Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos. Voy a dar cuenta de algunos asuntos que se han abordado en el Consejo de Ministros.
En primer lugar, se ha procedido a la renovación de la cúpula militar. Después de estos meses, y una vez relevado el conocido como JEMAD, el jefe del Estado Mayor de los Ejércitos, se ha procedido al nombramiento de los siguientes cargos en el Ejército de Tierra, en la Armada y en el Ejército del Aire: jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra y ascenso a general de Ejército del Cuerpo General del Ejército de Tierra, el teniente general del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Jaime Domínguez Buj; en la Armada, jefe del Estado Mayor de la Armada y ascenso a almirante General del Cuerpo General de la Armada, el almirante del Cuerpo General de Armada don Jaime Muñoz Delgado y Díaz del Río; y en el Ejército del Aire, jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y ascenso a general del Aire del Cuerpo General del Ejército del Aire, el teniente general del Cuerpo General del Ejército del Aire, don Francisco Javier García Arnáiz.
Creo que la corrección en los cargos ha sido tal y como mandan, ida a decir las Reales Ordenanzas, pero no es así; pero venían muy al caso.
En segundo lugar, voy a darles cuenta de los asuntos que han sido aprobados en este Consejo de Ministros, que ha acordado la aprobación y la remisión al Congreso de los Diputados de cuatro Proyectos de Ley que habían ya pasado su trámite previo por Consejo de Ministros, que estaban pendientes de informes de distintos organismos y que hoy reciben su aprobación definitiva para ser discutidos en el siguiente período de sesiones en el Congreso de los Diputados.
Se trata de cuatro leyes, como decía: un Anteproyecto de Ley para la lucha contra el fraude laboral y de la Seguridad Social; en segundo lugar, el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Documentación Administrativa y Buen Gobierno; en tercer lugar, una modificación del Código Penal en una Ley Orgánica complementaria a las dos anteriores en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y laboral, y el Anteproyecto de Ley de Tasas.
Esas normas tienen como objeto fundamental, especialmente las tres primeras, llevar a cabo una tarea de recuperación de la confianza y de la credibilidad. Un país de administraciones responsables y de ciudadanos responsables es aquel en el que los gestores públicos cumplen la Ley, actúan de manera transparente y gestionan adecuadamente los servicios públicos y los recursos públicos. Pero también un país gana credibilidad cuando todos los ciudadanos cumplimos leal y responsablemente con nuestras obligaciones: nuestras obligaciones tributarias y nuestras obligaciones con la Seguridad Social.
Estamos, por tanto, más allá de unas reformas legales en un cambio de mentalidad: un cambio de mentalidad de cómo debemos funcionar los altos cargos, las autoridades y los funcionarios públicos, de manera transparente, dando información sobre nuestro trabajo, sobre los actos administrativos que se adoptan y cómo se adoptan, y respondiendo con un régimen de infracción y sanciones de los errores y de los incumplimientos que podamos llevar a cabo; y, en segundo lugar, un cambio también en la mentalidad de lo privado. Tenemos que acabar en España con esa visión, no voy a decir positiva, pero sí tolerante, frente al que defrauda, frente al que no paga sus impuestos, frente al que emite facturas sin IVA y encima te pregunta "con IVA o sin IVA" con total desparpajo, o al que considera que es más listo que nadie porque está trabajando y cobrando el paro a la vez, de los impuestos de los ciudadanos, y, encima, se mete dos sueldos en el bolsillo.
Esto no es admisible en ningún momento, pero menos en un momento de crisis en el que los ciudadanos, en general, están haciendo, y nosotros se lo hemos pedido además, esfuerzos adicionales en materia de impuestos y están asumiendo ajustes. Todos debemos contribuir y aquí lo que nadie puede ir es, si me permiten la expresión, de "listo por la vida", sin pagar impuestos, tratando de cobrar subvenciones o prestaciones mientras trabaja y pensando que ha conseguido burlar a resto de los ciudadanos y a las Administraciones Públicas.
De eso van las leyes que aprobamos hoy. En primer lugar, la Ley de Transparencia. La Ley de Transparencia es una nueva filosofía de lo público y pretendemos que sea, además, una ley de consenso. Es una ley amplia, porque se aplica a todas las Administraciones Públicas y también a determinados órganos instituciones, y ha pasado por distintos trámites. Tiene que seguir, por tanto, en un marco amplio, a distintas Administraciones, a distintas formas de funcionar, a distintas normativas, que después serán desarrolladas y concretadas por las distintas Administraciones; pero que tiene que suponer, y va a suponer, un cambio de cultura administrativa muy importante.
No me voy a extender mucho en la Ley, porque ya la hemos comentado en esta sala en varias ocasiones, pero sí quiero informarles de algunas de las novedades importantes.
Ha habido un trámite de audiencia pública y ha habido informes, tanto del Consejo de Estado, como de la Agencia de Protección de Datos. No siempre coincidentes por cuanto, digamos, los intereses a defender por cada uno de ellos son diferentes: la protección de dados de los particulares y la transparencia por parte de las Administraciones Públicas.
Después de su paso, quiero decir que hemos hecho atención a la inmensa mayoría de las sugerencias, que no observaciones de calado, que nos han hecho estos organismo. Están prácticamente atendidas y la norma ha ganado en rigor, ha ganado en fortaleza, en el bien entendido de que es también una ley amplia que tiene que aplicarse a distintas Administraciones.
Como elementos novedosos, en cuanto al ámbito de aplicación estarán sujetos a la Ley de Transparencia los órganos constitucionales en sus actos de Derecho Administrativo. Es decir, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial y el propio Consejo de Estado estarán sometidos a la Ley de Transparencia, y también las sociedades mercantiles en las que la participación pública sea de más del 50 por 100, con independencia de cuál sea su régimen, para evitar huidas que aparten de esta legislación.
