Vicepresidenta.- Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar cuenta de algunos de los asuntos acordados y otros que han sido objeto de informe en este Consejo de Ministros.
En primer lugar, y dentro de las políticas de promoción del crecimiento y de la creación de empleo que promueve el Gobierno, se ha aprobado el Plan Anual de Política de Empleo para el año 2012. Éste es un plan que tiene por objeto la coordinación, el control y la formación para luchar contra el desempleo. Recoge una serie de acciones y medidas de política activa de empleo que desarrollarán las Comunidades Autónomas. Está dotado con 1.318 millones de euros, según se ha acordado y repartido en el seno de la Conferencia de Empleo y Asuntos Laborales como órgano de coordinación.
Como principales novedades de este Plan se incluyen, por primera vez, mecanismos de control y mecanismos de explicación a posteriori del empleo de los fondos y de la repercusión en la utilización de esos fondos. Es decir, se va a hacer un seguimiento de que vaya a lo que está presupuestado para lo que está presupuestado y qué efectos ha tenido esa inversión de esos más de 1.300 millones para la formación y para la creación de empleo.
Los objetivos prioritarios del Plan son: primero, reducir la tasa de desempleo juvenil; segundo, mejorar la empleabilidad de los colectivos afectados especialmente por el paro; tercero, apoyar a los emprendedores; cuarto, fomentar la colaboración público-privada para potenciar mecanismos de búsqueda de empleo; apoyo específico a colectivos que tienen más dificultades para acceder a un empleo, como puede ser el sector de la discapacidad, y luchar contra el fraude como un elemento fundamental para aflorar empleo, que se está realizando pero que no se hace dentro de los cauces de protección de los derechos de los trabajadores y de cumplimiento de las obligaciones para con la Seguridad Social.
¿Cómo se van a distribuir estos fondos? 966 millones para reforzar la formación de trabajadores y desempleados, y 318 millones con medidas de fomento de empleo, como la orientación profesional, las acciones concretas para colectivos con dificultades, el autoempleo y la posibilidad de creación de empresas. Otros 30 millones servirán para modernizar los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas y 4 millones, para favorecer la flexibilidad en el sector.
Tendrán ustedes en la Referencia del Consejo de Ministros el resumen de la cuantía de los fondos distribuidos por todas y cada una de las Comunidades Autónomas.
En segundo lugar, en este Consejo de Ministros se ha presentado un informe sobre el grado de cumplimiento del Plan de Racionalización del uso de inmuebles de Patrimonio del Estado. Como saben, hace unos meses pusimos en marcha la creación de una unidad administrativa, que engloba a representantes de todos los Ministerios, para proceder a un plan de reordenación del patrimonio inmobiliario del Estado. Se trataba de hacer un diagnóstico, un inventario, de todos los inmuebles del Estado, de reducir el gasto en alquileres, de optimizar el uso del espacio y de dotar de mayor rendimiento el amplio patrimonio inmobiliario que tiene la Administración General del Estado.
Se está procediendo, por primera vez en la historia de la Administración General del Estado, a tener un inventario detallado y pormenorizado de las características de los 53.662 inmuebles, entre rústicos y urbanos, y, dentro de éstos, edificios enteros, que tiene el Estado y los 1.380 inmuebles arrendados. Pero, además, tendremos por primera vez información sobre su uso, gastos de mantenimiento y de conservación.
El segundo elemento fundamental del Plan era obtener una reducción del gasto de alquileres. En el conjunto de la Administración General del Estado, no sólo la Administración central, sino la periférica y los edificios que se tienen arrendados en el exterior, 217 millones de euros estaban previstos en los Presupuestos Generales del Estado para este año. Se ha procedido de dos maneras concretas: en primer lugar, cesar en el uso de arrendamientos o de alquileres para reincorporar esas oficinas a bienes que sean propiedad del Estado, y, en segundo lugar, renegociar esos contratos de alquileres.
Les voy a poner un ejemplo de lo que hemos conseguido hasta la fecha. En el período comprendido entre el 1 de enero y 2 de julio de 2012 se han tramitado por los Departamentos y organismos del Estado expedientes que suponen un ahorro neto de 17.310.145,25 euros; diecisiete millones y medio de ahorro en prácticamente seis meses mediante dos actuaciones fundamentales: la resolución de 61 contratos de arrendamiento, por un importe de casi quince millones de euros, y la negociación a la baja de un total de 58 contratos, que supone 2,5 millones de euros. Se ha obtenido, prácticamente, en la rebaja de los contratos de alquiler una media de un 20 por 100 respecto al precio pagado anteriormente.
Voy a poner algunos ejemplos de cómo los Ministerios han llevado a cabo ahorros de esta naturaleza y, dado que lo tengo a mi izquierda, Ministerio de Justicia: dieciocho resoluciones de contrato, dieciséis revisiones de rentas y ahorro, sólo en el Ministerio de Justicia, de dos millones de euros.
Tenemos otros ejemplos: Educación, Cultura y Deporte, 4 millones de euros. Industria, Energía y Turismo, 2.800.000 euros, donde destaca, además, la actuación de Turespaña.
Por otro lado, consideramos que es necesario obtener un mayor rendimiento de bienes inmuebles, cuya venta, probablemente, sea difícil; pero para su falta de uso por completo tampoco consideramos que, en momentos de austeridad, podamos quedarnos con los brazos cruzados.
En este plan de movilización de bienes inmuebles se ha concedido una especial relevancia a las fincas rústicas. Contamos con 35.000, con una extensión de 5,5 millones de metros cuadrados. ¿Qué estamos haciendo? Conveniar con otras Administraciones públicas sobre fincas que están en cada uno de sus territorios para que puedan ofertarse a pequeños agricultores para la compra o para destinos de reforestación u otras finalidades públicas.
Pero, además, se van a hacer planes de optimización de la ocupación de espacios, tendiendo a los estándares de las empresas privadas y buscando, además, la utilización de nuevos mecanismos de eficiencia energética que permitan un uso mucho más racional, económico y eficiente de los inmuebles, y se ha puesto en marcha, por primera vez, el catálogo, de espacios públicos para eventos de la Administración General del Estado.
Hasta ahora, cuando la Administración General del Estado tenía una gran reunión o un evento de naturaleza internacional, era habitual recurrir a espacios de empresas privados, o en el ámbito de la hostelería, o de este tipo de actuaciones. Ahora la Administración General del Estado utilizará aquellos espacios que tiene en sus propias dependencias o en dependencias de otro Ministerio --algunas son bienes de un gran valor histórico-artístico y cultural-- para celebrar todas las reuniones y todos los eventos del Ministerio, porque, ni más ni menos, con anterioridad nos íbamos a hoteles cuando tenemos veintinueve salas que pueden acoger a más de 100 personas y ciento veinticinco con capacidad entre treinta y cien personas.
Se trata de medidas de austeridad que se han logrado simplemente gestionando bien los recursos públicos y un ejemplo de cómo, con toda el potencial que tiene la Administración General del Estado, podemos racionalizar y, sobre todo, gestionar con mucho mayor respeto los recursos públicos.
Por su parte, fundamentalmente, los Ministerios del Interior y de Agricultura han presentado un informe sobre los daños producidos por los incendios forestales en Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha. Como saben, han sido unos incendios de una gran gravedad que, además, se han saldado con un fallecido, un piloto, y con otros dos heridos. Desde el Gobierno queremos trasladarles a las familias nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro reconocimiento por una labor en un ámbito tan complicado como son los incendios forestales.
