Vicepresidenta.- Buenos días. Los temas que ha visto hoy el Consejo de Ministros han tenido un perfil marcadamente económico, que el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, que nos acompaña, les explicará con más detalle en breve.
En concreto, el Consejo ha escuchado hoy, en primer lugar, el amplio informe que ha elevado el Vicepresidente sobre el Plan de Dinamización de la Economía e Impulso de la Productividad. La economía española está en un gran momento, con un crecimiento dos veces superior al de la Unión Europea; un gran ritmo de creación de empleo, que nos ha permitido en dos años generar más de 1.700.000 empleos o, dicho de otra manera, cada día 2.300 personas han encontrado un empleo; y un superávit por encima de un 1 por 100 del Producto Interior Bruto.
Precisamente porque nuestra economía crece de manera equilibrada y con unas cuentas saneadas, es momento de abordar las reformas que nos permitan seguir creciendo también en el futuro como venimos haciendo. Como recordarán, el Vicepresidente económico propuso hace un año, y nos propone hoy de nuevo, un tratamiento preventivo que evite las dos amenazas más importantes, digamos, de nuestra economía: la tensión inflacionista y la falta de productividad. Evitándolas podremos garantizar la financiación sostenible de las políticas sociales del Gobierno.
También hace poco más de un año anunciamos más de doscientas medidas para ayudar a la economía española a ajustar algunas disfunciones. Se llamó Plan de Dinamización. Pues bien, hoy podemos anunciar que más del 85 por 100 de estas medidas están ya en marcha.
Además, el Gobierno ha sentado hoy las bases para la implantación de nuevas reformas que permitirán a España lograr el objetivo de igualar su renta per cápita a la del resto de nuestros socios europeos. Este Plan de Dinamización es una parte esencial del Programa Nacional de Reformas que, como saben, ha sido valorado de forma muy positiva por Bruselas en el último Consejo Europeo.
Sé que el Vicepresidente, de natural discreto, no va a evaluar las actuaciones del Gobierno en materia económica, pero yo sí voy a permitirme la licencia de calificarlas con un notable alto.
En segundo lugar, hemos dado luz verde a un Acuerdo por el que se aprueba una revisión para el período 2005-2011 de la planificación de los sectores de la electricidad y el gas. Se trata de una actualización y modernización de las previsiones para estos sectores energéticos en el período indicado, que nada tiene que ver con los movimientos que el sector está teniendo en los últimos meses. Lo principal de esta revisión radica en que las nuevas previsiones establecen que el consumo de energía primaria crecerá, como media, un 2 por 100 entre 2005 y 2011. Asimismo, se detecta una ralentización e, incluso, un descenso del consumo energético, después de un continuado incremento desde 1990 a 2004.
Pero quizá la noticia esté en que el Plan da mayor peso a las energías más respetuosas con el medio ambiente. La estructura de abastecimiento se modifica para dar un protagonismo al gas natural y a las energías renovables, que serán un 12,5 por 100 del total en el año 2011, disminuyendo la dependencia del carbón, del petróleo y de la energía nuclear. En el sector eléctrico, en particular, se prevé un aumento de la demanda, que supondrá en 2011 un 18 por 100 más que en 2005. El incremento será cubierto, en buena parte, por una importante integración de la energía eólica en el sistema energético español.
El Plan establece también las previsiones en materia de hidrocarburos y la mejora de las infraestructuras, incluyendo nuevas previsiones para almacenamiento de reservas. Se han replanificado, por tanto, importantes inversiones en infraestructuras para ajustar las viejas y las nuevas previsiones.
También hemos aprobado el Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Cuencas Mineras para el período 2006-2012. Se trata de un Plan muy importante y yo diría que decisivo en la reactivación y estabilidad futura de nuestra minería y de nuestros mineros. Es un plan que ha sido acordado con los representantes sindicales y empresarios de los territorios afectados: Asturias, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña.
El nuevo Plan, además de cumplir con el reglamento comunitario de ayudas en la materia, garantiza la estabilidad futura del sector a medio plazo, reajusta la capacidad productiva del mismo sector y atiende a los aspectos laborales y sociales, suponiendo un esfuerzo presupuestario notable para impulsar la diversificación económica de las comarcas mineras. El Plan supone una inversión de nada más y nada menos 8.255 millones de euros, que se distribuyen entre las ayudas directas a la minería, que son el 60 por 100 del total, y actividades de reactivación de las cuencas mineras, que suponen el 35 por 100 restante.
Quiero señalar que el Gobierno ha puesto precisamente el acento en el intenso programa de reactivación de las comarcas mineras con la finalidad de impulsar en estos territorios economías y políticas distintas a la de la minería del carbón; es decir, actividades que tengan garantizado un futuro permanente y estable y que con ese futuro de actividades nuevas y diferentes den también estabilidad a los trabajadores y a las empresas del sector. No obstante, se prevé la reducción de la producción en casi un 24 por 100 y una inversión de 4.500 millones de euros para ayudar a la producción de estas empresas mineras con déficit.
Habrá también reducciones de plantilla, pero no serán traumáticas. Se incentivarán las prejubilaciones y las bajas voluntarias, a las que se dedicarán casi 2.000 millones de euros. En lo que a la reestructuración de plantilla se refiere, podemos hacer una comparativa con el Plan anterior, que destinaba 198.000 euros para reactivación económica por cada empleo perdido, y el que aprobamos hoy destina casi 900.000 euros, es decir, cuatro veces y media más.
El Plan también hace un esfuerzo especial en la construcción de infraestructuras, como les decía; en el apoyo a iniciativas empresariales generadoras de empleo y en la formación. Sólo en estos tres aspectos el Gobierno invierte 2.880 millones de euros.
Estas cifras constatan, sin duda, el compromiso del Gobierno con la minería y con nuestros mineros. Es un Plan que pone de manifiesto la solidaridad, la generosidad y prevé el coste humano y social de la reestructuración de un sector que es necesario llevar a cabo. El último aspecto que me gustaría reseñar es que el Plan es generoso de manera global, pero también solidario cuando nos fijamos en las dotaciones previstas para cada uno de los territorios de España que están afectados.
En cuarto lugar, el Gobierno ha aprobado la prórroga para el año 2006 del Programa de Renta Activa de Inserción para Desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo. Como ustedes saben, existen colectivos en nuestro país que, por su delicada situación económica o personal, precisan de una protección específica por parte de las instituciones del Estado. Nos referimos a personas en paro que son mayores de 45 años y llevan largo tiempo sin trabajo, a emigrantes retornados, a personas con discapacidad o a las víctimas de la violencia de género. Para el año 2006 la cuantía de la renta es de 383 euros por once meses y se beneficiarán de ella 65.000 personas. El total de la inversión alcanza a los 300 millones de euros.
Por lo tanto, vamos a mantener este año estas políticas y vamos a mantener de forma muy especial la ayuda a las mujeres, muy particularmente a las víctimas de la violencia de género. Para que tengan un punto de referencia, el año pasado tres cuartas partes de las ayudas en Renta Activa de Reinserción fueron para mujeres y 7.500, para víctimas de la violencia de género, que se han beneficiado de ella por primera vez.
En quinto lugar, el Gobierno ha aprobado también hoy una muy importante iniciativa en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. Se trata del Anteproyecto de Ley de comercialización a distancia de los servicios financieros destinados a los consumidores. Si la semana pasada recordarán que hablábamos de un Proyecto de Ley de mejora de la protección de los consumidores, hoy ahondamos en la línea de proteger a los ciudadanos ante posibles abusos, en este caso, cuando hacen sus operaciones financieras a distancia, a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra vía no presencial. El desarrollo y la modernización de las redes de telecomunicaciones y su incorporación a nuestra vida hacen necesaria una regulación específica que proteja al ciudadano.
