Referencia del Consejo de Ministros

Madrid

SUMARIO

Presidencia

• ACUERDO por el que se toma conocimiento del Plan de Racionalización Normativa y se establecen los trámites a seguir para su ejecución.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

• ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Protocolo de enmienda del Convenio europeo para la represión del terrorismo.
• ACUERDO por el que se autoriza la aprobación de la enmienda al Anexo IV del Convenio para la creación de una Organización conjunta de Cooperación en materia de armamento (OCCAR), hecho en Farnborough el 9 de septiembre de 1998.

Hacienda y Administraciones Públicas

• ACUERDO por el que se toma conocimiento del Informe general sobre los principales resultados de la ejecución de las auditorías de las cuentas anuales 2012 (Plan Auditorías 2013) elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Economía y Competitividad la convocatoria de ayudas públicas de la Convocatoria "Retos-Colaboración".
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, al objeto de posibilitar la contratación del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de interés público para el año 2014.

Interior

• REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1553/2005, de 23 diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica.

Fomento

• ACUERDO por el que se autoriza la ejecución de las obras complementarias de la rehabilitación del edificio sede de la Audiencia Nacional en la calle García Gutiérrez 1, en el subsuelo de la plaza Villa de París (Madrid) destinado a la construcción de sala de vistas.

Educación, Cultura y Deporte

• INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Empleo y Seguridad Social

• ACUERDO por el que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2013, para su gestión por las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de los daños producidos por las lluvias ocasionadas en la Vía Verde de la Sierra, en la provincia de Cádiz, por importe de 346.000 euros.
• ACUERDO por el que se impone a la Cooperativa Agrícola Hermanos Navío S.C.A. una sanción de 665.452,67 euros y la obligación de indemnizar los daños causados al dominio público hidráulico en la cuantía de 199.635,881 euros por la derivación de aguas del arroyo Hornillo y el uso privativo con destino a riego sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el término municipal de Dos Hermanas (Sevilla).

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

• REAL DECRETO por el que se regula la venta a distancia al público, a través de sitios web, de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica.

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores y de Cooperación

• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República Argelina Democrática y Popular a D. ALEJANDRO POLANCO MATA.
• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Colombia a D. RAMÓN GANDARIAS ALONSO DE CELIS.
• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en la República de Iraq a D. JOSÉ MARÍA FERRÉ DE LA PEÑA.
• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en los Estados Unidos Mexicanos a D. LUIS FERNÁNDEZ-CID DE LAS ALAS PUMARIÑO.
• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en Nueva Zelanda a D. MANUEL VITURRO DE LA TORRE.
• REAL DECRETO por el que se designa embajador representante permanente de España ante las Naciones Unidas a D. ROMÁN OYARZUN MARCHESI.
• REAL DECRETO por el que se designa embajador en Misión Especial para la Candidatura de España al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a D. MANUEL CACHO QUESADA.
• REAL DECRETO por el que se designa embajador de España en el Principado de Mónaco, con residencia en París, a D. CARLOS BASTARRECHE SAGÜES.

Justicia

• REAL DECRETO por el que se nombra fiscal superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria a D. JOSÉ IGNACIO TEJIDO ROMÁN.
• REAL DECRETO por el que se nombra fiscal superior de la Fiscalía de la Comunidad Valenciana a D. ANTONIO MONTABES CÓRDOBA.
• REAL DECRETO por el que se nombra teniente fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cataluña a D. FRANCISCO BAÑERES SANTOS.
• REAL DECRETO por el que se nombra fiscal jefe de Área de la Fiscalía de Área de Cartagena a Dª VERÓNICA ISABEL CELDRÁN RUIZ.
  

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Economía y Competitividad

IMPULSO AL PLAN DE RACIONALIZACIÓN NORMATIVA

• Se han identificado 2.700 normas estatales y autonómicas que pueden suponer barreras a la unidad de mercado.
• Se convocarán veinticinco Conferencias Sectoriales por parte de todos los ministerios para revisar la normativa de veintinueve sectores económicos. En el ámbito del Proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo que fija el calendario para la ejecución del Plan de Racionalización Normativa que acompañará al Proyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado, aprobado el pasado mes de julio y actualmente en fase de tramitación parlamentaria previa a su entrada en vigor.

El Plan de Racionalización Normativa constituye, tras la propia Ley, el segundo eje esencial de trabajo para recuperar un mercado único español similar al europeo y evitar la fragmentación del mercado nacional, tal y como vienen solicitando los operadores económicos, los inversores extranjeros y el consenso de organismos internacionales: OCDE, Comisión Europea, Consejo Europeo y FMI.

