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Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba el proyecto de ley de Navegación Marítima

La Moncloa, Madrid, viernes, 22 de noviembre de 2013
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Intervención de la vicepresidenta del Gobierno

La Moncloa, Madrid - 22/11/2013

La norma unifica la legislación sobre navegación marítima, determina la responsabilidad del armador y del naviero e incluye medidas para proteger el medioambiente y el patrimonio natural subacuático. Además, contribuye a la lucha contra la inmigración ilegal reforzando la responsabilidad de los capitanes del buque en lo relativo a los polizones.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del proyecto de ley de Navegación Marítima, que actualiza el régimen general sobre el tráfico marítimo y pone fin a las contradicciones existentes entre los convenios internacionales vigentes en España y la dispersa normativa existente en nuestro país.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha resaltado la necesidad de actualizar el marco jurídico actual sobre la materia, ya que "tiene casi 200 años".

La futura ley dotará a nuestro ordenamiento jurídico de la necesaria homogeneidad que exige el derecho marítimo internacional e incrementará la seguridad jurídica al garantizar la coordinación entre las normas españolas, europeas y convenios internacionales. Además, contribuirá a mejorar la productividad y competitividad del sector marítimo.

Sáenz de Santamaría ha destacado la importancia del sector apuntando que "el tráfico marítimo en el año 2011, en plena recesión, se incrementó un 3% y las navieras españolas facturaron 2.300 millones de euros". En España, ha añadido, "el 85% de las importaciones y el 50% de las exportaciones se hacen por vía marítima y sólo la navegación deportiva y de recreo sostiene más de 100.000 empleos".

Asimismo, ha subrayado la participación de todos los sectores afectados: navieros, astilleros, náutica deportiva, aseguradores, remolcadores, empresas estibadoras, consignatarias de buques y despachos especializados para elaborar el proyecto de ley. La futura norma "no supondrá costes para el sector del transporte marítimo", ha asegurado.

Novedades

Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que el texto da respuesta a problemas como la lucha contra la inmigración irregular. En este sentido, refuerza la responsabilidad de los capitanes del buque para que eviten el embarque de polizones en sus buques y para que, en caso de que lo hagan, se les proporcione un trato digno.

Consejo de Ministros: Soraya Sáenz de Santamaría
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Asimismo, identifica nítidamente a los sujetos de la navegación. El armador es el sujeto que tiene la posesión del buque y lo dedica a la navegación en su nombre y bajo su responsabilidad. El naviero es quien se dedica a la explotación de buques propios o ajenos.

El proyecto de ley incluye novedades relativas a los convenios internacionales relativos a la seguridad de las personas y a la protección del medio ambiente y del patrimonio natural subacuático. Además, actualiza normas procesales aplicables al embargo preventivo, la venta forzosa de buques o el procedimiento para la responsabilidad en materia de créditos marítimos, según ha avanzado la vicepresidenta.

También recoge medidas para prevenir la contaminación marítima y para regular y delimitar la responsabilidad en caso de accidente. Prevé restricciones de tráfico por razones de seguridad y protección marítimas, un mayor control de los buques que presenten deficiencias para navegar y la previsión de lugares de abrigo para situaciones de arribada forzosa.

La vicepresidenta ha aclarado que la regulación de los accidentes de la navegación se efectúa mediante una remisión a los convenios que regulan esta materia en los casos de abordaje, avería grave, salvamento, bienes naufragados o hundidos y responsabilidad civil por contaminación.

Otros acuerdos

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El Gobierno ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen las normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.

La vicepresidenta ha señalado que el objetivo de la medida es adaptar las condiciones y requisitos legales para su concesión "Entre las mejoras está la regulación clara de las ayudas que se pueden solicitar, algo que no existía en la anterior normativa, con lo que se reduce el margen de discrecionalidad que tiene la administración para decidir su concesión. Ahora queda regulado de una manera más tasada".

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo sobre el plan de mejora del proceso interno de transposición de Directivas de la Unión Europea.

Asuntos de actualidad

Consejo de Ministros: Soraya Sáenz de Santamaría
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La vicepresidenta del Gobierno ha señalado, en relación con la futura ley de servicios mínimos anunciada por el presidente del Gobierno, que la Constitución es clara en su reconocimiento del derecho de cualquier persona a reunirse y a manifestarse con el límite de los derechos de los demás. Lo que el Ejecutivo pretende con esa norma es establecer el anverso de un marco jurídico que "asegure el derecho de los ciudadanos a recibir unos servicios básicos", que en algunos casos son esenciales.

Soraya Sáenz de Santamaría, ha confirmado que el Gobierno acaba de recibir el informe del Ministerio del Interior sobre los elementos disuasorios establecidos en la frontera entre Melilla y Marruecos y ha señalado que se trata de un informe muy amplio, que hace referencia a la protección del perímetro de numerosos establecimientos, y que se analizará en todos sus extremos.

También ha anunciado que el próximo jueves se aprobará en las Cortes la Ley de Transparencia que, en el curso de su tramitación, ha ampliado su ámbito de aplicación a partidos políticos y sindicatos. Su aplicación permitirá un "mayor control público de las subvenciones y ayudas" que reciban esas instituciones.

Sobre posibles reformas normativas para que los presos liberados en aplicación de la derogación de la doctrina Parot no reciban ayudas económicas, la vicepresidenta ha dicho que el propósito del Gobierno es disponer de mecanismos que le permitan cobrarse las deudas tributarias contraídas por esas personas como consecuencia de las ayudas satisfechas por el Estado a sus víctimas, y hacerlo directamente, sin necesidad, como ocurre en la actualidad, de acudir a los Tribunales.

Respecto a la futura Ley de Seguridad ciudadana, ha anunciado que se llevará al Consejo de Ministros del próximo viernes y ha explicado que en ella se regularán como faltas administrativas -cuya sanción y reproche social es menor- comportamientos que en el código penal, actualmente en tramitación, ya no están contempladas.