Vicepresidenta.- Buenos días. Ayer el mundo volvió a recibir el zarpazo terrible y brutal del terrorismo. Los datos oficiales hablan de decenas de muertos y centenares de heridos en la ciudad de Londres. No ha habido españolas ni españoles entre las víctimas mortales y sólo una compatriota sufrió heridas leves, pero sentimos con la misma intensidad y como propio el dolor de los londinenses y de los británicos.
Quiero una vez más reiterar y trasladar hoy, en nombre del Gobierno y del pueblo español, toda nuestra solidaridad y todo nuestro afecto con las víctimas y sus familias, y todo nuestro apoyo y asistencia a las autoridades británicas. Nadie, desgraciadamente, está libre del terrorismo.
Como saben, el Presidente del Gobierno convocó en el día de ayer a los Ministros de Defensa y del Interior, así como al Secretario de Estado de Seguridad y al Director del Centro Nacional de Inteligencia, y a mí misma, para activar el Plan de Prevención y Protección contra el Terrorismo.
Como ya se les informó, el Plan conlleva la movilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, apoyados por las Fuerzas Armadas, con el fin de proteger nuestras infraestructuras y otros objetivos estratégicos; por supuesto, de manera prioritaria a nuestros conciudadanos de posibles atentados terroristas. Este Plan, como ustedes saben ya también, se mantendrá activado de manera indefinida y en él se incluye la colaboración, tanto en términos de información, como de seguridad, con las autoridades británicas.
En su reunión del día de hoy, el Consejo ha acordado, en similitud con otros países de la Unión Europea y como muestra de solidaridad con el pueblo británico, que las banderas ondeen a media asta desde las 13:00 horas del día de hoy hasta las 00:00 horas del domingo.
España, que ha sufrido como pocos la lacra del terrorismo nacional e internacional, sabe que hay que mantener toda la determinación y la firmeza en la lucha contra los criminales, en la lucha contra los enemigos de la libertad y en defensa de los valores democráticos; una lucha en la que resulta imprescindible, y en esta ocasión lo hemos vuelto a ver, trabajar y luchar unidos, actuar unidos, juntos y decididos, para acabar con la sinrazón de la violencia terrorista.
Pasando ya a los asuntos del Consejo de Ministros, les diré que ha sido hoy una reunión muy densa, tanto por la cantidad, como por la variedad de los acuerdos adoptados. Me van a permitir que sea sintética y que deje los detalles para el turno de preguntas o para la referencia escrita.
Está con nosotros, como han podido observar, el Ministro de Administraciones Públicas, que les ofrecerá información adicional sobre los dos Proyectos de Ley que hoy han estado en la mesa del Consejo de Ministros: sobre la Ley de Agencias, que ha sido uno de los temas más importantes tratados, así como sobre el Informe que hemos visto del Anteproyecto de la Carta de Barcelona.
Un primer bloque de decisiones tiene que ver hoy con el uso racional de los recursos esenciales para nuestra economía y nuestro desarrollo, que son la energía y el agua. El Gobierno cree firmemente que el desarrollo sólo es posible si es sostenible, si respeta el medio ambiente y los recursos energéticos. El Gobierno cree firmemente que es imprescindible que la Administración, las empresas y los ciudadanos aúnen esfuerzos para que el uso de la energía sea más eficiente.
Pues bien, hoy hemos aprobado el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética para el periodo 2005-2007. El Plan tiene tres fines muy concretos: ahorrar energía, reducir la contaminación y mejorar la competitividad de nuestra economía. Es un plan muy ambicioso, que reducirá en un 8,5 por 100 el actual consumo de energía y en un 20 por 100 nuestras importaciones de petróleo, ahorraremos con él doce millones de toneladas equivalentes de petróleo y dejaremos de emitir 32 toneladas de CO2 a la atmósfera. Prevé inversiones de cerca de 8.000 millones de euros, de los cuales 722 serán aportados por las Administraciones Públicas, 350 de ellos provenientes de la tarifa eléctrica.
¿Por qué abordamos ahora este Plan? Nuestro país es un país excesivamente dependiente. Si la media de la Unión Europea es del 50 por 100, España depende en un 80 por 100 de la energía exterior. La demanda, además, crece más rápido que nuestra economía y también en contra de la tendencia europea.
La Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012 aprobada por el Gobierno anterior asumió estas dificultades, es decir, hizo un buen diagnóstico, pero no especificó ni actuaciones concretas, ni plazo, ni financiación. Era urgente hacerlo y es por ello por lo que el Gobierno ha adoptado hoy este Plan. Este Plan incide en siete sectores: en industria, en transporte, en edificación, en servicios públicos, en equipamientos, en agricultura y en transformación.
En la industria apoyaremos la realización de auditorias, cerca de 280. La Administración financiará por el 75 por 100 de su coste y, además, ayudaremos en programas concretos de ahorro.
En el ámbito del transporte se incentivará el uso del ferrocarril y la modernización de vehículos. Vamos a fomentar la conducción eficiente mediante la formación y el uso del transporte público.