Se amplía el ámbito de los supuestos en los que la transparencia, es decir, la publicidad activa, la voluntad de los organismos, de los Ministerios, de la Administración, tiene que ser directa e inmediata de publicar en sus páginas web toda la información, y lo hace en dos terrenos importantes: en el ámbito de los convenios entre Administraciones y las encomiendas de gestión. Aquí voy a decir que esto es importante, porque éste es un elemento fundamental de control de los recursos públicos y para evitar duplicidades. Si podemos conocer cómo se convenía, cuánto cuestan estos convenios y qué competencias se están conveniando, podremos conocer todos los ciudadanos por qué se duplican determinadas actuaciones y por qué, a veces, se gestionan como se gestionan determinadas cuestiones.
Por otro lado, se amplía el ámbito de las publicaciones de retribuciones y de declaraciones de incompatibilidad.
Además, se refuerza la independencia y las garantías de control en la Agencia Estatal de Transparencia, cuyo presidente será nombrado por el Consejo de Ministros, pero previa comparecencia en el Congreso de los Diputados, que podrá vetarlo por mayoría absoluta. Hemos trabajado en una fórmula que acerque la composición o la visión de la Agencia de Protección de Datos y de la Agencia de Transparencia, en un régimen similar. Nadie ha cuestionado, hasta ahora, la independencia de la Agencia Estatal de Protección de Datos y pensamos que es un buen régimen.
Pero la principal novedad en esta regulación no viene en esta Ley, sino en la parte complementaria orgánica de esta Ley, que es la segunda de las leyes que hoy aprobamos, que es el Anteproyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Transparencia y de modificación del Código Penal.
Siguiendo las sugerencias del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, hemos podido reforzar la respuesta penal a la gestión o a la mala gestión de los recursos públicos. Como saben, la Ley de Transparencia contiene un conjunto de infracciones graves y muy graves por mala gestión de los recursos públicos: ocultar datos, facturas en el cajón, comprometer créditos sin tener habilitación presupuestaria para ello… Infracciones graves y muy graves que vienen tipificadas en la Ley. Pero, como saben, entendíamos que aquellos supuestos de mayor gravedad, en los que hay falseamiento de las cuentas, eran merecedores de un reproche penal, reproche penal que si fijó en una inhabilitación de uno a diez años.
Pues bien, los distintos informes que hemos recabado nos permiten dar un paso más, y lo hemos dado, de tal manera que además, cuando esas conductas --y éste es un tipo agravado-- de falseamiento y ocultación de determinados datos o de determinadas cuentas, o de su divulgación siendo falsas, causen un perjuicio económico a la Administración, podrá ser sancionado, podrá ser penado, con pena de prisión de uno a cuatro años, además de la inhabilitación de tres a diez años.
Los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado nos han permitido abrir esa posibilidad y lo hemos hecho. Es decir, a partir de ahora quien falsee las cuentas públicas, quien oculte datos falseados en esas cuentas públicas y, además, genere un perjuicio con esa conducta será sancionado con pena de prisión de uno a cuatro años, además de la de inhabilitación de tres a diez años.
Pero, además, y para que no quepa ningún género de duda en que, si eres sancionado de manera grave a la destitución de su cargo y a una inhabilitación no puedes concurrir a unas elecciones de cualquier ámbito, hemos atendido la sugerencia del Consejo de Estado y esta Ley lleva una pequeña modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para que sea causa de inelegibilidad una sanción muy grave en incumplimiento de las obligaciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Por tanto, tengo que agradecer los informes de todos los organismos que nos han permitido ganar en rigor y también ganar en contundencia, y hacerlo con el absoluto amparo de los informes de los órganos supremos consultivos del Estado o del Poder Judicial.
Pero esta segunda de las normas contiene también importantes modificaciones para la lucha contra el fraude, fiscal y laboral. Voy a empezar con el fraude fiscal y espero expresarme mejor que en otras ruedas de prensa, en que les dí a ustedes unos prolijos casos prácticos, no siempre fáciles de entender para los que no son fiscalistas; pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible para ustedes y para la gente a la que le interesa también cómo vamos a perseguir a los que defraudan.
Se crea un delito fiscal agravado, es decir, que vamos a reaccionar con más contundencia frente al que comete fraude fiscal y eso es delito. ¿Cuándo? Cuando la cuota defraudada supere los seiscientos mil euros, cuando la defraudación se haga a través de una organización o banda criminal y cuando se usen testaferros, negocios fiduciarios o paraísos fiscales para defraudar. En este caso la pena se eleva a seis años y la prescripción, por tanto, a diez años. Más tiempo en la cárcel y más tiempo en la Administración Tributaria para perseguir a estos grandes defraudadores.
Segundo problema, el que ocurre cuando se descubre en una inspección tributaria que el asunto puede ser objeto de delito. Hasta ahora se paralizaba el cobro por parte de la Administración Tributaria. ¿Conclusión? Tardaba tiempo en dictarse sentencia y el defraudador se había desapoderado de todos sus bienes para, al final, no pagar. A partir de ahora, aunque se mande a Fiscalía y aunque un juez inicie el procedimiento, se sigue con el proceso de cobro del delito fiscal, salvo que el juez ordene otra cosa. Es decir, no se va a perder el tiempo de la instrucción del proceso penal para cobrar esa deuda.
Esto también se aplicará al reintegro de subvenciones. Hasta ahora, cuando se descubría un fraude de subvenciones, se paralizaba la posibilidad de que las devolvieran a la Administración y nos encontrábamos con lo mismo: en ese tiempo ya se las agenciaba el defraudador para quedarse sin dinero y, cuando llegaba la operación de reintegro, allí no había nada que embargar. Pues bien, ahora, si se descubre que hay un delito de subvenciones, se sigue los trámites del reintegro de subvenciones para recobrarlas.