Ahora estamos procediendo, por parte de todos los Ministerios, en colaboración con las Administraciones Públicas afectadas, a valorar los daños que se han producido a todos los niveles. Hay que tener presente que algunos de estos incendios todavía no tienen la categoría oficial de "extinguidos".
Por ejemplo, se ha creado con la Generalitat Valenciana y las Diputaciones provinciales afectadas una comisión mixta en la Comunidad Autónoma Valenciana, donde, con participación de todas las Administraciones afectadas, se buscará un análisis exhaustivo de la relación de daños que se han causado. Una vez obtenida esa información, que lo estamos haciendo con gran agilidad, los Ministerios elevarán, para aprobación del Consejo de Ministros, las medidas urgentes necesarias para paliar los daños que, aparte de ser los daños personales tan graves a los que yo hacía referencia hace un momento, son daños de enormes hectáreas de monte bajo y que exigirán una rápida limpieza.
Por último, les informo de un asunto de la agenda personal del presidente del Gobierno, que me sirve, en primer lugar, para felicitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su tarea en la búsqueda y recuperación del Códice Calixtino. Yo creo que tenemos que reconocer esa labor de investigación y detención de los responsables, que ha permitido recuperar una de las joyas de nuestro inmenso patrimonio cultural. El presidente del Gobierno este fin de semana, el domingo, él mismo, entregará ese Códice en la Catedral de Santiago de Compostela.
Finalmente, voy a dar la palabra al ministro de Justicia, que pasará a relatarles el informe que ha elevado a Consejo de Ministros sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que, como saben ustedes, es uno de los contenidos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se trata de una reforma sobre la que este Gobierno ha encargado previamente un informe a expertos para poder conocer las distintas fórmulas que permitan una mejor ejecución del desarrollo del artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el establecimiento de medidas que ahonden en la profesionalidad e independencia, pero también en la transparencia y en la austeridad y estabilidad presupuestarias que, en los tiempos que corren, debemos todas las instituciones someternos y cumplir lealmente.
Sr. Ruíz-Gallardón.- Como bien decía la Vicepresidenta, el pasado 2 de marzo el Gobierno de España, el Consejo de Ministros, encargó a una comisión de expertos la elaboración de un estudio sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la estructura, la arquitectura, sobre la cual se construye todo el Poder Judicial en España.
Yo quiero que mis primeras palabras sean, con el permiso de la Vicepresidenta, para agradecer a esta comisión el trabajo que ha realizado. Estamos hablando de una comisión presidida por un magistrado del Tribunal Supremo, de la que forman parte catedráticos y representantes de distintos sectores, actores todos ellos del mundo jurídico, y que han hecho un trabajo verdaderamente formidable, que el Gobierno les agradece de una forma muy especial.
El encargo era sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial y estamos hablando de un cuerpo jurídico con una extensión cercana a los quinientos artículos. Esto, naturalmente, es lo que nos hizo darles un plazo razonable de cinco meses, prorrogables por tres más, es decir ocho meses, desde aquel pasado 2 de marzo, desde el día 12 en que se constituyeron.
Lo que hoy he elevado al Consejo de Ministros no es un informe sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino sobre una parte de la misma; concretamente, la que afecta al Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? ¿Por que hemos anticipado la reforma del Consejo sobre el conjunto de la Ley Orgánica? Por una razón de cumplimiento de los plazos establecidos en nuestra Constitución.
En el mes de septiembre del próximo año, del año 2013, vence el plazo de vigencia del actual Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, tendrá que estar ya constituido el nuevo Consejo. En la Ley Orgánica, en la vigente en estos momentos y, lógicamente, en la futura también, se establece la obligación de hacer una comunicación oficial a las Cámaras con seis meses de antelación, a los efectos de que se pueda proceder a iniciar todo el proceso que lleva al nombramiento de los vocales. Esto nos obligaba a que, si queríamos que la reforma del Consejo se aprobase antes de la renovación, si queríamos que estuviese ya vigente, la Ley tendría que estar aprobada y publicada antes del mes de marzo del año 2013.
Ésa es la razón por la que esta comisión de expertos nos tramitó de forma anticipada a la reforma del Consejo, dejando para ya, al mes de septiembre u octubre, la reforma completa de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de esa forma sí podemos, anticipando este trabajo, tener garantías de que estará aprobada en el mes de marzo del año que viene y de que, por lo tanto, estará en plena vigencia para la renovación y que no se producirá una situación de prórroga del mandato, que se ha producido, como ustedes saben mejor que yo, en otros órganos constitucionales y que ha sido severamente criticada, en el caso del Tribunal Constitucional, precisamente por ellos mismos de verse forzados a ejercer una prórroga sobre el tiempo del mandato establecido en la Constitución.
Ésta es, por tanto, la explicación de por qué hoy hemos traído la reforma del Consejo.
En segundo lugar, cuando estamos hablando del Poder Judicial, cuando estamos hablando de su órgano de gobierno constitucionalmente establecido, nosotros pensamos que es no solamente conveniente, sino que es necesario, buscar el más amplio acuerdo entre los Grupos Parlamentarios a la hora de aprobar esta reforma. Estamos hablando de una reforma orgánica, estructural, del Estado, que afecta a una de las partes más sensibles de nuestro Estado de Derecho y, por lo tanto, pensamos que el valor del encuentro con el mayor número posible de Grupos Parlamentarios, y muy especialmente con aquellos que históricamente han alternado el poder con el Partido Popular, es un valor añadido que el Gobierno debe intentar.
Por lo tanto, la segunda idea que les traslado, es que el Gobierno va a intentar ese acuerdo y, después de recibir el informe de los expertos, después de haberlo elevado, como era preceptivo, al Consejo de Ministros, el Gobierno, y concretamente este ministro, inicia una aproximación con todos los Grupos a los efectos de buscar e intentar alcanzar este acuerdo.
Pensamos que sería extraordinariamente positivo que la reforma del Poder Judicial tuviese un amplio consenso parlamentario y eso le daría una garantía también de permanencia, al margen de cuál sea la voluntad de los electores en cada una de las sucesivas convocatorias electorales. Y pensamos también, piensa el Gobierno, que, después de los acontecimientos ocurridos en las últimas fechas en el propio Consejo del Poder Judicial, contribuiría de una forma muy importante al reconocimiento del profundo valor institucional que tiene este órgano constitucional, el Consejo, el que la reforma del mismo fuese acordada por el mayor número posible de Grupos Parlamentarios.
Por eso, nosotros trasladaremos este trabajo que hemos recibido a los distintos Grupos Parlamentarios e intentaremos mediante la negociación, que intentaremos que sea lo más rápidamente posible, buscar espacios de encuentro, buscar fórmulas de aproximación, para que, sin perjuicio de que lógicamente subsistan y puedan subsistir diferentes criterios sobre algunos aspectos concretos; intentaremos, insisto, que éste fuese un texto con el máximo consenso parlamentario.
A estos efectos, les puedo decir muy rápidamente que los puntos generales sobre los que el trabajo de los expertos nos han invitado a esa reflexión al Gobierno, y que el Gobierno ahora hace extensiva al resto de los Grupos Parlamentarios, son, por un lado, como es normal, la profesionalización, a la que antes hacía referencia la vicepresidenta del Gobierno, para garantizar la independencia del Poder Judicial, los criterios de transparencia y los criterios de eficacia.
En relación con el primer punto, entramos de lleno en una cuestión medular, que el sistema de elección de los miembros del Consejo, de los veinte vocales que establece nuestra Constitución. Como ustedes recuerdan, la Constitución fija con precisión que ocho de ellos tienen que ser designados por el Congreso y por el Senado, y que los otros doce deben ser elegidos entre jueces y magistrados. Ha habido distintas legislaciones desde que el Consejo General del Poder Judicial se constituyó, después de aprobada la Constitución, en 1980; unas han interpretado que esos doce miembros tenían que ser elegidos, no solamente entre jueces y magistrados, sino por jueces y magistrados, y otras han interpretado que tenía que ser entre jueces y magistrados, pero que debían que ser las Cámaras quienes procediesen a la elección.