El Anteproyecto de Ley incorpora la obligación, para quien preste el servicio, de informar rigurosamente y también para que el cliente pueda rescindir su contrato si lo estima oportuno y sin coste o paralización alguna fijando un plazo, es decir, que esto se haya de realizar en el plazo de dos semanas. También se ofrecen garantías para la protección contra el uso fraudulento de las tarjetas de pago, así como contra servicios no solicitados.
Estos derechos son derechos vinculantes e imperativos o, lo que es lo mismo, el consumidor no puede renunciar a ellos, lo que sin duda es una garantía más contra el fraude. Se establece también un derecho de reclamación judicial y acompaña al Anteproyecto de Ley un régimen sancionador. No obstante, el Vicepresidente les podrá dar más detalles sobre este importante Anteproyecto de Ley.
Quienes hacen, en definitiva, operaciones financieras por Internet o por teléfono estarán ahora mejor informados, podrán darse de baja del servicio sin tener que dar ninguna explicación y sin, desde luego, ser penalizados por ello. Y quienes ofrecen los servicios tendrán que atenerse a unas sanciones proporcionadas en el caso de que haya algún incumplimiento. En suma, más protección, más seguridad y más garantías para los ciudadanos.
Como saben, también es habitual que incluyamos en prácticamente todos los Consejos de Ministros alguna decisión en relación con la sequía y este Consejo no ha sido una excepción. Hemos acordado trasvasar para consumo humano 38,5 hectómetros cúbicos desde la cuenca del Tajo a la del Segura durante los próximos tres meses, lo que garantizará plenamente el abastecimiento a todas las poblaciones de Alicante, Murcia y Almería, a las que da servicio la Mancomunidad de los Canales de los Taibilla.
Esta decisión se ha tomado con los mismos criterios de prudencia que han presidido otras decisiones en esta materia desde que los embalses de la cabecera del Tajo se encuentran en situación crítica a causa de la gravísima sequía padecida durante el anterior año hidráulico. Una vez más hemos tenido en cuenta el equilibrio entre los territorios de España y tomamos siempre las decisiones con la solidaridad como referencia. Siempre hemos dicho que las decisiones en esta materia de agua son difíciles, pero en un año hidrológico seco como en el que estamos es imprescindible tomarlas con firmeza y teniendo siempre en cuenta el interés de todos los ciudadanos vivan donde vivan.
Hemos aprobado también otra serie de medidas relacionadas con el medio ambiente: en primer lugar, un acuerdo para regular el régimen de comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero; en segundo lugar, un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente, que aporta 836.000 euros, y el INIA para la investigación de suelos forestales; un tercer acuerdo para el desarrollo rural sostenible de zonas de montaña en el Principado de Asturias y, por último, un acuerdo que permitirá investigaciones específicas de control de plagas por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
El Consejo ha aprobado también tres acuerdos por los que se autorizan obras de construcción del acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. En total, son 30,4 kilómetros de acceso con una inversión total de cerca de trescientos millones de euros. Como saben, es raro que también el Consejo de Ministros no apruebe alguna decisión para el avance de la Alta Velocidad en España.
En octavo lugar, hemos adoptado una decisión que viene a reforzar la seguridad en el trabajo de nuestros sectores, en este caso de un sector especialmente vulnerable, que es el de los trabajadores que están en contacto con el amianto, que ha demostrado tener efectos nocivos para la salud y que se está retirando, como ustedes ya saben, progresivamente en los sectores de la construcción y naval, fundamentalmente. Es un Real Decreto en el que se establecen condiciones mínimas de salud y de seguridad. Se establece, además, un único registro para las empresas con este riesgo, por lo que no habrá necesidad de registrarse en todas las Comunidades Autónomas en que se trabaje.
Por último, quería señalarles que el Gobierno ha aprobado también el Real Decreto de Servicios Mínimos motivado por la huelga que está anunciada por los sindicatos de Radiotelevisión Española y que ha sido convocada para el próximo día 5. Confiamos en la responsabilidad de los trabajadores, como siempre, para hacer posible, a través del equilibrio, junto a su derecho fundamental, su derecho constitucional a la huelga, el respeto al servicio público esencial.
Vicepresidente.- No voy a hacer ningún comentario sobre el Anteproyecto de Ley sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. La Vicepresidenta ya ha hecho una pequeña presentación. Si hace falta después algún comentario adicional, encantado les daré respuesta.
Hace un año el Gobierno presentó el Plan de Dinamización y de Aumento de la Productividad. Era un programa de actuaciones económicas para toda la Legislatura con el objetivo de conseguir que la economía española sea más competitiva y, de esa forma, garantizar nuestro crecimiento futuro. Hoy, un año después de esa presentación, lo que hemos hecho es analizar cuáles son los resultados y tener un primer balance sobre los cumplimientos y las necesidades de corregir y profundizar en algunos elementos de aplicación del Plan.
Son medidas, lo dijimos desde el primer momento, cuyos efectos no son inmediatos; son a medio plazo, pero nos permitirán terminar la Legislatura con una economía más abierta, más competitiva, más transparente y más dinámica que lo que era cuando la empezamos. Todas estas medidas de reforma económica nos van a permitir consolidar los buenos resultados alcanzados en los dos primeros años de la Legislatura y afrontar los retos futuros.
En cuanto a la situación económica actual, los datos son conocidos y voy a ir muy rápido porque se han repetido ya muchas veces. En 2005 hubo una tasa de crecimiento del 3,4 por 100, superando ampliamente el crecimiento de las regiones de la zona euro. No sólo el Gobierno, sino también las principales instituciones en el plano económico y financiero, han opinado que la economía española seguirá registrando tasas de crecimiento superiores al 3 por 100 en el año 2006.
El buen comportamiento de la economía va acompañado con un buen comportamiento en cuanto a la creación de empleo. El resultado es que la tasa de paro se ha reducido al 8,7 por 100, de acuerdo con la EPA para el cuarto trimestre del año 2005, y éste es un nivel desconocido en la economía española desde los fines de la década de los 70.
Por otra parte, y éste es un dato importante cara al futuro, la inversión de capital fijo se ha acelerado notablemente en los últimos meses, registrando tasas de crecimiento cercanas al 10 por 100.
Un elemento que siempre me gusta destacar es nuestro compromiso con la estabilidad presupuestaria, que se mantiene firme, y el ejemplo más claro de ese compromiso es el superávit del 1,1 por 100 del conjunto de las Administraciones Públicas logrado en el año 2005. Esto nos permite, además, compatibilizarlo con un aumento de determinadas partidas presupuestarias de gasto productivo y social, que consideramos esenciales para favorecer un patrón de crecimiento saneado a medio y largo plazo.
Último dato: en estos momentos la ratio de deuda pública/PIB se encuentra en el 43 por 100, que deberíamos compararlo con la media de la Unión Europa, que está en el 71 por 100.
¿Cómo ha funcionado la política económica del Gobierno, que diseña la política económica que pusimos en marcha? La evolución económica, que es positiva para la inversión y para las finanzas públicas, evidentemente se basa en una estrategia de política económica que se fundamenta desde el principio, tal y como se describía en el Plan de Dinamización, en torno a una serie de ejes: diálogo social, para intentar avanzar en un compromiso con los agentes económicos, con la estabilidad macroeconómica y bajos niveles de inflación, y es verdad que todavía esperamos frutos adicionales a los derivados de los acuerdos sindicales respecto a evolución de salarios; en segundo lugar, estabilidad presupuestaria y reforma fiscal, temas que se están cumpliendo en estabilidad presupuestaria y en reforma fiscal ya se han presentado los elementos de la reforma en el Proyecto de Ley en el Parlamento; Plan de Fomento Empresarial, que se aprobó en su día, y Plan de Dinamización y Fomento de la Productividad, que se presentó en febrero del año pasado.
