Está usted en: 

Discurso del Presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la reunión extraordinaria del Eurogrupo en relación con el rescate de Grecia y la situación de los mercados financieros

Madrid, miércoles, 12 de mayo de 2010

Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en LinkedinCompartir en OrkutCompartir en TuentiCompartir en DeliciousCompartir en MySpace

Señor Presidente, Señorías,

El domingo pasado los Ministros de Economía del ECOFIN, siguiendo las instrucciones de los Jefes de Estado y de Gobierno del Eurogrupo, aprobaron el llamado Mecanismo Europeo de Estabilización para movilizar hasta 750.000 millones de euros en defensa de la Unión Monetaria y de las economías de la eurozona. Es una cantidad de una magnitud extraordinaria y es una respuesta sencillamente inimaginable sólo unos días antes frente a la inestabilidad de los mercados.

La reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno del Eurogrupo fue convocada de urgencia para el viernes 7 por la tarde. Hoy estamos a miércoles: han pasado sólo cinco días desde entonces, los mismos cinco días que han transcurrido desde que, por la mañana de ese viernes, solicité mi comparecencia en esta Cámara.

Las dos reuniones a que me refiero fueron convocadas para reaccionar, para que la Unión reaccionara como tal, frente a la fuerte inestabilidad de los mercados y de las Bolsas europeas que se había desencadenado con ocasión de la operación de rescate financiero de Grecia.

Desde el nacimiento de la Unión Monetaria, ésta nunca había pasado por un trance ni de lejos similar. Nunca había afrontado una amenaza tan seria y real como ésta a su propia subsistencia; una amenaza, por otra parte, que afectaba de lleno al orden financiero global y a la aún débil recuperación económica mundial.

La intensidad de la respuesta que hemos aprobado es consecuente, pues, con el peligro que afrontábamos. Cuando alcancemos a ver con perspectiva los acontecimientos que estamos viviendo, estoy seguro de que estas fechas se juzgarán decisivas para la Unión Monetaria, para el gobierno económico de Europa y para el futuro mismo de Europa como comunidad política.

Hay quien dice que la respuesta ha sido lenta y que lo que se acordó el pasado fin de semana debió hacerse antes; pero me parece que no se debería ser tan severo a la hora de juzgar una reacción ante circunstancias que carecen por completo de precedente, que son siempre difíciles de evaluar y que conciernen y comprometen a nada menos que dieciséis países --por ceñirme a los de las zona euro--, con distintos fundamentos económicos y sensibilidades diversas ante la crisis común.

Con el acuerdo alcanzado Europa ha mostrado su fortaleza y, además, frente a cantos de sirena o tentaciones defensivas y de retroceso, ha mostrado que sigue comprometida consigo misma o, quizá mejor, que lo está como nunca lo había estado antes.

Señorías,

El episodio de estos días ha sido el último acontecimiento relevante y grave de esta crisis tan dura y compleja que estamos viviendo desde el verano de 2008. Fue, en primer término, el desplome de los grandes bancos americanos y algunos europeos en otoño de ese año, y la gigantesca operación de rescate que le sucedió desde los Gobiernos. Fueron, después, los extraordinarios planes de impulso fiscal puestos en marcha para sostener la actividad económica y paliar los efectos de la recesión que sucedió al "crash" financiero. Es, ahora, esta iniciativa, igualmente inédita, de crear el Mecanismo Europeo de Estabilización para respaldar a la Unión Monetaria y al euro.

El Gobierno español ha reaccionado ante cada uno de estos inesperados desafíos. Lo ha hecho, en general, como lo han hecho los demás Gobiernos, cada uno en función de sus propias circunstancias, y lo ha hecho adaptando sus decisiones a la naturaleza del problema que planteaba cada una de las fases de la crisis.

Nosotros no necesitamos inyectar dinero en nuestro sistema financiero en la primera fase. Bastó sólo con prestarle respaldo, mediante la adquisición de activos financieros o prestarle aval a su endeudamiento. Pero sí tuvimos que poner en marcha un plan anticíclico especialmente vigoroso para compensar la fuerte caída de la actividad que originó el desplome del sector de la construcción y su peor consecuencia: el desempleo masivo.

Ahora, a consecuencia de ello y de las demás medidas compensatorias adoptadas, debemos hacer también un esfuerzo especial, singular y extraordinario para reducir nuestro déficit público, y debemos hacerlo ahora, precisamente cuando hay signos que ponen de manifiesto el comienzo de la recuperación económica.