Con los matices que todos ustedes conocen, porque hemos hablado en muchas ocasiones, ambas interpretaciones han sido en distintas sentencias declaradas constitucionales por nuestro Tribunal Constitucional. Luego, por lo tanto, hay libertad política del legislador para optar por uno u otro sistema.
El informe que hemos recibido tiene una riqueza argumental en cuanto a la aplicación de un posible sistema de elección, en cuanto a mecanismos electorales que tendrían que ser aplicados, y el informe se complementará también, como es lógico y normal, con la experiencia que nosotros tenemos sobre el sistema de elección parlamentaria.
Lo que les digo es que es claro cuál es el criterio que tiene el Gobierno, el discurso que ha hecho el Gobierno. Éste es un elemento, como todos los que van en el informe de expertos, que podremos encima de la mesa con los distintos Grupos con la intención de buscar un acuerdo y de buscar fórmulas que le den garantía de continuidad a la norma que aprobemos. Sabemos que tenemos una mayoría suficiente en ambas Cámaras para sacar adelante este proyecto, pero la intención del Gobierno sería que no fuera solamente esa mayoría de los Grupos Parlamentarios Populares, sino que se hiciera extensiva a la participación de otros Grupos. En ese esfuerzo es donde abriremos directamente el debate dialéctico con estos Grupos sobre este punto concreto, que es el sistema de elección.
Hay cuestiones muy importantes dentro del trabajo de los expertos. En relación con las competencias, vamos a un criterio claramente constitucional y, por lo tanto, plena autonomía del Consejo en aquello que la Constitución le reserva, es decir, en nombramientos, en ascensos, en inspección y en el régimen disciplinario; pero se busca un sistema donde sin restar ni una sola competencia al Consejo, ni una sola, insisto, de sus competencias constitucionales, otras actividades, que no competencias, que históricamente ha realizado el Consejo General del Poder Judicial en este caso estén, como ocurre con el resto de las Administraciones Públicas, con todas ellas, e incluso con otros poderes constitucionales, como el caso de las Cortes Generales, sometidas en este caso a aquellos criterios que marca quien tiene el título competencial para poder establecer esas políticas.
Les pongo un ejemplo, que son las políticas exteriores, que, como ustedes saben, nuestra Constitución reserva como una competencia exclusiva del Gobierno de España. Sí establecemos que toda la actividad internacional del Consejo General del Poder Judicial habrá de ser coordinada previamente, en este caso directamente, con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que es quien tiene encomendada esta competencia dentro del organigrama del Gobierno.
La potestad reglamentaria quedará circunscrita a la esfera interna del propio Consejo y, como novedades más importantes, les trasladaré -insisto en que todo de lo que les estoy hablando es la propuesta que nos hecho los expertos y es sobre lo que nosotros, como he dicho antes con relación al sistema de elección, en estos momentos iniciamos nuestro encuentro con el resto de los Grupos Parlamentarios-- algunas ideas significativas.
En primer lugar, el presidente del Tribunal Supremo. Y hablo del presidente del Tribunal Supremo porque, aunque ésa es la terminología que utiliza la Constitución, muchas veces todos hemos incurrido en el error de devaluar esta condición en beneficio de una que es añadida, que es la presidencia del Consejo General del Poder Judicial. Es importante que esto se recuerde, porque lo dice la Constitución y lo refuerza la Ley: el presidente del Tribunal Supremo, por serlo, preside el Consejo; no es el presidente del Consejo el que preside el Tribunal Supremo. Lo que se elije es el presidente del Tribunal Supremo y, desde esa condición, preside también el Consejo General del Poder Judicial. Pero se fortalece su condición de presidente del Tribunal Supremo, porque entendemos que, de esa forma, damos pleno cumplimiento, aunque por supuesto tendrá ambas condiciones aparejadas, a la configuración del Tribunal Supremo como el máximo organismo de nuestra jurisdicción, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, que es lo que establece nuestra propia Constitución.
La propuesta que se nos traslada es que el presidente del Tribunal Supremo sea el único miembro del Consejo General del Poder Judicial que tenga una situación de dedicación exclusiva y, por lo tanto, que quede en una situación de servicios especiales en su carrera en el supuesto de que sea funcionario. Y que, sin embargo, los otros veinte vocales sigan ejerciendo sus competencias, tanto en el caso de que ejercieran jurisdicción, por aquellos que tienen que ser elegidos entre jueces y magistrados --al margen del sistema, es decir, los doce--, como en el caso de los otros ocho parlamentarios.
Piensa la comisión de expertos que este sistema que está vigente en otros organismos, como es el caso del Consejo Fiscal, es el más adecuado, de acuerdo con la configuración del Consejo, no solamente para garantizar una permanente conexión con la realidad jurídica sobre la que tienen que operar desde una vivencia en directo, sino también para conseguir una máxima eficiencia en el funcionamiento del propio Consejo.
Para ser elegido presidente será necesario, y ésta es otra novedad importante con relación a la legislación actual, ser magistrado del Tribunal Supremo con los requisitos necesarios para ser presidente de Sala; es decir, con una antigüedad en esa categoría de magistrado del Tribunal Supremo de, al menos, tres años o, en el caso alternativo, porque naturalmente se mantiene también, en el caso de que el presidente fuese un jurista de reconocido prestigio, se requerirían veinticinco años de experiencia para poder ocuparla. De esta forma, lo que estamos haciendo es llevar la excelencia, tanto dentro de la carrera judicial, como en la hipótesis de que sea un jurista, a la presidencia del propio Tribunal Supremo.
Como novedad, decirles que se crea la figura del vicepresidente del Tribunal Supremo, que no forma parte del Consejo. Es decir, se sigue el sistema anglosajón, concretamente norteamericano, en el que el vicepresidente es un sustituto. No forma parte del mismo, pero le sustituye y, de esa forma, se evitan situaciones, como la coyuntural que en estos momentos estamos viviendo, de dualidad, puesto que los sustitutos del Consejo y del Tribunal Supremo son distintos y, como consecuencia de la dimisión del anterior presidente, tenemos, por primera vez en la historia, no unificadas ambas presidencias. Con la creación de este vicepresidente se evita ese problema.
Con relación a los vocales, como les he dicho antes, van a permanecer en servicio activo o desempeñando su actividad profesional; por lo tanto, van a compaginar todos ellos, los veinte, según la propuesta que nos realizan los expertos, su cargo con la función jurisdiccional, si son de origen judicial, o con su profesión si son de designación parlamentaria.
Los vocales seguirán desempeñando las funciones que venían ejerciendo antes, acudirán a las convocatorias que tengan en relación a las comisiones de las que formen parte y, por supuesto al Pleno, y recibirán las dietas correspondientes; pero seguirán siendo retribuidos en sus destinos de origen o en sus profesiones respectivas.
Pensamos que con esto también se va a enriquecer extraordinariamente el número de personas que van a estar dispuestas a formar parte del Consejo, ya que esto no les va a suponer una exclusión de sus carreras profesionales sino, antes al contrario, como ocurre con otros muchos organismos del Estado como ocurre con determinados casos en el propio Consejo de Estado, les va a permitir que esa compatibilidad enriquezca todavía más la calidad jurídica de las personas que estén dispuestas a prestar este servicio al Estado.
