Señoras y señores diputados,
He solicitado comparecer ante la Cámara para informarles de los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo Europeo que tuvo lugar el pasado día 30 de enero.
Explicar las consecuencias para España de dichos acuerdos exige algunas consideraciones previas sobre nuestra situación económica y las medidas adoptadas por este Gobierno. Ya se comprende que ambas materias se relacionan tan estrechamente que no se puede tratar de la una sin referirse a la otra, del mismo modo que no es posible comprender la índole de las medidas adoptadas sin conocer la situación económica que las determina.
Lamento adelantarles que mi exposición no será breve. Dadas las circunstancias y el volumen de información que deseo facilitarles, no me queda otro remedio que extenderme más de lo que quisiera. Eso sí, seré conciso, tal vez incluso demasiado para lo que conviene a la claridad. Sea como fuere, me tienen ustedes a su disposición para explicar, ampliar o debatir cualquiera de las materias que deseen considerar.
Señoras y señores diputados,
Es difícil imaginar un punto de partida peor para esta Legislatura: economía en recesión, récord de desempleo, incumplimiento de los objetivos de déficit público, caída del crédito, altos niveles de endeudamiento y deterioro del entorno internacional.
La difícil situación que está atravesando la economía española es, en gran medida, consecuencia de los excesos y desequilibrios acumulados durante los últimos años. Los recientes datos de actividad de la economía española así lo reflejan: durante los últimos tres meses del año pasado el Producto Interior Bruto cayó un 0,3 por 100 respecto al tercer trimestre y para el conjunto del año 2011 se estima que la economía ha crecido apenas un 0,7 por 100. Hasta dentro de unos días no se conocerá la desagregación de estos datos, pero se puede anticipar ya que tan sólo el sector exterior está atenuando la caída, gracias al aumento de las exportaciones.
Las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional apuntan a que nuestra economía sufrirá una recesión en 2012, con una contracción del PIB del 1,7 por 100, mientras que en 2013 la caída será del 0,3 por 100. Las previsiones del Banco de España, a su vez, anticipan una caída del PIB en 2012 del 1,5 por 100 y un crecimiento en 2013 del 0,2 por 100.
La demanda interna se mantiene muy débil, como muestra la caída del 5,8 por 100 de las ventas minoristas en el último año.
Por otra parte, aunque las empresas están saneando sus balances y reduciendo su endeudamiento --y esto es positivo--, lo cierto es que los emprendedores no encuentran claras oportunidades de inversión. Naturalmente, esto repercute sobre el crecimiento económico y la creación de empleo.
En la demanda nacional las estimaciones para este año 2012 prevén una caída, tanto del componente público, como del privado. Dentro de la demanda interior privada se espera que el gasto de las familias retroceda, tanto por el descenso del empleo, como por el impacto de la consolidación fiscal sobre las rentas de las familias. Adicionalmente, la tasa de ahorro continuará en descenso por efecto de la caída de las rentas.
Dentro de este negativo panorama macroeconómico sólo el sector exterior está contribuyendo al crecimiento. Durante los once primeros meses de 2011 el déficit por cuenta corriente y capital se redujo un 23,2 por 100 respecto al año anterior. Detrás de esta mejora se encuentra un menor déficit de la balanza comercial, gracias al dinamismo de las exportaciones y una mejora del superávit de la balanza de servicios. Pero no nos engañemos: a esta mejora del sector exterior contribuye la debilidad de la demanda interna, que hace que nuestras importaciones aumenten menos que nuestras exportaciones.
Hay un factor que está contribuyendo, sin embargo, a hacer nuestros productos y servicios más competitivos en el exterior. Me refiero a la inflación. El último dato de avance del mes de enero muestra una desaceleración de la inflación hasta el 2 por 100 interanual, mientras que en la Eurozona fue del 2,7 por 100. No obstante, estas menores presiones inflacionistas deben valorarse con precaución, ya que también son, en parte, consecuencia de la delicada situación que atraviesa la economía.