Básicamente, el Plan de Dinamización y Fomento de la Productividad se centraba en los mercados de bienes y servicios y en los temas regulatorios, como ahora veremos, pero en su planteamiento inicial el Plan de Dinamización y sus elementos de acompañamiento nos permitían una política económica basada en la previsibilidad de la acción pública en materia económica. No hay improvisación, otorgamos más certidumbre a los operadores económicos porque saben exactamente lo que vamos a hacer, pues está todo escrito en un papel con plazos y con compromisos definidos. En segundo lugar, esta forma de presentar las cosas nos permitía también mejorar la efectividad y eficiencia de las medidas; es decir, lo que pretendemos es primar la eficacia a largo plazo más allá de una presentación efectista de planes que no se sabe muy bien cuándo empiezan y cuándo terminan. Y, por último, el sistema que hemos puesto en marcha, como ahora verán, nos va a permitir un mecanismo de transparencia y control muy claro.
Ustedes se preguntarán cómo se interrelaciona el Plan de Dinamización y el Plan de Reformas. Sin duda alguna, el Plan de Dinamización fue un precedente del Consejo de Primavera de marzo del año 2005, que en el contexto de la Agenda de Lisboa da el mandato a los países miembros de que pongan en marcha Planes Nacionales de Reforma. Podemos decir que el Plan de Dinamización era un precedente en los Planes Nacionales de Reforma o el paquete que se presenta con el Plan de Dinamización.
El Plan de Reforma lo presentamos en su momento en torno a siete ejes prioritarios. Algunos de ellos corresponden a los elementos que viene incluido en el Plan de Dinamización o venían acompañando el Plan de Dinamización, especialmente la estabilidad presupuestaria y especialmente los temas del mercado de trabajo o el Plan de Fomento Empresarial; pero también hay un punto clave que es el tema de más competencia y mejor regulación que es, sin duda alguna, donde se encaja hoy y se va a encajar en el futuro el Plan de Dinamización.
En su momento dijimos que el Plan de Dinamización --lo recordarán ustedes-- tenía 224 medidas, de las cuales cien se ponían en marcha en su momento, con sus calendarios y sus centros responsables para permitir el seguimiento del grado de cumplimiento. Ha expirado el plazo de 203 medidas y lo que vemos es que se han aprobado más del 85 por 100 y que el resto se encuentra en avanzado estado de tramitación.
El Plan ha supuesto la aprobación de un Real Decreto-Ley, cuatro Leyes, 27 Reales Decretos, 13 Órdenes Ministeriales, 12 Proyectos de Ley y 8 Anteproyectos de Ley. Básicamente afectan a defensa de la competencia, a telecomunicaciones y audiovisual; energía; medio ambiente; mercado de bienes y servicios; transportes; servicio postal; distribución comercial; sector exterior; turismo; viviendas de alquiler y servicios profesionales sujetos a arancel. Y en el mercado de los factores, la mejora en la educación; la modernización del sistema financiero; las medidas que se adoptan en el marco de I+D+i; la calidad y mayor eficiencia en el gasto público, tanto en las infraestructuras como en la sanidad; y la modificación del marco regulador, tanto en la acción pública, como en la información y en la contratación.
El resumen de todo lo que se ha hecho en este período es bastante impresionante. Sin embargo, como nuestro objetivo no es sólo que se cumplan las grandes normas, sino que se cumpla cada uno de los compromisos, tienen ustedes disponible en la web del Ministerio un cuadro en el que vienen las doscientas y pico medidas que en su momento se plantearon y, evidentemente, viene en qué situación se encuentra cada una de ellas. No se las voy a leer porque nos aburriríamos todos mucho y tampoco se las voy a distribuir ahora, porque pueden acceder todos ustedes en la web del Ministerio a las mismas medidas cuando lo estimen pertinente.
¿Cómo vamos a funcionar en el futuro? Si bien seguimos comprometidos con nuestro compromiso de rendición de cuentas, creemos que es necesario racionalizar el proceso, teniendo en cuenta que tenemos ya en marcha, como los restantes países europeos, los Planes Nacionales de Reforma, que prevén también una doble evaluación: una evaluación periódicamente a realizar por el Gobierno, en concreto por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, y otra de carácter externo que se llevará a cabo por la Agencia para la Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios Públicos.
Cada año, además, vamos a ir a una actualización anual del Programa Nacional de Reformas, que se enviará a la Comisión en el tercer trimestre de cada año. Además, el compromiso de transparencia y condición de cuentas asumido en el Plan de Dinamización ha sido también trasladado a otras iniciativas puestas en marcha por el Gobierno, como son el Programa Avanza, el Programa Ingenio 2010, el Programa de Infraestructuras y el Plan de Fomento Empresarial. Por tanto, dado que las principales iniciativas del Plan de Dinamización vamos a verlas recogidas en el futuro en esa parte de mercado de servicios y regulación del Programa Nacional de Reformas, en el futuro las próximas revisiones y actualizaciones correspondientes al Programa se integrarán en ese procedimiento general.
A partir de ahí, la situación actual. ¿Qué retos tiene la economía española, y la Vicepresidenta ha ya hecho un comentario?
Inflación y déficit por cuenta corriente. Esta primera actualización del Plan de Revisión se enmarca en un escenario de elevadas tasas de crecimiento como consecuencia, sobre todo, del fuerte dinamismo de la demanda interna. Junto a este hecho, que explica el diferencial de crecimiento con las principales economías de la zona euro, en los últimos meses se ha producido un claro encarecimiento de los precios de los productos energéticos en los mercados internacionales. Estos dos factores, el precio de la energía y, digamos, la demanda interna, explican casi dos terceras partes del deterioro de los dos principales desequilibrios de nuestra economía: la inflación y el déficit corriente. Por otro lado, sigue siendo necesario corregir la persistencia de ciertas rigideces en el funcionamiento de algunos mercados que vendrán a explicar o que explicarían el tercio restante de la evolución de la inflación y del déficit corriente.
Por todo ello, hemos creído que era imprescindible profundizar en la estrategia, que no es distinta de la del año pasado, pero sí conviene insistir en algunos puntos y poner al día otros; como digo, profundizar en dicha estrategia con nuevas medidas que ayuden a corregir estos desequilibrios y minimizar los riesgos que se nos van a presentar en la futura coyuntura económica.
¿Cuáles son las prioridades de esta actualización del Plan? Muy rápidamente, se lo digo en grandes líneas y luego haré un corto comentario sobre cada uno de ellos. En primer lugar, entendemos que en la coyuntura actual, con independencia de la política monetaria del Banco Central, sigue siendo imprescindible que las Administraciones Públicas contribuyan a la moderación de las presiones de la demanda y, por tanto, a la estabilidad macroeconómica a través de un adecuado rigor presupuestario.
En segundo lugar, vamos a presentar de forma inminente un nuevo conjunto de medidas en el ámbito del mercado hipotecario. Queremos que su funcionamiento mejore, lo que es un objetivo claro para aumentar la capacidad de adaptación de las familias a la evolución de la nueva coyuntura.