A lo largo de estos veinte meses el Gobierno ha mantenido un comportamiento coherente: adaptó sus decisiones a las características de cada momento, no se ha empeñado en aplicar siempre los mismos recursos sino los que, en cada caso, ante cada problema y ante cada circunstancia, entendió más beneficiosos para los intereses generales. No dejó, pues, de hacer lo que consideraba que había que hacer en cada momento y lo hizo con una pauta de conducta constante: a la vez, evitar la mayor caída de la actividad y, por supuesto, asegurar la cohesión social.

Señorías,

España, en tanto que Presidencia rotatoria de la Unión, ha contribuido a la creación de este Fondo especial y de los demás acuerdos del ECOFIN. Desde que se planteó el rescate a Grecia hemos mantenido una postura clara y activa en favor de una respuesta europea fuerte.

Como Sus Señorías saben, el Mecanismo Europeo de Estabilización aprobado por el ECOFIN, a impulso de los Jefes de Estado y de Gobierno del Eurogrupo, incluye una movilización de 750.000 millones de euros, de los que 250.000 millones serán aportados por el Fondo Monetario Internacional, 60.000 millones por la Comisión y el resto, a través de un producto financiero con garantías de todos los miembros del Eurogrupo.

La puesta en marcha de este mecanismo ha ido, además, acompañada de intervenciones en los mercados de deuda y otras medidas extraordinarias de liquidez por parte del Banco Central Europeo, que hasta ahora no se habían producido nunca.

Pero no ha sido éste, con ser muy trascendente, el único acuerdo adoptado. A raíz de los desplomes bancarios, absolutamente imprevistos, del otoño de 2008, la Comunidad internacional, el G-20 y las diversas instituciones de ámbito regional iniciaron un movimiento de reflexión para introducir nuevas reglas en los mercados financieros. Este proceso sigue abierto, ha dado algunos pasos pero aún debe completar su tarea y sobre ello trabajará el G-20 el mes que viene en Toronto.

Estos días se ha reforzado en la zona euro la convicción de que hay que seguir por este camino, que es complejo, pero que es ineludible. La ordenación de los mercados, como alternativa a que la lógica de éstos, muchas veces irracional, se imponga a la de los propios Gobiernos, es un reto con el que está comprometida la Comunidad Internacional, en general, y la Unión Europea, en particular. Estamos, en efecto, comprometidos en hacerlo, trabajamos en ello, pero no lo hemos alcanzado todavía.

De hecho, estos días hemos vuelto a padecer las consecuencias de una economía global, especialmente la financiera, insuficientemente gobernada e insuficientemente regulada. Basta recordar, para poner de manifiesto la fragilidad de ese sistema financiero, cómo la difusión, interesada o no, de un falso rumor puede poner en jaque las cotizaciones bursátiles y los diferenciales de la deuda de los Tesoros nacionales, por no hablar en general de los movimientos especulativos que juegan a corto con el crédito de la moneda o la solvencia de un país.

Habrá quien piense que se trata de fenómenos que sólo afectan a los Estados o a las entidades financieras y hay que explicar que afectan, por el contrario, a todos los ciudadanos: a quienes ahorran y a quienes invierten. Afectan a la economía nacional y también a la economía de cada ciudadano.

Por eso, el Eurogrupo, a la vista de los acontecimientos de los últimos días, ha manifestado su voluntad de intensificar la supervisión de los mercados de derivados y la revisión del papel de las agencias de "rating". Lo hemos decidido con el objetivo de avanzar hacia unos mercados financieros eficientes y transparentes, donde no tengan cabida los abusos de información, la difusión de rumores infundados o ejercicios que puedan ser desestabilizadores de especulación desmedida.

Pero no basta con eso. Es obvio, igualmente, que la fragilidad e inestabilidad de los mercados se ha visto agravada por los desequilibrios acumulados como respuesta a la recesión y que hay que actuar, en consecuencia, con una mayor energía y rapidez sobre estos desequilibrios, y que hay que hacerlo en todos los países que los padezcan. En nuestro caso --lo diré con claridad--, esos desequilibrios se llaman 11,2 por 100 de déficit y 20 por 100 de desempleo.

Se trata, pues, de dos acciones complementarias que persiguen un mismo fin: restablecer la estabilidad cuanto antes para propiciar un marco en el que pueda fortalecerse la recuperación.

