclusión del Acuerdo Marco para la selección de suministradores de vacunas de calendario y otras para determinados órganos de contratación de la Administración General del Estado, las Ciudades de Ceuta y Melilla y varias Comunidades Autónomas del Sistema Nacional de Salud.

ACUERDOS DE PERSONAL

Presidencia del Gobierno

  • REAL DECRETO por el que se nombra fiscal general del Estado a D. JOSÉ MANUEL MAZA MARTÍN.

Presidencia

  • REAL DECRETO por el que se nombra gobernador suplente por España en el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) a Dª EMMA NAVARRO AGUILERA.

Justicia

Hacienda y Función Pública

Educación, Cultura y Deporte

Economía, Industria y Competitividad

  • REAL DECRETO por el que se nombra presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a D. SEBASTIÁN ALBELLA AMIGO.
  • REAL DECRETO por el que se nombra vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a Dª ANA MARÍA MARTÍNEZ-PINA GARCÍA.
  • REAL DECRETO por el que se nombra secretario general de Ciencia e Innovación a D. JUAN MARÍA VÁZQUEZ ROJAS.
  • REAL DECRETO por el que se nombra directora general de Política de Investigación, Desarrollo e Innovación a Dª CLARA EUGENIA GARCÍA GARCÍA.
  • REAL DECRETO por el que se nombra secretario general técnico a D. ALEJANDRO RUBIO GONZÁLEZ.
  • REAL DECRETO por el que se nombra presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a D. ENRIQUE RUBIO HERRERA.

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

CONDECORACIONES

Presidencia del Gobierno

  • REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a las siguientes personas:
  • Excelentísimo SEÑOR ANTONIO LUIS SANTOS DA COSTA, primer ministro de la República Portuguesa.
  • Excelentísimo SEÑOR EDUARDO FERRO RODRIGUES, presidente de la Asamblea de la República Portuguesa.
  • Excelentísimo SEÑOR AUGUSTO SANTOS SILVA, ministro de Estado y de Negocios Extranjeros de la República Portuguesa.
  • Excelentísimo SEÑOR FRANCISCO RIBEIRO DE MENEZES, embajador de Portugal en España.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

  • REAL DECRETO por el que se concede el Collar de la Orden de Isabel la Católica a Su Excelencia SEÑOR MARCELO NUNO DUARTE REBELO DE SOUSA, presidente de la República Portuguesa.
  • REALES DECRETOS por los que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a las siguientes personas:
  • SEÑORA MARGARIDA MARQUES, secretaria de estado de los Asuntos Europeos de la República Portuguesa.
  • SEÑOR FERNANDO FRUTUOSO DE MELO, jefe de la Casa Civil del presidente de la República Portuguesa.
  • General SEÑOR JOÂO CORDEIRO, jefe de la Casa Militar del Presidente de la República Portuguesa.
  • SEÑORA ANA MARTINHO, secretaria General del Ministerio de Negocios Extranjeros de la República Portuguesa.
  • REALES DECRETOS por los que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a las siguientes personas:
  • SEÑOR FERNANDO NEGRÂO, presidente del Grupo Parlamentario de la Amistad Luso-Española.
  • SEÑOR ARNALDO PEREIRA COUTINHO, secretario general de la Presidencia de la República Portuguesa.
  • SEÑOR FERNANDO MEDINA, presidente de la Cámara Municipal de Lisboa.
  • SEÑOR RUI MOREIRA, presidente de la Cámara Municipal de Oporto.
  • SEÑORA RITA FADEN, jefa del Gabinete del Primer Ministro de la República Portuguesa.
  • SEÑOR PEDRO SÁNCHEZ DA COSTA PEREIRA, director general de los Asuntos Europeos de la República Portuguesa.

Defensa

  • REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco a DON PEDRO MORENÉS EULATE.

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ASUNTOS GENERALES

Hacienda y Función Pública

APROBADOS DOS PROYECTOS DE LEY SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA
  • Ambos Proyectos de Ley tienen como principales objetivos agilizar los procedimientos de contratación, aumentar la competencia, mejorar la publicidad y trasparencia, luchar contra la corrupción y servir como instrumento de políticas medioambientales, sociales y de I+D.
  • Se transpone a la legislación española el paquete de tres Directivas comunitarias en esta materia aprobadas por la Unión Europea en febrero de 2014.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de dos Proyectos de Ley a través de los que se van a transponer a la legislación española tres Directivas comunitarias sobre contratación pública. Para la tramitación parlamentaria de ambos Proyectos de Ley se ha solicitado el procedimiento de urgencia.

En febrero de 2014 la Unión Europea aprobó un nuevo paquete de tres Directivas de contratación. Dos de ellas revisan las actualmente en vigor (Directiva General sobre contratación pública y Directiva de la contratación en los sectores agua, la energía, los transportes y los servicios postales) y una tercera Directiva es nueva y se refiere a los contratos de concesión.

El primero de los Proyectos de Ley aprobado hoy regula la contratación del sector público en general, mientras que el segundo lo hace con las especialidades en materia de contratación en los señalados sectores concretos. De este modo, la nueva Directiva de concesiones se incorpora a estas dos normativas sin que se apruebe una específica en esta materia.

Aunque la tramitación de los Proyectos de Ley finalizó en marzo de este año, no pudieron ser remitidos a las Cortes con anterioridad por estar el Gobierno en funciones. En este momento su tramitación y aprobación es urgente ya que se ha sobrepasado el plazo de transposición máximo previsto (18 de abril de 2016).

Objetivos y novedades

Los objetivos esenciales y principales novedades de las leyes son los siguientes:

  • En primer lugar, se pretende reducir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos de contratación pública, reduciendo en general los plazos de tramitación y apostando decididamente por la utilización de medios electrónicos, informáticos y tecnológicos.