En tercer lugar, seguiremos impulsando aquellos mercados más alejados de las situaciones competitivas, como es el mercado energético, en línea con el ambicioso conjunto de medidas que ya se han anunciado por parte del Ministro de Industria, Turismo y Comercio. Y, evidentemente, pretendemos también insistir en otro de los estrangulamientos fundamentales de nuestra economía, que es el uso eficiente del agua, que se convierte también en uno de nuestros objetivos prioritarios.
Por último, vamos a acelerar también algunas de las medidas que ya estaban incluidas en la anterior Plan con el funcionamiento más eficiente de los mercados, en especial en el caso del mercado ferroviario.
Política presupuestaria. Aquí hay un compromiso del Consejo de Ministros de hoy. Teniendo en cuenta que, como he dicho, el dinamismo de la demanda es el principal motor de crecimiento y de generación de empleo, pero también es el responsable, digámoslo entre comillas, del impulso que han experimentado nuestro diferencial de inflación y el déficit por cuenta corriente, es necesario que la Administración Central contribuya a la contención de las presiones de la demanda, resultando necesario reforzar el carácter estabilizador de la política fiscal. Por ello, desde este momento ya se asume el compromiso de mantener un crecimiento moderado del gasto público para los Presupuestos del año 2007, en línea con el crecimiento esperado del PIB nominal. De esta forma, tendremos la garantía de que 2007 será un año con nuevo superávit del Estado, tal y como hemos recogido en el Programa de Estabilidad presentado en la Unión Europea.
El segundo foco de atención lo constituirá un Proyecto de Ley que presentaremos en breve y que tiene por objeto reformar el mercado hipotecario para hacerlo más flexible y contribuir a la mayor protección de las familias, especialmente en un escenario de subidas moderadas --insisto, subidas moderadas-- de los tipos de interés, al mismo tiempo que se facilita la contribución de este mercado a resolver el problema de la dependencia. Hay tres paquetes de medidas: la primera afecta más a los ciudadanos, el segundo paquete afecta más a las instituciones financieras y el tercero tiene que ver con el problema de dependencia.
En el tema que afecta a los ciudadanos y que se dirige a la mayor protección de la familia lo que pretendemos es mejorar la capacidad de adaptación de los nuevos productos a las coyunturas adversas de tipos de interés. Esa subida moderada de tipos de interés a la que hacía referencia antes va a incidir en las familias y, por lo tanto, tenemos que darle unos márgenes de maniobra.
Márgenes de maniobra ¿de qué tipo? En primer lugar, mediante la obligatoriedad de establecer un sistema de transparencia más efectivo, a través de la revisión de los mecanismos actuales de información, que permita que los que toman un nuevo préstamo adapten su decisión con un adecuado conocimiento de los riesgos reales asociados a la financiación de las operaciones que se les plantean y, en particular, la carga de tipos de intereses de la deuda bajo los distintos escenarios de tipos de interés.
Dicho de otra forma, en el momento actual es muy habitual ir al banco y decir: "¿cuál es la hipoteca con tipo más bajo? ¿Ésta? Muy bien, me quedo con ésta y adelante". Evidentemente, el utilizador del banco no tiene que tener sólo el coste de la hipoteca de ese momento, sino tiene que tener la información de qué sucede si en vez de una hipoteca de tipo variable es una de tipo fijo, qué incidencia tiene eso a medio plazo o si hay elementos mixtos --y ahora me referiré-- o productos mixtos de tipo fijo y variable que le dan más tranquilidad. Es decir, todo ese tipo de elementos y, sobre todo, lo que significan unas subidas de tipos de interés, por ejemplo, de un cuarto de punto, de medio punto o de un punto en un escenario distinto al que normalmente se le presenta, para que, cuando alguien tome una hipoteca, lo haga con conocimiento de causa.
Al final, con todo esto, con la transparencia, lo que pretendemos es que en la elección que haga cada ciudadano de su producto financiero no se tome la decisión sólo con el precio del momento inicial, sino que sea consciente del recorrido que tiene una hipoteca y lo que ella implica.
En segundo lugar, se prevé una modificación de la regulación para fomentar la diversidad del tipo de préstamos ofertados al mercado. En particular, se trata del desarrollo de productos mixtos. Estos productos mixtos ¿qué son? Mezcla de fijo y variable. Lo que permiten es una mejor cobertura al riesgo de tipo de interés para las familias. Es decir, la mayoría de ustedes son muy jóvenes pero hace unos años los tipos eran siempre fijos y ahora son siempre variables. Como siempre, en el término medio está la virtud, sobre todo en situaciones de cambio.
Ésta es la idea. Los tipos medios, los tipos mixtos o los productos mixtos hoy ya existen; sin embargo, por una serie de problemas técnicos y relagulatorios se están utilizando menos que en el pasado. Eso lo que pretendemos, quitar el coste mayor que pueden suponer ciertas comisiones, algunos trámites de tipo legislativo o de tipo regulatorio que hacen que el sistema sea menos eficiente, de tal forma que el utilizador de la hipoteca pueda disponer, no sólo de un mejor conocimiento de las alternativas que tiene, sino de más productos para elegir.
Tercera idea, muy importante. Todo esto serviría para mucho para los nuevos utilizadores, pero no serviría para nada para los actuales si no avanzamos también en disminuir el coste de la constitución de hipotecas y de los cambios de hipotecas. Ésa es la razón por la que también estamos trabajando en la idea de definir con el Ministerio de Justicia la reducción de aranceles para las operaciones de cambio de hipoteca completando el actual marco de bonificaciones existentes. Ya existe una bonificación hecha por el anterior Gobierno, pero creemos que se puede ir más lejos.
El segundo conjunto de medidas es mucho más para las instituciones financieras y lo que pretende, sobre todo, es una mejor refinanciación de las mismas, pudiendo titulizar parte de las hipotecas que tienen; es decir, hacen un paquete con sus hipotecas, recurren al mercado, tienen recursos y disponen de más recursos para, en un contexto donde la financiación puede ser distinta del momento actual, tener una mayor posibilidad de actuación. Y, evidentemente, queremos reforzar la independencia de las sociedades de tasación para que sus evaluaciones sean lo más independientes posibles.
Ultimo tema, el tema de la dependencia. Hemos hablado muchas veces de él. La hipoteca inversa creemos que es un producto que tiene grandes posibilidades en el futuro, sobre todo pensando, en términos de envejecimiento y pensando en términos de que el gran endeudamiento que han hecho las familias españolas es para la compra de una vivienda. Es verdad que hemos aumentado el endeudamiento familiar, pero hemos aumentado también los activos propiedades de las familias y la idea es cómo alguien sin tener que vender su producto puede movilizarlo para obtener rendimientos adicionales en aquel período de su vida en el que tiene mayores caídas de ingresos o que tiene caídas de ingresos como consecuencia de su jubilación.
Éstas son las ideas fundamentales en el tema hipotecario, que me parecen importantes y que, digamos, mejoran claramente el sistema actual.
En el sector energético aquí vamos un poco más lejos de lo que ya había dicho el Ministro de Industria. Las ideas son conocidas, pero lo que hacemos es concretarlas un poco más. Es un conjunto de iniciativas que tienen como objeto aumentar la competencia y la eficiencia de mercados energéticos. Se recoge en el proyecto de la transposición de las Directivas comunitarias, que recientemente les explicó el Ministro de Industria, la adopción de numerosas medidas para garantizar la efectiva separación en vertical entre actividades reguladas con el objetivo de mejorar las condiciones de competencia y facilitar la entrada de nuevos operadores.
