Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
La secuencia intertrimestral de la evolución económica muestra, tanto en el exterior como en España, que la fase más aguda de la crisis la hemos dejado atrás. Con la prudencia a la que obligan las sucesivas y constantes previsiones formuladas a lo largo de los dos últimos años por las instituciones y los analistas nacionales e internacionales, así parece que ya puede afirmarse.
Hay coincidencia en que el epicentro de esta crisis se habría situado entre el último trimestre de 2008 y el primero de 2009. De hecho, en todas las economías de la Unión Europea, en Japón y en Estados Unidos la tasa de crecimiento del PIB en el segundo trimestre ha sido menos negativa que en el primer trimestre e, incluso, positiva en países como Francia y Alemania.
Para valorar lo que supone dejar atrás el momento más duro e inquietante de la crisis hay que recordar que sólo hace unos meses, en el otoño pasado, estuvo a punto de colapsarse el sistema financiero internacional, lo que nos habría podido arrastrar a un crack global virtualmente ingobernable.
Todo apunta a que esa amenaza, que fue real durante algunas semanas, ha sido conjurada y ya estamos percibiendo un buen número de señales que indican una progresiva normalización de los mercados financieros y una mejoría, suave pero generalizada, de los indicadores de actividad.
En el ámbito financiero, el tipo de interés del Euríbor se ha estabilizado en niveles históricamente bajos; los diferenciales de la deuda pública, incluida la española, se han estrechado y las principales Bolsas mundiales se han revalorizado, recuperando los niveles que tenían antes de septiembre del año pasado, como ocurre con el IBEX 35, que lo ha hecho casi un 20 por 100 en lo que llevamos de año. Son, todos ellos, datos que apuntan a una mejoría en las expectativas de los inversores sobre los desarrollos económicos y financieros futuros.
El cambio de tendencia observado en la actividad a nivel internacional en el segundo trimestre, y de forma especial en el sector exterior, está siendo igualmente refrendado en el tercer trimestre. Así lo confirman los indicadores adelantados elaborados por la OCDE, los distintos indicadores de confianza de la Comisión Europea y los sectoriales de actividad como el PMI para Europa o el ISM para Estados Unidos.
En España también seguimos observando síntomas de un menor deterioro, tanto en los indicadores de actividad como en los de empleo:
- La última tasa interanual en nuestro país, que recoge la acumulación de los descensos intertrimestrales, ha sido del -4,2 por 100, inferior al de la zona euro, que alcanzó el -4,7 por 100, al de Alemania, con un -5,9 por 100 o al del Reino Unido, con un -5,5 por 100, entre otros.
- El indicador de clima económico se ha incrementado en agosto por séptimo mes consecutivo, alcanzando niveles de junio de 2008.
- Las matriculaciones de turismos en agosto no registraron una variación negativa por primera vez en año y medio.
- El consumo de energía eléctrica cayó en agosto tan sólo un -0,4 por 100, recogiendo el cuarto mes de mejora consecutiva.
- Nuestro déficit comercial se ha reducido a la mitad en la primera parte del año y también lo ha hecho de forma muy importante nuestro déficit por cuenta corriente, como consecuencia del ajuste relativo que están registrando nuestros precios y la mejora de las exportaciones.
- Las suspensiones de pago, dato que se conoció ayer, han bajado un 25 por 100 en el mes de agosto, lo que supone el primer descenso en casi dos años.
- Y en el mercado laboral, tanto las cifras de paro, como de afiliaciones del mes de agosto, aunque continúan siendo muy preocupantes, muestran un menor deterioro intermensual.
Es una batería de indicadores positivos, que en los últimos días ha llevado a la OCDE, al Banco Central Europeo y al Fondo Monetario Internacional a revisar al alza sus previsiones sobre la evolución de la actividad en el mundo y también en la zona euro. Igualmente, en España ya algunos analistas privados, por primera vez en dos años, han revisado sus previsiones de crecimiento ligeramente al alza.
Pero ello no significa, en absoluto, que la recuperación ya esté aquí, ni que ésta se vaya a culminar con rapidez. Desde luego, no lo significa para el Gobierno, que quiere ser muy prudente en este sentido.