Por ello, hemos alcanzado también un acuerdo para reforzar el gobierno económico de la Unión Europea, coordinar mejor las políticas y reforzar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En este contexto se inscribe el compromiso asumido por los Estados miembros de acelerar o intensificar, en su caso, los planes de consolidación fiscal respectivos.

Señorías,

El Programa de Estabilidad fue aprobado en enero de 2010 con el objetivo de alcanzar el 3 por 100 de déficit en 2013; un objetivo con el que desde un primer momento adquirimos un firme compromiso, calificándolo como una necesidad y como una exigencia a cumplir; un objetivo sobre el que en estos meses hemos reiterado nuestra voluntad de cumplirlo a rajatabla, incorporando, si fuese necesario, medidas adicionales. Esta voluntad es la expresión más clara de que nos sentimos plenamente vinculados al Plan de Estabilidad y Crecimiento europeo, y de que no concebimos una recuperación económica sostenida y sostenible en nuestro país que no se base o se acompañe de unas cuentas públicas saneadas.

El Programa plantea una senda de reducción del déficit en cuatro ejercicios presupuestarios, los que van de 2010 a 2013. El Programa se concibe como un Plan gradual con el propósito expreso de no limitar las posibilidades de la recuperación económica, sobre todo en el momento en que, conforme a nuestras previsiones, debía iniciarse la recuperación de nuestra economía.

El Programa supone, en definitiva, un esfuerzo, un gran esfuerzo, de austeridad. Lo iniciamos con un Presupuesto para 2010 que incluía una reducción del gasto público del 4 por 100, 7.500 millones de euros; pero debo recordar que desde enero hemos aprobado una serie de medidas complementarias, entre las que hay que destacar:

  • Un acuerdo de no disponibilidad de cinco mil millones de euros, que afectó a todos los Ministerios.
  • Un plan de racionalización del gasto farmacéutico, por importe de 1.500 millones de euros.
  • Una reducción de la Oferta de Empleo Público, estableciendo una tasa de reposición del 10 por 100 de las vacantes, lo que supone para 2010 una reducción de trece mil plazas en la Administración General del Estado y un ahorro de trescientos millones de euros.
  • Una racionalización del sector público estatal y de reducción de altos cargos. No tiene, por el tipo de partidas a las que afecta, un efecto apreciable de reducción del gasto, pero sí tiene un claro contenido ejemplarizador.

Hemos reducido, así, el gasto público, pero también hemos reforzado los ingresos. Los Presupuestos de 2010 incluyen una subida de la imposición sobre las rentas del capital, que ha entrado en vigor en enero, y una subida del Impuesto sobre el Valor Añadido, a partir de julio. Además, en febrero se aprobó un nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal y laboral.

Este conjunto de medidas, de ingreso y de gasto, seleccionadas para no afectar a la recuperación económica y al empleo, suponen ya una previsión de reducción del déficit público en 1,4 puntos en 2010, desde el 11,2 al 9,8 por 100 del PIB.

El Programa español de consolidación fiscal recibió una valoración global positiva de la Comisión Europea en marzo de 2010, el FMI lo calificó de riguroso y los inversores creyeron en él. Es cierto que algunos nos reclamaron una mayor concreción de instrumentos de aplicación, aunque ya advertimos que lo haríamos con ocasión de la aprobación del techo de gasto para 2011, prevista para junio. Pero, en todo caso, recibió una valoración global positiva.

Señorías,

La situación financiera y la situación de la valoración sobre la confianza de las deudas de distintos países del Eurogrupo comenzaron a deteriorarse claramente en abril. La desconfianza sobre la solución adoptada para la crisis griega se contagió a otros mercados de deuda soberana de la zona euro, para finalmente ponerse en riesgo la estabilidad de toda ella y, por extensión, el orden financiero internacional. Ello en apenas una semana.

Por ello, el pasado domingo el Eurogrupo decidió conjugar la acción concertada del Mecanismo Europeo de Estabilización y del Banco Central Europeo con acciones individuales de los países destinadas a reforzar la sostenibilidad fiscal de la zona euro y de cada uno de ellos. Estas acciones son particularmente necesarias en aquellos países que, por distintas circunstancias en cada uno de ellos, se están viendo sometidos a la presión de los mercados financieros. España es uno de ellos.

Coherentes con la evolución de la realidad y con estas decisiones, el Gobierno ha adoptado un compromiso de acelerar, de anticipar, la reducción inicialmente prevista, asumiendo un recorte adicional sobre el inicialmente previsto por valor equivalente a medio punto del PIB este mismo año --algo más de cinco mil millones de euros-- y de otro punto adicional en 2011, por importe de diez mil millones de euros.