Además de esto, le diré que el proyecto, el estudio, hace un inciso muy importante en cuanto a la transparencia funcional y establece que el Consejo estará sometido a la Ley de Transparencia en los mismos términos que están previstos para el resto de los órganos constitucionales. Eso significa una información institucional, organizativa y de planificación, una información de relevancia jurídica y una información económica, presupuestaria y estadística.
El Consejo mantiene la autonomía presupuestaria y la mantiene en los términos previstos en nuestra legislación, la Ley General Presupuestaria. Es decir, las retribuciones y dietas se fijarán en la Ley de Presupuestos, las transferencias de crédito se harán en los supuestos que están autorizados por la Ley General Presupuestaria, estará sometido a controles previos externos y, además, lo que nos sugieren los expertos es que el primer presupuesto que haga el nuevo Consejo General del Poder Judicial, lo haga en base cero. Hacer un presupuesto en base cero significa la necesidad de justificar "ex novo" todas las necesidades económicas de la constitución como consecuencia de las importantes variaciones que estamos introduciendo.
Termino con la eficacia. La eficacia hace referencia, en primer lugar, a una reducción muy importante del número de comisiones. Las comisiones quedan reducidas a aquellas competencias que la Constitución establece propias del Consejo General del Poder Judicial.
El órgano ejecutivo será la Comisión Permanente y esta Comisión estará integrada por el presidente y por cuatro vocales que serán elegidos anualmente. Eso significa que cabe la posibilidad de rotación entre los veinte miembros del Consejo para formar, puesto que el mandato es por un año, aunque no se establece ninguna limitación en cuanto a la repetición en cuanto a la elección.
Los acuerdos de la Comisión Permanente serán directamente recurribles en vía jurisdiccional, con lo cual se le da una mayor agilidad al funcionamiento, no siendo necesario establecer otro recurso administrativo de alzada ante el propio Pleno.
Además de la Comisión Permanente, el número de Comisiones será otras dos, que serán la Disciplinaria y la Comisión de Igualdad. El cometido de las Comisiones que desaparecen queda directamente asumido, fundamentalmente la de Calificación, por la Comisión Permanente.
Y para mayor eficacia, el Pleno del Consejo tendrá las competencias tasadas que se nos recoge directamente en el proyecto, en el estudio, que se nos ha trasladado y el resto de las funciones serán ejercidas por la Comisión Permanente.
Quiero decirles que se simplifica el sistema de mayorías para la toma de decisiones, es decir, que por regla general, salvo excepciones, se tomarán por mayoría simple; se reserva la mayoría reforzada a las decisiones de mayor relevancia, y se propone también, y esto es importante, la creación de un cuerpo de letrados semejante al que existe en otros órganos constitucionales --pienso en el Tribunal Constitucional, pienso en el Consejo de Estado o pienso en las Cortes Generales--, lo cual le va a dar una profesionalización al propio Consejo y va a permitir que exista una memoria de las actividades del mismo, y que no se inicie desde cero, no solamente con los cargos políticos, que son siempre coyunturales, sino también con los técnicos que deben de tener ese carácter permanente, por supuesto, sin aumento presupuestario ninguno, puesto que solamente mientras se amorticen las plazas actualmente existentes se podrán ir convocando nuevas en relación con el nuevo sistema.
También quería decirles, por último, que se modifica la Comisión Disciplinaria, creando la figura del promotor de la acción disciplinaria. Esto, en definitiva, es garantizar no solamente la eficiencia, sino los derechos fundamentales de toda la carrera judicial, puesto que se sustituye el actual sistema, que es prácticamente inquisitivo, por un sistema acusatorio donde el promotor de la acción de la justicia, que habrá ser un magistrado de especial relevancia, elevará una propuesta de sanción a la Comisión Disciplinaria que se constituye como un auténtico tribunal. De esta forma, aumenta no solamente la eficiencia, sino también la garantía directamente de las personas que puedan estar sometidas a un expediente disciplinario en la carrera judicial.
Recapitulando, Vicepresidenta, creo que es nuestra obligación reiterar el agradecimiento a los expertos que han hecho este formidable trabajo; reiterar que esto es una propuesta y que el Gobierno hará su propuesta definitiva cuando eleve el Anteproyecto al Consejo de Ministros y entonces empezará la tramitación, siendo remitido, en primer lugar, a informe del propio Consejo y, después, del Consejo de Estado. Pero la intención del Gobierno es que ese Anteproyecto y lo que no se alcance en el Anteproyecto, que fuera después en tramitación parlamentaria, tenga el máximo apoyo posible de los Grupos.
Esto es lo que nos lleva a iniciar, en la misma tarde de hoy, ese procedimiento de traslado de las conclusiones de los expertos a los distintos Grupos y de la búsqueda de un acuerdo parlamentario que, además de dar, como les decía al principio, estabilidad, creemos que en estos momentos, que han sido sensibles para la vida interna del propio Consejo General del Poder Judicial, contribuiría de una forma muy importante a su crédito institucional.
P.- Mi pregunta es para la Vicepresidenta. Quería preguntarle, Vicepresidenta, qué medidas concretas de ajuste, o de contención del gasto, o de aumento de los ingresos, tiene previsto en los próximos tiempos aprobar el Gobierno y con qué calendario concreto.
En segundo lugar, quería preguntarle si al Gobierno le preocupa la preocupación del Consejo de Administración de Bankia.
Vicepresidenta.- Sobre las medidas concretas que puede aprobar el Consejo de Ministros, permítame que le diga que, a medida que se aprueban esas medidas en el Consejo de Ministros, se van trasladando aquí, en rueda de prensa. Yo hoy les he informado --y el ministro de Justicia así lo ha hecho-- de las que se han debatido o de las que se han aprobado en el Consejo. Cuando se vayan presentando nuevas medidas y nuevas reformas estructurales, se irá haciendo.
Pero yo quiero destacar una cuestión: hay un Plan Nacional de Reformas, que ha sido aprobado por este Gobierno, que se ha remitido a las autoridades europeas, que se ha ido, además, cuantificando en su presentación a lo largo de este tiempo y nosotros nos ceñimos a esa senda de reformas estructurales que el presidente del Gobierno planteó en su Debate de Investidura, como en sucesivas intervenciones.
Es decir, iremos, en cada uno de los capítulos --consolidación fiscal y austeridad, reformas estructurales y reestructuración del sistema financiero-- ahormando todas aquellas reformas que son imprescindibles para el cumplimiento de las exigencias de austeridad previstas a nivel europeo y también a nivel nacional; las reformas estructurales imprescindibles, de un lado, para reorganizar el gasto público y la estructura de todas las Administraciones Públicas; reformas de competitividad en muy diversos ámbitos e ir culminando los pasos, y así se hará, especialmente la semana que viene en el ámbito europeo, para la reestructuración del sistema financiero.
Sobre la posición del Gobierno, en su conjunto, en relación con la querella que ha sido admitida respecto al Consejo de Administración de Bankia, el Gobierno, como no puede ser de otra manera, respeta los procesos judiciales y la presunción de inocencia hasta que las resoluciones judiciales acrediten la circunstancia contraria.
P.- Dos preguntas al Ministro y a la Vicepresidenta.
A la vicepresidenta del Gobierno me gustaría pedirle un mensaje de tranquilidad. Sé que es un día complicado en la Bolsa y en la prima de riesgo, y el bono está otra vez al 7 por 100. Sin querer incidir en esa agenda de reformas, sí me gustaría que nos confirmara que van a venir esas reformas, porque entiendo que así lo están reclamando desde los organismos internacionales.