Por ello somos partidarios de mantener los compromisos, acordados en la Unión Europea y en el G-20, en relación, tanto con los impulsos fiscales anticíclicos, como con las reformas del sistema financiero.
Por ello, somos partidarios de incrementar el esfuerzo para modernizar nuestro sistema productivo, tanto para mejorar su competitividad, como para dotarlo de mayor estabilidad frente a la evolución del ciclo económico.
Por ello, somos partidarios, en fin y sobre todo, de mantener la protección social con el fin de garantizar que nadie quede descolgado de nuestras posibilidades individuales y colectivas de bienestar, y lograr una sociedad más cohesionada y, por ello, además de más justa, más fuerte.
El Gobierno, pues, cree que de ningún modo se puede ceder a la tentación de aflojar las exigencias para corregir las causas de esta crisis, ahora que la situación parece algo menos acuciante. Además, debemos tener presente que algunos de los efectos más negativos de esta crisis y quiero subrayar esta parte singularmente el desempleo y la pérdida de tejido empresarial perdurarán durante algún tiempo después de que se haya afianzado la recuperación.
La entidad del daño ya causado es tal que vamos a tardar un tiempo considerable en digerir sus consecuencias, incluso en escenarios de recuperación mejores de lo esperado, que no hay que descartar.
Por tanto, diagnóstico: hay indicios consistentes de que el peor momento de la recesión, en términos de caída de la actividad, ha pasado ya; pero seguimos inmersos en una crisis intensa que sólo podremos dar por superada cuando la recuperación, aún incierta, se asiente y volvamos a crear empleo de forma estable.
Señorías,
En el pasado Debate del Estado de la Nación expuse que aunque, como todos los ciudadanos saben, el origen de la crisis que estamos sufriendo es internacional, su impacto en nuestro país dejaba al descubierto algunas debilidades especificas de la economía española. Las más sobresalientes, el sobredimensionamiento prolongado y espectacular de la construcción residencial, la extraordinaria dependencia de la financiación externa necesaria para mantenerlo y el injustificado alto grado de temporalidad que grava nuestro mercado de trabajo. Con carácter complementario, la escasa innovación, la debilidad de una parte del tejido empresarial y el mantenimiento de instituciones que reclaman desde hace décadas su modernización.
La paralización de la actividad y la restricción del crédito esto es, los efectos más evidentes de la crisis se tradujeron en un brusco desplome del sector inmobiliario, que ha provocado, en gran medida, la pérdida de un millón y medio de empleos en poco más de un año. Un millón y medio de puestos de trabajo son muchos empleos perdidos en muy poco tiempo. Es un revés muy duro para nuestro país y lo es, desde luego, para quienes, con nombre y apellidos, se han quedado sin trabajo.
Parar el golpe, contener las consecuencias sociales más duras de la crisis, limitar sus efectos y sentar las bases para una recuperación económica sólida y con futuro han sido los objetivos de cuantas medidas ha tomado el Gobierno desde la crisis.
Cuando asumimos el Gobierno en 2004, sabíamos qué debíamos hacer para aprovechar las circunstancias favorables de la economía internacional. Pese a la desconfianza reiterada manifestada por alguno, fuimos capaces de impulsar la creación de tres millones de puestos de trabajo entre 2004 y 2008, aumentar la inversión en infraestructuras y en Investigación, Desarrollo e Innovación, fortalecer la protección social, bajar los impuestos y situar la deuda pública casi treinta puntos por debajo de la media europea.
Con el mismo rigor, desde el momento en que se desencadenó esta crisis global, la principal preocupación del Gobierno ha sido, al mismo tiempo, favorecer la actividad y, ante todo, preservar la estabilidad y la cohesión social del país.
Concebimos un plan de choque inmediato, el Plan E, para paliar las consecuencias de la sacudida social y económica que supone una pérdida tan cuantiosa de puestos de trabajos en un período de tiempo tan corto. El efecto de contención del Plan E lo acreditan las cifras. Las más de cien medidas adoptadas están contribuyendo a reducir y compensar el fuerte ritmo de caída inicial de la inversión, del empleo y del crédito.