Se da una respuesta tajante a las tramas de defraudación del IVA. Hay verdaderas organizaciones criminales para defraudar el IVA. Pues bien, una vez que se alcancen los 120.000 euros de defraudación, no habrá que esperar otro tipo de trámites ni paso del tiempo para poder perseguir criminalmente a estas tramas de defraudación del IVA.
En último lugar, se modifica la composición o la regulación del delito para cuando hay regularización voluntaria, cuando hay pago voluntario antes del inicio del procedimiento de inspección y se paga, en ese caso, hasta ahora era --esto es muy técnico-- una excusa absolutoria y ahora es un elemento de la configuración del delito.
El tercer capítulo de esta Ley es que se agravan los delitos frente a la Seguridad Social. El primero de ellos es que, cuando se defrauda a la Seguridad Social, no se pagan las cuotas, se obtienen indebidamente o se disfrutan deducciones a las que no se tiene derecho, hemos bajado la cuantía: a partir de cincuenta mil euros de defraudación se podrá perseguir criminalmente. Se crea un tipo agravado de aquellos que utilizan personas o sociedades interpuestas para poder o acceder a más deducciones, a más modificaciones o a disimular que las están obteniendo de esta manera. El tipo, como en el delito fiscal, seis años; la prescripción, diez años.
Se da una nueva regulación a la defraudación de las prestaciones a la Seguridad Social, que hasta ahora se pensaba o se tipificaba como si fuera una subvención normal. Claro, tenía que ser de 120.000 euros para poder considerarlo como delito. 120.000 euros en las prestaciones a la Seguridad Social son unos tantos euros. A partir de ahora, con independencia de la cuantía, sí fraudulentamente se están obteniendo prestaciones de esa naturaleza con dolo, con los elementos del tipo, se podrá perseguir penalmente. Y se agravan los delitos contra los trabajadores, especialmente aquellos de contratación masiva de trabajadores con carácter irregular o contratación de trabajadores extranjeros sin tener las correspondientes autorizaciones de trabajo.
Esto por el lado penal, pero también aprobamos, que es la tercera de las leyes, una ley de lucha contra el fraude laboral. El fraude laboral perjudica los derechos sociales y laborales de los trabajadores. Es un claro ejemplo de competencia desleal entre empresas, porque tiene más costes la que cumple y paga todas sus obligaciones que la que no lo hace. Además, es una pérdida de ingresos para la Seguridad Social.
La Ley persigue, por tanto, aflorar esa economía sumergida con modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, de la Ley General de la Seguridad Social, de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
¿Cuáles son las principales medidas? Se amplía de uno a tres años el plazo para exigir responsabilidad solidaria en los casos de subcontratación, que son los casos de contratas y subcontratas, que a veces son difíciles de descubrir y de perseguir; se le da más tiempo a la Inspección de Trabajo. No va a ser posible la reducción de las sanciones, que ahora se permitía cuando la cuota liquidada de la liquidación no supera la sanción propuesta, para evitar ese pago voluntario que reduce cuando la cuantía es muy elevada. Se va a potenciar la colaboración de la Inspección de Trabajo con otros organismos que tienen datos de las empresas, como el Consejo General del Notariado; se va a ampliar el plazo de actuación de las actividades inspectoras en los casos de gran complejidad y se da una vuelta de tuerca a la tipificación de las infracciones.
Será infracción grave no cotizar por salarios de tramitación y las vacaciones devengadas y no disfrutadas, por poner un ejemplo; muy grave dar ocupación a trabajadores que, sin embargo, están en suspensión de contratos o darles ocupación de jornada entera cuando tienen autorizada una reducción de jornada, o comunicar fuera de plazo, o no comunicar, datos relevantes o variaciones de datos a la Seguridad Social. Y la sanción será mayor si perjudica a un mayor número de trabajadores.
Con estas dos normas, la parte del Código Penal y la Ley de Fraude, lo que se pretende es dar más instrumentos a la Inspección de Trabajo para que pueda llevar a cabo su tarea. Pero sin estos instrumentos les voy a contar las últimas cifras en las que la labor decidida de la Inspección de Trabajo ha permitido aflorar una serie de conductas en contra de los trabajadores, en contra de la Seguridad Social.
Empleo aflorado: en lo que va del año 2102 se han realizado 112.480 inspecciones en materia de empleo irregular. Como resultado de las mismas, se han aflorado 39.887 empleos, casi 40.000, lo que supone un incremento del 13 por 100 frente al año anterior.
Prestaciones por desempleo: se han llevado a cabo 10.209 actuaciones inspectoras en los seis primeros meses del año y se han detectado 3.211 infracciones de empresarios que daban ocupación a perceptores de prestación por desempleo. Como consecuencia de esa labor, se ha descubierto en estas inspecciones que el número de trabajadores que compatibilizaban indebidamente prestaciones con el trabajo era de 4.379. Por tanto, el número de infracciones a empresas se ha incrementado, en lo que va de año respecto al anterior, un 26,72 por 100 y el número de perceptores que se ha descubierto por la Inspección de Trabajo que compatibilizaban prestación y empleo se ha incrementado en un 38,49 por 100.
En empresas ficticias aquí los datos son muy llamativos. Una de las labores a las que se ha dedicado la Inspección de Trabajo con mayor atención es a descubrir empresas ficticias, que se creaban para cobrar prestaciones de todo tipo. No tenían actividad, no tenían tarea y estaban creadas artificialmente para poder obtener determinados beneficios. En estos seis meses se han realizado 11.753 inspecciones, el número de infracciones ascendió a 809 y el número de altas ficticias anuladas, contratos de trabajo falsos para acceder a prestaciones, fue de 14.376. El número de infracciones se ha incrementado en un 537 por 100 y el número de contratos simulados detectados en un 117,82 por 100.
