Respuestas a los medios de comunicación de Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte

La Moncloa, Madrid

P.- Carmen del Riego, de "La Vanguardia". Se ha hecho público que ETA pretende desarmarse definitivamente el 8 de abril y me gustaría una valoración del Gobierno, por un lado, y, por otro, si éste sería un paso en las exigencias que hacía el Gobierno para proceder a un acercamiento de presos.

Por otro lado, y volviendo a la estabilidad y a lo que ocurrió ayer en el Congreso, ¿el Gobierno hace alguna autocrítica sobre la forma en la que ha tramitado el Real Decreto Ley? La oposición se queja de que no han hablado con ellos hasta las últimas 24-48 horas y de que tampoco se han sentado a negociar hasta las 24 horas anteriores. ¿Hace alguna autocrítica?

Portavoz.- En relación con la primera pregunta, la posición del Gobierno, desde que está el Gobierno, por tanto, desde diciembre del año 2011, es muy clara y muy nítida: ETA tiene que hacer dos cosas, que son desarmarse y disolverse. Por tanto, eso es lo que tiene que decir el Gobierno que, insisto, no ha variado ni un centímetro su posición desde hace seis años.

En relación con la segunda pregunta, el Gobierno no tiene ningún empacho en hacer autocrítica cuando cree que la autocrítica hay que hacerla; pero yo creo que hay que recordar ante la situación en la que nos encontramos. Como saben ustedes, en la Unión Europea lo que hay son dos instrumentos jurídicos: uno, el Reglamento, que se aplica directamente, tiene eficacia directa; y otro, la Directiva, que requiere un acto de cada Estado miembro, eso que llamamos la transposición, por tanto, la incorporación al ordenamiento jurídico de cada país.

De lo que estamos hablando es de una ley del Gobierno anterior, que data del año 2010; una ley que fue aprobada muy mayoritariamente por el Parlamento de la época y con los votos también del Grupo Popular. Esa Ley el Tribunal de Justicia es la que ha examinado y ha dicho que no se acomoda a lo establecido en la Directiva. Por tanto, el 11 de diciembre del año 2014 el Tribunal de Justicia condenó al Reino de España al estimar que la transposición no se había realizado correctamente y notificó esa sentencia al Reino de España en el año 2015.

En el año 2015 es cuando empieza a negociar el Gobierno de la época con la patronal y con los sindicatos --empieza a negociar, por tanto, inmediatamente-- y traslada inmediatamente, en mayo de 2015, los acuerdos alcanzados entre patronal y sindicatos. En julio de 2016 --el Gobierno testa con la Comisión Europea para saber si los acuerdos merecen el apoyo, el aval, de la Comisión Europea--, la Comisión Europea remitió una carta al Ministerio de Fomento en la que señalaba que había parte de esos acuerdos que la Comisión consideraba que eran contrarios a la Directiva: el 27 de julio de 2016 (tengo por aquí la carta de la Comisión Europea).

Por lo tanto, el 27 de julio del año 2016 es cuando el Gobierno conoce la situación. Les recuerdo a ustedes que el Gobierno estaba en funciones y que la Ley del Gobierno del año 2002 impide presentar un Proyecto de Ley o un Real Decreto Ley y, por tanto, el Gobierno no ha podido hacerlo hasta que esa situación de interinidad ha desaparecido.

A partir de ese momento ha negociado con las partes: primero, ha aprobado en Consejo de Ministros un Real Decreto Ley; ese Real Decreto Ley fue remitido a todos los grupos políticos antes de su aprobación en el Consejo de Ministros, antes de su aprobación, y ningún grupo político, ningún Grupo Parlamentario, hizo ningún comentario ni pidió ninguna aclaración al Gobierno; antes de su aprobación. A continuación, el Gobierno, dentro del marco de esa negociación, ha instado a que hubiera un mediador, porque estamos hablando de la negociación colectiva que compete a las partes. Pero, incluso compitiendo a las partes, el Gobierno ha participado en esa negociación intentando encontrar una solución y haciendo una propuesta, que ustedes conocen, que entiende que es una propuesta ambiciosa y generosa.