En cuanto a edificación, se fomentará el ahorro energético mejorando el aislamiento de los edificios, sustituyendo calderas e instalaciones de aire acondicionado y cambiando siete millones de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo.
En lo que respecta a los servicios públicos, las medidas se centran en el ahorro en el alumbrado público mediante la sustitución de 840.000 lámparas. Además, los Ayuntamientos fijarán requisitos mínimos de eficiencia energética en el alumbrado público.
En equipamiento residencial, como electrodomésticos o equipos de oficina, se va a elaborar también un plan de eficiencia energética, de la misma manera que el que se está abordando en el ámbito de la Administración General del Estado, donde les diré ya que en diversos Ministerios, incluidos el Ministerio de la Presidencia y el Complejo de La Moncloa, se está ya poniendo en marcha una auditoria energética. Hemos empezado por nosotros mismos a trabajar en un ámbito que es muy importante y, además, lo estamos haciendo de forma similar a como lo están haciendo otros países en Europa, pero no sólo en Europa; en Europa y también en Estados Unidos. Hasta la Administración Bush ha emprendido acciones muy potentes para reducir el enorme consumo de energía que hoy existe también en Estados Unidos. Por lo tanto, participamos de un esfuerzo europeo y participamos de un esfuerzo que se está realizando a nivel internacional.
No obstante, quiero también señalarles que con este Plan se adoptan una serie de primeras medidas, pero vamos a continuar trabajando en medidas que se adoptarán con posterioridad y en el futuro.
El Consejo también ha tenido hoy como objeto la eficiencia de nuestros recursos energéticos, en la misma línea de lo que estamos hablando, y esta vez en uno especialmente escaso, del que, como verán, casi no hay últimamente un Consejo de Ministros que no lo mencionemos o que no adoptemos alguna medida, que es el agua. Estamos sufriendo, como ustedes saben, uno de los periodos de sequía más largos y graves de los últimos años y, aunque no hay problemas de abastecimiento ahora, si no adoptásemos las medidas necesarias, en su día podría haberlos.
Quiero recordarles que dos meses después de que tomáramos posesión este Gobierno aprobó más de un centenar de actuaciones para incrementar la disponibilidad y la calidad del agua en las cuencas mediterráneas. En las últimas semanas, como les señalaba, hemos venido anunciando nuevas medidas, alguna de carácter urgente, y seguimos trabajando.
Hoy el Consejo ha aprobado una autorización de gasto destinado a la realización de obras hidráulicas cercano a los 950 millones de euros para los dos próximos años y de otros 180 millones para los años siguientes, que nos va a permitir atender obras de emergencia, precisamente derivadas de la sequía, para garantizar el abastecimiento; que nos va a permitir licitar y contratar, por ejemplo, el Plan de Seguridad de las Presas, que era una gran asignatura pendiente, u obras para el tratamiento de agua potable o de alguna desaladora más de las que estamos poniendo en marcha.
También ha acordado hoy el Consejo de Ministros, en esta línea en relación con el agua, distribuir más de 73 millones de euros en fondos para los agricultores, de los cuales 58 millones serán destinados a paliar los efectos de la sequía.
Ha habido también hoy un conjunto de acuerdos en el Consejo de Ministros dirigidos a la Ayuda al Desarrollo. Como ustedes saben, este Gobierno ha hecho una apuesta decidida por los Objetivos del Milenio aprobados por 189 países en la Cumbre del Milenio del año 2000. Los objetivos que el Gobierno hace suyos son la lucha internacional contra la pobreza, la defensa de la igualdad de género, un mejor acceso a la salud y a la educación, y un respeto por el medio ambiente.
No nos conformamos; definitivamente, no nos conformamos con compromisos de mínimos. Este Gobierno quiere estar en primera línea internacional y jugar un papel activo en esta lucha contra la pobreza y a favor del desarrollo sostenible. En primer lugar, por un compromiso moral con los más desfavorecidos, por una razón de solidaridad humana con los que menos tienen; pero también, en segundo lugar, por el interés de todos los ciudadanos de los países desarrollados y en desarrollo, porque un mundo más justo, más igual, más integrador y más incluyente, un mundo que ofrezca capacidades y oportunidades para todas las personas, será, sin duda alguna, un mundo más humano y más habitable para todos.
Fruto de este compromiso, como ustedes saben, el Gobierno aprobó el Plan Director de Cooperación Española 2005-2008. Nos comprometíamos en él a duplicar la Ayuda Oficial al Desarrollo en el plazo de cuatro años, con lo que al final de la Legislatura una cifra equivalente al 0,5 por 100 del PIB estará en nuestros Presupuestos.
Les recuerdo que el Objetivo ocho del Milenio establece que hay que tomar medias nacional e internacionalmente para que la deuda de los países en desarrollo sea sostenible. El acuerdo que hoy hemos adoptado permite eliminar completamente la deuda de algunos países que están sobreendeudados y tienen bajos ingresos; estamos hablando de unos 350 millones de euros en cinco años. La deuda sólo será condonada a cambio de inversiones en educación, en medio ambiente o en infraestructuras, por ejemplo.