En particular, cabe destacar la generalización del uso de las llamadas "declaraciones responsables" en las que el empresario simplemente manifiesta que cumple los requisitos para acceder a la licitación sin necesidad de presentar documentación justificativa hasta el momento en que resulte adjudicatario del contrato.

  • Se pretende aumentar la competencia y permitir un mayor acceso de las PYMEs a la contratación pública con medidas tales como:

-Se incentiva que los contratos se dividan en lotes. Hasta ahora, la normativa vigente exigía que se motivara la existencia de diversos lotes en un contrato. A partir de la nueva Ley, el principio será el contrario y se deberá justificar como excepcional el hecho de que no exista división de los contratos en lotes.

-Se restringe la utilización de los llamados "medios propios" (entidades creadas por una Administración o poder adjudicador para la realización de determinadas actividades sin someterse a un procedimiento de contratación). En la nueva Ley aumentan las exigencias para garantizar que la utilización de estos medios propios está justificada y no atenta al principio de libre competencia.

-Se posibilita que el órgano de contratación exija, como criterio de solvencia de los licitadores, el que el periodo medio de pago a sus proveedores no supere los límites que se establezcan.

  • Por otra parte, las nuevas leyes persiguen mejorar la publicidad y transparencia y luchar contra la corrupción en los contratos públicos.

Así, se aprueba una nueva regulación más rigurosa de las prohibiciones de contratar (por ejemplo, no podrán ser contratistas los condenados por corrupción entre particulares) y se incluye en el ámbito subjetivo de la Ley a los partidos políticos, organizaciones sindicales y asociaciones empresariales cuando se financien mayoritariamente con fondos públicos, lo que les obligará, en determinados supuestos, a adjudicar sus contratos siguiendo un procedimiento público.

Para fomentar la publicidad en la contratación pública se suprime el procedimiento negociado por razón de la cuantía (que no tiene publicidad) creándose un nuevo procedimiento, el Abierto Simplificado, con una duración del proceso de contratación muy breve (alrededor de un mes) pero que será totalmente transparente, con publicación obligatoria.

Además, con carácter general, se establece una previsión de que los órganos de contratación están obligados a tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude y la corrupción, y a prevenir, detectar y solucionar los conflictos de intereses que puedan surgir en un contrato público.

  • Se prevé que la contratación pública pueda servir como instrumento de políticas medioambientales, sociales y de innovación y desarrollo.

Por ejemplo, en materia medioambiental se exigen certificados de calidad a los licitadores para acreditar su experiencia o su "buen hacer" en el ámbito de la protección del medio ambiente y, en materia social, se establece la posibilidad de reservar contratos públicos para Centros Especiales de Empleo y Centros de Inserción Social.

En cuanto a la I+D, es muy relevante la regulación de un nuevo procedimiento de adjudicación de contratos públicos denominado "de asociación para la innovación", encaminado a dar cobertura a necesidades públicas que no se puedan satisfacer con las soluciones existentes en el mercado y que, por tanto, exigen la realización de actividades de investigación y desarrollo en obras o servicios.

Previa selección de los candidatos, en la primera fase se contrata el desarrollo de los proyectos de I+D, que dispondrán de la correspondiente financiación y, finalmente, se analizan los resultados alcanzados y se adjudica el contrato de adquisición del bien o servicio a una o varias de las empresas de acuerdo con los criterios objetivos previstos en el pliego.

  • Por último, se mejora la supervisión y la cooperación con otras Administraciones territoriales, para lo que se crea, en el seno de la Junta Consultiva de Contratación del Estado, un Comité de Cooperación con participación de Comunidades Autónomas y de la FEMP.

Hacienda y Función Pública

AUTORIZADA LA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DEL SERVICIO POSTAL DE NOTIFICACIONES Y DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO
  • El nuevo contrato centralizado de servicios postales de notificaciones administrativas y judiciales incorpora las mejoras introducidas recientemente en el régimen jurídico de las notificaciones, en beneficio tanto de la Administración Pública, como de los ciudadanos.
  • En el suministro de mobiliario, el Acuerdo Marco permite una adecuada satisfacción de las necesidades de órganos y organismos de la Administración General del Estado y supone unos ahorros de doce millones de euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado la contratación centralizada del servicio postal de notificaciones y del suministro de mobiliario, con lo que se da continuidad al impulso a la contratación centralizada de bienes y servicios en el sector público que en los últimos años está siendo desarrollada en el Ministerio por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

Servicio postal de notificaciones administrativas y judiciales

Este contrato es de gran importancia para la Administración, ya que los servicios de notificación son esenciales para garantizar el buen fin de los procedimientos, y también para los ciudadanos para los que un correcto servicio de notificaciones representa una garantía de protección de sus derechos en sus relaciones con la Administración Pública.

La modificación consiste en la obligatoriedad de que se realicen en horarios diferentes de mañana y tarde los preceptivos dos intentos de notificaciones establecidos por la Ley lo que, en garantía de los ciudadanos, favorece el que las notificaciones acaben llegando a sus destinatarios.

El contrato tiene una duración de once meses prorrogables por otros once, entrará en vigor el 1 de enero de 2017 y cuenta con un presupuesto de 108,4 millones de euros. Su ámbito de aplicación afecta a trece ministerios y 62 organismos públicos, incluidos los que más notificaciones efectúan como son la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social o la Jefatura Central de Tráfico.

Las nuevas condiciones contractuales del servicio incorporan ya la modificación introducida en el régimen jurídico de las notificaciones por la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que entró en vigor el 2 de octubre de 2016.

Suministro de mobiliario

Asimismo, el Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un Acuerdo Marco para el suministro de mobiliario de despacho y complementario, de archivo, de bibliotecas, mamparas, clínico y geriátrico y de laboratorio.