Además de esa separación de actividades verticales, es decir, distinguir cada una de las actuaciones, lo que vamos a plantear también es un abandono progresivo del régimen tarifario. Como ustedes saben, ahora hay energía en mercado libre y energía en tarifa. La energía en tarifa se define con criterios políticos y, por lo tanto, en estos momentos, dado el coste de la energía, más bien con una cierta intervención pública que permite que los precios no suban demasiado y, evidentemente, reservaremos esa posibilidad para los consumidores más vulnerables, que son, sobre todo, las familias. Pero en el resto de la actividad económica pensamos que es importante que los costes reflejen la evolución real del precio de la energía.
También vamos a poner especial énfasis en el diseño del marco de retribución de las actividades energéticas que incluyen las actividades de distribución y de garantía de potencia, que es la capacidad que las empresas ofrecen para generar energía, e ir en un sistema en el que mejoren la eficiencia y el suministro energético. Para ello, una de las ideas fundamentales es mejorar la contratación bilateral y a plazo de la energía aumentando la estabilidad de precios.
En estos momentos, como ustedes, los que hayan seguido el tema energético, saben, el precio se fija en cada momento en función del coste de la última unidad de producción que entra. Dicho de otra forma, es como si todo el petróleo que compramos en el país lo compráramos al precio "spot" cada día del mercado de Rotterdam o del mercado de Amsterdam, cosa que no tiene demasiado sentido. Ésa no es la realidad. Hay empresas que están trabajando todo el año, lo mismo que hay contratos de petróleo o de gas que vienen a lo largo de muchos años y, por lo tanto, los precios no tienen por qué reflejar el coste de cada día y tener una volatilidad excesiva.
Al mismo tiempo, planteamos también la idea, que se aplica en otros países, de subastas virtuales, que es poner una parte de la energía en el mercado y que se venda de acuerdo con el precio mejor en cada momento; también una serie de medidas para que exista mayor competencia entre mayoristas y evitar que, dada la concentración del sector que por la dimensión de las empresas necesariamente se produce en una actividad como ésta, ejerciten su poder de mercado influyendo en el precio; y, por último, terminar con un viejo tema que es el de los costes de transición a la competencia, o bien liquidándolo, o bien modificándolo en su caso. Evidentemente, éste es un tema que, en nuestra opinión, ya ha llegado el momento de darle cierre y, por lo tanto, resolverlo de forma definitiva.
Los temas siguientes están vinculados al ámbito de la gestión del agua. Decía antes que el agua es uno de los estrangulamientos del crecimiento en este país y es imprescindible prestarle especial atención. Se han hecho muchas cosas ya este año y basta ver las actuaciones que se han puesto en marcha. Hoy la Vicepresidenta no lo ha comentado, pero la Ministra de Medio Ambiente nos ha dado un listado de todas las depuradoras que están ya funcionando en el Mediterráneo, de las que están licitadas y entrarán en funcionamiento próximo y de las que se van a licitar.
Evidentemente, cuando uno ve que tenemos un problema por treinta y cinco hectómetros para trasvasar del Tajo a la zona de Levante y que, en el caso de muchas de estas depuradoras, con una sola depuradora son cantidades sustancialmente superiores a esta cantidad que trasvasamos ahora, nos damos cuenta de que resolviendo el problema del agua produciendo agua, como dicen los expertos ahora, nos garantizan que, con independencia de la evolución de los temas climatológicos, que siempre plantearán problemas, existan trasvases o no, lógicamente podamos disponer del recurso necesario para que siga funcionando la actividad normal de la sociedad.
Ahora lo que propone la Ministra de Medio Ambiente, y que nosotros apoyamos totalmente, es la creación de Bancos Públicos de Agua que permitan aprovechar de una forma eficiente los recursos hídricos disponibles, destinándolos a aquellos usos del agua que sean más productivos. Este proceso de reasignación se guiará con criterios de equidad y sostenibilidad medioambiental. Tenemos ya algún ejemplo interesante, y yo supongo que los que han seguido estos temas lo conocen, que es la venta de agua, por ejemplo, procedente del Tajo, de titulares de la Comunidad de Madrid y de Castilla a Mancha a otros utilizadores de otras zonas a cambio de un determinado precio.
Pero también se garantiza, no sólo el uso eficiente en los recursos hídricos, sino también la durabilidad y la calidad de los mismos. En este sentido, está previsto poner en marcha unas actuaciones, en mi opinión, cruciales a largo plazo; en primer lugar, la modificación de la legislación vigente en materia de aguas subterráneas, que es un tema fundamental para incrementar el control efectivo sobre el uso y calidad de las aguas subterráneas; control que hoy se produce, yo diría, de forma no eficiente, por no ser más duro en el calificativo. Evidentemente, éste es un punto básico, dado que muchas veces la extracción de esos recursos del subsuelo se hacen de forma, digamos, alegal. No diría ilegal, pero sí diría alegal y, en algunos casos, ilegal.
Esta reforma se verá acompañada de una revisión y reforma de la legislación sobre seguridad de las presas y otras infraestructuras hidráulicas, y el Ministerio de Medio Ambiente va a poner en marcha también un Plan Nacional de Calidad de Aguas para dar cumplimento a las Directivas comunitarias en materia de aguas, que es un tema mayor, pendiente desde hace muchos años, pero tema o proceso que, evidentemente, tendremos que consultar con las Comunidades Autónomas implicadas.
Mi último comentario es sobre el mercado ferroviario. Ya hemos avanzado bastante en la separación entre las infraestructuras y la operabilidad del mercado ferroviario pero, si queremos introducir competencia efectiva en el transporte ferroviario de mercancías sin amenazar su seguridad, es imprescindible que se adopten una serie de medidas. Por ello se va a poner en marcha inmediatamente una Orden Ministerial para la definición de los criterios y normas que regulan la homologación del personal ferroviario, de forma que se garantice la seguridad del sistema y la eficiencia en la previsión de estos servicios de transporte; un nuevo Reglamento de Seguridad que establezca indicadores comunes, al tiempo que se introducen criterios para la evolución de los sistemas de gestión y mecanismos de seguridad.
Un tema muy importante, que es complementario, pero para garantizar la competencia efectiva, es proceder ya a la separación definitiva de los activos de ADIF y RENFE. Ésta es una operación complicada, en la que ya llevamos trabajando un año. Como saben ustedes, RENFE era antes todo; era las infraestructuras, pero era también los trenes que circulaban y la explotación del sistema. Ahora tenemos las infraestructuras, como en el caso de las carreteras, que hay alguien que las construye y hay alguien que las utiliza. RENFE Operadora va a ser quien las utilice y va a competir en el mercado con otras empresas, y lógicamente, hay que evitarle la carga financiera que podía tener como consecuencia del sistema histórico en el que RENFE también construía, todo esto con la idea de buscar sistemas más eficientes y que puedan introducir algún régimen de competencia.
Por otra parte, se modificará también el régimen de ordenación y funcionamiento del Comité de Regulación Ferroviaria, garantizando su independencia y, en consecuencia, la eficacia de su labor supervisora. Detrás de esta perífrasis lo que hay es simplemente una idea muy simple y es que ponemos en marcha el regulador ferroviario. Eso es lo que pretendemos poner en marcha, empezar a trabajar, empezar a tener un sistema más eficiente, no cometer los errores que se han producido en otros países en términos de seguridad, pero aprovechar la experiencia de otros países en términos de competencia.
P.- Dos preguntas para la Vicepresidenta. Primero, como ayer el Presidente del Gobierno, en una entrevista, volvió a elogiar la contribución del señor Arnaldo Otegi a las esperanzas de paz que ahora tenemos todos, me gustaría saber si el Gobierno y el partido que lo sustenta están dispuestos a entablar con el señor Otegi un diálogo directo, formal, esta vez de carácter formal, aunque Batasuna continúe en la ilegalidad.