Esto, sin estos nuevos instrumentos. Con estos nuevos instrumentos y la labor encomiable de la Inspección de Trabajo entendemos que, tanto en este ámbito, como en el fiscal, podremos luchar decididamente contra una de las lacras que tiene nuestro país, que perjudica a todos porque perjudica a la recaudación y, si uno perjudica a la recaudación, está perjudicando la gestión de los servicios públicos básicos en este país. Si uno no paga sus impuestos o uno cobra lo que no tiene que cobrar, al final, lo que se está perjudicando es los recursos de los que se disponen para pagar la educación y la sanidad. No se defrauda sólo al fisco, no se defrauda sólo a la Seguridad Social; se defrauda al resto de los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones, pagan sus cotizaciones y pagan sus impuestos.
Por último, se ha aprobado la Ley de Tasas. Ésta es una actualización de las tasas existentes con anterioridad, sin perjuicio de que les informe que sí se crea una nueva tasa por los cambios en las fichas toxicológicas. Es una norma dictada al amparo de la sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de febrero de 2012, que considera planamente constitucional la exigencia de una tasa para cubrir los costes de la Administración de Justicia.
Como principales novedades, se amplía a las personas físicas, siempre que tengan recursos suficientes, y se protege el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Es más, el cobro de la tasa está vinculado o se vincula al pago de la asistencia jurídica gratuita, lo que permitirá cubrir esa asistencia a la que tienen derecho los que no tienen recursos.
Como principales novedades en esta Ley, quería señalarles que no se aplica al orden penal; tampoco al social en la primera instancia; ni a los funcionarios en el ámbito contencioso-administrativo en cuestiones de personal; tampoco a los pleitos en derecho de familia, concursos voluntarios de acreedores y la protección de derechos fundamentales.
Como aspecto muy novedoso de la última redacción, se devolverá el 60 por 100 de la tasa si a lo largo del proceso se alcanza una resolución extrajudicial. Se busca, por tanto, fomentar el acuerdo de las partes, la negociación, para evitar que termine un pleito dictando sentencia y lograr que haya avenencia o convenio entre las partes para solventar, digamos, el asunto que ha motivado o que ha dado origen al litigio.
Estoy a su disposición para cualquier asunto sobre este u otro tema.
P.- Quería pedir una valoración sobre los datos del paro del día de hoy.
Y quería ver si usted me puede confirmar si el Banco Central Europeo, junto con la Unión Europea, están pensando en un plan conjunto para ayudar a países como España e Italia; si esto sería a través de compra de deuda a través del Fondo de Rescate temporal y si esto, si es así, supone que van a imponer más condiciones a los países.
Luego, quería preguntarle por unas declaraciones de ayer de la ex vicepresidenta Elena Salgado, quien dijo y afirmó que ustedes sabían cuál era el déficit antes de llegar al Gobierno.
Vicepresidenta.- Me pide una valoración de los datos de la EPA. Indudablemente, tienen su origen en la recesión que vivimos, pero los Gobiernos no deben ser meros comentaristas de los datos. Yo le digo que el Gobierno, desde luego, está preocupado por esos datos y cree que lo que debe, fundamentalmente, es ocuparse de mejorar esos datos y eso se hace de dos maneras fundamentales: en primer lugar, controlando el déficit público porque, si no se controla el déficit público, no hay salida posible de la crisis; y, en segundo lugar, llevando a cabo reformas estructurales como las que hemos aprobado hoy, incluidas las relativas al fraude en materia laboral y de Seguridad Social.
Es decir, nosotros creemos que datos como éstos no tienen que llevar a intensificar las reformas y a cumplir con nuestros objetivos de déficit, porque es la única manera de superar la crisis y de la salida de la crisis poder traer creación de empleo.
He hablado en otras ocasiones desde esta tribuna, en relación con su segunda pregunta, sobre el estatus del Banco Central Europeo y, desde luego, como Gobierno, ningún Gobierno europeo puede decirle al Banco Central Europeo lo que puede, lo que debe o lo que tiene que hacer. Esa independencia siempre la he manifestado en esta mesa y la voy a seguir manifestando. El Banco Central Europeo es independiente y a los Estados ¿qué nos corresponde? Todos juntos impulsar cuanto antes la adopción de medidas que acaben con lo que está perjudicando cada vez a más Estados en la zona euro, que es la incertidumbre sobre nuestra divisa, y darle agilidad al cumplimiento de los acuerdos para garantizar la estabilidad en la zona. Por parte de lo que uno debe hacer internamente, el Gobierno español tomando medidas para controlar el déficit y adoptando reformas estructurales para ganar en competitividad.
Sobre la frase de doña Elena Salgado, si yo no estoy mal informada por lo que he leído en prensa, dijo "que avisó de que había desviación del déficit, pero no dijo cuanto". Yo les invito a que repasen… Yo me acuerdo perfectamente el Debate de Investidura donde, como ustedes saben, todavía está sentado el Gobierno anterior en el banco azul, y el presidente del Gobierno que iba a ser investido, el candidato a la Presidencia del Gobierno, dijo: "de acuerdo con el compromiso del Gobierno anterior del 6 por 100, ¿verdad, señora Salgado?, podremos hacer esto?". Y la señora Salgado asintió con la cabeza.
De su declaración de ayer no sé si es muy consciente, pero ha admitido dos cosas: que ya sabía que el déficit se desviaba y que no dijo cuánto. Pero yo es que, además, tengo la prueba documental de que nunca lo dijo. ¿Por qué? Por que a mí me tocó el traspaso de poderes y yo, documentalmente, le pedí a su equipo la cifra de déficit y, como no me la mandaban, tuvo que enviar un correo gente de mi equipo a decir: "nos falta la cifra". Y nunca llegó. Y resulta que siete mese después la señora Salgado dice que advirtió que había una desviación de déficit. Tres puntos dice mucho también de cómo estaban las cosas en aquel tiempo.