Los españoles son solidarios y lo han demostrado sobradamente a lo largo de nuestra historia. El Gobierno se hace eco de sus demandas, nos hacemos eco de las demandas de los españoles, para situar a nuestro país entre los más solidarios del mundo. Este acuerdo es un paso más que no agota otros avances, que experimentará la cooperación española externa. Todo lo que se haga por la erradicación de la pobreza en el mundo nos sabrá a poco. Al Gobierno, desde luego, también. Por eso vamos haciendo camino al andar.
Hemos modificado también el Reglamento del Registro Civil para eliminar la necesidad de inventar, si me permiten la expresión, un progenitor a la hora de inscribir un hijo de madre soltera. Por increíble que parezca, hasta ahora y en los casos en los que existía una única filiación, la Ley obligaba a la madre o al padre a inventarse un progenitor falso a efectos de identificación.
Además de eliminar esta obligación, se podrán suprimir del registro los nombres falsos que se hubieran inscrito o inventado hasta ahora; es decir, se va a poder eliminar esa historia ficticia. Además, la reforma también permitirá que los hijos adoptados sean inscritos donde residan sus padres, en lugar de su localidad de origen. Es una posibilidad que también se establece.
Con esta reforma lo que hacemos es asegurar el derecho fundamental a la intimidad y mejoramos el derecho a la privacidad, tanto de los padres como de los hijos, en una norma que era completamente arcaica y discriminatoria.
El Gobierno también ha aprobado hoy una dotación adicional al Fondo de Reserva a la Seguridad Social. Como saben, el Pacto de Toledo estableció que el Estado reservaría parte de sus fondos para poder financiar las pensiones del futuro. Desde entonces, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha ido contando con provisiones económicas de mayor o menor cuantía. Hoy, con una partida adicional de 3.500 millones de euros, el Fondo cuenta ya con una cifra de 26.600 millones de euros, el nada despreciable 3,8 por 100 del Producto Interior Bruto. Ésta es la segunda aportación de este ejercicio. Hasta el momento se han invertido en el Fondo el 96 por 100 de los excedentes presupuestarios de la Seguridad Social.
Como saben, uno de los objetivos de este Gobierno es garantizar el futuro de las pensiones y esto es lo que estamos haciendo con esta medida. Estamos creando empleo, aumenta el número de afiliados a la Seguridad Social y nuestra economía crece de manera sostenida. Estamos, así, en condiciones de incrementar la confianza de nuestros pensionistas en el sistema.
En materia de infraestructuras, hemos aprobado obres de Alta Velocidad por valor de 62 millones de euros, un gasto de 387 millones para obras en carreteras y la firma de varios convenios entre el Ministerio de Fomento y diversos Ayuntamientos para la mejora de las infraestructuras viarias.
Y antes de introducir los asuntos propios del Ministro de Administraciones Públicas, que ya le va a llegar el tiempo porque la verdad es que son tantos los temas que había hoy en el Consejo, Ministro, quiero mencionar otro importante, que es que el Gobierno ha dado hoy luz verde a la firma de un Protocolo adicional al Convenio judicial suscrito entre España y Colombia, que va, sin duda, a venir a mejorar la cooperación entre ambos países en materia judicial y, de forma muy particular, en materia de lucha contra el terrorismo y contra la delincuencia organizada. De esta manera se concluye un trabajo muy intenso realizado en los últimos meses desde que estuviera el Presidente del Gobierno con el Presidente Uribe y que se va a culminar con la firma a raíz de la visita del Presidente Uribe en las próximas horas a nuestro país.
Finalmente, el Gobierno ha visto, como les decía al principio, el informe sobre la denominada Carta de Barcelona, que responde, como saben, a un compromiso electoral y a una moción parlamentaria que instaba al Gobierno a presentar un Proyecto de Ley que otorgase al Ayuntamiento de Barcelona nuevas capacidades y competencias, y recogiese lo dispuesto en la Ley de Modernización del Gobierno Local y en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El objetivo no es otro que desarrollar disposiciones específicas que permitan que Barcelona, una de las ciudades más pobladas de nuestra geografía, junto con Madrid, en la que también estamos trabajando, disponga de instrumentos para gestionar de forma más eficaz sus competencias municipales y, por tanto, pueda atender de forma más razonable, más expedita y mejor los intereses de los ciudadanos.
Los ciudadanos son los que nos han movido también a aprobar el Proyecto de Ley de Agencias para la modernización de la Administración General del Estado. Lo he dejado para el final, pero realmente es un asunto de enorme importancia. Pretendemos dos cosas con este Proyecto de Ley que vamos a remitir a las Cortes: primera, que los ciudadanos obtengan mejores servicios públicos, más cercanos y de más calidad; y, segunda, que la Administración Pública sea más responsable en su gestión, más eficaz y más transparente.