Por tanto, ya le digo, no es por no hacer autocrítica o no hacerla; pero creo que, cuando uno hace un desarrollo de los acontecimientos, cuando uno tiene en cuenta de lo que se trata, que es cumplir una sentencia del Tribunal de Justicia, que es el Real Decreto Ley, la negociación es una cosa que uno puede considerar paralela, pero es una cosa diferente. En la convalidación del Real Decreto Ley, que es, insisto, la traslación de una sentencia del Tribunal de Justicia, me parece que no hay mucho margen para hablar de ese contenido.

En todo caso, el ministro de Fomento se va a dirigir a los grupos políticos para que le digan, ya que no se lo han dicho antes, qué es lo que hay que cambiar de ese Real Decreto Ley, qué es lo que juzgan que en ese Real Decreto Ley hay que cambiar y pudiera cambiar el sentido de su voto, siempre teniendo en cuenta que esos posibles cambios o esos eventuales cambios deberían contar con el aval de la Comisión Europea.

Estamos muy justos de tiempo, porque la sentencia del Tribunal de Justicia puede recaer en cualquier momento; pero el Gobierno va a hacer todo cuanto esté en su mano, primero, para cumplir con las obligaciones de la Unión Europea y, segundo, para que los españoles no tengamos que pagar esa sanción de nuestros bolsillos y poder dedicar ese dinero a otras cosas.

P.- Ha dicho usted: "ETA lo que tiene que hacer es desarmarse y disolverse". Pues bien, parece ser que el anuncio del desarme lo hace hoy y que podría ser el 8 de abril cuando se desarmara. ¿Eso lo interpreta el Gobierno como un gesto? ¿Tendrá una respuesta? ¿Cómo lo interpreta?

Portavoz.- El Gobierno nunca especula sobre las voluntades, los deseos, de las organizaciones terroristas. El Gobierno hoy lo que hemos oído es unas filtraciones que dicen que se va a producir. Todavía no se ha producido nada. El Gobierno quiere reiterar su posición firme y sólida desde el principio, y que creo que tiene el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles. Por lo tanto, desarmarse y disolverse.

P.- Josep Capella, de Televisión de Cataluña. Quería preguntarle dos cuestiones; una, sobre este mismo tema de ETA. Quería preguntarle si el Gobierno, por ejemplo, está en contacto --el Presidente dijo que tenía contactos con los máximos responsables del PNV-- sobre este anuncio que se va a formalizar hoy y si también esta nueva situación de desarmarse permite un avance en esas conversaciones que tenía el lehendakari Urkullu y en uno de los puntos, por ejemplo, que planteaba antes la compañera era el acercamiento de presos: la política penitenciaria en el País Vasco.

En segundo lugar, dada la situación de debilidad parlamentaria, constatada con la derrota de ayer del Gobierno en el Congreso, ¿el Gobierno se replantea presentar los Presupuestos Generales del Estado el día 31 de este mes de marzo?

Portavoz.- Respecto a su primera pregunta, hemos conocido esa noticia, que, insisto, es una filtración donde se dice que ETA va a hacer, porque todavía, que yo sepa, no ha hecho nada; la hemos conocido durante el Consejo de Ministros y, por tanto, comprenderá usted que el presidente del Gobierno no haya podido hablar con nadie. Ha hablado con sus ministros y la posición del Gobierno es la que yo le he expresado. Por tanto, vamos a esperar a ver qué dice ese comunicado, vamos a ver estas cosas con cautela y con prudencia, es una organización terrorista, vamos a ver qué es lo que hace y, luego, ya actuaremos.

Pero, insisto, que me parece que es el mensaje que el Gobierno quiere lanzar, no hemos movido ni un centímetro nuestra posición desde el año 2011 y ésa es: desarmarse y disolverse.

En relación con la segunda pregunta, el Gobierno es consciente… Me lo han oído decir ustedes a mí una y otra vez aquí: el Gobierno tiene un Grupo Parlamentario con los escaños que tiene y, por lo tanto, el Gobierno tiene que buscar acuerdos. Al Gobierno le sorprende que algo tan obvio, tan evidente, como el cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia, por tanto, una obligación contraída con Europa, las Cortes lo rechace. Eso resulta difícil de explicar; pero vamos a seguir trabajando y haciendo un esfuerzo por cumplir con Europa y por evitar que los españoles tengan que pagar esa sanción.