Segunda pregunta. De cara a la reunión que la próxima semana mantendrá el Presidente con el Lehendakari Ibarretxe, me gustaría saber si, a juicio del Gobierno, la búsqueda de una solución a lo que viene en llamarse el "conflicto político" del País Vasco pasa exclusivamente por una reforma del Estatuto de Gernika, del estilo de la que se ha puesto en marcha en Cataluña, o requiere un acuerdo político más ambicioso, como sostiene parte del PNV y la izquierda abertzale.
Vicepresidenta.- En absoluto en la primera. Creo que --el Presidente del Gobierno lo ha dicho y yo, también-- estamos en un proceso que es un proceso que va a ser largo. En estos momentos estamos en esa primera fase del proceso que supone, exclusivamente o fundamentalmente, trabajar por verificar que el alto el fuego permanente declarado por la banda terrorista va acompañado de hechos, es decir, que podemos decir y verificar que se trata de un alto el fuego definitivo, que hay un abandono definitivo de la violencia. Por tanto, en tanto eso no se produzca, no se va a dar ningún paso más. Cuestión distinta es que el Presidente del Gobierno pueda decir que hay muchas personas que están trabajando a favor de la paz, pero nada más. En estos momentos no hay absolutamente nada más.
En cuanto al segundo tema que usted me plantea, vuelvo a repetirle lo mismo: el conflicto político hay que solucionarlo en el ámbito político y en el ámbito político --lo ha dicho también en muchas ocasiones el Presidente del Gobierno-- lo que hay que procurar es el máximo consenso político entre todas las fuerzas políticas democráticas. En estos momentos estamos en la situación de que algunas fuerzas que fueron declaradas ilegales hagan ese proceso de transición a la legalidad, a la democracia, a actuar dentro de lo que son las reglas del juego establecidas en el ámbito democrático por nuestra Constitución y por nuestras normas.
Ése es el ámbito del juego político y eso todavía tampoco se ha producido. Es decir, es un ámbito político donde no tiene que haber violencia, donde no cabe la violencia, donde hay que rechazar cualquier tipo de violencia y hay que tener un compromiso claro y evidente, como tiene cualquier persona o cualquier organización que quiere jugar o que quiere desempeñar un papel en política, de aceptación de las reglas del juego y del respeto democrático.
Eso es lo que perseguimos, ése es el camino que hemos emprendido y queremos, de verdad, poder decir que ese camino es un camino ya firme y que, a partir de ahí, se abre la necesidad de llevar a cabo un consenso entre todas las fuerzas políticas en el ámbito del País Vasco, que yo creo que es una necesidad y una reclaración mayoritaria que ha de hacerse por las vías también políticas, y de ese consenso. En estos momentos creo que es muy prematuro hablar de eso. Estamos caminando también hacia ese proceso de normalización política.
P:- Querría saber si el Consejo había analizado la situación que se ha analizado en el Ayuntamiento de Marbella y si el Gobierno baraja la posibilidad de la disolución de esta Corporación.
Por otra parte, tras el anuncio realizado ayer por el Presidente del Gobierno de que convocará el Pacto Antiterrorista antes de acudir al Congreso si se dan las condiciones para ello, ¿teme el Gobierno que eso puede provocar algún recelo en las formaciones políticas que no forman parte de ese Pacto?
Vicepresidenta.- En cuanto al primer tema que usted me plantea, tengo que decirle que no es un tema que hoy haya sido objeto de estudio por parte del Consejo de Ministros.
A mí sí me gustaría, porque se están haciendo muchas declaraciones en relación con este tema, decir que, si queremos transmitir a la ciudadanía un mensaje claro, de seguridad, de tranquilidad y de funcionamiento de las instituciones de nuestro Estado de Derecho, tenemos que tratar de huir de la precipitación y de declaraciones altisonantes.
El Gobierno va a trabajar con rigor y con responsabilidad, y a mí me gustaría decir algunas cosas:
En primer lugar, desde luego, el Gobierno confía total y absolutamente en el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que son los que están actuando en estos momentos y, desde luego, por supuesto, en la acción de la Justicia. Es preciso dejarles trabajar, y me lo han oído decir siempre, para que puedan culminar su tarea; por lo menos culminar su tarea en esta primera fase, para que podamos tener algunos datos de que, evidentemente, esos indicios que parece que se plantean son reales.
En segundo lugar, una vez tengamos, tras estas primeras horas y cuando haya ya algún pronunciamiento judicial, indicios de que hay un posible delito, o posibles delitos, o apariencias de posibles delitos, desde luego, el Gobierno a partir de ese momento va a actuar con total rotundidad y conforme a lo establecido en la Ley, primero, para perseguir a los delincuentes y para que todo el peso de la Ley recaiga sobre ellos, y, desde luego, en segundo lugar, para garantizar a los ciudadanos que se ven más afectados por esta situación que se ha creado, los ciudadanos de Marbella, que cuenten con los servicios públicos adecuados y, además, para que puedan ejercer sus derechos democráticos y de ciudadanía sin ningún tipo de restricción.
Finalmente, me gustaría también recordarles que éste es el Gobierno de la transparencia y que, por tanto, en consecuencia, ni tolerará, ni mucho menos amparará, jamás comportamientos corruptos. Quiero que esto quede bien claro, porque la corrupción es un elemento que debe siempre ser desterrado de la vida pública, desterrado de raíz, allí donde se encuentre; una corrupción --por cierto, quiero también señalar que resulta ajena a la inmensa mayoría de los servidores públicos-- sobre la que recae, siempre por extensión, la sombra de la sospecha, causando un daño irreparable no sólo a ellos, sino a la calidad de la democracia.
Por lo tanto, combatir y erradicar la corrupción, desde luego, es una tarea de todos; del Gobierno, por supuesto, a la cabeza. Es un firme compromiso nuestro y pueden tener la completa seguridad de que ése va a ser nuestro trabajo en relación también con este tema; pero hay que, repito, como empecé, abordar el tema con rigor y con responsabilidad, y en este momento respetar las actuaciones policiales y judiciales que se están llevando a cabo para que con un mínimo de rigor podamos actuar de forma también inmediata, en el momento en que se pueda tener un indicio racional.
En cuanto al segundo tema que usted me planteaba, el Presidente del Gobierno, como ya se ha reunido, como ustedes saben, con el principal líder de la oposición, con el señor Rajoy, se va a reunir la semana próxima, el martes, con el Lehendakari y va a hacerlo también con todos los grupos políticos y parlamentarios con representación democrática, con todos ellos. Va a hacer una ronda de reuniones con todos ellos y en esas reuniones va a abordar también la situación que se ha creado tras el alto el fuego permanente de la banda terrorista, para compartir y para consensuar. Hemos dicho que este camino lo queremos recorrer, y así va a ser, no sólo con el principal partido de la oposición, que es muy importante, sino también con el conjunto de todas las fuerzas políticas democráticas de este país.
Por tanto, en el ámbito de esas reuniones se va a dar información y, por tanto, todas las fuerzas políticas van a estar informadas. Ello no obsta a que, por supuesto, también se reúna, como se ha comprometido el Presidente del Gobierno, el Pacto Antiterrorista. Son cosas que son claramente compatibles y nadie tiene por qué tener ningún tipo de problema con que estas distintas reuniones se vayan produciendo.