Al ministro de Justicia me gustaría preguntarle si este paquete de medidas que nos ha anunciado podría hacernos afirmar que hoy la Justicia es más independiente que antes, que tenemos una justicia más independiente. Lo digo porque, según muchas encuestas, es una de las preocupaciones de los ciudadanos y el fiscal general del Estado, el señor Torres-Dulce, abogó esta misma semana por ceder la competencia de Justicia. Quería una valoración sobre las palabras del Fiscal.
Vicepresidenta.- Me pedía usted un mensaje de tranquilidad sobre la situación de las Bolsas y sobre la situación de la prima, y yo creo que en este asunto hay siempre que mantener un horizonte de estabilidad.
En los últimos días y en las últimas semanas hemos visto momentos en que subían las Bolsas o bajaba la prima con una cierta entidad y luego, a la inversa, volvía a subir la prima y bajar las Bolsas, con lo que yo creo que hay que tratar de mantener esa serenidad, tanto cuando estamos en la parte ascendente, como en la parte descendente de la curva y saber lo que tenemos todos que hacer.
El último Consejo Europeo, en ese sentido, marcó una senda a corto, a medio y a largo plazo de actuaciones que, a nuestro juicio, deben irse ejecutando a su debido tiempo y a tiempo para poder lograr la estabilidad de la Eurozona, que creo que estamos todos concernidos por ello.
Enlazo con la segunda de sus preguntas, aunque también contesta a ésta. Por su parte, el Gobierno de la nación lo que va a hacer es seguir con el proyecto reformista que le llevó al partido que sustenta al Gobierno a ganar las elecciones, a obtener la confianza de los ciudadanos y a iniciar una serie de cambios profundos en nuestro país, que son absolutamente imprescindibles para recuperar la confianza. De la recuperación de la confianza vendrán otros momentos en los mercados, y pasa por la consolidación fiscal y pasa por lograr un país mucho más competitivo en todos los ámbitos, que pueda volver a crecer y a crear empleo.
Van a venir, desde luego, más reformas, porque son imprescindibles para crecer, para crear empleo y para modernizar un país que en estos momentos necesita cambiar muchas cosas que no funcionan para que empiece a funcionar lo que nos preocupa a todos, que es el empleo.
Sr. Ruíz-Gallardón.- La Justicia en España es independiente, de eso no debemos tener absolutamente ninguna duda, y creo que es muy importante que distingamos siempre entre lo que es la función jurisdiccional, que constitucionalmente corresponde en exclusiva a jueces y magistrados, y que lo hacen desde su absoluta independencia, además desde la profesionalidad, con lo que es el órgano de gobierno del Poder Judicial.
Tenemos que recordar que el Consejo no es un órgano jurisdiccional, que no es un órgano que resuelva los conflictos entre los ciudadanos o entre los ciudadanos y las Administraciones públicas, sino que es un órgano de gestión, de gobierno del Poder Judicial. Pero sí quiero decir que, en todo caso, si de algo debemos estar orgullosos en España, es de la independencia de nuestros jueces y magistrados, y de cómo realizan esa función, exclusiva y excluyente, de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado que les encomienda la Constitución.
Aquí de lo que hoy estamos hablando -hablaremos, por supuesto, de lo que es toda la función jurisdiccional cuando traigamos en el mes de octubre el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial--, no es de la función jurisdiccional, sino del gobierno, de la administración, de esa función constitucional que es el Consejo. Y nosotros aquí lo que sí buscamos rotundamente son esos criterios de eficiencia, son criterios donde la política solamente se pueda escribir con mayúsculas y no con minúsculas, y donde la política esté vinculada a los intereses de Estado y no a las distintas opciones que tenemos las formaciones políticas. Creemos que eso lo conseguimos y avanzamos con estas propuestas que nos han trasladado los expertos.
Por último, en relación con las competencias del Estado, hay que recordar algo que también muchas veces se olvida: el nuestro es un Estado complejo, porque es lo que quiso el constituyente en 1978, y las competencias legislativas están repartidas entre el Parlamento nacional, Senado y Congreso, y los Parlamentos autonómicos. Y las funciones ejecutivas también están repartidas entre el Gobierno de España y los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. Las funciones jurisdiccionales, no. El poder jurisdiccional es único en toda España, eso lo establece claramente nuestra Constitución, y por eso consagra el Tribunal Supremo como órgano máximo en toda la nación, y por eso el Consejo, su órgano de gobierno, lo es también directamente para toda España.
Luego, por lo tanto, hay que entender que todo lo que nosotros hablemos ahora es en cuanto a la eficiencia de la gestión de la Administración de Justicia, no en cuanto al Poder Judicial. Ahí es donde están las competencias, naturalmente, del Poder Ejecutivo y ahí sí puede haber, en ese caso sí --ya no es el Poder Judicial, es gestión: gestión de medios materiales, gestión de apoyo al ejercicio de la función jurisdiccional--, un reparto de competencias entre el Gobierno de España y los Gobiernos autónomos; pero no en el ejercicio de la función jurisdiccional. Insisto, perdón, por esa diferenciación, porque es muy importante.
¿Mi criterio en relación con eso? Que tenemos que buscar la máxima eficacia.
Yo me he reunido con todos, sin excepción, los consejeros de Justicia de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas. Todos estamos de acuerdo, en primer lugar, en que tenemos que caminar en la misma dirección. Lo estamos haciendo en renovación informática, lo estamos haciendo en temas de justicia gratuita y lo estamos haciendo en todo.
Cuando tengamos el proyecto de Ley Orgánica, ahí es donde, con las Comunidades Autónomas, buscaremos cuál es la fórmula más eficiente para que unos u otros ejerzamos las competencias. Pero le digo una cosa desde ahora: en todas las conversaciones, con muy distinto color político unos y otros, jamás se ha planteado una tensión de poder; lo que se ha planteado es una búsqueda de eficiencia y, con ese criterio, en la futura Ley Orgánica estableceremos claramente las competencias.
P.- Tengo dos preguntas para la Vicepresidenta. La primera es si el Gobierno va a recortar la protección por desempleo, tanto en la cuantía como en el periodo, o va a aumentar las obligaciones de los desempleados para aceptar una oferta de trabajo.
Y la segunda es: deduzco de su exposición, señora Vicepresidenta, que el Consejo de Ministros no ha abordado la reforma de los Ayuntamientos, ni de las Diputaciones, ni la central de compras para toda la Administración del Estado.
Vicepresidenta.- Sobre el primero de los asuntos, la pasada semana me preguntaba sobre la protección por desempleo y sobre medidas para la aceptación de trabajo por parte de los desempleados. La semana pasada, en esta rueda de prensa, yo presenté unos datos del Ministerio de Empleo donde se ponía de manifiesto cómo existe un fraude, que tendremos que corregir, en trabajadores: en los primeros meses del año, once mil inspecciones en el ámbito de la protección por desempleo, que acabaron con cuatro mil resoluciones en las que se acreditaba que había personas que estaban cobrando la prestación por desempleo y que, a la vez, estaban ejerciendo un trabajo remunerado, como suele decirse, en B o en negro.
En ese mismo momento planteamos un Anteproyecto de Lucha contra el Fraude Laboral en el que el Ministerio de Empleo y Trabajo está dedicando nuevos efectivos, aparte de los existentes, a luchar contra esa situación, es decir, contra la situación de fraude de personas que, pese a cobrar la prestación por desempleo a cuenta de los contribuyentes, a cuenta del resto de los ciudadanos, siguen trabajando sin pagar sus impuestos y sin pagar sus cotizaciones.
