El Gobierno aprueba un Real Decreto-ley que permite a ayuntamientos y comunidades autónomas reinvertir este año el superávit de 2018

29.3.2019

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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-ley que permitirá a las entidades locales y a las comunidades autónomas destinar el superávit presupuestario de 2018 a inversiones financieramente sostenibles en 2019.

Analizando los datos de ejecución presupuestaria correspondientes al cuarto trimestre de 2018, se observa que algunas comunidades autónomas y un buen número de entidades locales han presentado superávit en sus cuentas.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera recoge que el saldo positivo de las administraciones tiene que ser destinado a amortizar deuda. Sin embargo, contempla una excepción: las denominadas Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

Las IFS son aquellas inversiones con una vida útil igual o superior a cinco años que se financian con el superávit de las entidades locales y comunidades autónomas que permiten, durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, para lo cual el expediente de gasto correspondiente debe incorporar una memoria económica referida al período de su vida útil.

Estas inversiones deben ser económicamente sostenibles a lo largo de la vida útil de la inversión y no computan el gasto a efectos de la aplicación de la regla de gasto, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Para permitir a los municipios y a las comunidades autónomas beneficiarse de esta medida, el Gobierno aprueba este Real Decreto-ley que habilita a estas entidades a reinvertir su saldo positivo.

Además, la norma también contempla que las entidades locales y las comunidades autónomas puedan disponer de más tiempo para desarrollar estas inversiones. En concreto, permite que la ejecución aprobada en 2019 pueda terminar de ejecutarse en 2020.

Estas Inversiones Financieramente Sostenibles se pueden destinar a la prestación de servicios esenciales, como pueden ser alcantarillado, abastecimiento de agua, recogida de residuos o alumbrado público, mejora de los sistemas productivos y de los diversos sectores, infraestructuras de transporte, centros docentes, asistencia social primaria, recursos hidráulicos o sociedad de la información, entre otros ámbitos.