En concreto, lo que se fomenta es una nueva forma de gestión, desempeñada bajo la fórmula de lo que se denomina Agencia Estatal, que trabaja por objetivos, que tiene una mayor autonomía de recursos humanos en presupuesto y en control, que es capaz de generar más ingresos y que prevé también la participación de otras Administraciones. En definitiva, modernidad, agilidad y proximidad a los ciudadanos.
Además, son varias las Agencias que se van a crear ya en esta Ley y el Ministro ya se lo va a contar.
Sr. Sevilla.- Saben que la tarea de modernizar las Administraciones Públicas ha de estar, obviamente, en el caso del Ministro por obligación, pero en el caso del conjunto del Gobierno es por convencimiento. Unas buenas Administraciones Públicas garantizan mejor las libertades de los ciudadanos, garantizan mejor los derechos de los ciudadanos y son también un elemento esencial para mejorar la productividad y el bienestar de una sociedad.
Saben que el Gobierno está empeñado en transformar la Administración General del Estado, sobre todo, una Administración que ya es la más pequeña de las tres, una Administración en la que tres de cada cinco funcionarios están en la periferia --aunque le seguimos llamando la Administración Central, somos más una Administración periférica que central--; en la que siete de cada diez funcionarios están en los niveles administrativos C y D, es decir, niveles de gestión, en muchos casos de cosas que ya no se tienen que gestionar, y nos sigue faltando mucho más personal en niveles A y B, niveles directivos, niveles de decisión, y en la que queremos transformar la Administración que nos ha quedado, después de los procesos de transferencia, en la Administración que necesitamos para poder llevar adelante todas las tareas que la Constitución encarga al Gobierno Central.
Dentro del conjunto de iniciativas que venimos adoptando y que vamos a seguir adoptando en lo que queda de legislatura, de acuerdo con el programa electoral y el programa de investidura del Presidente del Gobierno, hoy le toca a la Ley de Agencias.
Nosotros estamos comprometidos con los servicios públicos, estamos comprometidos con unos servicios públicos de calidad y estamos comprometidos con unos servicios públicos que sean capaces de responder con rapidez y con flexibilidad a las nuevas demandas y a las nuevas exigencias de los ciudadanos. Por eso queremos cambiar las reglas que rigen el funcionamiento de algunos de estos servicios públicos.
Queremos introducir la flexibilidad, queremos introducir la responsabilidad, queremos introducir el control y, sobre todo, queremos introducir el principio esencial de que el ciudadano es lo primero, el servicio al ciudadano es lo primero, y debemos de establecer mecanismos administrativos, mecanismos de gestión, una nueva cultura de gestión, que permitan que eso se pueda evaluar; que podamos evaluar en cada caso concreto si efectivamente el servicio que se presta a los ciudadanos es lo suficientemente adecuado o, al menos, tan exigente como nosotros mismos queremos.
Queremos introducir también una diferencia que existe en otros ámbitos geográficos del mundo, una diferencia entre lo que podríamos llamar la Administración más política, más reguladora, más elaboradora de políticas, y la Administración que ejecuta, de la Administración que gestiona, de la Administración que tiene que regirse por otro tipo de criterios, más próximos a la eficiencia, más próximos a la profesionalidad, más próximos al rigor y más próximos a ese servicio a los ciudadanos.
Hemos presentado, por tanto, este Proyecto de Ley que, sin duda, es la transformación más importante que se hace desde principios de los años 80 en nuestro sector público y que tiene algunas características comunes, que van a definir lo que serán las Agencias, que va a ser la manera normal con la que a partir de ahora el Gobierno va a ir, en su caso, creando nuevos organismos, y la manera hacia la que van a tener que tender una parte muy importante de los organismos públicos, que en este momento ya existen distintos de los Ministerios y de la Administración en sentido estricto.
Por tanto, no estamos creando nada nuevo, estamos creando algo que va a transformar para mejor lo existente. Creo que esto es una primera idea, que es importante que se tenga en cuenta.
Se incrementan la capacidad y la autonomía del gestor, se incrementa la flexibilidad tanto en recursos presupuestarios como en recursos humanos, y, a la vez, se incrementan también las garantías de control a través del contrato- programa, del contrato de gestión, y a través de la responsabilidad que se puede asumir ante el Parlamento o ante las propias medidas de evaluación, de las políticas de evaluación.
Por tanto, creemos que es una manera moderna, eficaz, de gestionar mejor algunos de los servicios públicos esenciales que en este momento todavía están a disposición o bajo la responsabilidad de la Administración General del Estado.
Hemos diseñado también la posibilidad de que las Comunidades Autónomas que voluntariamente quieran puedan participar en los órganos directivos en el Consejo Rector de estas Agencias. Y hoy mismo, porque queremos que las Agencias se creen por Ley, hemos dado ya el pistoletazo de salida para la creación de nueve Agencias, que no van a agotar, ni mucho menos, el ámbito de este nuevo instrumento, de este nuevo elemento administrativo, pero que denotan la apuesta fuerte que el Gobierno está haciendo por modernizar la prestación de estos servicios públicos y por mejorar la gestión de nuestros servicios públicos para atender mejor las demandas de unos ciudadanos cada vez más exigentes, sobre todo en un mundo también cada vez más cambiante en el que responder con rapidez a las exigencias y no sólo de año en año es necesario.