Me referiré a la evolución de las más destacadas:
- El Fondo de Inversión Local ha superado las expectativas más optimistas en cuanto a sus efectos sobre el empleo, consiguiendo generar o mantener un volumen superior a los cuatrocientos mil puestos de trabajo y permitir la actividad de catorce mil empresas del sector en nuestro país, muchas de las cuales sin este Plan seguramente tendrían que haber cerrado su actividad.
El positivo comportamiento de este Fondo, junto al del Fondo Estatal creado simultáneamente por parte del Estado y las medidas de apoyo al empleo, como las que, frente a la opción por los despidos colectivos, fomentan los EREs de suspensión o la contratación a tiempo parcial, permiten explicar las cifras de afiliación y paro de los últimos meses.
Entre los meses de mayo a julio se ha reducido el paro en más de cien mil personas, el paro registrado, cuando en estos mismos meses del año anterior el paro aumentó en más de ochenta mil personas. Si bien es cierto que en el mes de agosto ha habido casi 85.000 parados más, es igual de cierto que sigue siendo una cifra inferior a la del año anterior y, si hacemos el ajuste de la estacionalidad propia de este mes, como de los meses de mayo a julio, continúa la mejoría observada desde abril.
- Las líneas del ICO se están convirtiendo en un sostén financiero clave de la actividad económica. En los primeros ocho meses del año se ha superado el número de operaciones realizadas en todo el año 2008. A 31 de agosto, estas Líneas de financiación han inyectado más de trece mil millones de euros a un total de 275.000 empresas, autónomos y familias españolas. De hecho, la favorable evolución de las Líneas de financiación del ICO explica que el crédito a las sociedades haya experimentado ya una mejora en julio, según los últimos datos del Banco de España.
- Se han puesto, además, acciones concretas de apoyo a sectores clave como el turismo o el automóvil. Así, las ayudas directas del Plan 2000 E para apoyar la renovación de nuestro parque automovilístico han contribuido a que en agosto se haya detenido la caída de las ventas de turismos que se venía prolongando durante los últimos quince meses.
Además, desde el pasado Debate del Estado de la Nación, se han creado:
- El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria para afianzar la estabilidad de nuestro sistema financiero e incrementar su fortaleza y solvencia;
- La Línea ICO para la renovación del parque de autobuses con una dotación de setenta millones de euros;
- La ampliación de la línea RENOVE-Turismo con seiscientos millones de euros adicionales, que ya han sido demandados en su totalidad, para la mejora de nuestras infraestructuras turísticas;
- Las ayudas para desempleados universitarios que desean continuar su formación, por un importe de noventa millones de euros;
- Y el último Consejo de Ministros aprobó el Programa Educación 2.0 con una dotación de doscientos millones de euros en 2009 para incorporar ordenadores portátiles, pizarras digitales y conexión a Internet a la educación obligatoria. Antes de que finalice el curso, este Programa, fundamental para la modernización de nuestro sistema educativo, estará completamente implantado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, en 14.400 aulas en toda España y beneficiará a 390.000 alumnos.
Y junto a todas estas medidas, el efecto estabilizador de la protección social reforzada. De nuevo, el compromiso con la cohesión social, como gran objetivo nacional en esta etapa de recesión económica.
- En 2009 hemos aumentando el gasto social un 17 por 100 con respecto a 2008, incluyendo los trece mil millones del crédito extraordinario para cubrir las prestaciones por desempleo.
- Hemos incrementado la financiación de la dependencia en casi un 80 por 100, hasta los 1.958 millones. Gracias a ello, en la actualidad en torno a seiscientos mil dependientes están recibiendo la atención prevista en la Ley.
- Hemos incrementado los recursos en materia de vivienda en un 17 por 100, hasta los 1.616 millones. Gracias a ello, 125.000 jóvenes se están beneficiando de la Renta de Emancipación para el alquiler y hemos iniciado la construcción de 96.000 viviendas de protección social.
- Hemos puesto en marcha el Plan Educa 3, invirtiendo hasta la fecha más de 230 millones de euros. Gracias a ello, la escolarización en este tramo de edad ya supera el 20 por 100, por encima de la media europea.
