Intervención de Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte

La Moncloa, Madrid

Portavoz.- Vamos a seguir el procedimiento habitual.

Como saben ustedes, suelo hacer una valoración política de los acontecimientos de esta semana y la voy a hacer también hoy refiriéndome, fundamentalmente, a la política europea y a la evolución de la economía española.

Respecto a la primera cuestión, el pasado miércoles 15 de marzo se produjo la comparecencia del presidente del Gobierno para informar y hacer la correspondiente valoración política del Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 9 y 10 de marzo. También se refirió a una reunión previa que hubo en Versalles, a iniciativa del presidente de la República Francesa, con la canciller Merkel y el presidente italiano Gentiloni, y también se hicieron muchas referencias a la próxima reunión de jefes de Estado y de Gobierno en Roma, el 25 de marzo, para celebrar el 60º aniversario de los Tratados de Roma.

De ese debate, como conclusión, creo que surgió una clara reivindicación de la Unión Europea como una historia de éxito, como el logro del mayor período de paz y prosperidad de nuestra historia, y también la certidumbre de que nos unen principios, valores e intereses comunes.

La prioridad hoy es la de mantener la cercanía con los ciudadanos, atendiendo mejor sus problemas, resolviendo sus problemas, y la agenda política europea debe focalizarse en determinados asuntos prioritarios, que coinciden también con los aportados en su momento por el presidente Juncker: la economía y la creación de empleo, la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo, la seguridad exterior y el fortalecimiento de la Política Común de Seguridad y Defensa, y las política de inmigración y de asilo. En este sentido, las políticas realizadas en España en los últimos tiempos en todas estas materias son una referencia en Europa, porque son los retos a los que Europa tiene que enfrentarse.

El presidente del Gobierno anunció --fue un anuncio importante y lo acaba de ratificar el ministro de Economía-- que España había cumplido el objetivo de déficit del 4,6 por 100 del PIB para el ejercicio 2016, que es el acordado con las instituciones europeas. El cumplimiento de este objetivo se une el hecho de que España estuvo en el año 2016 a la cabeza del crecimiento en Europa, el 3,2 por 100 del PIB, y en la creación de empleo: el 40 por 100 del empleo creado en Europa en 2016 se generó en España. Es una economía que crece, por tanto, y un empleo que aumenta también en calidad: llevamos 38 meses consecutivos de incrementos en la contratación indefinida.

Por tanto, España --lo han preguntado ustedes antes-- puede jugar un papel de vanguardia en estos momentos en Europa. Yo creo que del debate del otro día se deduce claramente que no solo puede, sino que también debe, concentrado en esa fórmula del presidente del Gobierno de "más y mejor Europa". Y en el debate surgieron cuáles son los aspectos en los que hay que avanzar: la integración en el Mercado Único, completar la Unión Bancaria, impulsar la Unión Fiscal, la política energética común, la Agenda Digital o la Unión Política.

Asimismo, desde entonces sobrevoló el debate que estaban las citas electorales; la primera tuvo lugar ayer en Holanda. En Holanda se ha frenado en seco la tendencia del populismo, que allí tenía tintes antieuropeos, claramente antieuropeos. En Holanda han ganado los partidos europeos, y eso es bueno porque Holanda es uno de los países fundadores de la Unión Europea, y han perdido aquellos que reniegan de los principios y valores fundamentales de la Unión Europea, y los que, en su suma, quieren destruir Europa.

Segundo aspecto de la situación económica, en esta semana se ha difundido el informe de la OCDE sobre la situación económica de España y su proyección de futuro. Lo más significativo del mismo es la revisión al alza de las perspectivas económicas de España para el ejercicio 2017. En la OCDE, la primera previsión era el 2,3 por 100 y la última que ha hecho es el 2,5 por 100, que coincide con la que hizo el Gobierno. Ya saben ustedes que el Gobierno es siempre prudente en esas previsiones.

El informe de la OCDE destaca la solidez de la recuperación, indicando que esta solidez se debe, en parte muy importante, a las reformas introducidas; a la consolidación fiscal española, que califica de correcta; al saneamiento y reestructuración del sistema financiero, que se llevó a cabo en 2012, y a la reforma laboral. Asimismo, hace determinadas previsiones respecto a la tasa de desempleo, señalando que bajará al 17,5 por 100 en el año 2017; es decir, se situará diez puntos por debajo del máximo nivel alcanzado por la tasa de paro en el año 2013, que alcanzó, como recuerdan ustedes, al 27 por 100.

El informe también menciona la tasa de pobreza, que alcanzó sus máximos entre los años 2009 y 2013, y que se va reduciendo a partir del año 2014; el informe de la OCDE toma datos de ese año. Nosotros pensamos que esa tasa se va a reducir más en esa senda de reducción, fundamentalmente debido a la creación de empleo, que es la mejor forma de combatir la pobreza.