Lo más importante, lo primordial, es que todas las fuerzas políticas tengan información, que todos tengamos el mismo nivel de compromiso y que, desde luego, sepan todos que en este tema va a haber, está habiendo, y creo que ése es el objetivo que en ningún momento se pueda alterar, la unidad de todas las fuerzas políticas democráticas, porque esto lo tenemos que hacer entre todos.
P.- Un par de preguntas para el Vicepresidente en relación con el paquete de próximas medidas. Ha hablado de que se va a hablar con el Ministerio de Justicia para abaratar el cambio de hipoteca y los costes de la cancelación. Creo que ha dicho que eso podría afectar a las hipotecas ya existentes y, entonces, me gustaría saber cuándo cree que podrá ser efectivas esas rebajas y hasta qué punto se van a abaratar estas cuestiones.
Una segunda cuestión, que tiene que ver con las tarifas energéticas. He entendido que el objetivo es que sólo los consumidores que se consideren vulnerables van a seguir sujetos a tarifa y me gustaría que nos aclarara si esto quiere decir que todos los consumidores que no son familias --creo que ha identificado consumidor vulnerable con familia-- va a tener que ir obligatoriamente al mercado liberalizado y, de nuevo, cuándo va a ser así.
Vicepresidente.- En cuanto a la primera pregunta, estamos trabajando ya con Justicia. Evidentemente, la idea es abaratar el coste. Es un tema relativamente complejo, porque se mezclan distintas cosas; se mezclan supuestos de subrogación, supuestos de modificación o novación de la hipoteca, o supuestos de cancelación. Y ahí, a su vez, hay tres factores que juegan que son las comisiones, los aranceles y los impuestos. Los impuestos ya están exentos y, por lo tanto, ahí no hay nada que hacer; en lo que estamos centrándonos es en las comisiones y en el arancel. Lógicamente, es avanzar una serie de medidas que ya en algún caso se pusieron en marcha en el pasado.
¿Desde cuándo estará en vigor? Tiene que aprobarlo una ley y nuestra idea es hacerlo rápidamente, para que la Ley esté en vigor, lo más tarde, el uno de enero del año 2007. Eso sería lo óptimo.
En cuanto a las tarifas energéticas, no es a los consumidores que sean vulnerables, sino que los consumidores son vulnerables. Por lo tanto, en esa medida, quiero decir que la tarifa seguirá aplicándose a los consumidores individuales, a las familias, a todas ellas.
P.- El jueves viene Kofi Annan y yo quería saber si en la reunión que va a mantener con el Presidente se va a abordar el proceso de paz y, en todo caso, si se podría pedir a la ONU que tenga algún papel.
Vicepresidenta.- Es razonable que en una reunión de esta naturaleza el Secretario General de Naciones Unidas y el Presidente del Gobierno de España, cuando tenemos este tema tan importante encima de la mesa, sea un tema que se aborde, que se hable; que el Presidente del Gobierno transmita al Secretario General de Naciones Unidas la posición del Gobierno, cuál es la situación en la que nos encontramos. A partir de ahí, más allá del intercambio de información en estos momentos, creo que es prematuro hablar de cualquier otro tipo de cuestión.
Yo creo que es verdad que el inicio de este proceso de paz, que esperamos, y como siempre tenemos que mostrarnos con la mayor de las cautelas, que sea un proceso de paz definitivo, suscita el mayor interés, sobre todo, de todas las organizaciones internacionales, no sólo de todos los países. Por tanto, es razonable que en esa reunión se hable del tema. Lo que tenemos ahora es esperar a que la reunión se produzca y, por supuesto, les informaremos de las cuestiones que en ella se aborden y de lo que se trate.
P.- Para el Vicepresidente. Yo quería preguntarle si usted considera que el modelo financiero establecido en el Estatuto aprobado ayer es un modelo ya vigente desde la aprobación parlamentaria o habrá que esperar a la reforma de la LOFCA. En ese sentido, ¿cómo observa usted la propuesta del señor Simancas de aplicar también un modelo similar en la Comunidad de Madrid?
Por otra parte, a la Vicepresidenta quería preguntarle si la aprobación del Estatuto con el 54 por 100 de la Cámara le parece suficiente teniendo en cuenta que el Presidente Rodríguez Zapatero, cuando se tramitó el Plan Ibarretxe, apeló a la necesidad de un consenso en el entorno del 70 o el 80 por 100 para las reformas de este calado institucional.
Vicepresidente.- Primer punto. El Estatuto dice muy claramente que el sistema de financiación se regulará por la Constitución, por el Estatuto y por la LOFCA. Eso quiere decir que la LOFCA sigue existiendo y, lógicamente, las discrepancias entre el Estatuto y la LOFCA tendremos que resolverlas en su momento. Con todo esto que estoy diciendo, lógicamente, en los próximos tendremos que replantearnos, como siempre lo hemos dicho, por otra parte, de forma multilateral cuál es el nuevo sistema de financiación de Comunidades Autónomas. En esa línea estamos trabajando ya desde hace bastante meses.
No es el señor Simancas; Baleares también pidió distinto sistema de financiación; algunas otras Comunidades Autónomas, Valencia, también y Valencia dice que quiere el mejor que exista. No sé si éste es el mejor que existe o no. Andalucía, a su vez, pide otras cosas… Es decir, hay muchas demandas en estos momentos que, lógicamente, tendremos que introducir en el debate para el futuro sistema de financiación.
Vicepresidenta.- El Gobierno está muy satisfecho con la aprobación del Estatut --quiero volverlo a decir; lo dije ayer, antes de que se aprobara, en la tribuna pero, como todavía no se había votado, lo puedo decir ahora ya-- y con la aprobación efectuada y la votación efectuada en el Congreso.
Yo no creo que pueda decirse que una mayoría absoluta en el Parlamento nacional y un 90 por 100 en el Parlamento catalán represente poco consenso. A mí me parece que es un consenso importante. Creo que, por tanto, el Estatuto cuenta con un importante y con un amplio apoyo. Es evidente que al Gobierno le hubiese gustado que a ese amplio consenso se sumasen más votos y no será porque no lo hemos intentado. Hemos trabajado para que la mayoría de las fuerzas políticas o todas las fuerzas políticas estuvieran. No han estado todas, pero lo hemos intentado.
Vamos a seguir confiando, de todas formas, hasta el final en que se sumen más fuerzas políticas, vamos a seguir intentando. Es verdad que, incluso, se han llegado a decir cosas estos días como que se había roto el consenso constitucional. No se ha roto el consenso constitucional, el consenso constitucional no se ha roto en ningún momento. Creo que, a veces, lo que está ocurriendo es que el principal partido de la oposición está reclamando un consenso del que nunca participó. Yo creo recordar, porque a veces tenemos un poco la memoria frágil, que el Partido Popular, entonces Alianza Popular, se opuso, a buena parte del Título Preliminar y, desde luego, del Título VIII de la Constitución. Y creo recordar también que tampoco apoyó el Estatuto de 1979, el Estatuto de Cataluña.
Es verdad que en la transición el consenso se fraguó con la inmensa mayoría del Parlamento, como ahora, no con la mayoría del Partido Popular. A mí me gusta mucho que se reclame por parte del Partido Popular el consenso. Me extraña, pero me alegra, porque creo que es bueno. El consenso es un instrumento fundamental del trabajo democrático. Ahora bien, también quiero señalar que el consenso implica diálogo, pacto, reconocimiento del otro, escuchar y acuerdo, y, a veces, da la impresión de que se identifica consenso o se confunde consenso con imposición. Pero, desde luego, no creo que se pueda decir que éste no es el Gobierno del consenso.