Eso es lo que el Gobierno ha aprobado y, desde luego, reforzaremos los mecanismos de lucha en el caso del cobro de la prestación por desempleo, que no deja de ser, entre comillas, una "subvención" que se paga de los Presupuestos Generales del Estado y de las cotizaciones de todos los trabajadores, en esa situación de irregularidad que supone cobrar y, a su vez, trabajar sin pagar impuestos, haciendo competencia desleal al resto de los trabajadores.
Sobre el asunto del Anteproyecto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha presentado hoy un informe al Consejo de Ministros, que será trasladado a esta sala en cuanto tenga ya el rango de Anteproyecto, que será con una gran inmediatez.
Podemos decir que este mes estará aprobado ese cambio de la Ley de Bases de Régimen Local, esa nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad, donde se abordan cuestiones de racionalización de la propia estructura administrativa de las Corporaciones Locales en todos los ámbitos, con una mucha mejor claridad a la hora de la distribución competencial entre Estado, Comunidad Autónomas y Corporaciones Locales, y, por tanto, de la financiación de las mismas; donde, además, se abordará la aplicación de los mecanismos de estabilidad presupuestaria a esas Corporaciones Locales, a las que queden después de ese procedimiento, y que se reforzará a través de la Ley de Transparencia que se enviará a las Cortes en este verano y que establece la fijación de los baremos de sueldo de alcaldes y concejales, año a año, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, de la misma manera que en esos Presupuestos Generales del Estado aparece el sueldo del presidente, del vicepresidente, de los ministros del Gobierno y de los integrantes de las instituciones del Estado.
Por otra parte, del mismo modo que hicimos en el ámbito que yo les he presentado del Plan sobre el patrimonio inmobiliario del Estado, en el que se ha creado una unidad que centraliza la labor de todos los Ministerios a la hora de su gestión inmobiliaria, de su gestión patrimonial, se creará, en un instrumento legal, una unidad administrativa encargada de centralizar las compras, los principales suministros, de toda la Administración General del Estado.
Yo espero ponerla en marcha cuanto antes por parte del Ministerio de Administraciones Públicas para que empecemos a experimentar ahorros, como se han producido en el ámbito de la gestión inmobiliaria del Estado. Algunos Ministerios, como son el Ministerio de Empleo o el Ministerio de Defensa, en esta Legislatura ya han empezado en sus propios Departamentos, dado que tenían estructuras muchas veces descentralizadas, a generar el engranaje dentro del propio Ministerio para que una sola unidad administrativa ministerial lleve a cabo contratos de esta naturaleza. Ahora se trata de que sea una unidad a nivel de toda la Administración General del Estado la que consiga precios de suministros, igual que se hace en el ámbito de la sanidad, por ejemplo --y les he trasladado aquí algunos datos relativos a las centrales de compras en el ámbito sanitario, como pueden ser las vacunas de la gripe--, y que se ha demostrado que son un importante ahorro a la hora de tener lo que se llama administrativamente "suplidos" a precios razonables.
P.- Yo quería dirigir mis preguntas al ministro de Justicia para preguntarle si tiene previsto mantener, aparte de los contactos anunciados con los Grupos, con el propio Consejo del Poder Judicial una primera reunión informativa sobre los cambios que se preparan para esa institución.
También quería preguntarle si cree usted que sería lógico que el Consejo tuviera la "mosca detrás de la oreja" ante estos proyectos y que viera en esta redefinición de sus competencias una reducción, en definitiva, de su peso institucional.
En segundo término, hay un pleno del propio Consejo la semana que viene, en el que lo anunciado es que hay el propósito de elegir a un nuevo presidente del Tribunal Supremo. Usted nos ha explicado muy bien el procedimiento. ¿Cree usted que debería ya procederse, a pesar de que queda un año corto, un año y unos meses, vaya, de mandato, o que esta situación provisional en la que ha quedado el Consejo no importa mucho que se prolongue?
Sr. Rúiz-Gallardón.- En primer lugar, el Consejo General del Poder Judicial tiene un trámite preceptivo, establecido en nuestra legislación; luego, por lo tanto, no es opcional. Nosotros podemos consultar el proyecto con muchos actores judiciales, desde representantes de la Fiscalía, de los abogados o los procuradores…, con cualquiera de ellos; pero con el Consejo, no es que podamos hacerlo, es que tenemos obligación de hacerlo. Es decir, tenemos obligación de enviar a informe del Consejo el Anteproyecto antes de convertirlo en Proyecto de Ley. No puedo, por lo tanto, yo remitir un proyecto a las Cortes Generales sin que esté previamente informado. Y lo mismo ocurre con el Consejo de Estado.
Por lo tanto, la respuesta a su pregunta es: naturalmente que sí. No solamente al Consejo General del Poder Judicial, sino al Consejo de Estado. Los dos organismos serán consultados antes de que este estudio se convierta, definitivamente, en un Proyecto de Ley que remitamos a las Cortes.
En segundo lugar, la reforma no varía ninguna de las competencias del Consejo General del Poder Judicial, ninguna. Las competencias están establecidas en nuestra Constitución, se respetan y se fortalecen. Es verdad que se establece una estructura distinta en cuanto al ejercicio de las mismas; es verdad que se garantiza, por ejemplo, en toda la tramitación de expedientes disciplinarios un modelo mucho más moderno, mucho más avanzado y mucho más garantista, pero no se hurta la decisión, que, por supuesto, sigue siendo una decisión, en cuanto a nombramientos o en cuanto a facultad sancionadora, exclusiva del Consejo General del Poder Judicial.
Lo que sí se regulan, como hemos hecho en todas las áreas, son las actividades. En esas otras actividades que son competencia de otros organismos del Estado lo que se hace es enlazar. Tampoco se impide que se realice, ni mucho menos, esa actividad pero, de la misma forma que las propias Cortes Generales, cuando hacen una actividad exterior, lógicamente, lo que hacen es coordinarla con quien lleva la política exterior, porque le corresponde constitucionalmente, lo mismo es lo que se establece directamente para el Consejo. Pero no hay una disminución de competencias de ninguna de las formas.
En relación con la tercera de sus preguntas, quería decirle que el Consejo General del Poder Judicial tiene un sistema que prevé perfectamente la sustitución en aquellos casos, como ha sido el presente, en que se produce una dimisión. Aunque yo sí he dicho que no me parecía que para el futuro debamos de establecer un sistema dual de Presidencias interinas del Consejo y del Tribunal Supremo, y que por eso creamos la figura del vicepresidente, yo creo que nosotros tenemos que respetar una competencia que es exclusiva de ellos, que es una competencia constitucional.
Son un órgano de gobierno de uno de los poderes del Estado. A ellos les corresponde, con una mayoría cualificada, la elección del presidente del Tribunal Supremo y, por lo tanto, está dentro de sus competencias. Y el Gobierno tiene un profundo respeto y ninguna voluntad de interferencia en la decisión que, en su caso, quieran adoptar los miembros del Consejo.
P.- Vicepresidenta, quería saber si en el informe que ha presentado hoy el ministro Montoro hay una cuantificación del coste de qué ahorro puede suponer esta reforma de la Administración Local.
En segundo lugar, quería retomar una pregunta anterior y saber, aunque sé que han aprobado el Anteproyecto de Lucha contra el Fraude, si el Gobierno estudia rebajar el coste de las prestaciones por desempleo.
En último lugar, con la tensión que se ha vuelto a producir en los mercados, quería saber si el Gobierno considera que el Banco Central Europeo debería colaborar más.