El Grupo de Trabajo Interministerial para la Unidad de Mercado, creado en julio de 2012 y presidido por el secretario de Estado de Comercio, ha avanzado en los trabajos previos de identificación y evaluación de normativa estatal y autonómica que pueda suponer una barrera a la unidad de mercado. En concreto:

• Proceso de identificación de normativa (concluida primera etapa, un año):

Se trata de identificar la normativa estatal y autonómica que pueda suponer una barrera a la unidad de mercado. En particular, se ha valorado si las diferentes normas identificadas entran en conflicto con la ley horizontal, entre sí o con el objetivo de unidad de mercado. Se ha valorado, igualmente, si los mismos actos quedan sujetos a normas diferentes y si las intervenciones administrativas son necesarias y proporcionadas, con el objetivo de simplificar y mejorar la calidad de la regulación.

• Proceso de evaluación (concluida primera etapa, tres meses):

Una vez realizada la evaluación, se han contabilizado más de 2.700 normas que, efectivamente, estarían afectando a la unidad de mercado por obstaculizar el libre acceso y/o ejercicio de las actividades económicas. Aproximadamente un 30 por 100 son estatales y un 70 por 100 de rango autonómico, agrupadas en veintinueve sectores económicos.

Próximos pasos

Una vez concluidas por parte del Grupo Interministerial las etapas de identificación y evaluación de normativa en vigor que obstaculiza la unidad de mercado, en adelante los trabajos se centrarán en la revisión de esta normativa, si bien, dado que es un plan dinámico, los trabajos del Grupo en la identificación y evaluación continuarán a fin de proponer nuevas actuaciones.

En particular, se proponen la posible modificación o derogación, en el caso de las normas estatales, o su revisión en Conferencias Sectoriales u otros mecanismos de cooperación en el caso de la normativa autonómica.

• Normas estatales: no afectan en todos los casos a la unidad de mercado en sentido estricto. Su identificación y evaluación se produce, en buena parte, porque se prevén actuaciones sobre ellas para establecer un marco más eficiente de las actividades económicas, por ejemplo, sustituyendo las autorizaciones por declaraciones responsables o simplificando requisitos.

La modificación en el ámbito estatal se llevará a cabo en el primer semestre de 2014 a partir de las indicaciones del propio Grupo de Trabajo Interministerial. No obstante, muchas de estas normas ya están siendo modificadas en este sentido: Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales o la modificación prevista de la Ley de Bases de Régimen Local.

• Normas autonómicas: se diferencian dos tipos distintos de normas. En primer lugar, aquellas que contienen provisiones contrarias al Proyecto de Ley. En este caso, en la Conferencia Sectorial cabria instar a la revisión y, en su caso, modificación de las normas en el plazo de seis meses desde la aprobación de la Ley, tal y como se dispone en la propia norma.

Por otro lado, aquellas normas que puedan ser o contener aspectos divergentes, incoherentes o contener duplicidades también serán revisadas en el seno de las Conferencias Sectoriales para su posible modificación.

Los diferentes Departamentos ministeriales que han participado en este proceso convocarán las correspondientes Conferencias Sectoriales -más de veinticinco conferencias u otros mecanismos o comités-, durante el primer trimestre de 2014, o en el plazo de tres meses desde la aprobación de la Ley. Estas Conferencias Sectoriales podrán contar, en virtud del texto legal, con la contribución de los operadores económicos.

Máxima colaboración institucional

En los trabajos previos de identificación y evaluación normativa han trabajado más de 155 funcionarios de todos los ministerios. Además, el Ministerio de Economía y Competitividad ha habilitado una aplicación informática específica para canalizar la información.

Una vez que se apruebe el Proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, está previsto que las Comunidades Autónomas puedan acceder a la aplicación informática para realizar conjuntamente la evaluación de las diferentes normas. Asimismo, trabajarán de forma coordinada con el Gobierno para la preparación y el desarrollo de las Conferencias Sectoriales monográficas sobre unidad de mercado.

Educación, Cultura y Deporte

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

• Regula la competencia de la Administración General del Estado de declarar 'Manifestación Inmaterial de la Cultura' a aquellas expresiones que superen el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma.
• Crea un Inventario Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, gestionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que será de acceso público.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre el Anteproyecto de Ley de Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial, mediante el cual se regula de forma expresa esta materia y se dota a la Administración General del Estado de un mecanismo para proteger las manifestaciones que integran el Patrimonio Cultural Inmaterial.

