Intervención del ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo

Portavoz.- Buenas tardes. Comparecemos ante ustedes, el ministro de Fomento y yo, para informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la reunión celebrada hoy, primero de diciembre, bajo la presidencia del presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy.

También, hemos celebrado una reunión extraordinaria con arreglo al acuerdo del Pleno del Senado del 27 de octubre en la aplicación del artículo 155, a la que también me referiré.

Como saben ustedes, el próximo miércoles, 6 de diciembre, conmemoramos el trigésimo noveno aniversario de la aprobación en referéndum por todo el pueblo español de la Constitución de 1978. El pasado lunes, 28 de noviembre, se pusieron en marcha en el Congreso de los Diputados los preparativos para esa conmemoración del 40º aniversario con la formalización de la constitución del Consejo Asesor, que tendrá a su cargo las propuestas de programación de los actos conmemorativos, donde estaban, entre otros, los tres ponentes vivos de la Constitución (don Miquel Roca, don Miguel Herrero y don José Pedro Pérez-Llorca) y donde tengo el honor también de participar en el mismo.

Aquel 6 de diciembre, sin duda, los españoles culminamos uno de los hitos del proceso de transición política con la aprobación de esta Constitución, la Constitución del 78, que ha sido y es la piedra angular de la transformación política, económica y social de España; la constitutiva de ese Estado social y democrático de Derecho que proclama su artículo primero, así como el marco jurídico que regula la convivencia nacional y la garantía de los derechos y libertades que la propia Constitución reconoce a los ciudadanos. Cuarenta años después podemos decir con orgullo y con satisfacción que España ha vivido el período más estable y más próspero de su historia.

Esta Constitución se basa en el sentido de la responsabilidad colectiva de aquellos que la hicieron, de la altura moral y política que requería aquel momento histórico. Y es en ese espíritu de la Transición donde podemos encontrar elementos inspiradores válidos para cualquier situación política.

Los ejes en que se movió la elaboración de aquella Constitución fueron el sentido de la realidad y el de la responsabilidad, el ejercicio de la responsabilidad. Existió, entonces, una voluntad nacional de integración, de mirar hacia delante; hoy también es necesario ese anhelo. La Transición, además, se hizo de la Ley a la Ley, respetando los procedimientos legales.

El consenso constituyó la palabra mágica de la Transición. La Constitución de 78 es la única de nuestra historia constitucional que se ha hecho por consenso; las del siglo XIX y XX fueron todas partidarias. Se basa ese consenso en una predisposición política hacia el acuerdo para fortalecer, así, el sentido de las decisiones, haciéndolas estables y duraderas. Late, por tanto, un hondo compromiso con la nación, y una voluntad de que el debate político concluya con propuestas integradoras.

Como saben ustedes, además de esta referencia a la Constitución, también, junto a la Constitución y como traducción de la misma, hubo varios consensos nacionales. El primero de ellos está vinculado a la aceptación política plena, por parte de todos los actores políticos, de ese marco constitucional, de sus instituciones y de las reglas del juego. Fuera de la Ley no hay democracia y, por tanto, la política que se haga al margen de ella está inhabilitada.

El segundo gran consenso fue el consenso europeísta. Europa era la gran ambición nacional; converger con el resto de los países europeos con normalidad democrática. Por tanto, esa convergencia con Europa culminó el 12 de junio de 1985 con la firma del Tratado de Adhesión a las Comunidades europeas. Ya, previamente, España se había incorporado al Consejo de Europa y hemos celebrado su 40º aniversario esta semana también en el Senado.

A partir de ahí, España ha sido protagonista de aquel anhelo europeísta en las distintas fases que ha vivido Europa: el Acta Única y el Mercado Interior; el Tratado de Maastricht y la incorporación de la Política Exterior y de Seguridad Común y los asuntos de Justicia e Interior; el euro, en el año 2002; el Tratado de Lisboa y la ampliación.

Pero ese proceso de construcción europea, como saben ustedes, es, como su nombre indica, un proceso; por tanto, hay que hacerlo día a día, creando --por volver a la frase de Schumann-- "solidaridades de hecho".