Respecto al empleo, Señorías, como saben, la situación no puede ser más grave. El pasado año se destruyeron más de seiscientos mil empleos netos y nos encontramos ante una situación crítica, con una tasa de desempleo del 22,9 por 100. La última vez que se había registrado una tasa tan elevada fue en marzo de 1996. En diciembre de 2011, según la Encuesta de Población Activa, había 5.273.600 personas en desempleo, lo que significa que durante 2011 el número de desempleados aumentó en 577.000 personas. En 1.575.000 hogares todos sus miembros están en paro, 247.000 más que un año antes. Sólo en el mes de enero de 2012 el paro registrado ha aumentado en 177.470 personas y los afiliados medios a la Seguridad Social se han reducido en 283.000 personas.
Por desgracia, estas cifras no van a mejorar en el corto plazo. Es más, durante 2012 empeorarán. Ello nos obliga a prestar especial atención a facilitar el crecimiento económico y la creación de empleo
El paro castiga en todas las edades, pero de manera muy especial a nuestros jóvenes. Así, la tasa de paro entre los menores de 25 años es del 48,6 por 100. Dicho de otra manera, uno de cada dos jóvenes que busca un empleo, no lo encuentra y estamos asistiendo al alarmante fenómeno de la emigración de un número importante de licenciados españoles que tienen que buscarse la vida más allá de nuestras fronteras.
Respecto a las cuentas públicas, a falta de las cifras definitivas, el déficit público de 2011 no estará por debajo del 8 por 100 del Producto Interior Bruto. Esta cifra, no sólo es claramente superior al objetivo del 6 por 100 comprometido en el Programa de Estabilidad del Reino de España dentro de la corrección del déficit excesivo de nuestro país, sino aún peor: supone una reducción del déficit inferior a la alcanzada el año anterior.
En cuanto al sector financiero, nos encontramos en una situación de restricción de crédito generalizada, pero aún más acusada para aquellos que más lo necesitan: los hogares y las empresas de menor tamaño. Tal y como muestran los datos sobre noviembre publicados por el Banco de España (últimos disponibles), la financiación a empresas y familias cayó en los primeros once meses del año en 41.000 y 20.400 millones de euros, respectivamente. Ahora bien, mientras se reducía la financiación al sector privado, la de las Administraciones Públicas creció en 74.000 millones de euros.
La morosidad también se encuentra en una situación crítica, con unas tasas que han alcanzado el 7,5 por 100. Detrás de esta cifra global se encuentran importantes diferencias: los hogares presentan unas tasas de morosidad del 3,4 por 100, mientras que en el caso de las empresas se supera el 10 por 100; concretamente, el 10,4 por 100. Y dentro de las propias empresas también hay comportamientos dispares: el crédito a servicios inmobiliarios registra una mora de casi el 19 por 100 y el de la construcción, del 16 por 100; sin embargo, el crédito al resto de actividades productivas presenta unas tasas en torno al 5 por 100.
Es cierto que partimos de unos niveles muy elevados de endeudamiento global, pues nuestra deuda externa neta supera ya el billón de euros; pero la solución no puede pasar por negar créditos a proyectos viables, ni a familias solventes. Es imprescindible que las entidades financieras saneen sus balances para poder canalizar adecuadamente el crédito a aquellos que lo necesitan.
Estas entidades han llegado a una situación insostenible debido a los créditos del sector inmobiliario. En junio de 2011 los activos problemáticos de este sector en manos de las entidades de crédito suponían 176.000 millones de euros y los Bancos y Cajas contaban con unas provisiones que cubrían el 33 por 100, es decir, 58.000 millones de euros.
Éste es, pues, Señorías, el punto de partida; un punto del que ningún Gobierno desearía arrancar, pero la responsabilidad de Gobierno consiste precisamente en afrontar la realidad y trabajar para cambiarla, no en desear que la realidad fuese otra. Como ya dije que la sesión de investidura, "no pretendo con este recordatorio atenuar en lo más mínimo el peso de la responsabilidad que nos toca asumir. En la política no existe la herencia a beneficio de inventario. Sabíamos y sabemos lo que nos espera, y sabíamos y sabemos que se nos juzgará por lo que consigamos y no por lo que intentemos o por cómo nos hayamos encontrado las cosas".
Pues bien, Señorías, dadas las circunstancias, no podemos considerar otro objetivo para el Gobierno que el de invertir la tendencia al deterioro económico y social que hereda; devolver a la economía española la confianza y el crédito, y acabar con la espiral de incertidumbre y malos resultados que lleva más de tres años asfixiando a nuestra sociedad. En definitiva, nuestro objetivo es facilitar el crecimiento económico y la creación de empleo.