Eso exige unos niveles de flexibilidad y unos niveles de organización distintos de lo que son necesarios para otros ámbitos de la Administración. No se puede pensar que las reglas por las que se tiene que regir la Dirección General de Tributos, por ejemplo, que elabora normas, que elabora estudios y que hace propuestas normativas, tienen que ser las mismas que las que tienen que regir a la Agencia Tributaria, que es la que recauda esos tributos. Es lógico que tienen objetivos distintos y, por tanto, es razonable dotarles de instrumentos administrativos distintos con todas las garantías, con todos los controles y con toda la seguridad de que estamos cumpliendo las normativas comunitarias, que las hay y mucho en este terreno, fundamentalmente en lo relacionado con el personal y fundamentalmente en lo relacionado con el propio control presupuestario, pero a la vez también con toda la apuesta firme por la capacidad y por la profesionalidad de los gestores a los que en cada momento se les encomienda o se les va a encomendar cada una de estas Agencias.
Hoy hemos, como digo, dado carta de naturaleza --luego quedará el desarrollo legislativo necesario-- a nueve Agencias. Se las leo brevemente si les interesa: la de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios Públicos; Boletín Oficial del Estado; Investigación Científica (el actual CSIC); Inmigración y Emigración, Seguridad en el Transporte y de la Navegación Aérea; Artes Escénicas y Musicales; Meteorología; Agencia de Cooperación Internacional e Investigación en Biomedicina y Ciencias de la Salud.
Seguro que se han dado cuenta de que hay cosas muy distintas. Claro, de esto se trata: de ser capaz de encontrar un elemento común, desde el punto de vista de la Administración y de sus instrumentos de regulación, de control y de supervisión, que haga que dentro de la flexibilidad y de la diferencia con la que se tienen que gestionar las artes escénicas o una agencia de inmigración, podamos identificarlas como algo similar, como algo común, rehuyendo una práctica que había sido muy frecuente en los últimos años que es que, ante cada problema concreto, démosle una solución ad hoc, con lo cual estaban proliferando organismos de regulación sui generis en el conjunto de nuestra Administración, porque cada uno estaba hecho con el traje a la medida del problema concreto que se quería resolver.
Nosotros no creemos que ésa sea la línea de resolver las cosas. Creemos que hay que combinar la flexibilidad suficiente en el desarrollo reglamentario de cada una de las Agencias, con la garantía de los elementos comunes que les definen exactamente como pertenecientes a la Administración Pública, pertenecientes al servicio público, al sector público, y con estas normas que significan un avance muy importante respecto a lo que hasta ahora hemos estado habituados en nuestra Administración.
Si no estuviera muy gastada la frase, yo diría que hoy es un día histórico para la Administración Pública, para la prestación de los servicios públicos, porque hay un Gobierno que está haciendo una apuesta fuerte por mejorar la gestión, para aproximar la calidad de los servicios públicos que prestamos a las demandas de los ciudadanos.
No se les escapa que la Ley es muy prolija, con artículos que son todo menos divertidos, con temas muy técnicos, muy concretos. Si les parece, yo me paro aquí y, salvo que tengan un interés especial en alguno de los aspectos concretos, dejaríamos aquí esta primera intervención.
P.- Para la Vicepresidenta. Tengo entendido que va a haber expertos de la lucha antiterrorista española, de la Comisaría General de Información, que van a viajar a Londres para cooperar con la investigación de los atentados de ayer. Puesto que se habían detectado conexiones entre diversas células europeas de terrorismo internacional de raíz islamista, desearía saber si el Gobierno sospecha que pueda haber alguna conexión entre los autores materiales de estos atentados y, por ejemplo, la célula que produjo el 11-M.
Para el Ministro Sevilla dos preguntas. La primera: ha citado, entre otras Agencias, la de Inmigración y la de Seguridad Aérea. Me gustaría saber si la eventual entrada de las Comunidades Autónomas en estas Agencias excluye la cesión, por ejemplo, de aeropuertos o el reconocimiento de competencias en inmigración como reclaman algunas Autonomías.
En segundo lugar, puesto que hablamos de reformas, como usted bien sabe, hay una reforma en marcha en Cataluña y hoy se cierran los trabajos de la ponencia del Estatut, me gustaría saber si, a su juicio, las fuerzas catalanas han atendido suficientemente los amables consejos del Gobierno en torno a las mejoras a introducir en el texto original o si considera que aspectos como el blindaje competencial, las leyes orgánicas, el artículo 150.2, etcétera, todavía lo hacen inasumible o indigerible para el Gobierno.
