España observa con preocupación cómo las investigaciones relativas a organizaciones de la sociedad civil que reciben financiación del exterior en Egipto están derivando en procesos penales contra personas e instituciones cuya honorabilidad y compromiso con la democracia están fuera de toda duda.
Desde el pleno respeto a la independencia del poder judicial en Egipto, España insta a las autoridades egipcias a que se aseguren de que dichas investigaciones se llevan a cabo con todas las garantías judiciales y a que se garantice el ejercicio de la libertad de asociación mediante la adopción de una Ley de Asociaciones y de Fundaciones acorde con los estándares democráticos que presiden la transición egipcia.