Necesitamos invertir las actuales expectativas, normalizar la financiación de nuestras empresas y familias, y mejorar sustancialmente la competitividad, después de años de desequilibrios acumulados. Al mismo tiempo, debemos dejar de ser un factor de incertidumbre en la Europa del euro para volver a integrarnos en el eje del sistema.
Hemos de ser conscientes de lo que ha pasado aquí. Cuando entramos en el euro, todos los países nos comprometimos implícitamente a garantizar el funcionamiento de la Unión Monetaria. Países que, como España, habían tenido como media de una devaluación cada cinco años se comprometieron a flexibilizar sus economías y a hacer que sus precios evolucionaran de forma similar a la de los socios más competitivos.
Además, explícitamente, nos comprometimos a garantizar la estabilidad de las finanzas públicas con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, de forma que el descontrol del déficit y la deuda públicos no deteriorasen el valor de la moneda y condicionasen, para mal, la política monetaria. Y me importa destacar en este punto que este compromiso nos lo impusimos nosotros mismos; que la Unión Europea no nos obliga a nada, nos obligamos nosotros mismos cuando decidimos formar parte de un club con unas determinadas reglas de juego, y recordar que la alternativa al incumplimiento no es otra que el abandono del club.
Es evidente que hoy España está muy lejos de cumplir los compromisos que aceptamos en su día. por ello sufre la presión de los mercados. El plan económico de este Gobierno se propone recuperar todo este tiempo perdido; realizar en el más breve plazo posible las reformas estructurales que nos permitan ganar flexibilidad y competitividad; mantener una senda sostenible de las finanzas públicas y asegurar el crecimiento y la creación de empleo.
Mucho tenemos que corregir y, por ello, el Gobierno ha optado por actuar inmediatamente sobre los aspectos más importantes, aunque el proceso de reformas será continuo a lo largo de toda la Legislatura.
Lo primero es asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ello permitirá aumentar la confianza en nuestra economía y reducir el acaparamiento del crédito que realizan las Administraciones Públicas. Unas cuentas públicas más saneadas, con un horizonte creíble, son esenciales para reducir la prima de riesgo y hacer a todos más fácil el acceso a la financiación.
Lo segundo es garantizar la viabilidad y credibilidad de nuestro sistema financiero. Es necesario valorar adecuadamente los activos, especialmente los inmobiliarios. Ello despejará las dudas sobre la solidez de nuestras entidades, incentivará la venta de los activos inmobiliarios y ayudará a normalizar el crédito.
En tercer lugar, es necesario actuar sobre la competitividad y la flexibilidad. La reforma laboral será la primera de las acciones en este campo, pero también deberemos asegurar una energía a precios competitivos, apoyar a los emprendedores con medidas fiscales y supresión de trabas, aprovechar mejor las ventajas de un mercado interior de 47 millones de habitantes, mejorar la formación y la innovación, etc., etc.
Estas reformas son la mejor tarjeta de visita ante la Unión Europea, el mejor argumento para que se preste apoyo a quienes se comprometen más decididamente con su propio crecimiento y con el de la Unión, y la mejor manera de garantizar la estabilidad de nuestra moneda y la liquidez del sistema. Cuanto mayor sea nuestro compromiso, más fácil será para las instituciones europeas proveer de liquidez al sistema y estabilidad a los mercados.
Señorías,
Lo más urgente, como he dicho, es asegurar la sostenibilidad de la Hacienda Pública, que es esencial para reducir el coste de la financiación privada y restablecer el flujo de crédito a familias y a empresas. El Gobierno se encontró una previsión de cierre del año 2011 con un déficit superior al 8 por 100 para el conjunto de las Administraciones públicas. En apenas cinco días se tomó la decisión de corregir parte de esa cifra mediante un Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera. No había otra opción. Era necesario cortar de raíz el problema de credibilidad que habría supuesto aceptar esa cifra sin más.
El resultado de las subastas de deuda pública del mes de enero muestra que el Real Decreto Ley marcó el camino correcto. Un Gobierno que actúa sin vacilaciones es más fiable. La demanda de letras, bonos y obligaciones del Estado ha aumentado fuertemente y ha más que duplicado la oferta. Pero no sólo los inversores demandan más deuda española, sino que también lo hacen aceptando unas rentabilidades muy inferiores a las que lograban durante los últimos meses del pasado año.
