La Secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, presentó hoy, junto al Secretario General de la CEOE, José María Lacasa, el Informe 2009 del Proyecto de Reducción de Cargas Administrativas.
Dicho Informe es el resultado del Convenio de Colaboración que firmaron a finales de 2008 el Gobierno y la CEOE-CEPYME para identificar las cargas administrativas que inciden sobre las PYMES españolas. Asimismo, la secretaria de Estado recordó que ya se ha firmado el segundo convenio de colaboración para el año 2010.
Este primer Informe se ha realizado con datos del año 2009. El estudio consistió en hacer diferentes encuestas a alrededor de 1000 pequeñas y medias empresas con el objetivo de identificar las gestiones más complejas y costosas.
Este documento recoge más de 120 propuestas de simplificación o reducción de las cargas y la necesidad, manifestada por parte del sector empresarial, de mejorar la comunicación y la colaboración entre las empresas y la Administración, y entre las Administraciones públicas entre sí.
En su intervención, Consuelo Rumí aseguró que el Gobierno está realizando un gran esfuerzo para reducir las cargas administrativas de las empresas y así facilitarles su relación con la Administración, simplificar los trámites y abaratar los costes. Y subrayó que reduciendo estas trabas, se aumenta la productividad y la competitividad de las empresas.
La Secretaria de Estado puso en valor el compromiso del Gobierno de reducir un 30% de las cargas administrativas en 2010, e hizo un balance de las medidas adoptadas hasta el momento en esta materia dentro del Plan de Acción para la Reducción de Cargas Administrativas. Paralelamente a este Plan, apuntó la secretaria de Estado, se han aprobado 159 actuaciones para ahorrar costes a las empresas.
Otra línea de actuación, según Rumí, ha sido evitar la imposición de nuevas cargas. Para ello, en julio de 2009 el Consejo de Ministros aprobó la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, y en diciembre, la Guía Metodológica de la Memoria. Desde ese momento, los proyectos normativos deben llevar un análisis de las trabas que pueden generar tanto a las empresas como a los ciudadanos.
Por último, la secretaria de Estado, que subrayó el dialogo con los agentes sociales como una de las prioridades de su tarea, recordó que todas las actuaciones en esta materia se enmarcan en el Programa europeo "Legislar Mejor".