- Hemos mantenido el esfuerzo realizado durante los últimos años en becas y ayudas al estudio, invirtiendo cerca de 1.450 millones de euros. Gracias a ello, hay más de 1.600.000 estudiantes que recibirán este año ayudas para sus estudios.
Finalmente, hemos presentado a la Cámara una nueva medida de apoyo a los desempleados más necesitados, complementando de forma extraordinaria el actual sistema de protección por desempleo: por un lado, damos cobertura social a los desempleados que hayan agotado las prestaciones por desempleo y que no cuenten con recursos económicos familiares suficientes; por otro, aumentamos las oportunidades de empleo de dicho colectivo, de tal forma que para percibir el nuevo subsidio sea necesario que el desempleado participe activamente en las políticas activas de inserción laboral.
Es una nueva prestación que, tras su aprobación en el Consejo de Ministros del 13 de agosto, ha sido consensuada con sindicatos y una mayoría de Grupos Parlamentarios de esta Cámara para que tenga efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2009. Y quiero agradecer el concurso y la voluntad de los Grupos Parlamentarios que han permitido este acuerdo.
Sí, Señorías, un millón y medio de empleos, en poco más de un año, son muchos puestos de trabajo perdidos. Además de los insondables quebrantos personales que esa cifra encierra, supone una verdadera herida social, una herida que estamos obligados a cerrar cuanto antes, impulsando la recuperación de la economía española, y a restañar, mientras ésta llega, con la red de protección social reforzada a la que me acabo de referir. Hacerlo así es cohesionar la sociedad y es trabajar por la paz social, por la cohesión social y por la estabilidad.
Nuestra mayor y mejor fortaleza en una situación tan compleja es la paz social, una paz que no se improvisa, una paz que no es fruto de la casualidad ni de la renuncia a las propias convicciones, sino el resultado de un empeño sostenido, del trabajo en común y de la permanente discusión y disposición al diálogo y al acuerdo con los interlocutores sociales.
Señorías,
En este momento, nuestra recuperación, como la de los demás países, depende, en gran medida, de la recuperación global y, en este sentido, los últimos signos, aunque deben confirmarse, son alentadores.
En todo caso, hay un margen de actuación que está en nuestras manos, directamente relacionado con los problemas específicos de la economía española. Aproximadamente, el 40 por 100 del empleo destruido en el último año, el 40 por 100, está ligado al sector de la construcción residencial. Éste es, a mi juicio, el indicador estructuralmente más relevante de la economía española. Junto a él, hay otros, como el del millón, o cerca de un millón, según las estimaciones, de viviendas construidas o en trance de terminarse que no encuentran salida en el mercado.
Lo diré más claramente: la recuperación no será vigorosa en España si no logramos normalizar el sector inmobiliario en nuestro país; esto es, dar salida a una buena parte del stock de viviendas, ajustar en lo sucesivo la oferta a la demanda sin escaladas especulativas de precios y encontrar nuevas actividades para el sector.
Por eso, en el nuevo Plan de Vivienda, en colaboración con Comunidades Autónomas y entidades de crédito, se destinan ayudas directas y subsidios no sólo a la compra de vivienda protegida, facilitando que la vivienda libre pueda ser considerada como protegida, sino que hay más ayudas también al alquiler y a la rehabilitación.
Por eso, hemos aprobado recientemente una línea de garantías del Estado para el acceso a las hipotecas en la compra de vivienda protegida por valor de doce mil millones de euros.
Por eso, como anuncié en el Debate del Estado de la Nación, el Gobierno ha tomado la decisión de eliminar, a partir del 1 de enero de 2011, la desgravación indiscriminada por la compra de vivienda. Esta decisión se consagrará en el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2010 y servirá de estímulo para aliviar el actual stock de viviendas, con lo que confiamos en que el efecto de su adopción sea doblemente beneficioso, a corto y a medio plazo.