Ese proyecto sigue siendo el proyecto de España en Europa, esa voluntad inequívoca de mantener y reforzar el consenso político en torno a Europa, donde España está, porque lo anhelaba hace cuarenta años, pero también desde su incorporación, con un prestigio ganado a pulso por el cumplimiento de sus compromisos, por su historia, por ese protagonismo al que me he referido y por su capacidad para superar desafíos. Probablemente, el de la crisis económico-financiera que empezó en los años 2009-2010, y que hemos superado ahora, sea motivo de gran satisfacción en Europa, de ver cómo España era capaz de sobreponerse a ese desafío y de estar hoy a la cabeza de la creación de empleo y de crecimiento económico de Europa. Pero también con iniciativas españolas en Europa: desde la cohesión económica y social, a la ciudadanía europea, a la Eurorden de busca y captura o a la Unión Bancaria.

Por tanto, eso es importante también, como decir que Europa forma parte de ese proyecto nacional desde el inicio de la Transición. Proyecto europeo, por tanto, en el que seguimos comprometidos con su unidad, con la Europa solidaria, la Europa de la cohesión y la Europa de la competitividad económica.

Europa es el lugar donde España va a continuar estando en los próximos años, en esa aventura que tiene hasta ahora, y esperemos que siga teniéndolo, un superávit en términos de aprovechamiento político, aprovechamiento económico y aprovechamiento cultural para todos los españoles.

También, el lunes pasado se cumplió un mes desde que el Gobierno de la nación, amparado con más del 80 por 100 de apoyo en el Senado, activó el artículo 155 de la Constitución. Lo hizo desde la unidad de los partidos constitucionalistas y también desde el más amplio consenso europeo, coincidente con el apoyo a la Constitución y al principio de la legalidad. Se aplicó con la fuerza de la democracia, buscando el momento oportuno para minimizar los daños, porque un dirigente responsable, como es el presidente del Gobierno, sabe que estos, los daños, al final, los acaba pagando toda la ciudadanía.

El objetivo del 155, como saben ustedes, era restaurar la legalidad, encauzar el autogobierno y velar por el interés general. También, con la decisión que tomó el Consejo de Ministros entonces, se devolvió la palabra a quien tiene que tenerla de verdad, a los ciudadanos catalanes, con la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, desde la autoridad legítima del Gobierno de la nación y con todas las garantías procedimentales.

Ello nos ha llevado también a recuperar la normalidad democrática que los secesionistas habían puesto en solfa. Todos los servicios públicos han seguido prestándose con total normalidad: la atención sanitaria, los servicios sociales, la educación y también la seguridad y los Mossos d' Esquadra se han prestado con eficacia. Los funcionarios de la Administración autonómica están actuando con profesionalidad, con eficacia y con neutralidad. Desde el punto de vista de la gestión económica, en lo que llevamos de mes --lo recordó el presidente del Gobierno hace unos días--, se han pagado facturas a proveedores por algo más de 1.500 millones de euros y hoy hay un acuerdo del Consejo de Ministros también en el cual se habilita al Gobierno para que establezca la posibilidad y los medios para pagar la paga de diciembre y las extras a los funcionarios, por un total de 900 millones de euros.

El próximo lunes, 4 de diciembre, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales comparecerá ante la Comisión conjunta de las Comisiones General de Comunidades Autónomas y Constitucional en el Senado para informar acerca del desarrollo y ejecución de todas estas medidas. Lo hará pormenorizadamente y también lo hará próximamente, en una fecha por determinar, la vicepresidenta del Gobierno.

Quiero informarles también de cómo el presidente del Gobierno ha participado los días 29 y 30 de noviembre en la V Cumbre Unión Africana-Unión Europea, que ha tenido lugar en Abidjan, en Costa de Marfil, junto con otros jefes de Estado y de Gobierno, y con importantes personalidades internacionales: el secretario general de Naciones Unidas, la directora del Fondo Monetario Internacional, el presidente del Banco Mundial, etcétera. Es importante recordar cómo la Unión Europea es el primer donante a África, el primer socio comercial de África, el primer inversor y el primer proveedor de remesas.