Se trata de un paquete de medidas equilibrado, por importe de algo más de quince mil millones de euros, de los cuales dos terceras partes son ajustes permanentes en el gasto y una tercera parte, incrementos temporales de impuestos.
El camino de ajuste en el gasto público se ha iniciado con la aprobación de la no disponibilidad de créditos por importe de 8.915 millones de euros y se concretará en los Presupuestos Generales del Estado para 2012, que serán presentados por el Gobierno a finales de marzo.
Por su parte, por el lado de los ingresos, siguiendo los principios de equidad, capacidad de pago y justicia social, se han modificado el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto de Bienes Inmuebles, dado que estos impuestos son los que más pueden repartirse de una forma más justa con criterios de progresividad.
No ha sido ésta una decisión fácil. A ningún Gobierno le gusta empezar así una legislatura, pero así nos lo han impuesto las circunstancias. Reparen, Señorías, en que, si las previsiones que se manejaban hubiesen sido correctas, no hubiese sido necesario tomar con tanta urgencia estas medidas. Como ya he dicho, el paquete de ajuste aplicado hasta ahora es de unos quince mil millones de euros, mientras que la diferencia entre las previsiones y lo que realmente hemos encontrado es claramente superior a los veintidós mil millones de euros.
En el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se pide un esfuerzo progresivo en función del nivel de renta, y mayor en el caso de rentas del capital que en el de las rentas del trabajo. Y todo ello por dos años. Por otro lado, con la modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles los propietarios de inmuebles de mayor valor son quienes pagarán más, ya que son los que demuestran una mayor capacidad económica.
Dentro del intenso calendario de reformas estructurales previsto, tendrán un papel clave durante los tres primeros meses de 2012 tres reformas fundamentales: la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, la reforma del sistema financiero y la reforma laboral.
El Anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria, al que me referiré más adelante cuando hable del pacto fiscal, ya ha sido discutido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y está siendo informado por el Consejo de Estado. Tras estos trámites será remitido como Proyecto de Ley Orgánica a las Cortes Generales.
Respecto a la reforma financiera, el viernes pasado se aprobó un Real Decreto Ley que será convalidado en esta Cámara, si Sus Señorías así lo estiman oportuno y conveniente, en las próximas fechas.
Las entidades de crédito tienen en balance unos activos inmobiliarios por valor de 323.000 millones de euros, de los que 175.000 millones se consideran problemáticos. Dado que existen dudas sobre la valoración de estos activos inmobiliarios, se entiende que estas entidades tengan dificultades para conseguir financiación mayorista y que, como decíamos antes, escasee la financiación al sector privado de la economía.
Para comenzar a remediar estos problemas hemos desarrollado una importante reforma con medidas contundentes, creíbles, razonables y transparentes. La estrategia que se había seguido hasta este momento, basada en integraciones generalmente poco viables y un saneamiento muy lento, ha sido claramente insuficiente.
Los principales ejes de la reforma son: en primer lugar, se aborda el saneamiento de los balances mediante unas mayores exigencias de provisiones y de capital de en torno a cincuenta mil millones de euros a aplicar antes de finalizar el año, salvo que se acometan procesos de integración; en segundo lugar, se introducen severos límites a las remuneraciones de consejeros y ejecutivos de las entidades que hayan recibido ayudas públicas.
En tercer lugar voy a hablar de la reforma del mercado de trabajo. Señorías, no parece razonable que, mientras en Europa la tasa de paro durante esta crisis se ha elevado del 7,6 al 10,4 por 100, en España haya pasado del 8,2 al 22,8 por 100. Mientras la media europea sube 2,8 puntos, en España lo hace en 14,6 puntos.
Culpar a la regulación del mercado de trabajo y a la legislación laboral de este hecho diferencial sería un profundo error; pero no es menos cierto que nuestro mercado de trabajo necesita una profunda reforma que lo haga más favorecedor para la creación de empleo y la estabilidad del mismo.