P.- El Presidente mantuvo ayer un encuentro con Cándido Méndez y Fernández Toxo. ¿Cuál fue el contenido de ese encuentro?
Vicepresidenta.- Sí, ayer tuvo un encuentro con los dos líderes sindicales, encuentro que se celebró en un clima de cordialidad, pero también de franqueza. El presidente del Gobierno les hizo expresa relación de cómo estaba la economía española, las dificultades por las que vivíamos y la necesidad de llevar a cabo ajustes para controlar el déficit público y reformas estructurales. O sea, fue una reunión en la que, sobre todo, se practicaron por parte del presidente del Gobierno la franqueza y la sinceridad.
Creo que éste es un momento de responsabilidad de todos y lo primero que hay que ir es con la verdad por delante y trasmitiendo a todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad política y social cómo están las cosas, las dificultades que hay y las medidas que tienen que adoptarse porque, si no, no hay remedio. O se controla el déficit público, o no salimos de la crisis, y el déficit público se controla o ajustando los gastos, o subiendo los ingresos. Hay que tener poderes sobrenaturales para controlar el déficit público sin ajustar los ingresos y sin subir los impuestos, y, de momento, esos poderes no los tenemos, ni creo que los tengamos.
P.- Yo tenía dos preguntas. Primera, informa Reuters de que el ministro De Guindos y Schauble hablaron el martes pasado sobre un rescate a España de trescientos mil millones de euros. ¿Qué nos podía decir sobre este particular y si esto es lo que van a tratar también Hollande y Merkel en la reunión que tienen hoy?
Luego, quería saber qué ocurre con la advertencia pública a las Comunidades Autónomas que no van encaminadas en el cumplimiento del objetivo del déficit, que se dijo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se iba a hacer el viernes siguiente, el pasado, y luego se nos remitió a este viernes. Resulta que ahora todas cumplen, qué va a pasar, si resulta que el Fondo de Liquidez es empezar de nuevo, quedan ahí con la cuenta a cero y no van a ser apercibidas. ¿A partir de ahí llevan una condicionalidad? ¿Qué condicionalidad exactamente va a ser esa? ¿Nos puede detallar algo del Fondo, cuándo va a estar en vigor y su tipo de interés, por ejemplo.
Vicepresidenta.- Sobre la reunión del ministro De Guindos y el ministro de Finanzas alemán, el señor Schauble, informaron ellos mismos, con lo que tenemos de primera mano la información sobre el contenido de esa reunión y a ella me remito.
Sobre las conversaciones de Hollande y Merkel, forman parte de ese conjunto de conversaciones que los líderes europeos en estas últimas semanas y en estos últimos días están teniendo como consecuencia de la incertidumbre que vive la zona euro. El propio presidente del Gobierno ha tenido la oportunidad de hablar con bastantes líderes europeos sobre la situación que atraviesa Europa en este momento, en la que todos estamos concernidos y, por supuesto, preocupados.
Sobre el asunto de las Comunidades Autónomas, este Gobierno lo que va a hacer es cumplir la Ley y esa Ley es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y el Real Decreto Ley de creación del Fondo de Liquidez que aprobamos la semana pasada. Allí se establecen, digamos, los procedimientos para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos de déficit en los planes de ajuste y los nuevos añadidos como consecuencia de ese Fondo de Liquidez.
Las Comunidades Autónomas plantearon unos planes de ajuste que han sido revisados y que están siendo analizados, en ocasiones bilateralmente por parte del Ministerio con las Comunidades Autónomas afectadas. Del incumplimiento de esos planes de ajuste se debería, en su caso, el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que, como saben, va desde el apercibimiento, el depósito remunerado, no remunerado, etc., etc. En eso está en ese momento este procedimiento.
En cuanto al Fondo de Liquidez, lo aprobamos la semana pasada y hay una parte que tiene rango orgánico, que será tramitado. El Ministerio de Economía ya ha señalado perfectamente el porcentaje de capital que irá a este Fondo de Liquidez y cómo se irá nutriendo, y ya se conoce la cifra de los seis mil millones de deuda derivados de las Loterías, se financia con cargo a las Loterías. A medida que se lleve a cabo esa petición a ese Fondo de Liquidez, se irán marcando los elementos añadidos para poder acceder al mismo y garantizar su devolución, estableciéndose condiciones específicas.
Es decir, conviene separar dos supuestos: el relativo a los planes de ajuste por déficit excesivo, que tienen sus propias condiciones y sus propios procedimientos, y el acceso a la petición de esa liquidez por parte de las Comunidades Autónomas, ajustándose a ese Fondo, que tendrá específicas medidas como señala el Real Decreto Ley: una vez que pidan las mismas, se les sea entregado con las condiciones que se marcarán en las relaciones bilaterales entre ambas y con las condiciones precisas para poder, a mayores, para asegurar la devolución de estas cantidades.
P.- Yo quería conocer la opinión del Gobierno sobre la propuesta de pacto fiscal que aprobó el pasado miércoles el Parlament de Cataluña. ¿Cuál es el recorrido que el Gobierno le da a esa propuesta? En todo caso, ¿el Presidente del Gobierno está dispuesto a negociarla con el Presidente de la Generalitat? ¿Han mantenido algún contacto? ¿Han quedado para antes o después de las vacaciones?
Sobre esta última cuestión a la que se ha referido usted sobre el procedimiento de sanciones, en el Consejo de Política Fiscal de hace quince días se nombraron o se citaron ocho que incumplían. La Ley marcaba un plazo de siete días y ¿el Consejo de hoy ha tomado alguna decisión o no ha habido ninguna decisión sobre apercibimiento que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria?