El tema central ha sido el de la juventud, "Inversiones en la Juventud por un Desarrollo Sostenible", y el presidente del Gobierno ha intervenido como orador principal en la segunda sesión en un tema relacionado con la migración y la movilidad. El presidente ha apostado por una migración segura, regular y ordenada, y ha reafirmado el compromiso de España con el futuro de África. También ha explicado que la emigración masiva, no solo puede crear problemas en Europa, sino que puede ser terrible también para los propios países africanos, porque se van precisamente los jóvenes, lo mejor de su sociedad. Y el presidente ha recordado el modelo español de política de inmigración, que consiste en invertir en los países de origen y en los países de tránsito. Ayudar a esos países africanos a luchar contra la pobreza, a que haya crecimiento económico, es el objetivo del Gobierno español y también de la Unión Europea.

Asimismo, el presidente del Gobierno ha visitado el patrullero "Infanta Cristina", que está en el puerto de Abidjan, dentro del plan de diplomacia para la defensa. Y el próximo martes, 5 de diciembre, se desplaza a Londres para reunirse con la primera ministra, Theresa May, para tratar temas relacionados con la Unión Europea y cuestiones de política exterior, y, además, también para preparar la agenda europea. Como saben ustedes, los próximos 14 y 15 de diciembre tendrá lugar el Consejo Europeo en Bruselas.

El Consejo de Ministros hoy ha acordado, a través de un Real Decreto, aprobar la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2017. Previamente, a las 9 de la mañana --con anterioridad, por tanto, al Consejo de Ministros--, el presidente del Gobierno ha presidido el Consejo de Seguridad Nacional. Esta Estrategia, que, insisto, después de haber sido debatida por la mañana, ha sido aprobada después por el Consejo de Ministros, ahora será presentada a la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional.

Se trata de una Estrategia consensuada con PSOE y C's en un plan a largo plazo, que permite que España siga a la vanguardia de seguridad y esté preparada para hacer frente a nuevas amenazas y desafíos. Coordinada por el Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, ha contado con la participación de distintos Departamentos ministeriales, el Centro Nacional de Inteligencia y expertos y representantes del mundo académico y del sector privado.

Esta Estrategia, que estará a disposición de todo el que quiera verla en la página web de Moncloa, tiene un primer capítulo que se centra en una seguridad nacional para la España de hoy, donde se dibujan las dinámicas de transformación global de nuestra era dentro de la posición de España en el mundo. Habla de las amenazas y los desafíos, y de un proyecto que contribuye a afianzar los elementos vertebradores de la España del siglo XXI: su sistema democrático, la sociedad plural, la diversidad territorial y lingüística, el legado histórico diferencial, la lengua y la cultura globales.

Un aspecto novedoso es el apartado dedicado a amenazas y desafíos en los espacios comunes globales: el ciberespacio, el espacio marítimo y el espacio aéreo y ultraterrestre.

La Estrategia identifica cinco objetivos prioritarios para la Seguridad Nacional: desarrollar un modelo integral de gestión de crisis, promover una cultura de seguridad nacional, favorecer el buen uso de los espacios comunes globales, impulsar la dimensión de seguridad en el desarrollo tecnológico y fortalecer la proyección internacional de España.

Por tanto, ha sido aprobada por Real Decreto del Consejo de Ministros después de la reunión de la Comisión.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha conocido hoy, a propuesta del ministro de Economía, el Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y de los Instrumentos Financieros. Se trata de una norma que incorporará al ordenamiento jurídico las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo posteriores a la entrada en vigor de la Ley del Mercado de Valores española, que data de 1988, y, en concreto, la Directiva europea conocida como MIFID II y otros Reglamentos. Su objetivo es asegurar unos elevados niveles de protección de los inversores en productos financieros, en especial los minoristas, y aumentar la seguridad, eficiencia, buen funcionamiento y estabilidad de los mercados de valores en Europa.

Lo más destacable del Anteproyecto de Ley es que se prohíbe el cobro de comisiones u otros incentivos cuando se prestan servicios de asesoramiento financiero independiente o gestión de carteras. En otros servicios de inversión, para poder cobrar se tiene que incrementar la calidad del asesoramiento y garantizar que se actúa de forma honesta, justa y profesional, de acuerdo con el interés del cliente. También se abordan otras problemáticas, como los depósitos estructurados, se regula la denominada "gobernanza de productos" o se impone la obligación de que las empresas de servicios de inversión lleven un registro de actuaciones en las relaciones que establezcan con los clientes.