En el Acuerdo Marco tendrá lugar una primera selección de empresas adjudicatarias con criterios técnicos y, posteriormente, se producirá la contratación de los bienes concretos que necesiten los órganos u organismos de la Administración General del Estado, a través de una segunda licitación que tendrá en cuenta el mejor precio ofertado.

Este Acuerdo, dividido en ocho lotes, cada uno de los cuales corresponde a una categoría homogénea de bienes, sustituye al hasta ahora vigente e introduce varias mejoras.

Así, por ejemplo, para reforzar la competencia en las segundas licitaciones se incrementa el número de empresas a las que es preciso invitar a participar: mínimo de tres empresas en contratos de valor inferior a 18.000 euros, de cinco empresas en contratos entre 18.000 y 75.000 euros y de ocho empresas en contratos de más de 75.000 euros.

El valor estimado de este Acuerdo Marco es de 65 millones de euros, su duración será de dos años prorrogables, como máximo por otros dos, y se prevé la obtención de unos ahorros de doce millones de euros.

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

DECLARACIÓN DEL GOBIERNO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
  • El Gobierno declara su firme compromiso de dar respuesta "a todas las formas de violencia contra la mujer"
  • Manifiesta "su voluntad de seguir trabajando e impulsando todas las medidas que resulten necesarias hasta su completa erradicación en España y en la Comunidad Internacional"

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Justicia, una Declaración Institucional contra la violencia de género con el fin de constatar su compromiso frente a la lucha contra este problema. La declaración se efectúa con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy, 25 de noviembre, y su texto es el siguiente:

"Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno de España expresa, en nombre propio y en el de toda la sociedad el rechazo de cualquier forma de violencia ejercida contra la mujer, su firme determinación de apoyar y proteger a quienes la sufren, así como a sus hijos e hijas. Asimismo, manifiesta su voluntad de seguir trabajando e impulsando todas las medidas que resulten necesarias hasta su completa erradicación en España y en la Comunidad Internacional. En este sentido, la erradicación de la violencia contra las mujeres, como forma más extrema de discriminación por razón de género y violación de sus derechos humanos, es al mismo tiempo una de las prioridades de la política exterior de España en materia de derechos humanos.

Porque, aunque la mayoría de la sociedad española rechaza el maltrato y a quienes lo perpetran, sigue siendo necesario el cambio de conciencia social que remueva todos aquellos comportamientos, estereotipos y conductas que amparan, justifican o legitiman el maltrato, no sólo en su manifestación física, sino también a través de expresiones o hábitos sociales que pueden, de manera indirecta ampararlo o justificarlo. Porque, a día de hoy, sigue pendiente que contribuyamos al cambio de conciencia social definitivo que garantice la plena igualdad entre hombres y mujeres, su trato igualitario, no discriminatorio y plenamente respetuoso con los derechos fundamentales de todas ellas y, en particular, de las mujeres especialmente vulnerables como las que tienen algún tipo de discapacidad o las inmigrantes. En la actualidad es inadmisible que la violencia que sufren las mujeres maltratadas constituya un obstáculo que les impida el pleno disfrute de los derechos y libertades.

Educación en igualdad

Por ello, el Gobierno continuará promoviendo la educación en igualdad en todas las etapas educativas. Especialmente incidiendo en la necesaria formación de la juventud en el buen uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías, convirtiendo a nuestros jóvenes en centro de especial atención por parte de los poderes públicos al tratarse de un colectivo especialmente vulnerable. El Gobierno continuará, como ha venido haciendo hasta ahora, implicando a toda la sociedad, mediante campañas innovadoras de sensibilización social que se dirigen a todos -tejido empresarial, profesionales de distintos ámbitos, sociedad civil, mundo deportivo y sociedad en general- en el reconocimiento de las primeras señales del maltrato, en el apoyo a quien sufre violencia de género, y en el rechazo al maltrato y a quien lo provoca.

Rechazo e implicación social para su erradicación que debe orientar la actuación de los poderes públicos en relación al más amplio concepto de "violencia contra la mujer", tal y como promueven los acuerdos internacionales sobre la materia en los que España es parte, y que incluye: la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, las agresiones sexuales, el acoso sexual, el matrimonio forzoso, los crímenes cometidos supuestamente en nombre del "honor" y la mutilación genital femenina.

Por ello, el Gobierno manifiesta, también, su firme compromiso de dar una progresiva respuesta a estas formas de violencia contra la mujer, desde la madurez y el esfuerzo sostenido, que desde los años noventa se viene ejerciendo respecto de la violencia sufrida en el ámbito de la pareja. Así ha sucedido con el II Plan Integral contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual, de cuya aprobación se cumple un año y de la que dará cuenta el informe de ejecución que consignará un amplio catálogo de acciones impulsadas por distintos departamentos ministeriales y administraciones en su cumplimento.

Hijos y menores

También se atiende, de manera señalada, a hijos e hijas y a los menores a cargo de quien sufre la violencia, víctimas directas merecedoras de especial protección. Por ello, se procedió a la aprobación de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia y de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia que mejoran la atención y la protección de los hijos y las hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, así como de los menores víctimas de otras formas de violencia, en particular, de la trata de seres humanos e incluyen a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género en el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, con el objeto de visibilizar esta forma de violencia que se puede ejercer sobre ellos.

Sobre estos sólidos fundamentos el Gobierno manifiesta, no obstante, que, mientras una sola mujer sufra la violencia, es necesario seguir trabajando. Y, para ello, y con las aspiraciones y necesidades de las mujeres que la sufren como premisa, el Gobierno reafirma su compromiso para, junto con el resto de fuerzas políticas, interlocutores sociales, administraciones, asociaciones e instituciones públicas y privadas, alcanzar un gran acuerdo que reconozca el logro de una España libre de violencia contra la mujer como un objetivo nacional compartido por todos.