Vicepresidenta.- Me pregunta, en primer lugar, por el pacto fiscal y permítame que haga, primero, una referencia general. La financiación de las Comunidades Autónomas es un asunto que fue abordado por el Gobierno anterior en una ley de financiación que está plenamente en vigor y que tiene sus propios plazos de revisión; revisión que es, como no podía ser de otra manera, multilateral.
En cuanto a la filosofía de estas posiciones, permítame que en este momento de dificultad yo haga una llamada a todo el mundo a la responsabilidad, porque para poder tener una financiación adecuada lo más importante es salir de la crisis y recuperar el nivel de los ingresos. Por eso pasa todo. Mientras no recuperemos el nivel de los ingresos, es difícil mejorar la financiación de unos y de otros, y creo que en lo que debemos estar todos es en asumir la parte de responsabilidad que nos corresponde, en cumplir con nuestros objetivos de déficit y fiscal, y en trabajar leal y coordinadamente en hacer reformas estructurales que nos permitan salir de la crisis.
Creo que en momentos de dificultad todos debemos centrar nuestras energías en eso. Creo que es la cuestión básica y creo que los ciudadanos también agradecerán no entrar en disquisiciones y en debates sobre cifras cuando lo importante es trabajar para que se recuperen esas cifras que hace tiempo teníamos y que ahora no teníamos; que no se soluciona con propuestas y con pactos, se soluciona trabajando para cumplir los objetivos de déficits y haciendo reformas estructurales, y trabajando por una imagen de país que, con todos sus ciudadanos, porque España tiene mucha capacidad y mucho potencial, decide superar la crisis para que, al final, redunde en mayor recaudación y mejores servicios públicos para todos.
Como decía en una anterior pregunta en relación a las decisiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que está haciendo el Ministerio es analizar con las Comunidades Autónomas los planes de ajustes, los incumplimientos y la necesidad de nuevos ajustes conforme al procedimiento legalmente previsto. Cuando conforme al mismo se adopten las medidas pertinentes, desde luego, se harán públicas; pero yo no voy a entrar en datos y nombres que se hacen públicos o que dejan de hacerse. A medida que las Comunidades Autónomas rectifiquen y cumplan su objetivo, a medida que las Comunidades Autónomas vayan cumpliendo o no, desde luego, y con absoluta seriedad porque el tema lo es y no debe prestarse a interpretaciones, se dará traslado por parte de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera y por las autoridades del Ministerio de Hacienda.
P.- Yo tenía dos preguntas. Me gustaría saber si el Gobierno, en los contactos que han mantenido a lo largo de esta semana el presidente del Gobierno y el ministro de Economía, en algún momento ha llegado a valorar la posibilidad o la oportunidad de pedir, no al Banco Central Europeo, que ya sabemos que es independiente, sino al Fondo de Rescate de la Unión Europea que sea el que compre deuda soberana española. Ésta sería una prerrogativa del Gobierno y por eso lo pregunto.
También me gustaría saber si el Gobierno ve con buenos ojos el apoyo que el Partido Popular está prestando en Cataluña al Gobierno de Convergència i Unió, una vez que éste ha decidido apostar o retar al Gobierno con el pacto fiscal.
Vicepresidenta.- Sobre el primer asunto, lo voy a decir con meridiana claridad en la rueda de prensa de hoy: no va a pedir rescate, ni el rescate es una opción. Desde luego, en esos contactos que me preguntaba del presidente del Gobierno y del ministro de Economía en lo que se está trabajando es para dar debido cumplimiento a los acuerdos adoptados en el Consejo Europeo, a las medidas que allí se anunciaron y que lleven a una mayor estabilidad de la zona a través de la unión fiscal, de la unión monetaria y de las medidas de liquidez que allí se preveían.
Sobre el apoyo del Partido Popular al Gobierno de la Generalitat no me corresponde a mí hablar en nombre del Partido Popular, porque soy del Gobierno; pero, como Gobierno, creo que en estas cuestiones uno tiene también que sopesar la estabilidad a la que tiene que contribuir, pero también los asuntos en los que no debe participar si no está de acuerdo y si consideran que no son buenos para la Comunidad Autónoma a la que también representa ese partido por el que trabaja. Con ello, yo no puedo hacer valoración de la posición que tiene el Partido Popular, pero sí poner en valor, de un lado, la necesaria estabilidad, y, de otro, la opinión, como la tiene este Gobierno, contraria a ese pacto fiscal y la necesidad de que entre todos lo que hagamos sea trabajar en favor de todos para salir de la crisis.
P.- Bajo su Gobierno tenemos hoy esta cifra, que es el récord absoluto de paro, llevan ustedes siete meses y ¿se plantean cambiar algo, retocar, por ejemplo, la reforma laboral o cambiar en algo la política de recortes, dado que los resultados hasta ahora son, más bien, los contrarios de lo esperado?
Segundo tema. Ayer Rodrigo Rato dijo que su plan para Bankia era tres veces más barato que el que se ha aprobado --eran siete mil millones de euros-- y el exgobernador del Banco de España decía lo mismo. ¿Por qué optaron por esta solución más cara y, visto con perspectiva, creen que acertaron?
Por último, hoy se aprueba la Ley de Transparencia y yo le quería preguntar cómo cuadra esta Ley de Transparencia con la opacidad total de la agenda del Presidente, de las gestiones del Presidente, para resolver la crisis. Sabemos, y se comentaba antes, que Merkel y Hollande están hablando ahora mismo de los problemas de España; pero no sabemos ni con quién habla, ni qué hace Rajoy, ni prácticamente dónde está porque en la agenda del Gobierno no lo pone, hasta el punto de que se ha mantenido secreta --una cosa inédita-- una reunión nada menos que con los representantes sindicales, que además se han visto antes con Angela Merkel, también inédito. Entonces, ¿van a cambiar este tipo de política de comunicación? Por ejemplo, ¿usted ha dicho no va a haber rescate, pero pedirle al Fondo de Rescate que compre deuda es rescate para usted?