Estas medidas, junto con la mejora en las condiciones de acceso a la vivienda como consecuencia de la bajada del Euribor y el ajuste en el precio de la vivienda, han posibilitado otro dato positivo que en el segundo trimestre las transacciones inmobiliarias creciesen un 7,8 por 100 con respecto al trimestre anterior.
El objetivo a medio plazo para el sector es alcanzar un mercado estable próximo en el entorno de las cuatrocientas mil viviendas al año, junto a la realización de nuevas actividades relacionadas con la rehabilitación y la economía sostenible.
Resolver el estancamiento del sector inmobiliario es necesario para adelantar la recuperación y para reordenar nuestro modelo productivo, porque recuperación económica y mejora del patrón productivo son, para el Gobierno, las dos caras de una misma moneda.
En efecto, la lucha por asentar una recuperación económica sólida, que conduzca a la recuperación del empleo, está ligada a la lucha por la competitividad, por el conocimiento y la investigación, por el ahorro energético, por la economía del cambio climático; en definitiva, por lo que hemos venido en llamar la economía sostenible.
Si desde 2004 España ha multiplicado por tres la inversión en I+D+I, ha duplicado el presupuesto en Educación o ha promovido la inversión de más seis mil millones de euros en energías renovables, confiriéndonos ya posiciones de liderazgo mundial, ahora tenemos la oportunidad de acentuar y rentabilizar este esfuerzo en energías renovables.
Como he repetido en anteriores intervenciones, la recuperación debe servir para apoyar la transformación de nuestros sectores productivos tradicionales y potenciar otros nuevos con capacidad de generación de riqueza y de empleo.
No hay otro camino. Éste es el camino, éste es el gran esfuerzo colectivo que tenemos por delante, del que depende el futuro de nuestro bienestar. Para lograrlo, anuncié entonces que el Gobierno se proponía incorporar a una ley el conjunto de medidas unas, sustantivas; otras, instrumentales destinadas a fomentar la reorientación de la actividad, de la inversión y del empleo para lograr un nuevo modelo económico más estable, más rentable, más sostenible, más competitivo y más productivo; es decir, con más futuro.
El Proyecto de Ley de Economía Sostenible está a punto de concluirse e incluirá un amplio paquete de reformas distribuidas en tres grandes ejes:
- el de la sostenibilidad estrictamente económica, que persigue una mejora integral de nuestra competitividad mediante el fomento de la innovación y de la formación, de la internacionalización de las empresas y de la eficiencia de las Administraciones Públicas;
- el de la sostenibilidad medioambiental, que está directamente relacionada con el definitivo impulso a las energías renovables y al ahorro energético, y con una política urbanística y de vivienda más racional y equilibrada que ponga más acento en la rehabilitación, en el alquiler y en la vivienda protegida.
- y, por último, el de la sostenibilidad social, que incorpora una apuesta decisiva por la formación en todos los niveles y a todas las edades, bajo el principio de la igualdad de oportunidades.
En el primer ámbito, la Ley introducirá principios de buena regulación económica para las Administraciones Públicas, con la meta de crear un entorno normativo estable y predecible, con un nivel bajo de cargas administrativas y una mayor transparencia, incluyendo la necesidad de informar sobre el respeto a los principios de estabilidad presupuestaria.
La Ley también establecerá las pautas básicas para la reforma de los organismos reguladores sectoriales.
La Ley reducirá los trámites de creación de empresas, facilitará la inversión privada en el desarrollo y gestión de infraestructuras públicas, y reforzará las políticas de apoyo a la internacionalización de nuestras empresas. También agilizará la contratación pública, reduciendo plazos para la adjudicación de contratos e impulsando el uso de medios telemáticos.
Con el objeto de dinamizar el comercio interempresarial, en el ámbito de la morosidad se reducirán los plazos de pago para la Administración y se protegerá a las Pymes de posibles prácticas abusivas por parte de sus deudores.
En relación con la innovación, un elemento clave de la competitividad empresarial, además de mejorar su fiscalidad, en especial de las Pymes, la Ley adoptará medidas de fomento de la colaboración público-privada, la transferencia de conocimiento al sector empresarial y la gestión de patentes.