Con este proyecto legislativo se da cumplimiento a la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, ratificada por España en 2006, y se sitúa a nuestro país a la cabeza de aquellos que dotan a la Administración General del Estado de un mecanismo para proteger las manifestaciones que integran el Patrimonio Cultural Inmaterial.

Sin perjuicio de las competencias autonómicas, concurrentes con las del Estado en la protección del patrimonio cultural, esta Ley atribuye a la Administración General del Estado competencias para adoptar medidas de salvaguarda y declarar la nueva categoría jurídica de protección denominada "Manifestación Inmaterial de la Cultura" (MIC) cuando:

• Se trate de un patrimonio cultural inmaterial que supere el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma;
• No pueda separarse del imaginario y la tradición española en su conjunto, sin estar vinculado a una región en particular;
• Comporte diversas manifestaciones que merezcan una consideración unitaria, más allá de una o varias regiones;
• Posea una especial relevancia y trascendencia internacionales.

Además, habilita un Inventario Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, gestionado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que incluya las manifestaciones declaradas, tanto por las Comunidades Autónomas (BIC), como por la Administración General del Estado (MIC).

La Ley se limita a regular las actuaciones que puede desplegar la Administración General del Estado en la protección de los bienes inmateriales adaptándose a las peculiaridades derivadas de la naturaleza de este tipo de patrimonio.

Definición de la UNESCO

El Anteproyecto de Ley parte de la definición de patrimonio cultural inmaterial establecida por la Convención de la UNESCO. Se considera patrimonio cultural inmaterial "los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas - junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural".

Este patrimonio presenta unas particularidades para su protección dado que no es conservable ni reproducible más que por sus propios protagonistas y que, junto con toda la sociedad, deciden el cambio o la permanencia de sus manifestaciones.

Ejemplos de patrimonio cultural inmaterial son las tradiciones orales, las artes de espectáculo, los usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y los saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Su salvaguarda constituye, por todo ello, un destacado factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente al fenómeno de la globalización.

Empleo y Seguridad Social

MÁS DE 1.342 MILLONES A COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA DESARROLLAR LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

• Por primera vez, un porcentaje de los fondos se reparte en función del cumplimiento de objetivos.
• Los criterios de distribución son una pieza clave del nuevo modelo de políticas activas.
• Además, se aprueba la distribución de las subvenciones a las Comunidades Autónomas para ayudas previas a la jubilación ordinaria en el Sistema de la Seguridad Social.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Acuerdo por el que se distribuyen territorialmente los fondos correspondientes al ejercicio 2013 para la ejecución de las medidas de las políticas activas de empleo.

La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales acordó, por unanimidad, en su reunión celebrada el pasado 11 de abril, los criterios para la distribución de estos fondos, que suponen la transferencia a las distintas Comunidades Autónomas de un total de 1.342,58 millones de euros. Se trata de aportaciones que complementan los recursos propios de las Comunidades Autónomas destinados a la ejecución de las políticas activas de empleo.

Los criterios aprobados para 2013 responden al nuevo marco de políticas activas aprobado durante la Conferencia. La clave del nuevo sistema reside en la evaluación y la orientación a resultados.

Según lo acordado, y conforme a la transición gradual hacia este nuevo enfoque, los criterios incluyen, por primera vez, información acerca del grado de cumplimiento de unos objetivos comunes a todas las Comunidades Autónomas establecidos previamente y recogidos en el Plan Anual de Empleo 2012: atención a jóvenes, atención al resto de los colectivos desempleados, apoyo a emprendedores, mayor relación entre políticas activas y prestaciones y atención a colectivos con especiales dificultades.

Distribución de fondos

De los fondos cuya distribución ha aprobado el Gobierno, se destinan, por un lado, 951,1 millones de euros a la realización de acciones de formación profesional para el empleo, encaminadas a trabajadores ocupados y a desempleados, así como a oportunidades de empleo y formación.

Por otro, 361,5 millones de euros se dirigen a medidas de fomento del empleo que incluyen orientación profesional, oportunidades de empleo y fomento de la contratación, acciones para colectivos con especiales dificultades, fomento de la igualdad de oportunidades, autoempleo y creación de empresas con medidas para impulsar la economía social, entre otras.

Finalmente, se financian iniciativas dirigidas a la modernización de los servicios públicos de empleo, a las que se destinan 30 millones de euros.

Plan de Políticas de Empleo

Cabe recordar que el pasado 2 de agosto se aprobó, también mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, el Plan Anual de Políticas de Empleo que recoge los objetivos para 2013 y que serán determinantes para la distribución de fondos el próximo ejercicio.