Convencido de esto, y antes, incluso, de la sesión de investidura, invité a las centrales sindicales y a las organizaciones empresariales a unos encuentros en los que les mostré mi preocupación por la materia y mi voluntad de actuar sobre este asunto. Siendo, como soy, un profundo partidario del diálogo social, les animé a que buscaran el acuerdo en una serie de cuestiones (absentismo, ámbito de la negociación colectiva, ultra-actividad, movilidad funcional en el seno de la empresa, modalidades de contratación, intermediación laboral, formación profesional, etc., etc.), porque creo que siempre es mejor que la ordenación legal en este terreno cuente con el apoyo de las partes más directamente implicadas.
Lo primero que tengo que hacer es agradecer la disposición con la que, tanto los representantes de los sindicatos, como los de los trabajadores, acogieron mi petición, especialmente en unos días tan significativos como lo son las fechas navideñas. Tras sucesivas rondas de negociación, los agentes sociales dieron a conocer un principio de acuerdo en materia salarial, negociación colectiva y flexibilidad interna.
Concretamente, se ha llegado a un acuerdo en los siguientes puntos: moderación salarial para tres años: un crecimiento máximo de los salarios de un 0,5 por 100 en 2012 y de un 0,6 por 100 en 2013; en 2014 el crecimiento salarial será del 0,6 por 100 si el PIB de 2013 crece menos del 1 por 100; del 1 por 100 si crece entre 1 y 2 por 100; y del 1,5 por 100 si crece más del 2 por 100. En caso de que la inflación supere el 2 por 100, y sólo por la parte que exceda ese 2 por 100, se ha pactado una cláusula de salvaguardia, lo que trae aparejada una importante desindexación.
Éste era el ámbito de actuación exclusiva de los agentes sociales; el ámbito en el que sólo ellos y con su responsabilidad podían llegar a un acuerdo trascendental para nuestro país, y yo les agradezco que lo hayan hecho.
No les ha sido posible avanzar de forma clara en otros aspectos del mercado laboral cuya regulación corresponde, por otra parte, a las Cortes Generales o al Gobierno. Me refiero a cuestiones como la intermediación, la contratación, la flexibilidad interna, la formación o la estructura de la negociación colectiva; aspectos, todos ellos, básicos en el funcionamiento de nuestras relaciones laborales y en las que es necesario hacer profundas mejoras, si queremos que España no siga siendo el país con el peor comportamiento de su mercado de trabajo de toda Europa. No obstante, sindicatos y patronal nos han hecho llegar sus acuerdos parciales y las razones de sus desacuerdos, que han enriquecido la elaboración de la reforma en la que el Gobierno viene trabajando.
Siguiendo el calendario establecido en el Debate de Investidura, tras la aprobación por el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Financiera, y una semana más tarde del Real Decreto Ley de saneamiento del sistema financiero, este próximo viernes le toca a la reforma laboral. Es intención del Gobierno que ésta sea amplia y profunda, a la vez que equilibrada y, sobre todo, útil para la consecución de un clima que favorezca la competitividad, la contratación de puestos de trabajo y el empleo estable.
Señoras y señores diputados,
Éstas son las medidas más inmediatas emprendidas por el Gobierno dentro de las líneas de actuación que consideramos esenciales para salir de la actual situación. Éste es el contexto en el que se sitúa el Consejo Europeo del pasado día 30, cuyo contenido paso ahora a analizar.
Este primer Consejo Europeo de 2012 tenía carácter informal. El presidente del Consejo, el señor Van Rompuy, quiso --acertadamente, en mi opinión-- enfocarlo sobre la necesidad de impulsar el crecimiento y el empleo en el contexto de consolidación fiscal al que estamos sujetas las principales economías europeas.
Dadas las circunstancias actuales, este enfoque no pudo ser más acertado. La incertidumbre que rodea al proyecto de integración europea, la escasez de financiación y la desconfianza actuales requieren actuaciones muy decididas, claras y simultáneas en la consolidación fiscal, en la flexibilidad y en la competitividad de nuestras economías. No existe otro camino si hemos de preservar la viabilidad de la zona euro, recuperar la senda de crecimiento y ofrecer oportunidades de empleo a nuestros ciudadanos. Corresponde a cada país, pero también a las instituciones europeas, trabajar decididamente para superar estas limitaciones. Un debate abierto sobre estas materias en este momento es, por tanto, fundamental.