Hemos estado trabajando por consensuar y, sinceramente, creo que hay un consenso bastante razonable de apoyo al Estatuto de Cataluña: mayoría absoluta, vuelvo a recordarlo, en el Parlamento nacional y 90 por 100, en el Parlamento de Cataluña.
P.- Para la Vicepresidenta, dos preguntas. La primera es sobre la entrevista que va a mantener el Presidente Rodríguez Zapatero con el Lehendakari Ibarretxe. Me gustaría si se va a comentar la posibilidad de abrir el Pacto Antiterrorista, de reformularlo de alguna manera, para que se integren otras fuerzas políticas, singularmente el PNV.
En segundo lugar, sobre el tema del Estatuto catalán, ha dicho usted que van a trabajar para que se sumen otras fuerzas al consenso. A mí me gustaría saber si de eso se puede desprender la posibilidad de que en el Senado se introduzcan algunos cambios en el redactado actual.
Vicepresidenta.- En cuanto esto último que está planteando, el tema del consenso, es que nosotros siempre trabajamos para que haya más consenso. Es que creemos que tenemos muchos argumentos, es que creemos que se ha trabajado muy bien en el Congreso, es que creemos que estamos todavía en condiciones de convencer, y lo vamos a intentar, porque ésa es la grandeza de la democracia y de los procedimientos parlamentarios, a las personas que no han apoyado, a los Grupos que no han apoyado, en el Congreso el Estatuto, porque yo creo que algunos grupos están, incluso, muy cerca.
La verdad es que, en cuanto a cambios, yo creo que se han hecho muchos. Yo veo difícil la posibilidad de cambios, pero nunca hay que dejar… Hay ahora un trámite parlamentario y en el trámite parlamentario del Senado se verá. Pero quiero señalar que se ha trabajado muy bien en el Congreso, que se ha hecho un esfuerzo enorme de acordar por parte de todos los Grupo y que hay que seguir en la misma línea de seguir acordando y seguir dando argumentos muy importantes de puesta en valor de todo lo que supone y todo lo que contiene hoy el Estatuto aprobado ayer en el Congreso de los Diputados.
En cuanto al primer tema que me planteaba, el tema de la reunión con el Lehendakari, vamos a dejar que se produzca la reunión. Sobre el Pacto Antiterrorista creo que lo hemos dejado bien claro. Hay un Pacto Antiterrorista cuyos principios y contenidos siguen siendo el Pacto en sí, que es claramente válido, y, por tanto, se mantiene; y hay, además, una Resolución, hay un acuerdo parlamentario con el resto de todas las fuerzas políticas que también está en vigor y que contiene elementos importantes para abordar la nueva etapa en la que nos encontramos.
Es compatible, yo creo que todo eso es compatible. Hoy es compatible trabajar con los instrumentos que tenemos en esta fase, en estos momentos. No obstante, porque los principios están ahí, el instrumento fundamental es el acuerdo y el diálogo permanente con todas las fuerzas políticas, y, por tanto, es compatible el Pacto Antiterrorista, tal y como está, con el acuerdo, que está también plasmado en una Resolución, del Parlamento con motivo del Debate del Estado de la Nación. Además, como ha señalado el Presidente del Gobierno, vamos a tener un permanente contacto con todas las fuerzas, con todos los grupos políticos, para ir acordando, para ir recorriendo el camino que tenemos por delante juntos, con los principios que están en todos esos acuerdos.
P.- Una pregunta para la Vicepresidenta. Ayer, durante el Pleno sobre el Estatut, el señor Rajoy acabó teniendo un pequeño reproche, un toque de atención, hacia el Gobierno después de la reunión que había tenido con el Presidente por el cambio de criterio que había tenido la Fiscalía en torno al procesamiento del señor Otegi. "Mal se puede ayudar", decía el señor Rajoy, "si usted no se deja ayudar", en referencia al Presidente del Gobierno. Mi pregunta es: ¿cree usted que está justificado ese reproche y cree usted que ese hilo directo o que esa comunicación que se pretende ahora con el señor Rajoy debería incluir también cualquier actuación, plan o cambio de actuación de la Fiscalía en alguno de los procesos que hay en marcha en torno al entramado de Batasuna?
Vicepresidenta.- En relación con este tema, a mí me gustaría hacer una aclaración, porque yo creo que se está produciendo una confusión que convendría, a mi juicio, aclarar cuanto antes o, por lo menos, darles mi opinión. Esa confusión deriva de lo siguiente: una cosa es la política criminal de un país, que la Constitución atribuye al Gobierno y que, por tanto, dirige el Gobierno, y otra cosa muy distinta es la actuación del Fiscal General del Estado y de los fiscales de cada caso concreto en los supuestos concretos en los que, en el ejercicio de la acción penal, el Fiscal actúa.
En el primer caso, en el caso de la política criminal, es evidente que la competencia es del Gobierno y es evidente que el Gobierno da instrucciones de política criminal general a los instrumentos de ejecución de esa política criminal, que son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y el Fiscal General del Estado. Otra cosa bien distinta, la segunda, es el ejercicio en cada caso concreto de las posiciones que el Fiscal lleva a cabo de acuerdo con la Constitución, que lo hace con absoluta autonomía. Pero, es más, le diré incluso que con autonomía en muchas ocasiones hasta del fiscal del caso concreto con respecto de la posición del Fiscal, porque los procesos judiciales son procesos vivos y el fiscal adopta una posición en función de los hechos que se producen en ese proceso. Y ahí el Fiscal actúa con absoluta autonomía.
Dicho esto, le diré que el Gobierno tuvo conocimiento de la decisión que finalmente adoptó el juez y de lo que había pasado en esa comparecencia y de la posición del fiscal al mismo tiempo que el resto de los ciudadanos españoles, como es lógico.
Por lo tanto, evidentemente, si hay una instrucción de política criminal que el Gobierno cambiara o adoptara, por supuesto que la comentaría con absoluta confianza y con absoluta sinceridad al líder de la oposición, porque el compromiso del Presidente del Gobierno es transparencia y sinceridad total, y compartir la información. En un caso concreto, en actuación concreta, en el caso concreto del fiscal, ahí funciona con arreglo al principio de autonomía; pero además es que es también, de alguna manera, de sentido común. Las posiciones finales que se mantienen están en función de los hechos que se producen en los pleitos, en las comparecencias, en los incidentes y eso, evidentemente, hay que respetarlo absolutamente, mantener una posición de absoluto respeto, no sólo lo que decida el juez, que por supuesto, sino también de las decisiones que adopte el fiscal.
P.- Al Vicepresidente. Entre los objetivos del Plan estaba el impulso de la vivienda en alquiler y se planteaba la dotación de ayudas directas para inquilinos. ¿Puede especificar cómo van a ser estas ayudas y si podría replantearse la inclusión de deducciones en el IRPF?
Vicepresidente.- Nosotros pensamos que el problema del alquiler no es tanto un problema de demanda como de oferta y pensamos, que por lo tanto, hay que ayudar a que haya más viviendas en alquiler. En ese sentido, en el Plan de Vivienda hay un apoyo importante al oferente de alquiler, incluyendo las sociedades que vayan a trabajar en el sector inmobiliario con viviendas de alquiler.
De acuerdo con nuestro análisis económico, la subvención al inquilino se traslada a incremento de precios automáticamente y, por lo tanto, pensamos que, mientras no nos demuestren lo contrario, es una medida que tiene un impacto, digamos, muy poco efectivo y que, al final, lo que sirve es para aumentar los precios en vez de para bajarlos.
Vicepresidenta.- Muchas gracias. Buenos días.