Es un esfuerzo considerable: significa pasar, en tan sólo dos años, de un déficit del 11,2 a otro del 6 por 100 del Producto Interior Bruto; significa reducir, en tan sólo dos años, 5,2 puntos de déficit y significa cumplir, en tan sólo dos años, dos terceras de nuestro compromiso para cuatro años.

Señorías,

Esta decisión, lo reitero, la tomamos en el marco del compromiso conjunto de los países de la Unión para estabilizar los mercados, abaratar la deuda y garantizar su pago, y, en definitiva, restablecer la confianza en el euro y las expectativas económicas en nuestra zona económica.

No es fácil para el Gobierno aprobar las nuevas medidas que les voy a anunciar y la dificultad no se aminora por el hecho de que estemos convencidos de su necesidad. No aprobamos un nuevo Plan; mantenemos el esfuerzo de austeridad que aprobamos en el mes de enero. Nuestro objetivo no ha variado: sigue siendo situar a la economía española en 2013 con un 3 por 100 de déficit en relación con su Producto Interior Bruto; pero a este objetivo ahora se incorpora otro, no menos necesario en el momento presente: el de contribuir con nuestra estabilidad financiera a la estabilidad financiera de la zona euro. Necesitamos hacerlo para proseguir con la recuperación y para lograrlo hay que acelerar la reducción del déficit.

Esto implica recortes adicionales en ámbitos ya objeto de reducción y en otros nuevos cuya incidencia social es evidente.

Vamos a pedir un mayor esfuerzo a todos; en primer lugar, a la sociedad española, a los ciudadanos, y también a las administraciones públicas. Un esfuerzo nacional, colectivo, y también procurar que sea equitativo y justificado: justificado por su distribución y por el fin que perseguimos con él.

Por todo ello, el Gobierno ha decidido:

  • Reducir las retribuciones de personal del sector público en un 5 por 100 de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Los miembros del Gobierno y los demás altos cargos tendrán una reducción superior al último tramo de la escala que se establezca para los empleados públicos.
  • Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas.
  • Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007.
  • Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011.
  • Reducir los gastos en farmacia mediante una revisión del precio de los medicamentos excluidos del sistema de precios de referencia y mediante la adecuación del número de unidades de los envases de los medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos, así como la dispensación de medicamentos en unidosis.
  • Suprimir, para los nuevos solicitantes, la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud, estableciéndose, paralelamente, un plazo máximo de resolución de seis meses, cuyo incumplimiento llevará aparejada retroactividad desde esa fecha.
  • Se dispone, asimismo, una reducción entre 2010 y 2011 de seiscientos millones de euros en la Ayuda Oficial al Desarrollo.
  • Se prevé una reducción de 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011 en la inversión pública estatal.
  • Se prevé un ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

El Consejo de Ministros aprobará la próxima semana un Real Decreto Ley recogiendo estas medidas para su entrada en vigor de inmediato. Paralelamente, el Consejo de Ministros examinará el techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado para 2011 y el Plan de Austeridad 2011-2013, que incorporará las consecuencias de estas decisiones que he mencionado.

Señorías,

Son medidas que, a juicio del Gobierno, son imprescindibles y que procuran ser lo más equitativas posible.

Son imprescindibles, lo diré una vez más, para alcanzar en este momento la comprometida reducción del déficit, para reforzar la confianza en la economía española y para contribuir a la estabilidad financiera de la zona euro. Suponen un volumen de reducción de gasto que cumple con el compromiso adquirido: quince mil millones de euros menos en lo que queda de 2010 y 2011.

Procuran ser equitativas, pues pretenden repartir ese esfuerzo nacional que hoy, como Presidente del Gobierno, pido a todos los ciudadanos.

Hasta ahora, las personas que han perdido su empleo y los empresarios que han visto frustradas o reducidas sus aspiraciones han pagado con creces su peaje en esta crisis. No es a ellos a los que quepa demandar solidaridad sino, a la inversa, ofrecérsela.

Las medidas pretenden, además, ser eficientes, porque contribuirán, desde luego, a sanear las arcas públicas afectando lo menos posible a la inversión, para hacer posible seguir conciliando la reducción del déficit con la recuperación.