Con el liderazgo de los poderes públicos, esta meta irrenunciable en la España del siglo XXI debe lograrse promoviendo entre todos las reformas normativas y organizativas que sean necesarias.

Acuerdo unánime en el Congreso

De esta manera, el reciente acuerdo unánime de todas las fuerzas en el Congreso de los Diputados ha de servir de primer paso hacia el necesario y anhelado Pacto de Estado contra la Violencia de Género. A tal efecto y antes del 31 de diciembre, se creará una Subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad que será la encargada de elaborar, en el plazo máximo de cuatro meses desde su constitución, un informe en el que se identificarán, entre otras cuestiones, los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género y un conjunto de propuestas de actuación. El informe, una vez aprobado, se remitirá al Gobierno para que, en el plazo máximo de dos meses lo someta a acuerdo con los representantes de las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Administración de Justicia y asociaciones sindicales, empresariales y asociaciones civiles.

Por último, es preciso hacer hincapié en que toda esta acción se enmarca en los ámbitos internacionales en el impulso que España desarrolla en su presencia en las instituciones europeas y como miembro activo de la comunidad internacional que apoya y promueve los compromisos internacionales contra la violencia a la mujer.

El Gobierno, un año más, desde la convicción de que una España libre de violencia contra la mujer es posible en el siglo XXI, exhorta a toda la sociedad para que junto a los poderes públicos, lidere el cambio necesario para su consecución."

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA CENTRALIZADA DE MÁS DE VEINTE MILLONES DE DOSIS DE VACUNAS
  • En este Acuerdo participan catorce Comunidades Autónomas, las dos Ciudades Autónomas y tres departamentos ministeriales
  • La compra se cifra en 325,5 millones de euros y el ahorro estimado es de 58 millones de euros

El Consejo de Ministros ha autorizado el Acuerdo Marco para la selección de suministradores de vacunas de calendario. En este acuerdo participan catorce Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y los Ministerios de Defensa, Interior y Hacienda y Función Pública.

Las compras centralizadas de medicamentos y productos sanitarios han sido una de las principales apuestas del Gobierno e impulsadas por la reforma sanitaria para contener el gasto y reforzar la cohesión del Sistema Nacional de Salud. Todas las Comunidades Autónomas pueden sumarse de manera voluntaria a estos acuerdos.

En total, se ha acordado la compra de alrededor de 15,8 millones de dosis de las distintas vacunas para el período 2017-2019 que, en caso de prórroga por un año más, serían 20,9 millones de dosis. Con ello, se generará un ahorro estimado de 58 millones de euros. La compra se cifra en 325,5 millones de euros.

Armonizar el programa de vacunaciones en España

Este Acuerdo tiene como objetivo armonizar y reducir el coste del programa de vacunaciones para las Comunidades Autónomas en España. Por tanto, persigue la consecución de una mayor equidad y permite que el Sistema Nacional de Salud mantenga la calidad y la cohesión. Se trata, además, de una medida en línea con los trabajos de unificación del calendario común de vacunación infantil, uno de los más completos en relación con países de nuestro entorno.

De esta forma, además del beneficio de la eficiencia económica, estos Acuerdos Marco contribuyen a dar estabilidad a la producción y venta de vacunas a los laboratorios, al suministro de vacunas en nuestro país, además de alcanzar unos precios más armónicos y competitivos en todo el territorio.

Este será el tercer Acuerdo Marco para la adquisición de vacunas, además de los firmados anualmente para la adquisición de vacunas frente a la gripe desde 2011. El Acuerdo Marco actual será el primero con una duración de tres años con posibilidad de prórroga por un año más.

Las Comunidades Autónomas que han suscrito este acuerdo son: Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja.

En concreto, el Acuerdo Marco aprobado hoy contiene tres partes diferenciadas: el que incluye las vacunas contempladas en calendario común de vacunación infantil, el de las vacunas del programa del adulto y el de las del viajero.

Vacunas del calendario infantil

  • Hexavalente frente a la hepatitis B, difteria, tétanos, tos ferina acelular, poliomielitis inactivada y "Haemophilus influenzae" tipo b conjugada.
  • Pentavalente frente a difteria, tétanos, tos ferina acelular, poliomielitis inactivada y "Haemophilus influenzae" tipo b conjugada.
  • Frente a difteria, tétanos y tos ferina acelular.
  • Frente a difteria, tétanos, tos ferina acelular de contenido antigénico reducido.
  • Frente a difteria y tétanos, de contenido antigénico reducido.
  • Frente a "Haemophilus influenzae" tipo b conjugada.
  • Frente a la hepatitis B para edad pediátrica.
  • Frente a la hepatitis A para edad pediátrica.
  • Frente al sarampión, rubéola y parotiditis.
  • Frente a la varicela.
  • Frente a sarampión, rubéola, parotiditis y varicela.
  • Frente a enfermedad por meningococo C.
  • Frente al virus del papiloma humano.

Recomendadas en adultos o en grupos de riesgo

  • Frente a la hepatitis B para edad adulta.
  • Frente a la hepatitis B para pacientes en prediálisis y diálisis.
  • Frente a la hepatitis A para adultos.
  • Polisacárida frente al neumococo 23-valente.
  • Antirrábica.

"Vacunas del viajero"

  • Frente a la fiebre amarilla.
  • De polisacárido capsular Vi frente a la fiebre tifoidea.
  • Conjugada frente a meningococo de serogrupos A, C, Y y W135.
  • Frente a encefalitis japonesa.