La OCDE propone una serie de medidas, en las que está trabajando el Gobierno, como fortalecer las políticas activas de empleo, mejorando la Formación Profesional y la Dual, y, en general, todo el proceso formativo. Yo tuve ocasión de explicarle al secretario general Gurría las vicisitudes del Pacto Social y Político por la Educación, que en estos momentos, como saben ustedes, está residenciado en una comisión del Congreso de los Diputados. La OCDE, además, nos traslada un mensaje a la sociedad española: la necesidad de continuar la senda de las reformas y perseverar en las mismas.

Esta visión positiva de la OCDE también se ha encontrado reforzada por una serie de distintos indicadores económicos que se han publicado o se han conocido estos días. En primer lugar, quiero referirme al gasto total realizado por los turistas internacionales en el mes de enero, que se ha incrementado casi un 14 por 100 respecto al mismo mes del año 2016. Las ventas de las grandes empresas, no las financieras, tuvieron en enero un incremento del 3,6 por 100 respecto al año anterior, apuntando la tendencia de 39 meses de crecimiento continuado. Las ventas del comercio minorista cierran enero con una variación del 0,1 por 100 respecto al mismo mes del año anterior y encadenan treinta meses consecutivos de subida. El índice de producción industrial crece un 2,5 por 100 respecto al mismo mes del año anterior; crece también 38 meses ininterrumpidamente. Las compra-ventas de viviendas aumentaron un 18 por 100 en enero respecto a enero 2016 y las sociedades creadas en enero aumentan un 21 por 100 respecto a las cifras del año anterior.

Asimismo, hay otros datos obtenidos en el año 2016, que acabamos de conocer, que merecen nuestra atención. En primer lugar, la lucha contra el fraude fiscal, que alcanzó en ese año 2016 la cifra de 14.883 millones de euros, que es la segunda cifra más alta de la historia; o la venta de viviendas, que creció en todas las Comunidades Autónomas, con un incremento de casi el 14 por 100 respecto a 2016. Esta revitalización del sector inmobiliario aparece como una realidad y con un crecimiento equilibrado, no buscando el "efecto burbuja". En ese sentido, recordarán ustedes que el último Consejo de Ministros prorrogó el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas y la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración Urbana para el período 2017-2020.

Así pues, el año 2017, según todas las previsiones, será el cuarto ejercicio con PIB positivo, en el que además recuperaremos la riqueza nacional perdida durante la crisis. Ello es debido a las políticas económicas, por ello es necesario que continúen y, por ello, son importantes la estabilidad política y el afianzamiento de la gobernabilidad, que permite hacer reformas y generar credibilidad y confianza en el crecimiento económico.

Cuando hablo de responsabilidad, esta nos obliga a todos y nadie está exento de esa responsabilidad, especialmente los políticos. El presidente del Gobierno, en su sesión de investidura, dijo con claridad que él no quería un cheque en blanco, quería llegar a acuerdos. Eso es lo que pretendemos en la Legislatura que hemos bautizado como "legislatura del diálogo" y en esa búsqueda de acuerdos en muy importante anteponer los intereses generales a los intereses partidistas; conjugar --me lo han oído decir ustedes en alguna ocasión-- la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad.

Hay un proyecto para España, hay un proyecto por España, que se traduce en los siete pactos de Estado que propuso el presidente del Gobierno; hay todo un desarrollo de la agenda reformista derivada de los acuerdos de la Conferencia de Presidentes del Senado, que se está ya desarrollando, y en esa línea tenemos que ir.

También quiero mencionar la no convalidación ayer del Real Decreto Ley relativo a la estiba. Como saben ustedes, una mayoría en el Congreso de los Diputados (los votos de PSOE, Podemos, Esquerra, PDeCAT, Compromís, Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias) votaron en contra y Ciudadanos se abstuvo, frente a los votos a favor del Partido Popular, del PNV, de UPN y del Foro Asturias.

Como saben ustedes, y lo ha recordado el ministro de Economía, con ese Real Decreto Ley, un Real Decreto Ley muy corte, lo que se hacía era dar cuenta del cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por entender que la legislación española atentaba contra los Tratados europeos al ser contraria a la libertad de establecimiento. El Tribunal de Justicia obligaba, por tanto, a reformar la legislación española.

Eso es lo que hacía el Real Decreto Ley y, además, como saben ustedes, porque se lo transmití hace dos semanas, la comisaria Violeta Bulc estuvo en el Congreso de los Diputados y explicó que la propuesta --el texto de Real Decreto Ley que requería se convalidado-- cumplía con todos los requisitos que exigía la Comisión. Por tanto, de convalidarse, de aprobarse, la Comisión se comprometía a la condonación de la deuda, que en ese momento era ya de 21 millones de euros, y, además, a retirar el caso del Tribunal de Justicia. Está pendiente una segunda sentencia, que está al caer. Si esa segunda sentencia se produce en el sentido de tememos, obligará, además de esos 21 millones, también a una sanción diaria de 134.000 euros que tendremos que pagar todos los españoles.