El Gobierno no se replantea la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer porque creemos que es bueno para los ciudadanos, para la Administración General del Estado y para las Comunidades Autónomas tener unos Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, los planes que tiene el Gobierno --este es un Gobierno serio, que se compromete con los ciudadanos-- vamos a cumplirlos en las fechas que teníamos pensado y seguimos hablando con los grupos políticos para alcanzar acuerdos.

P.- José Miguel Blanco, de la Agencia EFE. Después de lo ocurrido ayer en el Congreso con el Real Decreto Ley de la estiba, ¿el Gobierno considera desleal la actitud de Ciudadanos y considera que puede ser un precedente de cara, precisamente, al próximo debate presupuestario?

Y respecto a los Presupuestos, y en el ámbito concreto de su Departamento, querría saber si cree que las Comunidades, por ejemplo, podrían actuar o presionar, de alguna forma, para la aprobación de los mismos, teniendo en cuenta que varias han tenido que aplazar la convocatoria de oposiciones de docentes por la falta de ese texto presupuestario.

Portavoz.- El Gobierno no califica; el Gobierno actúa, el Gobierno gobierna y el Gobierno quiere buscar las reformas necesarias para continuar en la senda de crecimiento en la que estamos. El Gobierno y el partido que lo sustenta firmaron un acuerdo con el partido de Ciudadanos, que fue el acuerdo de investidura. Hay 150 puntos en ese acuerdo de investidura y estamos trabajando en ellos. Hemos cumplido ya algunos de ellos, estamos cumpliendo otros y el Gobierno va a mantenerse en ese acuerdo, porque este Gobierno es un Gobierno serio y responsable, y porque cree que eso es lo que necesita España en estos momentos y lo que más nos conviene.

En segundo lugar, y respecto al tema que me plantea, que es un tema del Ministerio de Educación, el Gobierno es consciente… El Gobierno, primero, ha dicho que en los Presupuestos Generales del Estado va a haber una oferta muy importante de empleo público y otro de los objetivos es reducir también el número de interinos. Ayer se reunió el Ministerio de Hacienda y Función Pública con los sindicatos y lo va a hacer en los próximos días con la Mesa General de la Administración Pública para concretarlo.

Pero tiene usted razón en lo que dice. Yo soy consciente, como ministro de Educación, de que los exámenes para maestros tienen lugar en el mes de julio y, por lo tanto, si hubiera que esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, no habría materialmente tiempo para hacer esos exámenes. Sabemos que hay mucha gente que ha estudiado, que se ha preparado y que está preocupada con esta situación, y también yo recibo preguntas de muchas Comunidades Autónomas.

Por ello, el Gobierno está estudiando la manera de presentar, junto a los Presupuestos Generales del Estado, una apoyatura legal que permita convocar esa oferta de empleo en el ámbito de la educación y en algún otro, como el ámbito de las academias militares y de la Guardia Civil, que tienen un calendario especial y que, por tanto, requieren también medidas especiales. Por lo tanto, estamos pensando en cómo articularlo; pero la idea que tiene el Gobierno a día de hoy es dar una respuesta, una respuesta positiva, en materia de empleo público a los opositores a maestros y a, insisto, los de la Academia de la Guardia Civil y de la Academia Militar.

P.- Mariano Calleja, del diario "ABC". Quería saber, Ministro, si estamos más cerca que hace dos días de un posible adelanto electoral. Es decir, si se repite una votación como la de ayer, ¿estamos abocados a unas nuevas elecciones generales?

Por otra parte, relacionado con este asunto, ¿el Gobierno sigue considerando a Ciudadanos socio preferente o algo se ha roto en la confianza que hay entre el Gobierno y Ciudadanos?

