Intervención del ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo

Portavoz.- Buenas tardes. Comparezco ante ustedes para informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la reunión celebrada hoy, 17 de noviembre, bajo la presidencia de la vicepresidenta doña Soraya Sáenz de Santamaría. Como saben ustedes, el presidente del Gobierno se encuentra en Gotemburgo, asistiendo a la Cumbre Social de la Unión Europea.

Quiero empezar esta intervención haciendo referencia a dos informes que hemos conocido esta semana sobre las perspectivas de la economía española, informes de dos organismos internacionales: la OCDE y el Fondo Monetario Internacional.

La OCDE dio los datos de tasa de desempleo armonizada, donde España aparece como el país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que más ha reducido su tasa de paro en el último año. Lo conseguido por España --ha dicho la ministra doña Fátima Báñez-- es importante: pasó de ser el país que más empleo destruía de los países de la OCDE a estar a la cabeza de la creación de empleo y, por tanto, de la reducción del paro.

En términos absolutos, el Informe de la OCDE muestra cómo en España se ha reducido el paro en 603.000 personas, lo que supone el 17,8 por 100 del descenso del paro en todo el conjunto de la OCDE. Para que se hagan una idea de lo que esto supone, es una reducción de más del 25 por 100 que en Alemania o más del 50 por 100 que en Francia.

Como saben ustedes, el proyecto político de este Gobierno, el objetivo político de este Gobierno, era llegar a veinte millones de personas trabajando en el año 2020. La última EPA demuestra que estamos ya por encima de los diecinueve millones y, por tanto, el Gobierno constata, a la luz de estos datos de la OCDE, que es posible cumplir con el objetivo que nos pusimos al comienzo de esta Legislatura, cuando solo llevamos un año de Legislatura.

Asimismo, quiero comentar el Informe del Fondo Monetario Internacional que elevó su previsión de crecimiento del PIB para España en cinco décimas, situándola en el 3,1 por 100, coincidiendo así con la última previsión oficial del Gobierno. Para 2018, el Fondo Monetario Internacional prevé que la economía española crezca un 2,5 por 100 del PIB. Se trata de una estimación del Fondo Monetario Internacional por encima de las previsiones del propio Gobierno, que la ha establecido en un 2,3 por 100,

En este sentido, el propio presidente del Gobierno elevó esa previsión, esa posible previsión, hace unos días diciendo que incluso esa previsión para el año que viene podría llegar al 3 por 100 si se normaliza la situación política en Cataluña. En este caso, la economía española volvería a crear en ese año 2018 más de quinientos mil puestos de trabajo.

Después de conocer estas previsiones del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, y aquellas previsiones de crecimiento que les di a conocer la semana pasada provenientes de la Unión Europea, podemos constatar que la economía española va a continuar con un ritmo de crecimiento fuerte, un crecimiento inclusivo, orientado hacia políticas sociales, lo que llevará también a una creación de empleo intensa. Por tanto, es importante también, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que la normalización política en Cataluña contribuya también a esa estabilidad política e institucional que es necesaria para fortalecer esta recuperación tan importante.

El propio ministro de Economía, Industria y Competitividad afirmó el pasado miércoles, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, que, sin el impacto de la crisis política de Cataluña, la prima de riesgo española estaría hoy en el entorno de los 85 o 90 puntos básicos, frente a los 116 de esta mañana, y las agencias de rating habrían elevado la calificación crediticia de España a notable alto. Todo esto es muy importante, porque supone que los préstamos que necesitan las pequeñas y medianas empresas costarían menos, serían más baratos y, por tanto, serían más favorables a la hora de contraerlos.

Asimismo, también la caída de la Bolsa de Madrid en estas últimas semanas, que se ha apartado de la tendencia general, se enmarca dentro del posible impacto adicional como consecuencia de la situación política que hemos vivido en Cataluña y de la situación también de la prima de riesgo de España. Este impacto de la crisis política en Cataluña lo han tenido también en la propia Cataluña donde, si bien había crecido hasta el 3,6 por 100 su PIB, frente a una media del 3,1 por 100 para toda España, la rebaja que se ha producido en las previsiones que el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea se refiere o tiene influencia la situación política en Cataluña.

Sin duda, la inestabilidad institucional, la incertidumbre, la ausencia de seguridad jurídica y el incremento de la desconfianza tuvieron un impacto en Cataluña, y lo siguen teniendo. Continúa el número de empresas que cambian su domicilio social --más de 2.500 empresas-- y el fiscal --más de 1.000--. En este sentido, el Gobierno quiere recordar el llamamiento que el pasado domingo hizo en Cataluña el presidente del Gobierno pidiendo a las empresas que permanezcan en Cataluña y pidiendo, además, que no se boicotee en España la compra de productos catalanes, porque al final todos, y recalco "todos los españoles", saldremos perdiendo.