Conocen ustedes los avatares de esa negociación. Ha habido una negociación en la que ha intervenido el Gobierno; una negociación, como en cualquier convenio colectivo, entre la patronal y los sindicatos. El Gobierno ha hecho una propuesta que creemos que es ambiciosa y generosa pero, al final, la Cámara no ha convalidado el Real Decreto Ley.

El Gobierno piensa que la convalidación era necesaria desde el punto de vista de la responsabilidad política y de la defensa de los intereses generales. No es fácil explicar a las instituciones europeas cómo el cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia, que es lo que era el contenido del Real Decreto Ley, es rechazada por las Cortes y afecta a esa imagen de España y de todos los españoles.

Por tanto, el Gobierno hace hoy, a las veinticuatro horas de ese voto, un llamamiento a la reflexión. Tenemos que preguntarnos todos, y también las fuerzas políticas, o sobre todo las fuerzas políticas, si esta decisión de ayer favorece o no a los intereses generales; si se priman los intereses generales o, por el contrario, se priman intereses corporativos o particulares; si el voto en contra a cumplir una resolución judicial de la Unión Europea beneficia a la imagen internacional de España; si ayuda al proceso de liberalización económica haciendo de nuestra economía un espacio más competitivo y más próspero y, al final, si es leal o no con el mandato que nos dieron los electores a todos para buscar acuerdos.

El Gobierno, en todo caso, quiere hacer esta reflexión a todos los españoles y el Gobierno va a continuar trabajando para llegar a un acuerdo satisfactorio, porque entiende que cumplir con nuestras obligaciones internacionales es una exigencia inexcusable. Por tanto, el ministro de Fomento va a ponerse en contacto con las fuerzas parlamentarias para ver de qué manera podemos cumplir, como digo, con nuestras obligaciones internacionales y evitar una multa que iría al bolsillo de todos los españoles.

Junto a estas consideraciones que quiero hacer, el Consejo de Ministros ha tomado hoy una serie de acuerdos. Ha aprobado el Real Decreto Ley por el que se amplía el plazo de la suspensión de lanzamientos hipotecarios, al que se ha referido el ministro de Economía; y ha aprobado también un Acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de préstamos a la inversión industrial, programa de Pymes, por un valor de 606 millones de euros, que podría, se estima, generar en torno a diez mil puestos de trabajo entre empleo directo e indirecto, y va en la línea del Gobierno de apostar por la creación de empleo y por favorecer el empleo en las Pymes.

Asimismo, ha tomado el acuerdo de remitir a las Cortes Generales el convenio de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia entre el Reino de España y la República de Níger, e instar su ratificación. Como saben ustedes, el Sahel se ha convertido en una de las regiones prioritarias para la política exterior de la Unión Europea. Compartimos desafíos comunes: la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y los tráficos ilegales. Esta misma semana, precisamente, el ministro Zoido ha estado con su homólogo francés en Níger. Por tanto, está dentro de la política española de firmar acuerdos de cooperación con los países de origen o los países de tránsito para evitar que pueda extenderse el terrorismo internacional. Como he dicho antes, es uno de los retos que tiene en estos momentos planteados la Unión Europea.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos temporales en Girona, Huelva, Baleares, Cádiz, Málaga y Granada a los causados durante el mes de febrero del año 2017, y también ha tomado razón de las obras de emergencia para reparar los daños producidos por temporales. Estamos hablando de 16,5 millones de euros y, en otro caso, de 11,5 millones de euros, que tienen un objetivo que es acometer con urgencia las actuaciones de reparación, tanto en las playas como en las costas, evitando daños menores ante posibles nuevos temporales. Esta posibilidad rápida y eficaz de nuevas medidas es posible gracias a la previsión de un Real Decreto Ley, el 2/17, que aprobamos el pasado 27 de enero, que permite, cuando nos encontramos ante casos como estos, utilizar la fórmula del Real Decreto para llevarlo a cabo.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se actualiza la cualificación profesional de la familia profesional Electricidad y Electrónica, que va en la línea de dotar de contenido al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales dentro del ámbito de la Formación Profesional; y ha aprobado una Declaración con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El próximo 21 de marzo celebramos ese día, declarado por la ONU en el año 1996, que es algo, no tengo que decirles a ustedes, con lo que el Gobierno de España y todos los españoles estamos profundamente comprometidos.

Asimismo, el Gobierno ha procedido a una serie de nombramientos, entre los cuales quiero destacar el nombramiento de don Miguel Falomir como director del organismo autónomo Museo Nacional del Prado, agradeciendo a don Miguel Zugaza la labor que ha realizado al frente del Prado en estos años.

Creo que con esto he dado cuenta de lo más importante y, por supuesto, estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme.