Intervención de la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, María Isabel Celaá

La Moncloa, Madrid

Portavoz.- Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acudir a esta conferencia de prensa. Como ustedes saben, porque esa fue mi primera introducción el día que nos conocimos más de cerca, hablamos de la agenda social del Gobierno y hablamos de la agenda europea, es decir, hablamos de que este era un Gobierno con fuerte vocación europeísta. Si la semana pasada tratamos de la agenda social, recuerden ustedes que hablamos de la protección universal del derecho a la salud, que hablamos del Plan de Vivienda, que hablamos de cómo proceder a garantizar el pago de las pensiones, el pago de la paga extra junto a la paga ordinaria. Esta semana nos vamos a dedicar a hablar --porque así lo hemos hecho en el Consejo de Ministros-- de nuestra agenda europea.

El Gobierno realmente está en la acción, no para, eso ustedes lo pueden ver desde fuera. Mañana mismo, 23 de junio, el presidente del Gobierno se reunirá en París con el presidente Macron. En Bruselas se reunirán, el domingo 24, en una cumbre preparatoria sobre Migración y Asilo, los países europeos, como ustedes saben. Es una reunión importante cuyo catalizador, sin duda, ha sido la actuación del Gobierno de España en relación al Aquarius. El martes 26 de junio, tendrán, celebrarán un almuerzo de trabajo el presidente Sánchez y Ángela Merkel, en Berlín. El jueves 28 y viernes 29 de junio se celebrará el Consejo Europeo con los temas, sobre todo, de política de Inmigración. Y el lunes 2 de julio, acudirá a Lisboa para entrevistarse con Antonio Costa.

Además de esta agenda, interior vamos a llamarla porque es europea también, tenemos la agenda española. El Gobierno va a mantener reuniones y encuentros bilaterales con todas las Comunidades Autónomas durante esta legislatura pero, como ya les anuncié a ustedes el viernes pasado, se hará por riguroso orden según la fecha de antigüedad de los estatutos. Así, el lunes 25 de junio, tendrá un encuentro con el Lehendakari Iñigo Urkullu; el lunes 9 de Julio, con Joaquín Torra; el 17 de julio, con Núñez Feijoo; y el 23 de julio, con Susana Díaz. Estas son las fechas que ya tenemos señaladas. Hay un tema que hemos tratado ampliamente en el Consejo de Ministros de hoy referido a la aprobación del Real Decreto-ley para la regulación de Radiotelevisión Española.

Como ustedes saben, hoy mismo concluye el mandato del presidente de Radiotelevisión Española, señor José Antonio Sánchez. Y hoy mismo precisamente, se acaban los viernes en negro, porque el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de vigencia inmediata y lo ha hecho para la regulación transitoria provisional de Radiotelevisión Española. Esto supone el cese inmediato de todos sus consejeros y en 15 días naturales, las Cortes deberán elegir los diez consejeros que configuran el Consejo de Administración de la Corporación. Como ustedes saben, seis los escogerá el Congreso y cuatro el Senado. Primero deberán ser elegidos por dos tercios, --esa es la mayoría--, y el segundo turno, es decir si eso no puede ser, en 48 horas podrán ser elegidos por mayoría absoluta. Como les digo, seis en el Congreso, cuatro en el Senado, en 15 días. En los siguientes 15 días, el Congreso elegirá de entre ellos al presidente de la Corporación de Radiotelevisión Española, con lo que podemos concluir que en un mes tendremos al presidente de Radiotelevisión Española nombrado y, además, todo su Consejo de Administración.

Este Real Decreto-ley refuerza y mantiene los mandatos de la Ley 5/2017, una Ley que, como ustedes saben, fue aprobada por la mayoría de la Cámara y con la que nosotros, no solo estamos de acuerdo, sino que, además, lo pusimos en práctica cuando todavía no estaba esta Ley y había otra, en la época del 2006 al 2012. Esta Ley 5/2017 se llama también de "recuperación de la independencia del Ente y de pluralismo en la elección parlamentaria de los consejeros". Esta Ley regula, en primer lugar, que efectivamente hay que contar con un Comité de expertos para poner en marcha un concurso de selección de las personas que configuran el Consejo de Administración para después poder elegir el presidente. Esta Ley sigue su curso. Pero esta Ley tiene, obviamente, un periodo largo de desarrollo. Es más, cuando podía haber sido iniciado este desarrollo, ahora hace 8 meses, no se puso en marcha. Por tanto, tiene un periodo prolongado para culminarse en el tiempo y nosotros, es decir, España en este momento, su Radiotelevisión Española, sus medios de comunicación públicos tienen un problema de urgencia. Tienen un problema de urgencia porque todos los consejeros del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española tienen su mandato vencido y el presidente también ha concluido su mandato.