Portavoz.- Respecto a la primera pregunta, el Gobierno va a seguir gobernando, porque cree que es lo que le interesa a España. Antes he hablado de los intereses nacionales, de los intereses generales y los intereses partidistas o particulares, y he abogado por poner por delante los intereses generales, y eso es lo que va a hacer el Gobierno. Por tanto, le reitero que no va a haber adelanto electoral.

El Gobierno continúa con sus planes; va a presentar el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado y el ministro de Fomento inmediatamente va a retomar las conversaciones con los grupos políticos. Esperamos que esta vez nos digan qué es lo que quieren cambiar del Real Decreto Ley. El Gobierno va a estar presente en esa mesa de negociación entre patronal y sindicatos de la estiba, va a estar presente; hay una oferta que está sobre la mesa que no se estudió detenidamente en las últimas reuniones; vamos a ponerla sobre la mesa, vamos a escuchar y vamos a intentar resolver ese tema, porque, insisto, afecta a la credibilidad de España.

Es difícil explicar en Europa cómo se rechaza en el Congreso de los Diputados una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso es incumplir nuestras obligaciones con la Unión Europea. Y yo oigo a todos los grupos políticos decir, o a casi todos, que "van a cumplir con Europa". Esto es cumplir con Europa, vamos a seguir trabajando en ello y el Gobierno no se plantea ninguna hipótesis de adelanto electoral. Quiero que eso quede meridianamente claro.

Lo he dicho antes, lo reitero y lo repito, Ciudadanos y el Partido Popular firmaron un acuerdo para la investidura. Hay 150 puntos que juzgamos que son positivos para España. Estamos en la senda de crecimiento, en la creación de empleo, queremos jugar un papel importante en Europa y en eso estamos. Y Ciudadanos sigue siendo un socio de referencia para el Gobierno.

P.- Estefanía Molina, de "El Nacional". Portavoz, esta semana se ha conocido la sentencia del 9-N para Mas, Ortega y Rigau. ¿Cree el Gobierno que la inhabilitación puede servir para alimentar el malestar del soberanismo?

En segundo lugar, ¿de qué forma va a concretar el Gobierno en diálogo en adelante, tanto con la Generalitat, como con la sociedad catalana? ¿Cuál va a ser la estrategia?

Portavoz.- Respecto a su primera pregunta, me lo han oído decir ustedes en numerosas ocasiones: se trata de una sentencia y las sentencias se acatan y se respetan. La sentencia lo que pone de manifiesto es que en España, esta y todas las demás, nadie está por encima de la Ley o al margen de la Ley, y que España es un Estado de Derecho serio. Eso es algo que tenemos que saber todos y estoy seguro de que todos nos damos cuenta de ello.

Respecto a la segunda pregunta que usted me hace, la oferta de diálogo que hace el Gobierno no tiene fecha de caducidad. El otro día estuvo en Madrid el presidente Puigdemont, que asistió a la entrega de los Premios Blanquerna, entre otros, al seleccionador nacional Vicente del Bosque. Fue un acto muy cordial, muy amable, muy positivo, y ahí alguno de sus compañeros me preguntaron lo mismo. Yo les dije: vamos a dialogar. ¿Vamos a dialogar para qué? Para resolver los temas que importan a los españoles y, por tanto, también a los catalanes: para resolver las cuestiones de financiación; estamos hablando del Corredor Mediterráneo, estamos hablando de la Tarjeta Social…

Hay muchos temas importantes que, sin duda alguna, entre todos los resolvemos mejor. De eso se trata. ¿Diálogo? Dentro de la Ley, como es lógico. Ya no se lo he dicho ahora porque es lógico. Nadie entiende fuera de nuestras fronteras que no se dialogue dentro de la Ley, que es el marco que nos damos todos.

Por tanto, ese diálogo sigue plenamente vigente y estará vigente sin fecha de caducidad.

Hoy comienzan las Fallas. El Gobierno está orgulloso de haber instado a la UNESCO el que éstas sean Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad; además, creo que el buen tiempo acompaña a las Fallas en Valencia.

Si quieren ustedes seguir en la costa, pero un poquito más abajo, hoy se inaugura el Festival Internacional de Cine de Málaga. Y si alguno de ustedes va, se encontrará con éste que les habla.

Muchas gracias.