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

APROBADO EL PLAN NACIONAL TRANSITORIO PARA GRANDES INSTALACIONES DE COMBUSTIÓN
  • Les permitirá acometer las inversiones medioambientales necesarias para cumplir con los valores límite de emisión individuales establecidos en la Directiva Comunitaria de emisiones industriales, a partir del 1 de julio de 2020

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y de Energía, Turismo y Agenda Digital, el Plan Nacional Transitorio para grandes instalaciones de combustión.

Una Directiva comunitaria del 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales, estableció los valores límite de emisión para las instalaciones de combustión que les son de aplicación a partir del 1 de enero de 2016.

Asimismo, recogía la posibilidad de que los Estados miembros que lo deseen puedan aprobar y aplicar, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2020, un plan nacional transitorio para ciertas instalaciones, que cumplan una serie de requisitos.

A fecha de hoy, son veintinueve las instalaciones acogidas a este Plan Nacional Transitorio. Durante el período de vigencia del Plan, que va desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de junio de 2020, para cada una de estas instalaciones seguirán vigentes los valores límite de emisión de sus respectivas Autorizaciones Ambientales Integradas aplicables a 31 de diciembre de 2015. Además, no podrán superar, en su conjunto, unos techos anuales globales de emisión, para cada contaminante, conforme a lo establecido en la Decisión 2012/115/de la Unión Europea para el cálculo de los techos de cada contaminante y cada año en el Plan Nacional Transitorio. Dicho techo de emisión anual, conocido como "burbuja", se va reduciendo linealmente en el tiempo, hasta el fin del plazo.

Para acogerse al Plan Nacional Transitorio, es requisito esencial que los titulares de las grandes instalaciones de combustión oficialmente lo hayan solicitado y que hubieran obtenido el primer permiso antes del 27 de noviembre de 2002 o hubieran realizado una solicitud completa del permiso antes de dicha fecha, siempre que la instalación haya estado en funcionamiento antes del 27 de noviembre de 2003.

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

REGULADA LA VENTA A DISTANCIA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS NO SUJETOS A PRESCRIPCIÓN OBLIGATORIA
  • Responde a la creciente demanda de los ciudadanos de efectuar la mayor parte de sus gestiones y adquisiciones a través de medios electrónicos

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto por el que se regula la venta a distancia de medicamentos veterinarios no sujetos a prescripción obligatoria. Esta norma posibilita una modalidad de venta de medicamentos veterinarios que responde a la creciente demanda de los ciudadanos de efectuar la mayor parte de sus gestiones y adquisiciones a través de medios electrónicos, por la comodidad y ahorro de tiempo que estos medios aportan.

Por razones de seguridad, y sanidad pública y animal, se limita esta posibilidad de venta a aquellos medicamentos veterinarios que no están sujetos a la obligatoriedad de prescripción veterinaria, tal como establece la Ley sobre medicamentos veterinarios que es desarrollada por este Real Decreto.

Los medicamentos cuya venta a distancia se regula serán dispensados desde oficinas de farmacia y establecimientos comerciales detallistas de venta de medicamentos veterinarios que notifiquen a las autoridades de las Comunidades Autónomas en las que están ubicadas el inicio de este nuevo canal de comercialización.

Todas las dispensaciones estarán asesoradas por el farmacéutico responsable del centro dispensador que efectúa la venta, con objeto de preservar la seguridad de su utilización.

Hacienda y Función Pública

AUTORIZADAS OPERACIONES DE DEUDA A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LAS IILES BALEARS

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de doscientos millones de euros para cubrir necesidades transitorias de tesorería.

Estas operaciones sólo podrán formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2016 y deben supeditarse al cumplimiento del objetivo de deuda fijado para dicha Comunidad Autónoma para el año 2016.

La necesidad de esta autorización deriva de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que señala que todas las operaciones de endeudamiento de las Comunidades Autónomas incumplidoras de los objetivos de estabilidad, de deuda pública o de la regla de gasto, precisarán de autorización del Estado mientras persista el incumplimiento.

La Comunidad Autónoma de las Illes Balears ha incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto del ejercicio 2015, por lo que debe presentar un plan económico-financiero que permita el cumplimiento del objetivo en el año en curso y el siguiente. Una vez que el plan económico-financiero presentado por la Comunidad Autónoma hubiera sido considerado idóneo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las operaciones de crédito a corto plazo que no sean consideradas financiación exterior no precisarán de autorización del Estado.

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

MODIFICADAS LAS DISPOSICIONES SOBRE EL SISTEMA DE ETIQUETADO FACULTATIVO DE LA CARNE DE VACUNO
  • Se trata de adaptar las disposiciones de la normativa nacional a la normativa comunitaria

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que por el que se modifica la normativa vigente que regula en España la aplicación de las disposiciones de la normativa comunitaria sobre el etiquetado de la carne de vacuno. Esa normativa comunitaria, adoptada en el año 2000, exigía un pliego de condiciones acreditado por la autoridad competente y un control externo por una entidad independiente de control que cumpliera la norma UNE 45011. Se trataba de un sistema de etiquetado facultativo que estaba, además, ligado a las ayudas directas en el marco de la Política Agraria Comunitaria, hasta la última reforma de aplicación a partir de 2015.

En diciembre de 2014 se derogaron, mediante Reglamento comunitario, las disposiciones de los sistemas de etiquetado facultativo de la carne de vacuno, derogación que ahora se traspone a la normativa nacional.

De esta forma, la carne de vacuno pasa a regirse por las mismas normas que el resto de los alimentos. También se desvincula el etiquetado de las ayudas de la PAC, lo que supone una importante simplificación del sistema de etiquetado actual, disminuyendo, tanto las cargas administrativas, como los costes para los operadores españoles, con lo que se sitúan en las mismas condiciones que los operadores del resto de Estados miembros.