Vicepresidenta.- La presentación del Anteproyecto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las, en este caso, Administraciones Locales llevará la correspondiente memoria económica y ahí se hará expresa relación de aquellas entidades que desaparecen y de aquellas otras cuya gestión vaya a ser reorganizada, con una especial referencia al impacto económico que sobre su financiación va a suponer. O sea que, cuando sea aprobado ese Anteproyecto de Ley, que ya está siendo analizado en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, les haremos indicación de todas estas circunstancias.
Sobre su segunda pregunta, le contesto como antes: en lo que está trabajando ahora el Gobierno es en medidas de lucha contra el fraude para evitar esas circunstancias. Las medidas del Consejo de Ministros se presentan cuando se adoptan y, desde luego, la medida que hemos adoptado es a la que yo hacía referencia hace un momento.
En relación con la tensión de los mercados, yo creo que tenemos que fijarnos todos en el horizonte: en el acuerdo que se aprobó en el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno, donde se marca una línea de actuación a corto, a medio y a largo plazo. Ésos son los acuerdos de los que dirigen los destinos de la Unión Europea para que en los distintos ámbitos de actuación, en ese distinto espacio temporal, se pongan en marcha, porque es la forma de lograr la estabilidad del euro, que es la estabilidad de todos, cada uno en su ámbito y en su conjunto.
P.- Vicepresidenta, en sus últimas declaraciones en FAES, y también las del presidente del Gobierno en la Junta Directiva del lunes en Sevilla, se ha insistido mucho en pedir más esfuerzo a las Comunidades Autónomas. Esta semana, seguramente, creo, hay un Consejo de Política Fiscal y Financiera y quería saber si se va a plantear alguna exigencia más a las Comunidades en este Consejo; si hay alguna previsión.
En el plano más estrictamente político, en el terreno más competencial, quería preguntarle si el Gobierno tiene alguna previsión, algún informe o algún documento para reorganizar algunas competencias autonómicas. Usted habló ayer de la unidad de mercado y de que se iba hacer alguna cosa.
Para rematar el tema, han pasado seis meses desde la toma de posesión del presidente del Gobierno. El 20-N dijo que quería contar con los presidentes autonómicos. ¿Está prevista para antes del verano, o inmediatamente después, la Conferencia de Presidentes?
Vicepresidenta.- Sobre los esfuerzos de las Comunidades Autónomas, como bien conoce, las Comunidades Autónomas, en el ámbito de los recursos públicos que gestionan, constituye, digamos, de la tarta la parte más importante de recursos públicos, con unas estructuras administrativas amplias.
Yo creo que en el anterior Consejo de Política Fiscal y Financiera se sentaron las bases para el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con la presentación de unos planes de ajuste que permitieron, por otro lado, poner en marcha y ejecutar el Plan de Pago a proveedores, que ha inyectado a la economía ni más ni menos que 27.000 millones de euros.
Pero entendemos que hay determinados ámbitos, y especialmente los que afectan a la propia racionalización administrativa, en los que debe darse un impulso a distintos grupos de trabajo, a distintas técnicas de trabajo, que se están llevando a cabo en el seno de los grupos técnicos que forman parte de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, para acelerar algunas cuestiones que permitan a las Comunidades Autónomas cumplir mejor con su estrategia de consolidación fiscal y de cumplimiento de los objetivos de déficit.
Desde luego, en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tendrá lugar el jueves, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas pedirá mayores esfuerzos en este punto y acelerar la adopción de algunas medidas que son imprescindibles para cumplir los objetivos marcados.
Por su parte, y en cuanto a la reorganización competencial, como decía hace un momento, la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales supondrá una fase importante en esa racionalización y en esa manera de evitar duplicar competencias. En el ámbito de las Administraciones Locales se llevan a cabo o se ejercen competencias que no son, sin embargo, competencias que legalmente tuvieran atribuidas; son competencias, como llaman ellos mismos, impropias, que no tienen de una financiación estable y adecuada, algunas de las cuales son competencias de las Comunidades Autónomas que se venían conveniando pero que hay momentos en los que no hay recursos para aportar la parte correspondiente por ambas Administraciones; por lo que la primera medida para reordenar competencias en esos escalones autonómico y local será esa Ley, que pondrá claridad en lo que pueden y deben hacer las Administraciones Locales y la financiación necesaria para esos servicios.
Segundo punto, en materia de unidad de mercado aquí hay reordenación competencial, pero ha de verse, fundamentalmente, desde el punto de vista del ciudadano en todos los ámbitos: del ciudadano profesional que quiere trabajar a nivel nacional; del empresario que tiene centros de trabajo en distintos ámbitos o del transportista que se mueve con su camión por todo el territorio nacional y que se ve sometido a, primero, una pluralidad de normas, no siempre coincidentes entre sí, pues son diferentes normas sobre calidad medioambiental, sobre seguridad industrial… Normas sobre el transporte muy específicas y diferentes en cada Comunidad Autónoma, que tendremos que trabajar en las distintas Conferencias Sectoriales para ir ordenando y acercarnos.
Un segundo elemento importante es en lo que afecta, más allá de la simplificación regulatoria, a la simplificación de procedimientos y al reconocimiento mutuo de licencias y autorizaciones entre distintas Administraciones. El ejemplo es muy claro: es la Unión Europea. Del mismo modo que en la construcción del mercado único en la Unión Europea los Estados se reconocen entre sí títulos, autorizaciones y licencias, en España tendremos que construir, curiosamente, ese mismo camino y es que un reconocimiento, una licencia o una autorización de una Administración para llevar a cabo una actividad, que se supone que se ha hecho de acuerdo con la normativa y con todas las garantías, pueda ser reconocida por todas las demás para evitar al ciudadano el peregrinaje entre distintas Administraciones.
Y en el pórtico de todo ello, una ley que permita que los ciudadanos puedan reclamar la debida asistencia a la solución de los conflictos que pueden surgir como consecuencia de las distintas normativas y de los problemas de seguridad jurídica e ineficiencia que ello genera.
La Conferencia de Presidentes. El presidente del Gobierno, en primer lugar, comparecerá el 11 de julio ante el Congreso de los Diputados para abordar, no sólo los resultados del Consejo Europeo del pasado fin de semana, del pasado viernes, sino también la política económica del Gobierno. Después, se llevará a cabo el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y, a la vista de la posición de las distintas Administraciones, se irá marcando el calendario.
P.- Vicepresidenta, antes, en una respuesta, ha recordado que el Gobierno presentó hace un par de meses el Plan Nacional de Reformas a Bruselas y ha dicho que el Gobierno se ciñe a ese Plan. Pero quiero recordar que la Comisión Europea, cuando analizó ese Plan, dijo que, con esos números sobre la mesa, España no iba a cumplir el objetivo de déficit. La Comisión dijo que iba a cumplir, con esas reformas previstas, el 6,4 por 100, lejos del 5,3 por 100, y ha pedido a España un plan plurianual 2013-2014, y, según el documento, ese plan se tiene que presentar antes de finales de julio, literalmente. Entonces, no sé si me quiere decir si en ese plan el Gobierno va a subir el IVA o si va a anular la desgravación de vivienda. Ésas son las recomendaciones de Bruselas.
Lo que quiero preguntarle es si el Gobierno realmente lo va a presentar, porque quedan tres semanas.
Vicepresidenta.- Yo la semana pasada hacía referencia al iter temporal que tiene este Gobierno: en primer lugar, hay que presentar un techo de gasto en cumplimiento de la norma de Estabilidad Presupuestaria; un techo de gasto que permitirá conocer, por primera vez también, el techo al que tienen que someterse las Comunidades Autónomas, que es un elemento importante de consolidación fiscal. De acuerdo con ese techo de gasto, se procederá a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, que contendrán las medidas necesarias para cumplir los objetivos de déficit el año próximo.