Somos conscientes, no obstante, de que la reducción de la demanda afectará transitoriamente al crecimiento. Por ello, el Gobierno estima que el crecimiento el año que viene será unas décimas inferior al previsto y, por ello mismo, puedo asegurar que se mantendrán efectivas, y no serán afectadas por este esfuerzo de reducción de gasto, las acciones ya en marcha para impulsar la recuperación.

Me refiero a las medidas acordadas en el llamado "proceso de Zurbano", las incluidas en la Ley de Economía Sostenible, el Plan de Participación público-privada para la inversión en infraestructuras, las nuevas líneas de crédito del ICO y las reformas estructurales en marcha. Y a ellas me quiero referir en este momento.

- El proceso de reforma laboral, que se está negociando con empresarios y sindicatos, nos hemos comprometido a concluirlo en el presente mes de mayo. A los interlocutores sociales les agradezco su disposición y su esfuerzo de entendimiento que espero y pido, sinceramente, que concluya con éxito en aras de lograr una modernización de nuestro mercado de trabajo.

- Segunda, la revisión del Pacto de Toledo que se lleva a cabo en esta Cámara. Espero que en no mucho tiempo podamos acordar las medidas que aseguren la estabilidad del sistema y la equidad de sus prestaciones, incluidas las que aún están pendientes de las pactadas con los interlocutores sociales en 2006.

- Tercera, la reestructuración de nuestro sistema financiero, en especial en lo que se refiere a las Cajas de Ahorro. Sobre ella quiero agradecer la disposición del señor Rajoy para acordar una acción conjunta que la impulse definitivamente para poder dar por cerrado el proceso antes del 30 de junio y abordar, también en esa fecha, la reforma consensuada de la Ley de Cajas.

Señorías,

Cuando concluyo mi intervención, soy consciente de que muchos ciudadanos no entenderán que, precisamente cuando el Gobierno les está anunciando que se ha iniciado ya la recuperación de nuestra economía y estamos empezando, con las cifras del primer trimestre, a salir de la crisis, precisamente ahora les pida más esfuerzo, les solicite más compromiso y les anuncie a determinados sectores esfuerzos muy considerables.

Es ahora cuando más lo necesitamos: lo necesitamos para cumplir nuestros compromisos europeos; lo necesitamos para reforzar la confianza en nuestra economía, para mantener entre nosotros a los inversores y, por supuesto, para transmitir una imagen de estabilidad; y lo necesitamos, sobre todo, para poder seguir fortaleciendo nuestro sistema productivo y preservar nuestro Estado de Bienestar.

No es fácil, para un Gobierno, para cualquier Gobierno, dirigirse en estos términos a la Cámara y a sus conciudadanos. Menos lo es aún para un Gobierno que se ha empeñado, durante los años de bonanza, en dirigir lo mejor de sus esfuerzos a mejorar la situación de la mayoría de los ciudadanos y, especialmente, de los menos favorecidos. Son los mismos que nada han tenido que ver con el origen, el desarrollo y las fases de la crisis; son, por el contrario, los que han sufrido sus consecuencias y son ahora los que mayoritariamente, nuevamente, deben contribuir a los esfuerzos necesarios para corregir los efectos de la crisis.

Son, en definitiva, la columna que sujeta al país; los que cargáis con el peso fundamental; los que garantizáis el presente y el futuro de nuestra sociedad, sus posibilidades de crecimiento, de bienestar y de éxito; y los que dependéis de vuestro propio trabajo, de vuestro afán emprendedor y de las rentas públicas que os habéis ganado con los años.

También quiero referirme a los grupos políticos representados en esta Cámara, a su responsabilidad, a su esfuerzo y a su compromiso. Es una tarea en la que todos deberíamos implicarnos. Nos lo exige el futuro del bienestar de nuestra sociedad. A todos les pido colaboración. Es una respuesta nacional que a todos nos concierne. Nada justificaría que algunos se sintiesen ajenos a este esfuerzo colectivo en una situación difícil

Tenemos la obligación de hacer cuanto esté en nuestras manos para triunfar en este empeño. La obligación es, ante todo, del Gobierno y, muy singularmente, para quien lo preside. Asumo esa responsabilidad y me comprometo a fondo con ella.

La situación es difícil y sería insensato ocultarlo; pero puedo asegurarles a todos que el Gobierno no desfallecerá y está seguro, estamos convencidos, de que lograremos salir adelante, volver a la recuperación económica, a la estabilidad y a la generación de empleo; a los logros que con tanto esfuerzo ha conseguido la sociedad española en estos últimos treinta años.

Muchas gracias.