En ningún caso esta derogación menoscaba el derecho de los agentes económicos a informar a los consumidores mediante un etiquetado voluntario acerca de las características de la carne, ni el derecho de los consumidores a recibir información veraz, pues, al igual que en otros tipos de carne, la información sobre este producto, más allá de la contenida en el etiquetado obligatorio, queda al amparo de la norma general de información alimentaria facilitada al consumidor.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

REMISIÓN A LAS CORTES DEL CONVENIO EUROPEO SOBRE PROTECCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Convenio europeo sobre protección de animales de compañía, así como su ratificación.

El Convenio contiene los principios por los que se debe regir la tenencia de animales de compañía, establece las medidas aplicables para la reducción de las poblaciones de animales vagabundos y prevé programas de información y educación para promover entre las personas la conciencia y el grado de conocimientos apropiados para garantizar la protección de los animales de compañía.

Si bien en el momento de la adopción del Convenio en España apenas había legislación sobre la materia, en la actualidad existe numerosa normativa, tanto estatal, como autonómica. La competencia sobre bienestar animal está compartida entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que fija las bases en esta materia, y las Comunidades Autónomas, a las que corresponde la aplicación y desarrollo.

Supondrá un complemento muy necesario a la legislación nacional en materia de protección animal en el sector de los animales de compañía, dado el gran interés que éste tiene y la notable evolución que ha experimentado en nuestro país en los últimos años, lo que coadyuvará a aumentar la conciencia individual y colectiva en la protección a los animales de compañía.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

REMISIÓN A LAS CORTES DEL PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Protocolo adicional al Convenio sobre traslado de personas condenadas del Consejo de Europa, hecho en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983, así como su ratificación.

El Protocolo adicional tiene por objeto definir las normas aplicables al traslado del cumplimiento de la condena en dos casos concretos:

  • Cuando la persona condenada se ha evadido del Estado de condena para volver al Estado del que es ciudadano, lo que en la mayoría de los casos hace imposible la ejecución de la pena por el primer Estado.
  • Cuando la persona condenada ha sido objeto de una medida de expulsión o de deportación como consecuencia de su condena, sin haber cumplido total o parcialmente la misma.

Basado en principios humanitarios, el Protocolo adicional contempla, por un lado, avanzar en la rehabilitación social de los extranjeros condenados, al darles la posibilidad de cumplir las condenas en sus propios países, con lo que se trata de que las dificultades de comunicación, las barreras del lenguaje y la privación del contacto con familiares no afecten negativamente a su situación como condenados, y sirve a la vez a los intereses de una buena administración de Justicia, al permitir con mayor facilidad el cumplimiento de condenas impuestas por las autoridades de los diferentes países y compatibilizar la condena penal con la expulsión y el cumplimiento en el exterior.

Por otro lado, evita situaciones de impunidad y permite al Estado de condena solicitar al Estado de cumplimiento que lleve a cabo la realización material de la pena, sin que sea necesario el consentimiento de la persona condenada para el traslado del cumplimiento de la misma.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

REMISIÓN A LAS CORTES DEL PROTOCOLO CON SERBIA SOBRE READMISIÓN DE RESIDENTES SIN AUTORIZACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Protocolo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Serbia para la aplicación del Acuerdo entre la República de Serbia y la Comunidad Europea sobre la readmisión de personas que residen sin autorización, así como su ratificación.

El Protocolo trata de facilitar la repatriación de aquellas personas que se encuentran irregularmente en el territorio de cada uno de los dos países, sobre la base de la reciprocidad y respetando las obligaciones y garantías contempladas, tanto en las legislaciones nacionales internas, como en los Convenios internacionales.

La suscripción del Convenio responde al objetivo de establecer un instrumento de cooperación jurídica internacional con el fin de combatir más eficazmente la inmigración ilegal.

El fundamento jurídico de este Protocolo de Aplicación se encuentra en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Serbia sobre readmisión de residentes ilegales, hecho en Bruselas el 18 de septiembre de 2007.

Con respecto a su contenido, regula y determina las autoridades competentes de ambas partes para la aplicación del Acuerdo, pasos fronterizos e idioma de comunicación, el procedimiento de solicitud de readmisión y respuesta, medios y documentos adicionales, las modalidades de retorno en el marco del procedimiento acelerado, así como las solicitudes de tránsito, el procedimiento en caso de readmisión por error y los costes.

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

ACTUALIZADA LA NORMATIVA SOBRE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL DURANTE EL TRANSPORTE

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte, que actualiza e integra en un solo texto las disposiciones normativas vigentes en la materia.

El objetivo es cumplir con los principios de unidad de mercado y de simplificación y eliminación de cargas administrativas innecesarias en beneficio de los operadores comerciales y de los ciudadanos en general. Por ello, se elimina la obligatoriedad de la aprobación del registro de actividad y se establece explícitamente la validez en todo el territorio nacional de las autorizaciones y demás medios de intervención de las distintas autoridades competentes.

Asimismo, se deroga otro Real Decreto del 16 de junio de 2006 sobre autorización y registro de transportistas y medios de transporte de animales y por el que se crea el Comité español de bienestar y protección de los animales de producción, Real Decreto que ha sido modificado en varias ocasiones. Se actualiza su contenido en base a las necesidades que se han puesto de manifiesto tras su publicación.

Puntos de entrada

Por otro lado, se designan los puntos de entrada por los que podrá autorizarse la llegada de los vehículos de transporte por carretera de animales y piensos que provengan cargados o vacíos de terceros países, debido a su dotación de personal inspector, así como a la presencia de unas adecuadas instalaciones. De esta manera, con la presencia de instalaciones de limpieza y desinfección en los puertos se podrá disminuir el riesgo de transmisión a través de vehículos de transporte de la fiebre aftosa u otras enfermedades que pudieran aparecer o reaparecer en el norte de África y que de llegar a España, tendrían un impacto económico muy importante en el sector agroalimentario.