Igualmente, en Cataluña, y debido a las circunstancias políticas, al desafío secesionista, el paro registró en octubre la mayor subida en Cataluña desde octubre del año 2008. Se perdieron también en el mes de octubre 1.259 autónomos, mientras que, por poner un ejemplo, Madrid ganó 2.375. Hubo una caída de la ocupación hotelera en octubre del 7 por 100; de la facturación hotelera, un 13 por 100 y una caída del comercio minorista, un 12 por 100, con alguna particularidad digna de mención: los comerciantes del centro de Barcelona estiman que las protestas de octubre causaron una caída de las ventas del 20 al 30 por 100.

Ha habido una caída en el sector textil: las ventas cayeron un 35 por 100; una caída en los pedidos de automóviles, un 30 por 100 en octubre; una caída en los índices de Confianza del Consumidor de 3,6 puntos, y una caída de la confianza inversora, como resaltó hace unos días el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, don Jaime Malet; o la Confederación de la Industria de Alemania, que ha reconocido también que la situación creada por los secesionistas en Cataluña ha provocado inseguridad en las empresas germanas con intereses en España.

Por tanto, esto al Gobierno le hace reflexionar sobre la importancia de las elecciones el 21 de diciembre, constatando que Cataluña en manos de los secesionistas no tenía futuro. Ese inequívoco fracaso político de quienes han llevado a cabo todos estos actos tendentes a la secesión, han causado estas personas el mayor daño a Cataluña y a su autogobierno, y los responsables del mismo son esos dirigentes secesionistas.

Se trata ahora de reparar el daño causado. Hemos perdido cinco años dedicados a la confrontación desde el afán ilusorio de imponer proyectos excluyentes. No perdamos cuatro años más, no perdamos cuatro años con más salidas de empresas, con más pérdidas de empleo, con disminución del Estado de Bienestar, con caída de ingresos públicos, con falta de confianza y con la ruptura de la convivencia.

Por tanto, el Gobierno, que aplicó el artículo 155 para devolver el autogobierno a Cataluña y para convocar elecciones, cree que Cataluña para salir adelante debe mirar al futuro y necesita una nueva etapa política, caracterizada por el afianzamiento del principio de legalidad y del Estado de Derecho; la restauración plena de la convivencia, cerrando las brechas de división entre catalanes; el respeto sin fisuras a las reglas y los procedimientos democráticos, y los derechos y libertades de todos; la vuelta a la estabilidad institucional; la vuelta a la Cataluña plural y la vuelta a poner a funcionar a Cataluña rehaciendo su tejido económico y reactivando sus empresas.

Retomar también, sin complejos y sin tibiezas, la relación entrañable y fructífera con España para avanzar unidos, más fuertes, en el proyecto político nacional; un proyecto que está incardinado, como saben ustedes, en el proyecto de la Unión Europea; un proyecto que surgió precisamente en contra de los nacionalismos excluyentes, y lo recordaba ayer el ex primer ministro francés Manuel Valls. Europa necesita fortalecerse desde la unidad, el respeto a la prosperidad, el bienestar material y los derechos y libertades fundamentales, y ahí España tiene que jugar, y va a jugar, un papel de primer orden.

Voy a pasar a los acuerdos que ha tomado hoy el Consejo de Ministros en su reunión ordinaria.

Ha aprobado, en primer lugar, un Real Decreto Ley por el que se transpone la Directiva europea de medidas contra el tabaquismo, la transposición de la Directiva 40/2014, norma que tiene como finalidad avanzar en la protección de la salud de los fumadores de tabaco e indirectamente de los fumadores pasivos. Establece una serie de limitaciones a la venta a distancia de los llamados "cigarrillos electrónicos" y la equiparación de la publicidad, la promoción y el patrocinio de estos dispositivos a las de los productos del tabaco. Establece, igualmente, un régimen de infracciones. Este Real Decreto Ley modifica la Ley 28/2005 y con este Real Decreto Ley que ha aprobado el Consejo de Ministros se completa la trasposición de esa Directiva 40/2014.

Asimismo, ha aprobado otro Real Decreto Ley por el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en medio marino, que es también la transposición de una Directiva, la 30/2013, sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, cuyo objetivo es garantizar la seguridad del diseño y de las actividades de investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino.

Estamos utilizando la vía del Real Decreto Ley precisamente para cumplir con las obligaciones derivadas de la trasposición de Directivas comunitarias. Como recordarán ustedes, entre las elecciones del año 2015 y la formación de Gobierno casi hubo un año en el que el Gobierno estuvo en funciones y la Ley del Gobierno no permitía la aprobación de normas con rango de ley. Por tanto, llevamos un retraso en la transposición de Directivas y estamos intentando recuperar ese retraso.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan ayudas excepcionales por el cierre de unidades de producción de carbón para el año 2017, por un importe máximo de veinticinco millones de euros. Como saben ustedes, hay un acuerdo de la Comisión Europea del año 2010 para que no haya ayudas al carbón en el año 2018. Por tanto, aquí de lo que se trata es de medidas excepcionales, de obras de seguridad en el interior de la mina, para paliar los daños provocados por la actividad minera, para rehabilitar antiguas zonas de extracción del carbón y los costes de la nueva puesta en cultivo de la superficie; es decir, para la restauración medioambiental derivada de las explotaciones mineras que se van cerrando.