Igualmente, el Consejo de Ministros aprobó una serie de acuerdos a través de los cuales se destinan 70,9 millones de euros a las Comunidades Autónomas para el desarrollo de programas de cooperación territorial en materia de educación. Se trata de un reparto acordado por la Comisión General de Educación, celebrada el pasado 27 de noviembre, y se distribuyen 48,8 millones de euros para el programa de libros de texto y materiales didácticos. Como saben ustedes, por la crisis ese programa desapareció en un momento determinado y, como hemos dicho siempre desde el Gobierno, cuando la situación económica lo permitiera, se revertiría la situación. Lo hicimos hace dos Presupuestos, con veinticinco millones, y ahora hemos doblado la cantidad: cincuenta millones de euros para las Comunidades Autónomas y también para Ceuta y Melilla.

Asimismo, figuran ayudas a confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos, por valor de más de doscientos mil euros; financiación de desarrollo de acciones de calidad en la Formación Profesional, 2,7 millones de euros, dirigidas al profesorado y al alumnado, y a reforzar la colaboración con el sector productivo, entre otros.

También se recoge un programa de cooperación territorial muy importante para el avance y el apoyo en la educación y permanencia en el sistema educativo, que es el programa PROEDUCAR. Estamos hablando de veinte millones de euros para la reducción del abandono temprano en la educación y la formación, a través de mecanismos de apoyo para garantizar la calidad del sistema y programa de enriquecimiento curricular o sistemas de segunda oportunidad.

Como saben ustedes, cuando llegamos al Gobierno, nos encontramos con una cifra elevadísima, el 26,3 por 100, de abandono escolar; es decir, uno de cada cuatro, cuando acababa la enseñanza obligatoria, no volvía a estudiar o, incluso, fracasaba en ella. En estos momentos, hemos bajado esa cifra al 18,2 por 100. Eso es muy importante a la hora de asegurar empleos estables y garantizar el crecimiento. Por tanto, seguimos trabajando, seguimos invirtiendo en esta materia.

Este importe de hoy se suma a los 321,4 millones de euros que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de noviembre para la implantación, como recordarán ustedes, de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica y de opciones de enseñanzas académicas y aplicadas en la Educación Secundaria Obligatoria. Estamos hablando, por tanto, de casi cuatrocientos millones de euros destinados a la cooperación en materia educativa.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado una serie de acuerdos a través de los cuales se destinan 33,5 millones de euros a las Comunidades Autónomas para distintas políticas de cohesión sanitaria --educación y sanidad; por tanto, ejes pilares de la sociedad del bienestar--. Entre ellos, quiero destacar la distribución de un millón de euros para el desarrollo de la Estrategia de Enfermedades Raras y ochocientos mil euros para que las Comunidades Autónomas pongan en marcha un programa piloto para agilizar el diagnóstico de estas patologías, que es una de las principales demandas de las familias. También se han repartido más de dos millones de euros para la mejora de los sistemas de información del Sistema Nacional de Salud; más de ochocientos mil euros para la vigilancia de la salud en las Comunidades Autónomas y 3,5 millones de euros para el desarrollo del Plan Anual de Trabajo de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones.

Asimismo, se han distribuido, gracias a este acuerdo, 23,6 millones de euros para promover el uso racional de los medicamentos y para el Plan Nacional de Médula Ósea, con fondos aportados por la industria farmacéutica, dando cumplimiento a la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento.

Finalmente, también se ha acordado la distribución de 1,75 millones de euros para la aplicación presupuestaria del Ministerio de Sanidad dentro del Programa de Reasentamiento y Reubicación de Refugiados, para los gastos derivados de la acogida. Por tanto, en ese compromiso que tiene el Estado con la Unión Europea para el reasentamiento y reubicación, también el aspecto sanitario ha encontrado un apoyo presupuestario al mismo.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha escuchado al ministro de Justicia en relación con la terna de candidatos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como saben ustedes, el pasado 19 de noviembre se aprobó una terna y esa terna, según el procedimiento establecido, había que someterla al Panel Consultivo del Comité de Ministros del Consejo de Europa. El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha dado la luz verde y hoy el Consejo de Ministros ha acordado proponer como candidatos a esa plaza de juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a doña María Elósegui Itxaso, a don José Martín y Pérez de Nanclares, y a don Francisco de Asís Pérez de los Cobos Orihuela. Ahora, le corresponde a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa tomar una decisión al respecto.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha escuchado el informe que ha realizado el ministro de Economía sobre las reclamaciones formuladas al amparo del Real Decreto Ley de cláusulas-suelo. Recordarán ustedes que era un procedimiento que arbitró el Gobierno para que hubiera una reclamación y posible acuerdo entre las entidades bancarias y los solicitantes de un crédito que tuviera una cláusula-suelo en materia hipotecaria. Este fue un procedimiento que creó el Gobierno precisamente para intentar evitar las dificultades de los procedimientos judiciales.