Además, como medida dinamizadora de la actividad, la Ley incorporará la rebaja temporal en el Impuesto de Sociedades para las empresas de menor tamaño que mantengan el empleo en 2010 y 2011, tal y como anuncié en el Debate del Estado de la Nación.
La Ley incluirá, además, estímulo de las actividades de rehabilitación de vivienda para crear nuevas oportunidades de empleo en el sector de la construcción y, al mismo tiempo, promover una mejora en la calidad y la sostenibilidad energética de las viviendas.
En su segundo eje, el medioambiental, la Ley establece las medidas necesarias para cumplir el compromiso de que en 2020 nuestro consumo energético de origen renovable sea al menos de un 20 por 100, así como el de alcanzar un ahorro del 20 por 100 en este mismo horizonte. Como instrumento para su consecución, la Ley impulsará las empresas de servicios energéticos.
Se adoptan, además, diversas pautas e instrumentos para impulsar la movilidad sostenible, el uso eficiente de los medios de transporte y su mejora tecnológica, incluyendo el desarrollo del transporte de mercancías por ferrocarril. Igualmente, la Ley impulsará los planes de movilidad urbana sostenible, ámbito en el que la colaboración entre Administraciones se hace esencial.
Por último, se introducirán una serie de medidas fiscales para incentivar una actividad productiva más respetuosa con el medio ambiente, que incluirá, entre otras, una deducción para los llamados "vale-transporte" para los trabajadores.
En cuanto al tercer eje, el relativo a la sostenibilidad social, la Ley adoptará diversas medidas para mejorar el sistema educativo y la formación continua. Se facilitarán pasarelas entre itinerarios formativos; se crearán mayores vínculos entre la enseñanza universitaria y la profesional; se facilitará la formación a distancia para la obtención de títulos y certificados de profesionalidad, y se incentivará la especialización entre las universidades, así como se impulsará el ahorro para financiar la formación.
Por último, la Ley articula dos Fondos:
- Uno, un Fondo para la Economía Sostenible de veinte mil millones de euros, financiado a partes iguales por el Instituto de Crédito Oficial y las entidades financieras, para apoyar la financiación del sector privado en proyectos de inversión que contribuyan a la innovación y el desarrollo tecnológico; la internacionalización empresarial; el ahorro y la eficiencia energética, y el desarrollo de servicios sociosanitarios, en especial los vinculados a la atención de la dependencia.
- Otro, un segundo Fondo de Inversión Local, de cinco mil millones de euros, para que los Ayuntamientos promuevan este tipo de inversiones productivas en sus municipios. Dado que estas actuaciones son de carácter más estratégico y necesitan un tiempo más largo de preparación que las obras promovidas por el anterior Fondo Local, el Gobierno va a crear el Fondo mediante un Real Decreto Ley que se aprobará, junto al Proyecto de Ley, en el Consejo de Ministros del próximo 16 de octubre para que puedan iniciarse en 2010 las obras del nuevo Fondo de cinco mil millones de inversión productiva en el ámbito municipal.
Medidas, por tanto, estructurales, porque la Ley tiene, sin duda, un horizonte de futuro, en el medio y largo plazo; pero también coyunturales, de carácter inmediato, para que, junto con la Ley de Presupuestos, la Ley de Economía Sostenible actúe como un revulsivo de recuperación económica y del empleo.
Ambas normas serán las palancas más importantes para impulsar la reactivación económica, junto con otras actuaciones ya aprobadas por el Gobierno en el marco del Plan E o en trámite parlamentario, como las relativas a la ambiciosa reforma proyectada del sector servicios, que implica la modificación de 47 leyes estatales, o la reforma del sector eléctrico para eliminar gradualmente el déficit tarifario y preparar a nuestro sector para una plena competencia y liberalización.
La Ley de Presupuestos para 2010 será también un instrumento al servicio de la reactivación.
Los Presupuestos de 2010 serán los más austeros de los últimos años y continuarán con el proceso de reducción de gasto iniciado en 2009, donde se recortaron las partidas en dos ocasiones, debo recordar, por un importe total de 2.500 millones de euros; un recorte que no tenía precedentes en nuestros ejercicios presupuestarios.