Pero, yendo mucho más allá, este Gobierno asumió el compromiso de presentar un Plan Económico Financiero, al que yo he hecho referencia en anteriores comparecencias en esta rueda de prensa, donde se establecerá el marco de reformas y la senda necesaria para cumplir esos objetivos, no sólo en un año, sino en 2012, en 2013 y con perspectivas para 2014, tal y como nos han pedido nuestros socios europeos.
En ese Plan Económico Financiero se analizarán las recomendaciones, no sólo en el momento de la presentación del Plan Nacional de Reformas, sino, además, aquellas que vienen exigidas como consecuencia del acuerdo de la semana pasada, del acuerdo de 28 y 29 de junio, donde se establecían normas relativas a la mayor unión fiscal y financiera en el ámbito bancario, que España, si desea formar parte, como desea hacerlo, del euro y con plenos poderes, desde luego, analiza para su incorporación a su programa.
P.- Un par de preguntas dirigidas a la Vicepresidenta. El otro día en Bruselas celebrábamos, y el Gobierno celebraba, que la Unión Europea y el Consejo aprobaran poner en marcha todos los mecanismos de estabilidad financiera necesarios. ¿Se siente defraudado el Gobierno? ¿Qué está pasando? Hoy la prima supera el 7 por 100. ¿Qué acciones está haciendo el Gobierno en este sentido?
Por otro lado, ante el próximo Consejo de Ministros en el que, por lo menos, se filtra y se indica que puede ser un "viernes 13 de dolores", no nos puede decir si se van a rebajar o no las prestaciones por desempleo, pero está habiendo muchas filtraciones. ¿Qué está estudiando el Gobierno? ¿Nos puede decir si el ajuste va a venir por el lado de los ciudadanos o por el lado de recortes y ahorro en el sector público?
Vicepresidenta.- Sobre acciones, este Gobierno, con los resultados y con los compromisos del acuerdo del pasado fin de semana, en lo que está trabajando en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito del grupo, es para el cumplimiento en sus propios términos de ese acuerdo y de los mecanismos que están allí previstos.
Como digo, en esto de los mercados uno tiene que tener la cabeza fría, tanto cuando es viernes después de un Consejo, como cuando es viernes después de un momento en que no lo ha habido, y mirarlo todo desde el horizonte desde las dificultades que tienen muchas veces la gobernanza europea y la puesta en marcha de medidas que exigen, además, transitar por los Parlamentos o distintas medidas dentro de los Estados miembros.
Sobre las filtraciones, yo no puedo… Si me lo permite, por ser viernes, no haría otra cosa si contestara a todo lo que sale. Yo lo que le puedo decir es que este Gobierno adopta medidas y las anuncia cuando están bien estudiadas, cuando están bien cuantificadas y responden a una política económica seria y coherente, que es para lo que trabajamos.
Yo leo muchísimas cosas y algunos deben de estar mejor informados que yo, porque es la primera noticia. Pero yo, como comprenderá, informo sobre lo que se adopta. Sobre lo que se comenta no puedo informar, porque desconozco muchas veces el origen.
P.- Para el ministro. Me ha parecido entender que el Gobierno, que teóricamente quería que esas doce personas fueran elegidas directamente por los jueces… ¿Renuncia a ello o va a la negociación sin una posición, porque éste era el punto de fricción más importante con el PSOE? Entonces, ¿el Gobierno ya no exige eso, no lo tiene como planteamiento principal?
A la Vicepresidenta. Muchos compañeros han dicho que hoy era un día muy difícil y está claro que usted no nos va a contar lo que van a hacer la próxima semana; pero sí el presidente Monti hoy ya ha anunciado recortes muy duros. Le quería preguntar si esos recortes o esas reformas, que todo el mundo da por hechos, creen ustedes que van a calmar definitivamente a los mercados, dado que la Cumbre no les ha calmado.
Quería preguntar también sobre el asunto de Bankia. Evidentemente, con el respeto que todo Gobierno debe tener a la Justicia, yo quería preguntar, desde el punto de vista político, si, teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno fue quien eligió a Rodrigo Rato al frente de Bankia, cree que el Gobierno debería dar alguna explicación y si deberían ir los banqueros al Congreso, como está sucediendo, por ejemplo, en el Reino Unido. ¿Va a pasar algo con esto?
Por último, le pido una explicación sobre algo en lo que llevamos cinco días intentando lograr una explicación y no lo hemos conseguido. ¿Cree usted que, como pide el PSOE, la ministra de Trabajo debería dimitir por difundir una información confidencial del principal partido de la oposición?
Sr. Ruíz-Gallardón.- El Gobierno, como les he dicho antes, considera que es extraordinariamente importante, en general siempre, por ser Poder Judicial, en las circunstancias vigentes, por los acontecimientos ocurridos en el Consejo, el máximo acuerdo y el máximo apoyo parlamentario.
El Gobierno inicia esa negociación con todos los asuntos relativos al Consejo estudiados y con criterios, que nacen fundamentalmente de esa Comisión de Expertos; pero el Gobierno, como a toda negociación, que no pretende ser, de ninguna de las maneras, un pretexto, sino que busca conseguir un efecto, va con una postura dispuesta a tratar de estudiar y acordar todos y cada uno de los puntos relativos al Consejo, incluido también el sistema de elección de los vocales.
Vicepresidenta.- Sobre la primera de las preguntas, me citaba el caso italiano y hoy el líder de la República Italiana, Mario Monti, ha acordado un recorte de veintiséis mil millones, si yo no estoy mal informada, en tres años. Yo sólo quiero recordar que este Gobierno, sólo en el ámbito de la Administración General del Estado, llevó a cabo un recorte de veintisiete mil millones para los Presupuestos de 2012. Cada uno tiene su marco y su senda de reformas, y este Gobierno ha ido adoptando reformas desde el primer acuerdo del Consejo de Ministros, que recordarán bien, del 30 de diciembre, y sigue cumpliendo su plan.
Me pregunta usted sobre los mercados y creo que sobre eso hay que tener mucha prudencia. Uno ve que lo que un día no sirve, otro sirve, y a la inversa. Prudencia y un horizonte claro, porque aquí estamos hablando de la política económica del país y tiene que servir para generar confianza, por encima de las valoraciones que se hagan en momentos concretos.
Me habla usted de la elección del presidente de una entidad bancaria. Le recuerdo dos cosas: se exigen de acuerdo con los procedimientos estatutariamente previstos, y el presidente del Gobierno en aquella época no era Mariano Rajoy; era José Luís Rodríguez Zapatero.
Sobre el último asunto de la explicación, el Partido Socialista tiene en marcha un expediente de regulación de empleo, que parece ser que acabará con el despido de algunos de sus trabajadores. En este caso, el empresario, el Partido Socialista, ha decidido un proceso de reestructuración que le llevará a acometer un expediente de regulación de empleo, respecto del cual el Gobierno, como en todos los expedientes, vela por el cumplimiento de la legalidad y de los derechos de los trabajadores en las decisiones empresariales, que en este caso corresponden a un partido político que actúa como empresario. O sea que estamos ante un empresario, el Partido Socialista, que plantea un expediente de regulación de empleo para despedir o adoptar otro tipo de medidas respecto de sus trabajadores.
De ese expediente de regulación de empleo se han conocido en diversos medios de comunicación distintas informaciones, como de otros expedientes de regulación de empleo de numerosas empresas españolas de todos los ámbitos. De las grandes son de las que, lógicamente, se conocen y se publican datos relativos a despidos, suspensiones, prejubilaciones o reducciones de jornada; datos que se divulgan y datos que se publican, como en este caso.
Muchísimas gracias.