El ministro de Economía ha hecho un balance de estos seis meses y nos ha contado que las solicitudes presentadas han sido 1.052.000, de las cuales han sido inadmitidas 343.000: en algún caso, por no haber cláusula-suelo en la hipoteca, en 146.000; y en algún caso, incluso, por no haber hipoteca, en 42.000, lo cual no deja de ser llamativo. Pero, en todo caso, lo importante, es decir, las cifras importantes, es que se han estimado 453.000 y, por tanto, en el 43 por 100 de las solicitudes presentadas han llegado a ese acuerdo el solicitante y la entidad de crédito, y solo han sido desestimadas el 19 por 100. Por tanto, el balance que hace el ministro de Economía es muy positivo.

También, el ministro de Justicia ha dado cuenta de la continuación del proceso de nombramiento del fiscal general del Estado. Como saben ustedes, el Gobierno, en virtud del artículo 29 de la Ley 50/1981, presentó al Consejo General del Poder Judicial la candidatura de don Julián Sánchez Melgar. Es preceptivo que el Consejo General del Poder Judicial emitiera un informe; lo ha hecho de forma positiva, ha tomado conocimiento hoy el Gobierno de ese informe y ha acordado informar de que don Julián Sánchez Melgar reúne los méritos y requisitos exigidos para ser nombrado fiscal general del Estado. Ahora será, como saben ustedes, en la continuación del procedimiento, el Congreso de los Diputados el que tendrá que pronunciarse a tal respecto, la Comisión de Justicia y, cuando lo haga, si es favorable, el Consejo de Ministros procederá al nombramiento. Por tanto, continuamos ese procedimiento.

Y antes de que el ministro de Fomento hable de los importantes temas relacionados con su Departamento que hemos examinado hoy, déjenme que diga una palabra también sobre la aplicación de las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del acuerdo del pleno del Senado de 27 de octubre, la ejecución del artículo 155. Hoy hay más de una propuesta, que han sido todas aprobadas, de 32 acuerdos que se refieren a la gestión de múltiples Departamentos ministeriales que ha asumido el Gobierno en función del 155.

Muchos de ellos se refieren a Hacienda y Función Pública; Educación, Cultura y Deporte también tiene cinco, que se refieren a temas importantes, como subvenciones, fundamentalmente culturales, y también algunas que se refieren también a la futura formalización de los Juegos del Mediterráneo; al Ministerio de Empleo, al de Agricultura y Pesca, y al de Economía. Economía quiero resaltarlo, porque ha tomado el acuerdo hoy el Consejo de Ministros de que se considere de interés general el proyecto de reindustrialización del municipio de Flix, que recordarán ustedes que sufrió a raíz de la cuestión de Ercros.

Permítanme que recuerde a estos efectos también otra decisión, que no ha sido del Consejo de Ministros pero que sí ha tomado esta semana el Ministerio de Educación, actuando como consejero de Educación: la Generalidad de Cataluña ha convocado oposiciones para cubrir dos mil plazas de docentes: 1.600 en Educación Secundaria, 373 en Primaria e Infantil, y el resto de Escuelas Oficiales de Idiomas y Artes Plásticas. Llevaban sin convocarse oposiciones en Cataluña desde el año 2011 y estas dos mil suponen el mayor número de plazas de los últimos años en toda España. Son plazas incluidas en la oferta parcial de empleo público para el año 2017. La oposición se iniciará en abril del 2018 y las solicitudes han de presentarse del 1 al 20 de diciembre.

Por tanto, es el funcionamiento ejecutivo de este artículo 155, que creemos que va en beneficio, en este caso concreto en los 32 acuerdos de hoy, y también en este que acabo de relatarles, en función y beneficio de los intereses de todos los catalanes.

Señor ministro de Fomento, usted nos va a informar de los temas que afectan a su Departamento.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)