Los objetivos estratégicos o prioritarios del Plan de 2013 son los siguientes:

• Fomento del empleo juvenil y apoyo al emprendimiento.
• Mejora de la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el desempleo (mayores de 55 años, desempleados de larga duración, y colectivo Prepara)
• Mejora de la calidad de la formación profesional para el empleo.
• Vinculación de políticas activas y pasivas.

El Plan de 2013, producto de una estrecha colaboración con las Comunidades Autónomas incluye, además, un conjunto de 350 medidas cuya ejecución corresponde a los diferentes servicios públicos de empleo y consolida el tránsito al nuevo modelo de políticas activas

Ayudas previas a la jubilación

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado la distribución territorial, para su gestión por varias Comunidades Autónomas, de las subvenciones para ayudas previas a la jubilación ordinaria en el Sistema de la Seguridad Social correspondientes al ejercicio 2013.

Estas ayudas, reguladas por una Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 5 de octubre de 1994, están asociadas a los procesos de reestructuración de las empresas y tienen como objeto paliar las consecuencias negativas que pueden tener para los trabajadores dichos procesos de reestructuración

Las ayudas que, por importe de 7,8 millones de euros han sido distribuidas según los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales del pasado 11 de abril, atienden las necesidades comunicadas por varias Comunidades Autónomas al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

REGULADA LA VENTA LEGAL POR INTERNET DE MEDICAMENTOS QUE NO PRECISAN RECETA

• Esta regulación de la venta de medicamentos no sujetos a prescripción a través de sitios web de las oficinas de farmacia proporciona garantías a los ciudadanos en estas adquisiciones.
• Las farmacias autorizadas mostrarán en sus páginas un logotipo común que certificará que pueden realizar esta comercialización.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la venta a distancia al público, a través de sitios web, de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica. Se trata de una norma cuyo principal objetivo es proporcionar las debidas garantías a los ciudadanos en estas adquisiciones.

El Real Decreto, que establece los requisitos que deberán cumplir las páginas web de oficinas de farmacias que vendan legalmente medicamentos en España, incorpora las disposiciones establecidas a nivel de la Unión Europea en la Directiva de medicamentos falsificados.

Las farmacias que cumplan los requisitos para comercializar medicamentos que no precisan receta por Internet deberán mostrar en sus páginas web un logotipo común, que tendrá un enlace a la mención de la oficina de farmacia en los listados que publicará la autoridad competente de la Comunidad Autónoma, a los que también se podrá acceder desde la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. El logotipo se ajustará a lo que se determine en la normativa específica de la Unión Europea.

Protección de la salud pública

Esta norma viene motivada por la necesidad de establecer unas condiciones de venta que aseguren un elevado nivel de protección de la salud pública. Internet se ha convertido en un canal a través del que los ciudadanos adquieren todo tipo de bienes y servicios. Sin embargo, los medicamentos no son bienes de consumo ordinario, tanto por los beneficios en salud que proporcionan, como por los riesgos que conlleva su uso inadecuado.

Por tanto, es necesario ejercer una función de control y supervisión de estas ventas. Éste es precisamente, el segundo objetivo de esta norma, así como la adopción de medidas para el cese de las actividades ilícitas, cuando se detecten.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha sido muy activa en los últimos años en este ámbito y desde 2009 se ha ido incrementando el número de páginas web investigadas a raíz de denuncias o de oficio. En el año 2012 se contabilizaron 214 páginas investigadas y procedimientos de cesación iniciados por venta de medicamentos ilegal, frente a las 125 del año anterior.

Las webs que comercializan medicamentos de manera ilegal pueden reconocerse por realizar alguna de las siguientes actividades:

• Venden medicamentos no autorizados en España.
• Los medicamentos que venden son falsificaciones, de forma que imitan al medicamento original autorizado.
• Venden medicamentos que requieren receta médica, lo que está expresamente prohibido en nuestro país.
• Son webs que no se corresponden con oficinas de farmacia legalmente autorizadas.
• Son webs en las que no se informa de quién es el propietario, el farmacéutico responsable de la misma, y no hay una dirección física de la oficina de farmacia o identificación sobre la misma.
• Realizan una actividad comercial fraudulenta, que pone en peligro los datos personales y financieros.

Se puede consultar qué medicamentos están autorizados en España y cuáles necesitan prescripción médica en el siguiente enlace: www.aemps.gob.es/cima

Interior

MODIFICADA LA NORMATIVA DE EXPEDICIÓN DEL DNIe PARA PROTEGER A LOS MENORES EN EL USO DE INTERNET

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica otro Real Decreto del 23 de diciembre de 2005 que regulaba la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica.