Vicepresidenta.- En cuanto a la primera pregunta que formulaba, como ustedes saben, desde el primer momento el Gobierno ofreció al Gobierno británico todo nuestro apoyo y nuestra colaboración. Efectivamente, hubo una petición del Gobierno británico de colaboración a través de nuestros expertos en lucha contra el terrorismo de tipo islámico.
Como ustedes saben, nosotros hemos reforzado desde que estamos en el Gobierno el 600 por 100 los medios puestos a disposición de la lucha contra el terrorismo. Efectivamente, yo creo que incluso ya han salido para Londres algunas de estas personas de la Policía, tanto de servicios de información como de servicios operativos.
No puedo hacer ninguna afirmación sobre las investigaciones que está realizando en estos momentos la Policía del Reino Unido, a la que le vamos a prestar toda la colaboración. Es prematuro e imprudente hacer alguna afirmación en relación con la investigación de un atentado que se acaba de producir.
Sr. Sevilla.- La verdad es que no había caído yo en la relación que pueda haber entre la mejora de la prestación de un servicio público hoy por hoy competencia del Gobierno central y eventuales análisis que se puedan hacer respecto a otro tipo de hipótesis. Yo creo que hay que contemplarlo como lo que son: cosas distintas. Por tanto, cada Administración va a trabajar, estoy convencido, y desde luego así lo haremos nosotros en el ámbito de nuestras competencias, y nuestras competencias son las que son, y serán las que sean y han sido las que han sido. Por tanto, tendremos que hacer coherente lo que es nuestra actuación con lo que en cada momento sea competencia.
Pero, créame, detrás de la idea, por ejemplo, de montar o construir una Agencia de Inmigración no hay en el Gobierno ninguna preocupación competencial; hay una preocupación por mejorar la prestación del servicio que se hace a los inmigrantes y a la integración de los inmigrantes. Ésa es la única preocupación que tenemos en ésta, como en la seguridad aérea o como en cualquier otra. Si luego sobrevienen otro tipo de debates, cuando lleguen los miraremos y los analizaremos con la misma tranquilidad y con el mismo rigor con el que hasta ahora lo hemos hecho todo. Pero, desde luego, no creo que se pueda deducir del proyecto del Gobierno el que tenga nada que ver con el tema competencial.
Saben ustedes, porque es público y lo he dicho en comparecencias en el Congreso y en el Senado, que el Gobierno está trabajando en la posibilidad de elaborar consorcios o agencias interterritoriales, organismos administrativos que hoy no existen, donde voluntariamente puedan cooperar Administraciones distintas; cada una respetando sus competencias, pero poniendo en común la gestión de algunas cosas que es razonable que se puedan poner en común.
Eso no está aquí, eso no es esto. En eso se está trabajando y se pondrá en marcha y entrará, digamos, en el procedimiento de la Conferencia Sectorial y en el procedimiento de elaboración normativa del Gobierno; pero de nuevo ahí también nuestra obsesión no es lo tuyo y lo mío, nuestra obsesión es cómo mejoramos la prestación de los servicios de todos a los ciudadanos.
Respecto a la segunda, yo no tengo nada más que decir que tenga la convicción, que yo tengo y que tiene el Gobierno, de que tendremos un magnífico Estatut de Catalunya.
P.- Para la Vicepresidenta del Gobierno. Mariano Rajoy considera que la oposición británica se está portando ahora mucho mejor que lo que se portó la oposición socialista durante los atentados del 11 de marzo, porque, según él, la oposición británica no acusado a Tony Blair de imprevisión, mientras que Zapatero, según su versión, sí lo hizo. Me gustaría saber si considera que ésta es una acusación justa.
Vicepresidenta.- Sabe que mi costumbre es no utilizar esta mesa para contestar a los líderes de otras formaciones políticas, aunque debo confesarle que, a veces, resulta muy, muy, difícil no contestar algunas cosas o algunas declaraciones que, por desmedidas, resultan increíbles, como desmedido es el afán de los dirigentes del Partido Popular por polemizar en torno al terrorismo.
Hasta ahora habíamos visto utilizar el terrorismo con fines partidistas, pero hoy se han traspasado todas las fronteras y todos los límites. Ahora ya no basta con polemizar en torno al terrorismo en España, ahora pretenden polemizar en torno al ataque terrorista que ha sufrido Londres. La verdad es que la voracidad del principal partido de la oposición por utilizar el terrorismo como herramienta partidista resulta tan burda como irresponsable y les diré: creo que los ciudadanos, todos los ciudadanos de este país, esperan y merecen que sus responsables políticos sepan mantenerse a la altura de las circunstancias.
Lo siento pero, desde luego, los dirigentes del PP no deberían seguir por ese camino, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles recuerdan perfectamente cuál fue la actitud del Gobierno y el Partido Popular, y cuál fue la del Partido Socialista, cuál fue la del resto de las formaciones políticas, organizaciones sociales y sindicales, y de la sociedad en su conjunto en aquellas terribles fechas en la que sufrimos un brutal atentado en esta ciudad. Yo creo que por el bien de todos no deberían seguir por ese camino.