Vicepresidenta.- La primera pregunta era si íbamos a cambiar. Yo le voy a decir una cosa; lo he dicho claramente en mi intervención, pero se lo repito: o cumplimos con los objetivos de déficit público o no hay salida de la crisis y, por tanto, creación de empleo. Es necesario cumplir con los objetivos de déficit porque, si no, es muy difícil que la economía española pueda remontar y, sobre todo, podamos, bajando los intereses de la deuda, poder volver a invertir los recursos públicos en los servicios sociales que son necesarios.
Hay que controlar el déficit público y hacer reformas. Lo que el Gobierno está tratando de hacer es cumplir con los objetivos del déficit público y que cumplan el resto de las Administraciones, y hacer las reformas necesarias para nuestra economía. Indudablemente, en siete meses es difícil que esas reformas tengan resultados, máxime sabiendo que venimos de un 9 por 100 y que hay mucho trabajo por hacer.
Conclusión: aceleramos ese proceso de reformas y modificamos aquellos aspectos que son necesarios para que España gane en competitividad y, de la mano de la competitividad, lograr la recuperación. Sólo voy a poner un ejemplo: que España es más competitiva lo pone de manifiesto, por ejemplo, la cifra de las exportaciones. Las exportaciones están creciendo en España y ya han crecido en este primer semestre. Ése es un dato positivo que hay que tratar con prudencia, pero que nos pone de manifiesto que, haciendo reformas que nos permitan ganar en competitividad, también ampliaremos nuestro mercado exterior y eso, indudablemente, redunda directamente en la creación de empleo.
Sobre las valoraciones en relación con los bancos, en relación con la entidad por la que me preguntaba, ni el Gobierno ni, desde luego, el Portavoz son quienes para decir qué cifra sí o qué cifra no, sobre todo, porque ya hay un procedimiento para fijar esa cifra que son los evaluadores independientes que dieron una cifra general hace unas semanas y los auditores que darán las cifras concretas de las entidades en el mes de septiembre. Con ello tendremos una valoración independiente en los plazos previstos, que nos permitirá determinar qué cantidad necesita cada entidad. Y a esa cantidad es a la que yo me remito, a la pasada y a la futura.
La Ley de Transparencia es mucho más que la anécdota de saber qué hace en cada momento el presidente del Gobierno. La Ley de Transparencia es un elemento clave, o al menos así lo concibe el Gobierno, para luchar contra la corrupción. ¿Por qué? Porque lo fundamental de esa Ley es que, a partir de ahora, o cuando entre en vigor y se ponga en marcha el Portal de la transparencia, los ciudadanos podrán ver desde el primer al último trámite todos los contratos administrativos, desde el inicio de su licitación hasta a quién se adjudica y cuántas veces se modifica. Eso, a lo mejor, no tiene tanto interés mediático; pero, desde luego, tiene un interés público absoluto, porque va a permitir conocer determinadas prácticas que, a veces, se hacen y que dificulta mucho saber cómo se están gestionando los recursos públicos.
Para mí lo importante de esa Ley es que, a partir de ahora, un alto cargo que no gestione debidamente los recursos públicos, que oculte facturas en el cajón y luego nos encontramos con el 9 por 100 de déficit y con veintisiete mil millones de pago a proveedores, sepa que puede ser sancionado, que puede ser destituido y que, desde luego, España merece cargos públicos que gestionen adecuadamente. Esa Ley también va a suponer unas obligaciones de transparencia en retribuciones e incompatibilidades.
Usted me dice "la agenda del presidente del Gobierno" y seguro que me lo dice porque al presidente de los Estados Unidos le conocemos la agenda con un "decalage" de tiempo. Pues mire, hay reuniones del Presidente del Gobierno que son públicas y otras reuniones que, como es lógico, o porque el interlocutor prefiere que sean discretas, o porque uno está negociando y está hablando, tiene que hacerlas con el necesario sigilo o discreción, pero siempre buscando el interés general. Ese interés general lleva a que algunas sean públicas y otras, no que sean secretas, porque no lo son, pero son privadas porque la otra parte lo quiere, o porque se va a negociar, o porque, sencillamente… Qué quiere que le diga.
Como contemos lo que hacemos las veinticuatro horas del día, daría para mucho quizá; pero no cumpliríamos el objetivo de la Ley. La Ley es cambiar de cultura a la Administración y saber que los actos administrativos pueden controlarse del principio hasta el final. Eso es lo importante de esa norma y saber cómo se funciona, y que se gestionen bien, por supuesto, los gastos de protocolo y que allí esté la partida y se vea cómo se gastan, y la Intervención General del Estado esté encima de las cosas. Pero creo que de la transparencia a que perjudiquemos la labor de algunos dirigentes que, a veces, les piden reuniones discretas y que otras veces las tienen que tener discretas porque tienen que negociar… Hay cosas que son públicas y otras cosas que no lo son, como todo el mundo puede llegar a entender.
Sobre el tema del rescate yo ya no voy a engordar esas discusiones que ya se multiplican en todos los ámbitos territoriales de lo que es o de lo que no es. Yo lo que le digo es que el Gobierno considera que no es posible, ni va a haber, un rescate y yo no voy a calificar este tipo de operaciones porque se va a la dinámica de "esto es rescate o no es rescate". Yo lo que le digo que la opción del rescate está descartada. Si usted considera que esto lo es, inclúyalo en la opción del rescate. Yo, desde luego, no lo voy a calificar, porque en estas cuestiones prefiero atender bien al nombre de las cosas y con el tema del rescate en la intervención se ha escrito mucho en estas últimas semanas y yo no voy a contribuir a ponerles calificativos a las cosas. Yo lo que le digo es que la opción del rescate está descartada.