Agricultura y Pesca y Alimentación y Medio Ambiente

REGULADO EL RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y SUS ASOCIACIONES EN EL SECTOR CUNÍCOLA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula el reconocimiento de organizaciones de productores y sus asociaciones en el sector cunícola. Con esta normativa, demandada por el propio sector, se quiere equilibrar la cadena de valor en el mismo, mejorando la posición del productor como eslabón más débil de la misma.

Estas organizaciones de productores así reconocidas actuarán como elementos clave de cooperación y desarrollo sectorial para la realización de una serie de finalidades entre las que destacan la concentración de la oferta y comercialización en común de la producción de sus miembros, la planificación de la oferta conforme a la demanda y la optimización de los costes de producción.

La extensión de la posibilidad de reconocimiento de organizaciones de productores a todos los sectores que lo soliciten, como consecuencia de la última reforma de la PAC, posibilita, por primera vez, la adopción de una medida de mercado en este sector, que ha tenido históricamente muy difícil su acceso a medidas legislativas, sí disponibles para otros sectores de mayor implantación comunitaria, destacando la ausencia de mecanismos de mercado en el seno de la Organización Común de Mercado Única, lo que realza aún más la importancia y alcance de la actual medida.

La presentación de solicitudes deberá hacerse en la Comunidad Autónoma donde radique la sede efectiva de la organización solicitante, y serán las autoridades competentes autonómicas las responsables de su reconocimiento. Asimismo, el Ministerio establecerá un registro nacional de organizaciones y asociaciones de productores del sector cunícola y publicará, en su página web, un listado con las organizaciones y asociaciones reconocidas.

El Real Decreto aprobado hoy supone para el sector una importante oportunidad para la mejora de la competitividad y la situación económica de los productores.

Hacienda y Función Pública

AUTORIZADA LA APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia, por un importe total de 259.731,01 euros, para las siguientes finalidades:

  • 180.892,97 euros para financiar un suplemento de crédito en el Ministerio de Fomento destinado a las ayudas excepcionales previstas en el Real Decreto Ley de 13 de mayo de 2011, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de dicho año en Lorca (Murcia), relativo al 50 por 100 de los gastos derivados de la reparación, rehabilitación y reconstrucción de las viviendas dañadas, conforme a las certificaciones de concesión de ayudas que la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha remitido al citado departamento ministerial.
  • 78.838,04 euros para financiar un suplemento de crédito en el Ministerio del Interior para atender el pago de complemento de productividad a personal sanitario que presta servicios en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, según varias sentencias y autos judiciales.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

AYUDA HUMANITARIA A LA POBLACIÓN AFECTADA POR UN HURACÁN EN HAITÍ

El Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia de una ayuda humanitaria a la población afectada por el huracán "Matthew" ocurrido el 4 de octubre de 2016 en Haití, por importe de 140.000 euros.

La ayuda humanitaria ha consistido en el flete de un avión con destino a Haití con la siguiente carga humanitaria: material de socorro de los sectores de agua y saneamiento, cobijo y medicamentos.

Empleo y Seguridad Social

ACUERDO PARA LA TRAMITACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE SERVICIOS POSTALES DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Acuerdo por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo al ejercicio de 2017 para posibilitar la tramitación anticipada del contrato centralizado de servicios postales de la Tesorería General de la Seguridad Social, con un compromiso máximo de gasto de 20.394.787,65 euros.

El contrato de servicios postales debe renovarse cada año y es imprescindible para la consecución de los fines que tiene encomendados la Tesorería General de la Seguridad Social.

Empleo y Seguridad Social

COMPROMISOS DE GASTO PARA SUMINISTROS, SERVICIOS E INVERSIONES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autorizan límites para compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para tramitar diversos suministros, servicios e inversiones del Instituto Social de la Marina.

La autorización se refiere a la contratación de asistencia primaria y especializada por medios ajenos, y de desarrollo de aplicaciones informáticas; para aunar contratos de mantenimiento de motores y otros equipos de los buques sanitarios "Esperanza del Mar" y "Juan de la Cosa", así como para otros gastos de mantenimiento y gestión corriente. El importe previsto para estos contratos y gastos durante 2017 supera los veinte millones de euros.

BIOGRAFÍAS

Justicia

Abogado General del Estado - Director del Servicio Jurídico del Estado

D. EUGENIO LÓPEZ ÁLVAREZ.

Nacido el 29 de mayo de 1964, es Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba y pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado.

Como abogado del Estado ha estado destinado en la Abogacía del Estado de Ceuta, de la Delegación del Gobierno en Castilla-León y en el Ministerio de Administraciones Públicas. Fue director general de Deportes y del Secretariado del Gobierno, secretario general técnico en los ministerios del Interior, de la Presidencia y de Administraciones Públicas, director general de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid y abogado del Estado en la Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional. Desde diciembre de 2011 era secretario general técnico del ministerio de Fomento.

Director general de Relaciones con la Administración de Justicia.-

D. JOAQUÍN DELGADO MARTIN.

Nacido el 18 de agosto de 1966, es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona. Desde 1991 es miembro de la carrera judicial.

Ha sido magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, asesor en el ministerio de Justicia en materias como el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia. Ha sido letrado del Consejo General del Poder Judicial y Letrado-Jefe del servicio de Organización y Modernización Judicial del Consejo General del Poder Judicial.

Secretario general técnico del Ministerio de Justicia.-

D. JOSÉ AMÉRIGO ALONSO.

Nacido el 6 de junio de 1978 en Madrid, casado, con tres hijos, es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado.