El límite de gasto no financiero para 2010, aprobado en esta Cámara el pasado 8 de julio, contiene un reducción del 4,5 por 100 respecto a la previsión de liquidación de 2009. Son 8.600 millones de euros que van a suponer una depuración exhaustiva de todo gasto no estrictamente prioritario en la coyuntura actual.
Ello nos permitirá concentrar el máximo de recursos en nuestros dos grandes objetivos para 2010: por un lado, mantener el gasto productivo necesario para reforzar el potencial de crecimiento de nuestra economía y favorecer el cambio de modelo productivo, lo que significa, fundamentalmente, proseguir la inversión en infraestructuras y en Investigación, en Desarrollo y en Innovación; por otro lado, garantizar la protección social, lo que significa mantener nuestros compromisos en materia de pensiones mínimas, prestaciones por desempleo, dependencia, vivienda y becas. En particular, las pensiones, de forma general, mantendrán su poder adquisitivo y las pensiones mínimas lo mejorarán claramente.
Los próximos Presupuestos también incorporarán un importante incremento de las transferencias para la financiación de los servicios prestados por las Comunidades Autónomas como consecuencia del nuevo sistema de financiación autonómica.
Los recursos adicionales del modelo de financiación autonómica, cuyo Proyecto de Ley se presentará en los próximos días, permitirán mejorar la prestación de servicios públicos, mientras que los nuevos criterios de reparto garantizarán la igualdad de trato de todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia, mejorando así la cohesión social y territorial.
Adicionalmente a los nuevos recursos financieros del sistema, el Estado asumirá temporalmente gran parte de la caída de los impuestos de recaudación compartida, al incluir un aplazamiento de dichas cantidades a las Comunidades Autónomas, mejorando así su capacidad para mantener sus compromisos sociales.
El cumplimiento de estas prioridades exige una contracción en el resto de partidas de gasto, lo que supone una reducción en el gasto medio de los Ministerios de un 6 por 100, que afectará, señaladamente, a los gastos corrientes, a la contención de las retribuciones y a la restricción radical de la oferta pública de empleo.
En el ámbito de los ingresos del Estado, tanto en la Ley de Presupuestos, como en la Ley de Economía Sostenible, se producirán algunos ajustes fiscales. Algunos serán al alza y otros a la baja, aunque globalmente representarán una subida moderada de la presión fiscal. Será una subida que quedará por debajo del 1,5 por 100 del PIB para el conjunto de las Administraciones Públicas, sobre la que, en todo caso, me interesa adelantar hoy tres aspectos relevantes:
- Primero, que en todo caso nuestra presión fiscal seguirá estando apreciablemente muy por debajo de la media europea.
- Segundo, que el resultado, después de la subida, será inferior a la presión fiscal que existía en 2004, y ello a pesar de las difíciles circunstancias actuales y de las mejoras en el Estado del Bienestar introducidas en estos últimos años.
- Tercero, que supondrá una contribución a la reducción del déficit equivalente a la que vamos a conseguir con los recortes en el gasto público.
El objetivo de esta subida moderada es garantizar una capacidad recaudatoria suficiente, contribuir a un a mejora de la capacidad recaudatoria, para atender las necesidades de protección social y de la inversión en infraestructuras, y situar a nuestra economía en el horizonte de la estabilidad presupuestaria.
Los ajustes tendrán, asimismo, en cuenta el fomento de la recuperación económica. Por ello, habrá incentivos fiscales a las nuevas actividades de la economía sostenible y bajará el Impuesto de Sociedades en el supuesto que anteriormente he indicado.
No habrá modificación de los tipos que gravan las rentas del trabajo y las subidas se guiarán, como no puede ser de otro modo, por criterios de eficiencia y de equidad fiscal. Su concreción se producirá con ocasión de la presentación del Proyecto de Presupuestos y, como debe ser, se abordará con todos los Grupos de esta Cámara dispuestos a apoyarlos, de ahí que en este momento no realice ninguna concreción mayor.