P.- Tendría un par de preguntas. La primera es sobre el déficit público y quería preguntar si, dado que el déficit oculto fue de unos veintiocho mil millones y que el recorte del presupuesto ministerial, la subida del IVA, la subida del IRPF y el recorte adicional en sanidad y en educación ya suman más de cien mil millones, podemos dar por confirmado que, aunque el déficit hubiera sido el previsto, habría que haber subido los impuestos y hacer recortes de Presupuesto, al contrario de lo que decía el PP antes de las elecciones.
Por otro lado, sobre la Ley del Aborto le quería preguntar si la concepción del embrión como ser humano completo y con derecho desde que es una sola célula no obligaría también a eliminar la "píldora del día siguiente", a dejar nacer los embriones que son producto de violación, porque también son seres humanos; en caso de peligro de muerte para la madre, si no habría que echarlo a cara o cruz, y si el Gobierno piensa introducir todos esos supuestos de la reforma del aborto.
Vicepresidenta.- Permítame que conteste a su pregunta con una gran seriedad, porque el tema de lo que está hablando me parece muy serio, especialmente para las mujeres que se ven obligadas a afrontar una decisión de ese tipo.
El partido que sustenta al Gobierno, en su programa electoral, dejó bien claro que iba a llevar a cabo una reforma de la Ley del Aborto, que se basaba en dos puntos: el tema de la edad, por cuanto la legislación actual permite a las menores entre dieciséis y dieciocho años que aborten sin consentimiento y, a veces, sin conocimiento de sus padres --eso hemos dicho que lo vamos a modificar--, y la modificación de la regulación de plazos hacia un sistema de casos, pero hay que organizar bien ese sistema de casos para que cumplan, entre otros, los convenios internacionales.
Pero, como yo no voy a elucubrar ni de esas cuestiones ni de otras muchas que apuntaba aquí, cuando el Gobierno presente la Ley, que será en el próximo periodo de sesiones, tendremos la oportunidad de darle traslados cómo se organizan esos supuestos de casos y esa regulación en la que, como ya ha anunciado el ministro de Justicia, está trabajando el Ministerio de Justicia.
Sobre el déficit, aquí nos encontramos en la siguiente senda, permítame que se lo explique de esta manera: España se encontraba en una situación de superávit allá por los años 2005 y 2006, cuando estábamos en déficit cero y en superávit; de esa situación de superávit, como consecuencia de una determinada política, se llegó a un déficit público de más del 11 por 100, y de ahí venimos. Como consecuencia de este déficit, en la Unión Europea nos abrieron un procedimiento de déficit excesivo, que es el que ahora estamos tratando de reconducir, con lo que nos encontramos en los inicios del año 2012 con una obligación que sabíamos, y otra sobrevenida, cuyo importe desconocíamos, como ha dejado bien claro la señora Salgado.
Primero, si hubiera sido del 6 o del 6,5 por 100, también teníamos la obligación de reducir, y mucho, ese déficit público por el procedimiento de déficit excesivo. Es decir, ajustes teníamos que haber hecho, porque nos lo imponía el procedimiento de déficit excesivo. Si a ese ajuste sumamos el de los tres puntos que se descubrieron a lo largo de las primeras semanas del mes de enero, nos encontramos que no sólo ajustábamos la parte que ya sabíamos que había que ajustar por el procedimiento de déficit excesivo, sino también la parte del déficit a mayores. Todo ello en un momento de recesión y la recesión, indudablemente, afecta a los ingresos, con lo que estamos cumpliendo el déficit que teníamos que cumplir y sabíamos, el déficit cuyo importe no nos comunicaron y que fue del 9 por 100, y las consecuencias de una recesión que ha provocado una caída de los ingresos.
En ese marco Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales tienen que hacer los esfuerzos necesarios para cumplir el objetivo de déficit público porque, como decía, es absolutamente imprescindible para salir de la crisis.
P.- Hablando precisamente de déficit público, para el año que viene acaba de convalidarse el techo de gasto y se está pensando en los Presupuestos. ¿Tienen fijado, de alguna manera, bajar o quitar determinados complementos a funcionarios, como la productividad, por ejemplo?
En segundo lugar, quería preguntarle a usted concretamente, ya que hoy se ha renovado la cúpula militar, si se ha empezado a hacer algún cambio, una renovación, en el CNI, que creo que es competencia suya.
Vicepresidenta.- Sobre los Presupuestos Generales del Estado están en proceso de elaboración, una vez fijados los techos de gasto de cada Administración. Cada Administración tiene que elaborar su propuesta para el Anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado que, como sabe, es remitido a las Cortes en el mes de septiembre.
Me pregunta por la productividad de los funcionarios. No se ha planteado ninguna eliminación de productividad de los funcionarios.
Sobre el CNI permítame que diferencie dos supuestos: una cosa es la cúpula militar del Ministerio de Defensa y otra cosa es la Dirección del Centro Nacional de Inteligencia, que da la casualidad de que esta vez, como en otras anteriores, está en mano de un militar, pero no forma parte de la cúpula militar. El Centro Nacional de Inteligencia en otras ocasiones estuvo dirigido por civiles. La cúpula militar va por su lado y el Centro Nacional de Inteligencia, aunque estuvo adscrito a Defensa, no forma parte de esa cúpula. Hoy, que no lo está, en mayor medida no estamos, por tanto, en los plazos ni en el momento que marca la renovación de la cúpula militar, porque no es cúpula militar, con independencia de la condición de militar de la persona que la ostenta.
Muchísimas gracias.