España está trabajando decididamente en esta línea y así lo he transmitido a los líderes europeos en este Consejo. Nuestra historia económica demuestra que disciplina fiscal y flexibilidad económica son requisitos necesarios para que nuestra economía crezca. Por tanto, existe una plena coincidencia entre la agenda económica española y la europea.
A pesar del desfavorable contexto económico, el nuevo Gobierno de España está resuelto --y a ello se ha comprometido-- a recuperar el crecimiento económico a través de una mejora de la disciplina fiscal y la puesta en marcha de reformas estructurales. Ésta es nuestra tarea y en ello estamos poniendo todo nuestro capital político, porque se trata de reformas difíciles y largamente pospuestas.
Así lo ha recogido la Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno del área euro: se da la bienvenida a las medidas decididas y aplicadas por España e Italia en consolidación fiscal y mejora de la competitividad, y se nos pide que continuemos con las mismas.
Pero, además, mi mensaje en el Consejo fue claro en otro aspecto: para que el proceso de ajuste en el que se encuentran España y Europa tenga éxito es fundamental que haya financiación en aquellos países que estén cumpliendo con los programas de ajuste acordados. En este sentido, el nuevo Mecanismo de Estabilidad y las actuaciones del Banco Central Europeo son fundamentales, junto con la disciplina fiscal y las reformas estructurales, para proteger la moneda única.
Señorías,
Además de los temas vinculados al crecimiento y el empleo, los presidentes y jefes de Estado dejamos constancia del acuerdo sobre el nuevo Tratado Internacional sobre estabilidad, coordinación y gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, el conocido como "pacto fiscal". Asimismo, los líderes de la zona euro respaldamos el texto del Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad.
Como he señalado ya, el tema central de este Consejo Europeo fue el crecimiento y el empleo en el contexto de consolidación fiscal. El debate se estructuró en torno a tres ejes: empleo juvenil, mercado único y Pymes. Varios países, incluida España, hemos realizado propuestas al respecto.
España contempla con satisfacción las sugerencias de nuestros colegas recogidas en la Declaración, y que van en la línea de las áreas de trabajo identificadas por la Comisión en su Informe Anual Prospectivo de Crecimiento.
Debemos profundizar en el mercado único, verdadero motor del crecimiento en Europa. En este ámbito hemos acordado actuaciones en el nivel de la Unión Europea que pueden contribuir mucho para crear empleo y favorecer el crecimiento. En particular, debemos avanzar en la consecución del mercado único de la energía --de importancia primordial para España por su condición de isla energética--, del mercado único de servicios, impulsando su liberalización, y del mercado único digital, por poner tres ejemplos relevantes. Además, es necesario reducir las cargas administrativas y regulatorias para Pymes y microempresas.
En materia de empleo, debemos reformar nuestros mercados de trabajo para reparar las consecuencias de la crisis económica sobre el empleo, que, como hemos visto antes, se manifiestan con especial virulencia en nuestro país; debemos avanzar en flexibilidad, movilidad y capacidad de adaptación a las circunstancias económicas, y reducir la dualidad del mercado de trabajo y mejorar la formación, como formas de promover el empleo juvenil. La discusión en el Consejo Europeo fue intensa en este área de especial relevancia para España y acordamos llevar a cabo actuaciones inmediatas, tanto en el nivel nacional como en el comunitario, destinadas a mejorar la oferta de trabajo y reducir el desempleo, especialmente el juvenil.
Tuve ocasión de actuar como ponente junto a mi colega irlandés en el debate sobre las Pymes. La necesidad de atender en esta crisis a la pequeña y mediana empresa es fundamental. Conforman la base de nuestro tejido empresarial, el fundamento de nuestro empleo. Debemos lograr que esas Pymes que hoy no pueden acceder al crédito, mientras ven cómo aumentan sus costes y se contraen sus mercados, se conviertan, si acertamos con las políticas, en protagonistas de la recuperación. La actual crisis de deuda, en un contexto de fuerte desapalancamiento y de desconfianza generalizada, está afectando especialmente a los pequeños negocios, ya que la poca liquidez existente es absorbida por el sector público.
Cada euro que sirve para financiar el déficit público es un euro que no se invierte en crear empleo. Cada punto básico de interés que sube el rendimiento de la deuda pública supone un coste adicional en los cálculos de alguien que emprende una iniciativa empresarial. Sin reformas y sin liquidez suficiente no habrá inversión ni empleo.