P.- Yo quería preguntarle si el Presidente del Gobierno ha hablado con el Primer Ministro británico, Tony Blair, y si el Gobierno español es partidario de que se haga alguna reunión o alguna Cumbre a nivel europeo, puesto que Gran Bretaña tiene ahora la Presidencia de la Unión Europea, igual que anunció ayer el Ministro del Interior que iba a proponer a su colega británico una mini-reunión. ¿Es conveniente o el Gobierno español considera que es necesaria una reunión, incluso a nivel de Primeros Ministros, para hablar sobre la lucha contra el terrorismo y la coordinación a nivel europeo?
Vicepresidenta.- El Presidente del Gobierno español se puso ayer en contacto y mandó una nota inmediata al Primer Ministro Blair.
En cuanto a la reunión de la que usted habla, como sabe, en estos momentos el Reino Unido ostenta la Presidencia de la Unión Europea y son ellos los que deben decidir el momento más oportuno para celebrar una reunión. Es verdad que se ha hablado entre los Ministros del Interior de la posibilidad de convocar un Consejo JAI, de Justicia e Interior, en los próximos días o una reunión. Lo que sabe el Gobierno británico es que nos tiene absolutamente a su disposición para reunirnos en un Consejo extraordinario de Justicia o de Interior, o en una reunión más reducida. En lo que el Gobierno británico considere oportuno allí va a estar nuestro país, allí vamos a estar.
P.- Una pregunta para el Ministro Jordi Sevilla. Cuando usted dice que las Agencias tendrán autonomía presupuestaria o autonomía de recursos humanos, ¿significa que no van a atenerse, digamos, a las directrices fijadas en los Presupuestos para los funcionarios --en cuanto a los salarios me refiero y en cuanto a los Presupuestos en sí mismos-- y si dentro de su autonomía de gestión van a poder colaborar, o van a poder contratar, o van a poder trabajar, con el sector privado en la consecución de estos fines para los ciudadanos? Quiero decir si estas Agencias, a lo mejor, mantendrán la tutela pública, pero podrán, digamos, trabajar y colaborar con el sector privado en la prestación de servicios para los ciudadanos.
Sr. Sevilla.- No le quepa ninguna duda que las Agencias Públicas o las Agencias Estatales estarán perfectamente inmersas en los compromisos de estabilidad presupuestaria del Gobierno y estarán perfectamente inmersas en los compromisos constitucionales en cuanto a la selección de empleados públicos y en cuanto al control presupuestario; por tanto, son organismos públicos y deben de responder a esas normas. Lo hacen con más flexibilidad que un Ministerio. Tienen más posibilidad de, internamente, poder cambiar de una partida presupuestaria a otra en función de las necesidades que se puedan ir produciendo a lo largo del año y tienen una mayor capacidad de gestionar los recursos humanos; pero, por decirlo claramente, no es una vía de escape de nada, es una vía de mejorar la prestación de los servicios públicos existentes.
En este momento, hoy, ya en nuestro país tenemos prácticamente setenta y seis Organismos Autónomos, quince Entidades Públicas Empresariales, cuarenta y siete Organismos de Estatutos Específicos, que son éstos que yo digo que se han ido haciendo ad doc en los últimos años, tenemos 141 sociedades mercantiles y tenemos 54 Fundaciones del sector público estatal. Esto existe ya. Por tanto, nosotros estamos queriendo dar una respuesta a las nuevas necesidades que surgen de edades de mayor apuesta por la flexibilidad y por el control de la gestión de determinados servicios públicos y, a la vez, reordenar todos lo que este momento existe de una manera excesivamente dispersa y no siempre suficientemente justificada.
Por tanto, son sector público y seguirán dentro de las normas generales del sector público, y sí podrán tener financiación privada, bien sea de patrocinios o bien sea de contratos que puedan obtener por su cuenta. Por ejemplo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ya en este momento puede obtener contratos privados por proyectos concretos de investigación. Lo pongo como un ejemplo en los que, de convertirse en Agencia, mejoraría la capacidad que tiene para hacer eso y mejoraría la capacidad de gestionar esos recursos a la hora de asignarlos a un proyecto con una dotación de personal o con otra. Por tanto, mejoraría algunas de las cosas que en este momento existen; pero sí, efectivamente, está previsto que pueda haber esa colaboración del sector privado para algunas cosas concretas.
P.- Para la Vicepresidenta. Quería saber la opinión del Gobierno respecto a otra critica de algunos dirigentes del PP, algunos más contundentes que otros, en relación con el hecho de que sea la política exterior del Gobierno, y en concreto algunos gestos del Presidente, los que hayan impedido que Madrid haya sido la ciudad elegida para albergar la sede de los Juegos de 2012.