La finalidad del Real Decreto aprobado hoy es modificar, entre otros aspectos, la citada norma para conseguir una mayor protección de la infancia en el uso de Internet, permitiendo la acreditación de la identidad de los menores por medios telemáticos -DNIe-, pero no el uso de la firma electrónica.

Las modificaciones son las siguientes:

• A partir de ahora, la activación de la identificación electrónica será para mayores y menores, pero, la activación de la firma electrónica será únicamente para mayores de edad. La entrega de un documento con el certificado de identificación electrónica activado permitirá proteger a los menores en las redes sociales, ya que son muchas las páginas que solicitan información sobre la edad del usuario.
• Se simplifica la primera expedición del DNIe, ya que antes se exigía el certificado de empadronamiento y ahora servirá entregar el volante de empadronamiento, documento que es más fácil de obtener.
• Modificaciones técnicas en la toma de impresiones dactilares: en los casos en que no puedan realizarse sobre los dedos índices, por mutilación o defecto físico, se sustituirán por otro.
• Teniendo en cuenta que los cambios de fisonomía son muy rápidos, en los menores de cinco años el plazo de validez del DNIe pasa de cinco a dos años. Ello no supone ampliar las cargas administrativas para los ciudadanos puesto que se trata de expediciones voluntarias.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

REMISIÓN A LAS CORTES DEL PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO EUROPEO PARA LA REPRESIÓN DEL TERRORISMO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Protocolo de enmienda del Convenio europeo para la represión del terrorismo.

Este Protocolo pretende optimizar el Convenio europeo para la represión del terrorismo al proporcionar una mayor cobertura normativa y seguridad europea teniendo en cuenta la nueva realidad del terrorismo globalizado, su dimensión internacional y la sofisticación de actos y actividades que ha alcanzado en los todos los ámbitos.

Supone un avance en la lucha contra esa lacra llevada a cabo en el Consejo de Europa, avance frecuentemente demandado por las instituciones de dicho Consejo, tanto en las reuniones de los estados Miembros como en resoluciones de la Asamblea Parlamentaria.

El texto amplía la lista de delitos ante cuya comisión, el Estado requerido no podrá negarse a extraditar al reclamado alegando que la acción objeto de la demanda de extradición es de carácter político. Además, no sólo se extienden los delitos, sino que a la vez se trata de lograr una simplificación en materia de extradición y de cooperación judicial penal internacional.

En el ámbito de la Unión Europea existen instrumentos legales que regulan la extradición, la entrega y la cooperación judicial penal de una manera mucho más intensa que la contemplada en el presente Protocolo; pero este protocolo persigue actualizar la legislación del Consejo de Europa relativa a la represión del terrorismo. La ratificación permite mostrar, una vez más, el apoyo de España a la mejora y aplicación de los mecanismos de colaboración jurídica internacional para la erradicación de este tipo de delitos.

Convenios en el ámbito de Naciones Unidas

La modificación operada en el artículo 1 es fundamental, al aumentar sobremanera el número de delitos que ya no pueden considerarse políticos a efectos de la extradición. De hecho, el nuevo artículo actualiza la enumeración remitiéndose a los convenios contra el terrorismo celebrados en el ámbito de las Naciones Unidas, convenios todos ellos que criminalizan la comisión de atentados terroristas según los medios empleados (explosivos, material nuclear, etcétera), las víctimas (toma de rehenes, personas que gozan de protección internacional, etcétera) o el lugar de comisión de los atentados (aeropuertos, plataformas marítimas, etcétera).

Esta extensión de tipos se complementa con otra extensión a diferentes grados de autoría o ejecución. La prohibición de considerarlos crímenes políticos no se limita a la autoría principal ni al delito consumado y se extiende a la tentativa, complicidad u organización para delinquir.

Economía y Competitividad

ELEVACIÓN DEL LÍMITE DE GASTO PARA RESOLVER LA CONVOCATORIA RETOS-COLABORACIÓN

El Consejo de Ministros ha autorizado la elevación de los límites de compromiso de gasto a 60,6 millones de euros en 2014 a la Dirección General de Innovación y Competitividad. Esta elevación se justifica por la diferencia existente entre los actuales límites presupuestarios y los gastos plurianuales correspondientes al ejercicio 2014.

Con esta modificación, la Dirección General de Innovación y Competitividad podrá resolver con normalidad la convocatoria Retos-Colaboración, destinada a financiar proyectos de desarrollo experimental realizados en colaboración entre centros de investigación, públicos y privados, y empresas. El objetivo de este programa es promover la investigación orientada a resolver los retos de la sociedad mediante el desarrollo de nuevos productos y servicios.