Como Letrado ha estado destinado en las Secciones Cuarta y Sexta del Consejo de Estado (consultas en asuntos de telecomunicaciones, energía, industria, fomento, medio ambiente, defensa, ciencia, vivienda y turismo) y en los grupos de trabajo de la Comisión de Estudio del Consejo de Estado. Desde 2010 ha desempeñado la dirección de los Servicios Jurídicos y Regulación del Instituto de Censores Jurados de Cuenta de España.

Hacienda y Función Pública

Subsecretario de Hacienda y Función Pública.-

D. FELIPE MARTÍNEZ RICO.

Nacido el 27 de marzo de 1975, casado, con tres hijos, es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza, y Diploma de Estudios Avanzados en Economía Internacional por el Instituto de Economía Internacional de Kiel (Alemania). Pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

Ha estado destinado en la dirección general de Política Económica del ministerio de Economía y Hacienda, donde entre 2008 y 2011 fue subdirector general de Análisis Sectorial. Fue representante de España en el grupo de trabajo del Comité de Política Económica del Consejo de Economía y Finanzas (ECOFIN) de la Unión Europea. Desde diciembre de 2011 era director del Gabinete del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Interventora general de la Administración del Estado.-

Dª MARÍA LUISA LAMELA DÍAZ.

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo de Interventores y Auditores del Estado.

Ha ocupado diferentes cargos en el ámbito de la Intervención General de la Administración del Estado, en la Secretaría General de Hacienda, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en las Representaciones Permanentes de España ante la Unión Europea y Naciones Unidas. Fue jefa de Gabinete del Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Europea y directora en la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea. En 2008 pasó a ocupar el puesto de interventora delegada en la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado, y, más tarde, el de directora del Departamento de Servicios y Coordinación Territorial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Desde septiembre de 2013 era directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Educación, Cultura y Deporte

Director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.-

D. ÓSCAR GRAEFENHAIN DE CODES

Nacido el 15 de abril de 1974, es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Ha sido jefe de gabinete de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad y Consumo, director del Gabinete del Secretario de Estado de Cooperación Territorial, director general de Organización Administrativa y Procedimientos en el Ministerio de Administraciones Públicas, director general de Relaciones Institucionales en el Ministerio de Fomento y asesor en el Gabinete del Secretario de Estado de Infraestructura, transporte y vivienda. Fue director del Gabinete del presidente del Consejo Superior de Deportes y desde agosto de 2015 era director general de Deportes.

Economía, Industria y Competitividad

Secretario general de Ciencia e Innovación.-

D. JUAN MARÍA VÁZQUEZ ROJAS.

Nacido en 1964 en Águilas (Murcia), casado con dos hijos, es Doctor en Veterinaria y Catedrático de Medicina y Cirugía Animal en la Universidad de Murcia.

Ha participado en unos treinta proyectos y contratos de investigación, y es autor de numerosas publicaciones internacionales en revistas de su especialidad y de dos familias de patentes. Fue vicerrector de investigación de la Universidad de Murcia, coordinador general del proyecto Campus Mare Nostrum 37/38 y secretario ejecutivo de la Sectorial I+D de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). Entre 2012 y 2014 fue director general de Investigación Científica y Técnica en la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, y participó en la elaboración de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología y de Innovación. Desde enero de 2015 era secretario general de Universidades en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Directora general de Política de Investigación, Desarrollo e Innovación.-

Dª CLARA EUGENIA GARCÍA GARCÍA.

Nacida en Aguilar de Campóo, es profesora titular de Universidad del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid.

Fue asesora de la ministra de Ciencia e Innovación y responsable del programa de Centros de Excelencia "Severo Ochoa" y Unidades de Excelencia "María de Maeztu". Desde 2012 era subdirectora general de Coordinación, Planificación y Seguimiento en la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Secretario general técnico.-

D. ALEJANDRO RUBIO GONZÁLEZ.

Nacido el 8 de julio de 1977, es Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontifica de Comillas y Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado.

Fue abogado del Estado-jefe en Ciudad Real y, posteriormente, prestó sus servicios en la Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional y en la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Desde 2013 era abogado del Estado-adjunto de la Subdirección General de Asuntos para la Unión Europea e Internacionales.

Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.-

D. ENRIQUE RUBIO HERRERA.

Nacido el 20 de junio de 1971, es Licenciado en Derecho y pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Ha estado destinado en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, donde fue jefe de área de Normas Técnicas de Auditoría y subdirector general adjunto de Normas Técnicas de Auditoría del citado Instituto. Desde 2011 era subdirector general de Normas Técnicas de Auditoría del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.-

D. BORJA FANJUL FERNÁNDEZ-PITA.

Nacido el 19 de diciembre de 1975, casado, es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Máster de Gestión de Carteras por IEB y Máster en Aspectos Jurídicos y Gestión de Recursos en materia de Discapacidad por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Después de trabajar varios años en diferentes empresas del sector privado, fue asistente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados y secretario de la Comisión Nacional de Estudio de la Discapacidad del Partido Popular. En diciembre de 2011 fue elegido diputado por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid, donde fue portavoz de la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad. Actualmente era concejal por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, donde era vocal de las Comisiones de Urbanismo y Equidad, Derechos Sociales y Empleo.

Directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.-

Dª CARMEN BALFAGON LLOREDA

Nacida el 16 de julio de 1954, es Licenciada en Derecho y en Criminología, y Máster en Administración Pública Española.

Ha sido asesora de los ministros de Fomento y de Sanidad, del Secretario de Estado de Seguridad y del Comisionado para la Catástrofe del "Prestige", directora gerente de la Agencia del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid, secretaria general de Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, directora general de Dependencia de la Comunidad de Madrid y secretaria general técnica de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.

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