El déficit del Estado en 2010 será, pues, sensiblemente inferior al de 2009 y seguirá su corrección en años sucesivos, cumpliendo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en las fechas previstas por la Comisión Europea, en 2012. Para ello, deberemos ir reduciendo paulatinamente los gastos extraordinarios y los estímulos fiscales que hemos puesto en marcha con la crisis. De forma simultánea, una parte importante de los gastos e ingresos públicos se irá adecuando a la mejora del ciclo económico.
Señorías,
Como ya anticipé en el Debate del Estado de la Nación, el Gobierno cree imprescindible que el esfuerzo colectivo que propone para impulsar la renovación de nuestro modelo productivo se acometa en un triple escenario de diálogo y concertación: social, político e institucional.
El diálogo social es un elemento estratégico de la política del Gobierno. Lo ha sido desde 2004 veinte acuerdos en la Legislatura pasada y lo va a seguir siendo. El Gobierno desea que el diálogo entre sindicatos y empresarios tenga el mayor alcance posible, y se propone en todo caso liderarlo activamente en relación con las reformas que incorpore la Ley de Economía Sostenible. Como saben, el pasado día 4 iniciamos o reiniciamos un proceso de consulta con empresarios y sindicatos sobre la Ley de Economía y Sostenible, que proseguirá en las próximas semanas.
Junto al diálogo social, el Gobierno buscará en esta Cámara, con ocasión de su tramitación parlamentaria, el apoyo más amplio posible de los diversos Grupos Parlamentarios a la nueva Ley de Economía Sostenible.
Asimismo, el esfuerzo colectivo, de país, que va a comportar la renovación de nuestro modelo productivo no puede concebirse sin la participación y la colaboración de las otras Administraciones Públicas españolas: los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas. Con este propósito, me propongo convocar una Conferencia de Presidentes en la última semana de octubre de este año.
Señorías,
Soy consciente de la dificultad que entrañaría alcanzar un acuerdo global sobre la salida de la crisis, por muy deseable que fuera, pero todos somos conscientes de la dificultad que entraña un acuerdo global; pero no es tal cosa lo que me propongo, sino algo políticamente más viable, aunque no menos útil y ambicioso: propiciar la suma de esfuerzos en torno a las grandes líneas de futuro de la economía española, a sus grandes orientaciones estratégicas, por más que persistan diferencias en el modo de abordarlas.
Sinceramente, me parece que ello, además de necesario, es posible y el Gobierno asume la responsabilidad de aproximar y conciliar posiciones en estos tres ámbitos a los que me acabo de referir: social, parlamentario e institucional autonómico.
También creo que es necesario, y posible, tratar de llegar a un acuerdo básico, ante todo, con el otro partido de gobierno de esta Cámara, el Partido Popular, en torno a dos cuestiones que demandan para el futuro de la economía española y para el futuro de la sociedad española un razonable grado de consenso y, por tanto, de estabilidad cara al futuro: la educación y la energía, nuestro horizonte energético.
Los Ministros de Educación y de Industria han iniciado ya los contactos para explorar hasta dónde podemos llegar juntos en la tarea de delimitar un espacio común que quede al margen de la controversia y de la incertidumbre política, económico y social en estos dos campos determinantes: educación y energía..
Señorías, concluyo,
En estos días hay un debate en algunos medios sobre la eventualidad de que la recuperación de la economía española sea más tardía que la del conjunto de las economías desarrolladas. Las advertencias sobre los riesgos de que tal cosa pudiera suceder son dignas de consideración y el Gobierno las toma muy en cuenta.
Por esta razón, he ligado la recuperación, su rapidez y su alcance a la energía y al acierto que sepamos poner en la solución de los problemas específicos que aquejan a la economía española. Les he expuesto el plan del Gobierno y les anticipo mi receptividad a los planteamientos constructivos de los diversos Grupos de esta Cámara. Les hago una apelación al concurso de voluntades y reitero y expreso mi plena confianza en la vitalidad y en la capacidad de la sociedad española, que va a saber ganar la recuperación económica y volver a una senda de crecimiento de empleo, de mantenimiento y de profundización del Estado del Bienestar.
Hagamos entre todos un esfuerzo colectivo. El Gobierno está plenamente dispuesto a ello.
Muchas gracias.