El Consejo de Ministros ha tomado también un Acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de ayudas para la formación de profesorado universitario, por un importe de 71,4 millones de euros. Hemos convocado 850 ayudas para la suscripción de contratos laborales pre-doctorales de 48 meses o de 72 meses en caso de personas con discapacidad, para los que se reservan diecisiete plazas, con un importe de ayuda mensual de 1.368,50 euros. El objetivo es asegurar la disponibilidad futura de doctores en diferentes disciplinas académicas para su incorporación posterior como personal docente e investigador.

Esta convocatoria se suma a otras medidas aprobadas en los últimos meses en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica. Hay más de mil ayudas para investigadores pre-doctorales en universidades, organismos públicos de investigación y otros centros de I+D, convocatoria ésta ya aprobada que contaba con un presupuesto de cien millones de euros. También quiero recordar los 105 millones de euros aprobados en septiembre para la contratación de 875 investigadores y 180 técnicos de apoyo. Por tanto, el objetivo de todas estas ayudas es incentivar la incorporación de científicos de una trayectoria destacada en sus diferentes etapas al sistema español de ciencia, tecnología e innovación.

En cuanto a las ayudas para profesorado universitario dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, han sido 2.325 los docentes beneficiarios de los distintos programas en lo que va de año.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se somete al Panel Consultivo del Comité de Ministros del Consejo de Europa una terna de candidatos, de la cual deberá salir elegido el juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como saben ustedes, en el Consejo de Europa, que cuenta con 44 miembros --si la memoria no me traiciona, que me puede traicionar--, cada Estado miembro tiene un juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y esos jueces son elegidos por la Asamblea Parlamentaria por mayoría de una lista de tres candidatos presentada por cada Estado.

El pasado 20 de enero, el Consejo de Ministros acordó las pautas de elaboración de la terna de candidatos y hoy ha aprobado esa terna de candidatos seleccionados, que son doña María Elósegui Ichaso, don José Martín y Pérez de Nanclares, y don Francisco de Asís Pérez de los Cobos y Orihuela; tres personas con una destacada trayectoria académica y buenos conocedores de los temas que son competencia del Tribunal de Estrasburgo.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado dos Reales Decretos por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Henrique Capriles García y a doña Mónica Cristina Radonski, de nacionalidad venezolana y padres del líder opositor venezolano Henrique Capriles, al que, como saben ustedes, el Gobierno de Venezuela le ha retirado el pasaporte, impidiendo su libre circulación. Esta concesión de estas nacionalidades es una muestra más del apoyo del Gobierno a los españoles en libertad, en defensa de los derechos humanos en todas partes.

Igualmente, el Gobierno ha acordado pedirle al presidente del Gobierno que interponga un recurso de inconstitucionalidad en relación con la Ley de Extremadura de Emergencia Social de la Vivienda. Las tachas de inconstitucionalidad son varias y todas ellas afectan a las competencias estatales en dicha materia, que no tiene en cuenta la ley autonómica.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha acordado diferentes nombramientos: el de embajador de España en la República Democrática Popular de Laos, don Emilio de Miguel Calabia, que es un embajador que tiene otras responsabilidades: está en el Reino de Tailandia, pero también se adjunta a sus responsabilidades en Tailandia la de Laos. El Consejo de Ministros va a comunicar al Congreso de los Diputados una propuesta de nombramiento, la de don Jorge Fabra Utray como consejero del Consejo de Seguridad Nuclear, en sustitución de doña Cristina Narbona.. Y ha acordado el nombramiento de presidenta de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científica de doña Rosa María Menéndez López, profesora e investigadora de muchos años, con un currículum muy importante, y que es la primera mujer en su historia que va a estar a la cabeza del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Además, el Consejo de Ministros ha sido también convocado y ha celebrado una orden del día con arreglo al acuerdo del Pleno del Senado del 27 de octubre de 2017 por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución. Estas medidas y estos acuerdos son, fundamentalmente, de gestión. El delegado del Gobierno en Cataluña, don Enric Millo, se referirá a ellas con más detenimiento. Y hay un nombramiento, el del director general de Centros Concertados y Centros Privados de la Generalitat de Cataluña, don Miquel Mateo García.

Esto es lo que tenía que contarles sobre los acuerdos del Consejo de Ministros y, por supuesto, estoy a su disposición para aquellas preguntas que tengan por conveniente.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)