Fomento

AUTORIZADO EL PRIMER PASO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL

• Se aprueba la declaración de interés general del aparcamiento de la plaza de la Villa de París (Madrid) para construir salas de vistas.

El Consejo de Ministros ha acordado declarar de interés general una parte del aparcamiento de la plaza de la Villa de París, en Madrid, en la que el Ministerio de Justicia tiene previsto ampliar la Audiencia Nacional, mediante la construcción de varias salas de vistas con las que se completará la reforma total de la que es objeto el edificio de esta sede judicial, ubicado en la calle García Gutiérrez.

La declaración de interés general es necesaria para que el Ayuntamiento de la capital, al que pertenece el aparcamiento subterráneo, modifique en su Plan General de Ordenación Urbana la calificación de uso de la superficie afectada, de tal forma que pase de aparcamiento subterráneo municipal a dotacional de servicios colectivos de la administración pública.

Dicho acuerdo permitirá que el Ministerio de Justicia pueda ocupar los espacios del subsuelo de la plaza Villa de París en su mitad oeste y realizar las correspondientes obras de acceso desde la plaza y de comunicación con el edificio de la Audiencia Nacional, en la calle García Gutiérrez. En esa parte del aparcamiento se construirán varias salas de vistas de un tamaño acorde a las necesidades de esta sede judicial, en la que son frecuentes los macroprocesos.

Cambio de calificación

Para lograr que se produzca el cambio de calificación de uso, el Ministerio de Justicia dictó el 25 de octubre de 2012 una orden ministerial en la que ya se declaraba la urgencia y el excepcional interés público de las obras complementarias de la rehabilitación de la Audiencia. Una vez realizados los trámites pertinentes ante el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Justicia se puso en contacto con el Ministerio de Fomento para que llevara al Consejo de Ministros la declaración de interés general, lo que ha ocurrido hoy, y, así, iniciar la tramitación de la normalización de la situación urbanística a través de la modificación puntual del Plan General.

Las obras del edificio principal de la Audiencia Nacional está previsto que terminen a finales de 2014 y en el primer trimestre de 2015, las complementarias. El edificio rehabilitado tendrá una superficie de 10.961 metros cuadrados y en el subsuelo habrá 3.839 más, lo que supone un total de 14.800 metros cuadrados (el proyecto original de rehabilitación sólo tenía 9.924,07 metros cuadrados).

El presupuesto inicial del edificio principal asciende a 16.378.539,9 euros y el del proyecto complementario, a 6.826.737,72 euros. En los Presupuestos de 2011 y 2012 se destinaron un total de 1.102.523,45 euros, mientras que en 2013 se consignaron 6.906.490,86 euros. En los presupuestos de 2014 y 2015 se proyectarán créditos por importe de 12.830.915,77 y 2.365.347,54 euros, respectivamente.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

OBRAS DE REPARACIÓN DE LA VÍA VERDE DE LA SIERRA, EN CÁDIZ

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se toma razón de las obras de reparación de la Vía Verde de la Sierra en Cádiz, con objeto de subsanar los daños ocasionados por lluvias. La ejecución de estos trabajos supondrá una inversión del Ministerio de 346.000 euros.

La Vía Verde de la Sierra, con una longitud de unos 37 kilómetros, discurre por las provincias de Cádiz y Sevilla, a través de los municipios de El Coronil, Montellano, Olvera, Coripe y Puerto Serrano, a través de parajes naturales de extraordinaria belleza tales como el Peñón de Zaframagón, la Sierra de Lijar o las orillas del río Guadalete.

Debido a la orografía del terreno, cuenta con cuatro viaductos, treinta túneles y cinco estaciones. Esas características, unidas a la correcta adecuación y gestión de las infraestructuras existentes, han hecho que esta Vía sea merecedora del Premio a la Excelencia 2013 convocado por la Asociación Europea de Vías Verdes. También ha sido declarada mejor vía verde de Europa en 2005 y está reconocida como ruta de interés turístico de Andalucía.

Con la reparación de este camino se pretende que se mantengan los niveles de excelencia que le caracterizan. Así, se favorece el desarrollo sostenible de la zona, mediante la potenciación de los recursos económicos, con la promoción de su uso y su divulgación en los ámbitos nacional e internacional.

Hacienda y Administraciones Públicas

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2012

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del Informe general sobre los principales resultados del Plan de Auditorías 2013, correspondiente a las cuentas públicas de 2012, elaborado por la Intervención General del Estado.

El Informe pretende ofrecer una visión general de la situación de la actividad económico-financiera del sector público estatal y, por primera vez en este ejercicio, sus resultados se publican en el Boletín Oficial del Estado junto con la información contable de cada entidad.

El resultado de las auditorías realizadas por la Intervención General de la Administración del Estado muestra que, con carácter general, las entidades del sector público estatal cumplen con las normas y principios contables.

La Ley General Presupuestaria establece que la Intervención General del Estado debe remitir anualmente al Consejo de Ministros un informe resumen de las auditorías de cuentas realizadas en el que se reflejarán las salvedades contenidas en dichos informes. En esta ocasión, y también por primera vez, el Informe se emite paralelamente a la elaboración de la Cuenta General del Estado del ejercicio económico 2012, lo que permite completar su contenido en lo referente a los resultados de las auditorías de cuentas de las entidades que la conforman.

En el plan de auditoría 2013 se prevé la emisión de 231 informes de cuentas de entidades del sector público estatal y de 16 grupos consolidados. Se incluye también la auditoría de once consorcios del sector público a los que se refiere la disposición adicional novena de la Ley General Presupuestaria. Hasta el momento, han sido finalizadas el 94,4 por 100 de las auditorías previstas en el Plan.

Salvedades

Los resultados obtenidos en las auditorías muestran que con carácter general las entidades del sector público estatal están cumpliendo con las normas contables, con un índice mayoritario de informes de auditoría que dan una opinión favorable sobre las cuentas auditadas, si bien en algunos casos se mencionan errores, incumplimientos normativos o insuficiencias de información.

En el sector público administrativo, la mayor parte de las salvedades se basan en hechos ya señalados en ejercicios anteriores, en particular los que se refieren a problemas de inmovilizado, al no tener inventario o tenerlo con errores significativos o por un registro incorrecto.

En el caso de las entidades públicas empresariales las salvedades están originadas fundamente por limitaciones derivadas de la falta de información. En las entidades estatales de derecho público, en particular el grupo del sector portuario, se incluyen tanto limitaciones como incertidumbres así como errores e incumplimientos.

Por último, de las auditorías realizadas a las entidades del sector público fundacional destaca el alto porcentaje de informes con opinión favorable que alcanza el 93 por 100, existen salvedades sólo en dos de los informes.

El Gobierno realizará un seguimiento periódico respecto de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto en los informes.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

ENMIENDA AL CONVENIO DE CREACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE ARMAMENTO

El Consejo de Ministros ha autorizado la aprobación de la enmienda al Anexo IV del Convenio para la creación de una Organización conjunta de Cooperación en materia de armamento (OCCAR), hecho en Farnborough el 9 de septiembre de 1998.

El Convenio OCCAR fue suscrito por cuatro países: Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Tras Bélgica en 2003, España se incorporó al Convenio en 2005.

La presente Enmienda tiene por finalidad modificar las disposiciones específicas relativas al proceso de toma de decisiones sobre las materias objeto del Convenio. En relación con el procedimiento de toma de decisiones, se establecían dos tipos de mayoría: cualificada reforzada y de votos. A partir de 2011, ante la perspectiva de futuras ampliaciones de la OCCAR por la posible incorporación de Estados con los que la Organización venía manteniendo programas de cooperación, se planteó la revisión del procedimiento de toma de decisiones, al objeto de evitar eventuales bloqueos ocasionados por el ejercicio del derecho de veto.

La Enmienda introduce tres nuevas decisiones que deberán ser adoptadas por "mayoría cualificada reforzada". Dichas decisiones son:

• La concesión de un programa a OCCAR y la integración de programas de colaboración existentes entre Estados miembros.
• La celebración de todo convenio/acuerdo de conformidad con los artículos 37 y 38 del Convenio.
• El nombramiento de Adjunto al Director de Administración Ejecutiva.

BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores y de Cooperación

Embajador de España en la República Argelina Democrática y Popular.-

D. ALEJANDRO POLANCO MATA.

Nacido el 28 de noviembre de 1959 en Madrid, es Licenciado en Derecho e ingresó en 1987 en la Carrera Diplomática.

Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Austria, Eslovenia y Rabat. Ha sido subdirector general adjunto de Personal del Ministerio de Asuntos Exteriores y desde 2000 era subdirector general de Personal del Ministerio. En diciembre de 2004 fue designado embajador de España en la República Islámica de Mauritania y en julio de 2009 fue nombrado director general de Recursos Pesqueros y Acuicultura en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Actualmente era secretario general y patrono de la Fundación Consejo España-Estado Unidos.