Este Real Decreto-ley, por lo tanto, viene a actuar ante un vacío, un vacío de poder. Por eso decimos que el Real Decreto-ley resuelve un problema de urgencia. Al mismo tiempo es enteramente respetuoso con la ley en todos sus términos, porque este Real Decreto-ley cuyo proceso acabo de contarles, cesará en el momento en el que el desarrollo de la Ley haya culminado y haya dado resultados. Por lo tanto, la ley, con su Comité de expertos, con su concurso, sigue su marcha porque este Real Decreto-ley pone en marcha el proceso de la Ley pero, además, viene a resolver una situación importante del Ente, tan importante que -como ustedes saben-- había muchas denuncias en relación al Ente y, además, mucho malestar por parte de sus trabajadores y trabajadoras, de sus profesionales. España merece tener unos medios públicos de comunicación que sean de confianza para la ciudadanía, que no estén al servicio de ninguna ideología por legítima que sea y que estén al servicio del interés general, y eso es lo que estamos trabajando con este Real Decreto-ley que pone en marcha también los mecanismos de la ley al mismo tiempo.

Así que, tendremos una Radiotelevisión Española que cumpla fielmente con los principios fundacionales del Ente, como son: la independencia, el pluralismo, la neutralidad, la imparcialidad y la verdad.

Les quiero hablar también hoy, porque así ha sido el Consejo de Ministros, concretamente de "la manada" en libertad provisional. De este auto de la Audiencia Provincial de Navarra que ha puesto en libertad --provisional, obviamente, puesto que la sentencia condenatoria la tienen, pero hay un recurso, como ustedes saben, al Tribunal Superior de Navarra--, y ha puesto en libertad a los cinco condenados de "la manada". El Gobierno tiene que decir a este respecto lo siguiente: el Gobierno respeta, como no podía ser de otra manera, las decisiones judiciales como parte del sistema judicial español. Somos perfectamente respetuosos en relación a la división de poderes, pero los hechos probados y condenados son muy graves, son gravísimos y, en este sentido, el Gobierno se hace eco de la alarma social, de la preocupación social de España en su conjunto, de las mujeres en particular, a las que quiere proteger, a las que necesita proteger y a las que vamos a proteger.

Ha sorprendido a este Gobierno el auto de libertad provisional porque la regla de oro general es la de que un condenado que está en prisión provisional se le mantiene en esa prisión provisional, sobre todo cuando tiene una sentencia de 9 años. Generalmente, si está en prisión, se le mantiene en prisión provisional hasta el cumplimiento, al menos, de la mitad de la pena. Por eso nos ha sorprendido pero, además de sorprendernos, y de hacernos eco de las preocupaciones de las mujeres, además, es que una sentencia condenatoria siempre es peligrosa en el sentido de que pueda ser proclive a la fuga y nosotros queremos proteger a las mujeres y queremos proteger a las jóvenes de este país. Tenemos esa obligación. Por eso, el Gobierno va a hacer lo siguiente: en primer lugar, como ustedes saben, tenemos presentada en la Cámara una proposición de ley orgánica que se llama "medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género". Es la primera ley que tramitamos como Gobierno en el Congreso de los Diputados. Fue registrada el 19 de abril y el 12 de junio fue tomada en consideración. Por lo tanto, hay actualmente un debate en la Cámara a instancias del Grupo Socialista que viene a cumplir uno de los mandatos sociales y, además, de necesidad, como es aportar formación a los jueces y magistrados en materia de género. Esta es una de las primeras e importantes actuaciones a este respecto.

Además, estamos en disposición de poner encima de la mesa una propuesta para analizar y estudiar el Código Penal, concretamente la tipificación de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y, además, el Gobierno esta mañana ha adoptado el compromiso de, precisamente para luchar contra los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, estudiar que el servicio jurídico del Estado se persone como parte en defensa de las víctimas. Este es un asunto que consideramos grave, compartimos la preocupación ciudadana al respecto y el Ejecutivo tiene acciones para llevar a cabo. El Gobierno gobierna y trabaja por la seguridad de nuestras mujeres y de nuestros jóvenes.

Casi ya me puedo poner a disposición de sus preguntas, si bien puedo hacerles un comentario en relación a la apertura de los Juegos del Mediterráneo. Como saben ustedes, hoy se celebra la apertura de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona, un acto institucional presidirá esa apertura, un acto institucional al que acudirán Su Majestad el Rey, el presidente del Gobierno, señor Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra. El Gobierno de España jamás ha hecho política con un acontecimiento como este, y tampoco la va a hacer. Estamos, como ustedes bien saben, viernes tras viernes y día tras día, en un proceso de normalización de la vida democrática. Aspiramos a tener en justa reciprocidad las mismas respuestas por los distintos Gobiernos. Es decir, la normalización democrática que propone el Gobierno debe ser respondida con la normalización democrática por parte de otras Comunidades Autónomas.

Y ahora sí que me someto a sus preguntas, si no les parece mal.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)