Éste fue mi mensaje en el Consejo: la adopción de medidas concretas como las recogidas en nuestra Declaración Final conforman un complemento necesario, pero no pueden constituir el núcleo de nuestra actuación en política económica. Nuestro compromiso hoy debe ser políticas claras y efectivas en consolidación fiscal y flexibilización de los mercados que faciliten la financiación y reduzcan los costes. Las debemos realizar en el nivel nacional y a escala europea.
Como ya he repetido en diversas ocasiones y como demuestra la primera parte de mi intervención, España está decidida a ello y así lo transmití a mis colegas.
Como ustedes saben, en el ámbito europeo España ha propuesto tres ideas:
Primera, el establecimiento de reglas comunes para crear un fondo de capitalización para los trabajadores que sustituya a costes de despido. Facilitará la contratación de las empresas, sobre todo de las Pymes, y la movilidad laboral; por tanto, contribuirá a avanzar en el mercado único.
Segunda, la armonización de las retribuciones de directivos de entidades financieras con ayudas públicas, estableciendo límites cuantitativos. Es necesario poner orden en las cuentas de los que en parte han causado la escasez de crédito. Ello permitirá prevenir situaciones como la actual en el futuro y contribuirá a evitar que la escasez de crédito existente limite de forma importante la capacidad de nuestras empresas para crecer y crear empleo.
Y, tercera, nos sumamos a la idea de reutilizar los fondos europeos no gastados en apoyar al empleo, reducir la brecha tecnológica y facilitar la financiación de la pequeña y mediana empresa. España espera beneficiarse de estos fondos y que los mismos se dirijan a las áreas en las que estimamos puedan tener un mayor impacto. En ello estamos trabajando con la Comisión y con el resto de las instituciones europeas.
Señorías,
Me referiré ahora, brevemente, a los dos Tratados que estaban en discusión y que hemos dejado listos para su firma en este Consejo.
En primer lugar, el nuevo Tratado Internacional sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, el conocido como "pacto fiscal". Este Tratado será rubricado por veinticinco Estados miembros y contiene elementos que España considera esenciales para sentar unas bases mucho más sólidas de la zona euro y que son imprescindibles para garantizar un crecimiento sano de nuestra economía.
Me refiero, específicamente, a la regla fiscal. El Tratado establece la necesidad de que las reglas fiscales en él contenidas tengan rango constitucional en el ordenamiento jurídico de cada uno de los Estados miembros que lo adoptan. Exactamente esto es lo que, con el acuerdo del Grupo Parlamentario Socialista, ya hemos hecho. Esta reforma constitucional acordada por los dos grandes partidos establece la necesidad de estar, al menos, en equilibrio presupuestario salvo en situaciones de carácter extraordinario. España se adelantó, con criterio de responsabilidad y espíritu europeísta, en el pasado mes de agosto a lo que acabamos de adoptar ahora en la Unión Europea.
Por equilibrio presupuestario acordamos que estaríamos a lo que se estableciese en la Unión Europea (artículo 135.2 de la Constitución), como ha sido el caso, o, en su defecto, acordamos que por Ley Orgánica se establecerá que se está en equilibrio si el déficit estructural es inferior al 0,4 por 100 del PIB.
El Tratado del "pacto fiscal" obliga a alcanzar y mantener el llamado "Objetivo a Medio Plazo", que en la normativa europea se define como saldo del 0 por 100, salvo que un Estado miembro aplique una reforma estructural que suponga un aumento del déficit a corto plazo, pero una disminución en el plazo medio. Esto es lo que se ha reflejado exactamente en el artículo 11.2 del anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, con un límite del déficit, en caso de una medida extraordinaria, del 0,4 por 100 del PIB, cumpliendo, pues, escrupulosamente el pacto constitucional con el Partido Socialista.
Además, el Tratado incluye un mecanismo sancionador para los Estados que no cumplan esta nueva regla fiscal. España también se ha adelantado en este terreno y el Anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, aprobado el viernes 27 de enero por el Consejo de Ministros, incluye un mecanismo sancionador idéntico al contenido en el nuevo Tratado.