Vicepresidenta.- Ya saben que no suelo entrar en estas discusiones y polémicas con otros dirigentes políticos; pero en el tema de Madrid le diré que todos, absolutamente todos, desde la Reina al Presidente del Gobierno y al Alcalde de Madrid, han dado, a mi juicio, un ejemplo de unidad, de cooperación, de buena gestión y de apoyo sin fisuras a la candidatura, y así lo expresó ayer el Alcalde de Madrid. Y todos han sabido estar a la altura. Lamentablemente, siempre hay alguien que no está a la altura.
P.- A la señora Vicepresidenta. La primera cuestión es referida a unas declaraciones que realizó ayer el Secretario General de la Energía, el señor Fernández Segura, manifestándose a favor de renegociar o replantear el Protocolo de Kioto, es decir, la firma del Protocolo de Kioto. Quería preguntarle si el Gobierno es partidario de ese replanteamiento o si tiene decidido hacerlo.
Otra cuestión es de hoy mismo y es que se da por hecho un supuesto apoyo del Gobierno a la extensión de la vida útil de las centrales nucleares de entre quince y treinta años. Quisiera saber si el Gobierno, de alguna forma, se ha planteado el asunto y si es partidario, efectivamente, de ampliar la vida útil.
Al señor Sevilla, una última pregunta y es si esta Ley tiene algún coste o han estimado algún coste en ese proceso de creación de Agencias.
Vicepresidenta.- No se en qué contexto ha dicho el Secretaria General de Energía estas declaraciones. Nosotros estamos trabajando en el ámbito del Protocolo de Kioto y, por tanto, vamos a seguir haciéndolo ahí, sin perjuicio de que se pueda ir mejorando, como todo. Somos firmes partidarios del Protocolo de Kioto, lo firmamos, lo estamos gestionando y adoptando todas las medidas que hasta ahora no se habían adoptado.
Lo cierto es que no hemos encontrado con una Administración que incumplía todos los parámetros le puedo decir que en un año se han adoptado muchísimas decisiones en relación con el Protocolo de Kioto.
No ha habido ninguna decisión del Gobierno en relación con el segundo tema que usted plantea.
Sr. Sevilla.- La pregunta, claro, tiene una respuesta muy fácil: aquello que sólo tiene beneficios, ¿no? Creo, que en todo caso, es una ley que beneficia infinitamente a los ciudadanos.
¿Coste? Sí, seguramente algún coste tiene. En algunos casos, transformar en este momento algunos de los Organismos Autónomos que existen en Agencia seguro que lleva algún tipo de coste notarial y seguro que la creación de algunas de las Agencias que hemos dicho, en la medida en la que signifique transformar algo de lo existente, también es posible que lleve aparejado algún coste. Pero me atrevo a decir que lo que estamos es en el ámbito de la norma administrativa mucho más que de la norma presupuestaría o contable.
P.- Al Ministro Sevilla quería preguntarle si tenían previsto que algunas de las Agencias que se van a crear o de los organismos que se van a transformar en Agencia trasladen o tenga su sede en algún otra lugar que no sea la capital.
Sr. Sevilla.- Más de lo que ya hemos hecho quiere decir, ¿no? No. En principio, digamos, no lo tenemos previsto ni en un sentido ni en otro.
P.- Para la Vicepresidenta y para el Ministro. ¿Podían hacer una valoración de unas declaraciones de Alfonso Guerra esta mañana en El Escorial, en las que dice que la reforma del Estatuto de Autonomía desanda el camino que condujo al Estado democrático, fragmenta la soberanía popular y tiene pocas posibilidades de salir adelante.
Y para el Ministro de Administraciones Públicas. ¿Con qué tipo de apoyos parlamentarios cree que puede contar la Ley de Agencias?
Vicepresidenta.- Las declaraciones hechas en el ámbito de la Universidad hay que respetarlas, no se van a comentar. Ya sabe que la posición del Gobierno, en orden a un Estatuto que está en estos momentos en el ámbito del Parlamento catalán, es de absoluto respeto y vamos a ver si todos nos acostumbramos a respetar lo que es el ámbito parlamentario. Creo que es un momento importante para Cataluña y un momento importante, en definitiva, para todos. Y, como decía antes el Ministro, lo que espera el Gobierno es que haya un Estatuto que finalmente sea aceptado por todos y que mejore la vida de los ciudadanos catalanes.
Sr. Sevilla.- Le puedo asegurar que cualquier ministro que lleva una ley al Parlamento espera que sea votada por unanimidad y entre grandes aclamaciones de los ciudadanos en las tribunas. No siempre ocurre así. Yo, por tanto, me he ido intentando garantizar los apoyos de los Grupos que normalmente están apoyando la acción del Gobierno.
He tenido ya dos conversaciones con Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y con Esquerra Republicana. Yo no me atrevo a decir en este momento que he garantizado su apoyo, pero creo que hay suficiente nivel de complicidad en este momento como para que puedan entender que una ley como ésta mejora y es positiva. Y también tengo iniciadas las conversaciones con el Partido Popular, pero las voy a tener también con CiU y con el PNV, porque yo voy a por todas y a por todos.
Vicepresidenta.- Muchas gracias.