Señorías,
La España en la que creo, la España que defiendo, es una España que extrae su riqueza de su diversidad. Es un país unido por su pasado pero, sobre todo, unido por su futuro. En mi idea de España nadie tiene más derechos que otro por nacer en uno u otro lugar, pero tampoco nadie ve amenazada su identidad ni existe una forma única y obligatoria de ser y sentirse español.
En la Legislatura anterior sentamos las bases de la actualización del marco normativo de las Comunidades Autónomas. Se aprobó la reforma de seis Estatutos de Autonomía y se inició la modificación de otros. En los próximos cuatro años las Comunidades que lo deseen, y que no lo hayan proyectado aún, podrán culminar este proceso en sus respetivos ámbitos territoriales.
Se ha trazado ya, pues, el proceso de modernización y actualización de las Comunidades Autónomas, con el que todos debemos cumplir lealmente y cumplir lealmente, para el Gobierno, significa contribuir a la aplicación y desarrollo de los Estatutos de Autonomía en un marco de respeto, diálogo y cooperación institucionales. Éstas serán nuestras pautas de actuación.
En materia de cooperación multilateral me propongo seguir impulsando la Conferencia de Presidentes, regulando la figura y comprometiéndome a convocar, para alcanzar acuerdos concretos con las Comunidades, al menos tres Conferencias sobre prevención y atención a las víctimas de violencia de género, mejora de nuestro sistema educativo y lucha contra los efectos del cambio climático.
Señorías,
Una de las tareas más exigentes, complejas y necesarias en esta Legislatura, que afecta al Estado en su conjunto, es la aprobación de una reforma del sistema de financiación autonómica.
El Gobierno abordará la revisión del sistema por las razones que ya expuesto en más de una ocasión y por dar leal cumplimiento a las previsiones contenidas en los nuevos Estatutos. Para esa negociación, el Gobierno parte de algunos principios esenciales:
- Garantizaremos la nivelación de educación, sanidad y servicios sociales básicos en toda España.
- Aumentaremos la cesión de impuestos y compensaremos las pérdidas en recaudación derivadas de la decisión del Gobierno de suprimir el Impuesto de Patrimonio y de revisar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
- Potenciaremos la corresponsabilidad fiscal de las Comunidades, permitiendo espacios fiscales propios que posibiliten decisiones de mayor gasto que una Comunidad pueda adoptar por encima del mantenimiento de esos niveles de servicio mínimos comunes a todos.
- Aseguraremos la suficiencia financiera de las Comunidades, pero también del Estado. Este mantendrá, al menos, el 50 por 100 del gasto público y, para asegurar la unidad de mercado, se reservará en exclusiva los recursos provenientes del Impuesto de Sociedades.
Son medidas necesarias para que esté en condiciones de satisfacer el mandato constitucional de suficiencia para el ejercicio propio de sus competencias, para la garantía de un mismo nivel de prestación de los servicios públicos fundamentales y para la expresión efectiva de la solidaridad.