Señorías,
También, como he dicho, nos hemos ocupado, aunque de forma más breve, del Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Este Tratado lo suscribirán los países del euro y es un complemento necesario en el diseño de la zona euro, ya que permite garantizar liquidez para aquellos países que cumplen con sus obligaciones fiscales.
Pero el Consejo trató también aspectos relacionados con el fomento del empleo, especialmente el de las personas más jóvenes, y el necesario impulso a la financiación de la economía, en particular de las pequeñas y medianas empresas.
Para nosotros, para España, hablar de la financiación de las Pymes y del crecimiento del empleo es hablar de la misma cosa. La recuperación de la economía y el empleo vendrán de la mano de la mejora de la situación de las pequeñas y medianas empresas.
Ello exige cuatro tipos de medidas: primera, la consolidación fiscal, de la que ya hemos hablado; segunda, el conjunto de reformas estructurales que den a la economía flexibilidad e incrementen su competitividad; tercera, todas las medidas que fomenten la liquidez general del sistema y, cuarta, un paquete de medidas concretas como, por ejemplo, la asignación a proyectos concretos de los fondos que aún no se han asignado y quedaban de remanente de ejercicios anteriores.
Todas estas medidas deben ponerse en marcha a la vez, porque en esta materia no sirven decisiones aisladas. Es necesaria una política global que comprenda todos estos aspectos. Dicho de otra manera, la consolidación fiscal sola no sirve para el objetivo de relanzar la economía y crear empleo. Es condición necesaria, pero no suficiente. Los ajustes son imprescindibles, pero no podemos quedarnos sola y exclusivamente en los ajustes.
Pues bien, Señorías, éstos son los aspectos más destacados de la Cumbre del día 30. Ésa es la política que estamos iniciando conjuntamente. Todos estamos obligados a llevarla a cabo pero, parafraseando a Orwell, unos estamos más obligados que otros y no creo necesario recordarles las diferencias que hoy presentan países como Italia y España con otros como Alemania, Austria, Finlandia y Holanda.
España tiene que exigirse a sí misma un mayor esfuerzo, pero estoy seguro de que, como en otras ocasiones, vamos a estar a la altura del reto que se nos plantea.
Ya sé, Señorías, que los textos que recogen las Conclusiones y orientaciones aprobadas en este tipo de Cumbres son recibidos, a veces, con cierto desdén por el uso de un lenguaje que algunos consideran excesivamente "diplomático"; pero no puedo dejar de señalarles que el Consejo expresó "su congratulación por las medidas que han decidido y ya están aplicando Italia y España para reducir el déficit público y fomentar el empleo y la competitividad, y les pedimos que prosigan sus importantes esfuerzos de saneamiento presupuestario y de reformas estructurales. Estas reformas, así como su rápida aplicación, reforzarán la estabilidad financiera de Italia y España, y de la zona euro en su conjunto". Señorías, este reconocimiento debe servirnos de acicate.
Termino ya. Señorías, he expuesto los aspectos más importantes de la situación española, las medidas que mi Gobierno ha puesto ya en marcha o planea aplicar en un plazo muy breve y lo más sustancial de la reciente Cumbre de Bruselas.
Como ya he indicado, los objetivos preferentes de este Gobierno son el crecimiento y la creación de empleo. Son un mandato de los españoles, una exigencia de la justicia y un imperativo de la razón. A ello vamos a supeditar todas las iniciativas gubernamentales, en lo cual creo que coincidiremos todos los aquí presentes. Todas las reformas, mejoras e iniciativas que les he expuesto no son sino instrumentos para lograr aquellos fines.
Como han visto Sus Señorías, estamos en perfecta sintonía con la Unión Europea, tanto en los objetivos, como en los procedimientos. Europa no nos exige nada que no debiéramos hacer por nosotros mismos.
Creo que a mi exposición no le falta sino la inclusión de un instrumento indispensable: el tiempo. Tenemos que contar con el tiempo, no, como ya se ha visto, a la hora de actuar, pero sí, irremediablemente, a la hora de cosechar los resultados. Mi convicción es que los frutos llegarán si desterramos las improvisaciones, evitamos los bandazos y somos tenaces en la aplicación de las medidas, sin desmayar hasta lograr lo que deseamos.
Eso es lo que se ha propuesto este Gobierno, que desea, antes que nada, ser previsible. Para ello espero poder contar con la colaboración de Sus Señorías.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.