Embajador de España en la República de Colombia.-

D. RAMÓN GANDARIAS ALONSO DE CELIS.

Nacido el 25 de noviembre de 1946, es Licenciado en Derecho e ingresó en 1976 en la Carrera Diplomática.

Ha ocupado diferentes puestos en la Secretaría Diplomática del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores y en la Secretaría del Presidente del Congreso de los Diputados. Fue director de África del Norte, cónsul adjunto en el Consulado de España en Nueva York, director de Cooperación Cultural, cónsul general de España en Génova y en México y director de Tribuna Americana de la Casa de América. En 2001 fue nombrado embajador de España en Guatemala y, posteriormente, vocal asesor en la Dirección General de Comunicación Exterior. Actualmente era segundo jefe en la Embajada de España en el Reino Unido.

Embajador de España en la República de Iraq.-

D. JOSÉ MARÍA FERRÉ DE LA PEÑA.

Nacido el 6 de marzo de 1956 en Madrid, es Licenciado en Derecho e ingresó en 1981 en la Carrera Diplomática.

Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Líbano e Italia. Fue jefe de área en la Subdirección General de Naciones Unidas y en la Asesoría Jurídica Internacional. En 1993 fue nombrado cónsul general de España en Andorra y, posteriormente, asesor en el Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores y cónsul general de España en Jerusalén. En 2006 fue designado embajador en Misión Especial para las Relaciones con las Comunidades y Organizaciones Musulmanas en el Exterior y, posteriormente, enviado especial para las Relaciones con la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) y asesor del Gabinete del Secretario de Estado para la Unión Europea. Actualmente era cónsul general en Orán.

Embajador de España en los Estados Unidos Mexicanos.-

D. LUIS FERNÁNDEZ-CID DE LAS ALAS PUMARIÑO.

Nacido el 19 de diciembre de 1959 en Madrid, es Licenciado en Derecho e ingresó en 1985 en la Carrera Diplomática.

Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Guinea Ecuatorial y Alemania. Fue oficial mayor del Ministerio de Asuntos Exteriores y, más tarde, cónsul general de España en Estrasburgo y en Rabat. En 2007 pasó a ocupar el puesto de vocal asesor para Asuntos de la Ley de Nacionalidad en la Dirección General de Asuntos y Asistencias Consulares y, posteriormente, el de subdirector general de Asuntos Jurídicos y Consulares. Actualmente era director general de Asuntos Generales y Migratorios. Desde 2011 era director general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios

Embajador de España en Nueva Zelanda.-

D. MANUEL VITURRO DE LA TORRE.

Nacido el 13 de agosto de 1945, es Licenciado en Derecho e ingresó en 1974 en la Carrera Diplomática.

Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Nigeria, Dinamarca y Consejo de Europa. Fue delegado permanente adjunto en las Negociaciones sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa y sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad, con sede en Viena, y subdirector general de Asuntos Internacionales de Desarme. En 1996 fue nombrado embajador de España en Bolivia y, a continuación, en Venezuela. Ha sido vocal asesor en la Subdirección General de No Proliferación y Desarme, y cónsul general de España en Düsseldorf. Actualmente era segundo jefe en la Embajada de España ante la Santa Sede.

Embajador representante permanente de España ante las Naciones Unidas.-

D. ROMÁN OYARZUN MARCHESI.

Nacido el 26 de agosto de 1957 en Madrid, es Licenciado en Derecho e ingresó en 1985 en la Carrera Diplomática.

Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Siria, Uruguay, Bélgica y Argentina. Fue subdirector general adjunto de Asuntos Internacionales de Desarme, director del Gabinete de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, y Consejero en la Representación Permanente de España ante las Naciones Unidas. Ha sido subdirector general de Cancillería y embajador representante permanente adjunto de España ante las Naciones Unidas. Desde marzo de 2012 era embajador de España en la República Argentina.

Embajador en Misión Especial para la Candidatura de España al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.-

D. MANUEL CACHO QUESADA.

Nacido el 1 de noviembre de 1951 en Jaén, es Licenciado en Derecho e ingresó en 1977 en la Carrera Diplomática.

Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Zaire, Filipinas, Chile y Reino Unido. Ha sido Director de Asuntos Generales y Subdirector General de la Oficina de Información Diplomática. En 1995 fue nombrado Cónsul General de España en Jerusalén y, posteriormente, Embajador de España en la República Federal de Nigeria y Embajador de España en la República Árabe Siria. En mayo de 2005 fue nombrado Director General de Comunicación Exterior y en octubre de 2008, embajador de España en la República de Cuba. Actualmente era secretario general de la Fundación España-Japón-China-India-Australia.