El Decreto-Ley introduce también una serie de medidas destinadas a impulsar la actividad económica y, especialmente, la inversión en nuevos proyectos empresariales. Destacan dos:
- La previsión de un mecanismo que significará que los proveedores de las administraciones públicas, y especialmente las pequeñas y medianas empresas (pymes), puedan recibir de modo inmediato el pago de una parte muy relevante de las deudas que con ellos mantienen las entidades locales. El Decreto-Ley adopta las reformas necesarias para que el ICO pueda destinar recursos al pago de las obligaciones contraídas y no satisfechas por las entidades locales, generando a cambio un crédito del ICO frente a éstas, que deberán devolver en un máximo de tres años y que tendrá por garantía la participación de la entidad concreta en los tributos del Estado. Las operaciones tendrán un límite máximo del 25 % del importe anual de las entregas a cuenta de la participación de la entidad local en tributos del Estado del año 2011.
- De este modo, el Gobierno atiende la difícil situación en la que se encuentran tanto los proveedores como las propias entidades locales en estos momentos de especial dificultad.
El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha explicado que se trata de que "el ICO pague a las empresas que tengan deudas con los ayuntamientos", previa presentación de las facturas. Los ayuntamientos contraerán una deuda con el ICO, que tendrán que pagar a tres años y "el aval de esa deuda es el dinero que el Estado da a los ayuntamientos".
"Si el ayuntamiento no paga, el Estado le irá descontando lo que tiene que pagarle de la subvención anual que recibe", ha añadido Pérez Rubalcaba, quien cree que "la cosa parece bastante sencilla y va a funcionar".
El vicepresidente ha concretado que el Gobierno "pondrá 3.400 millones de euros para pagar las facturas que los ayuntamientos deben a las empresas, fundamentalmente a las pequeñas y medianas". "Vamos a pedir a los ayuntamientos que empiecen por las empresas de menos de 250 trabajadores".
- Como medida dirigida específicamente a impulsar nuevos proyectos empresariales, y especialmente iniciativas innovadoras que favorezcan el cambio de modelo productivo, el Gobierno ha aprobado un tratamiento fiscal ventajoso en el IRPF para las plusvalías obtenidas por los inversores que se impliquen a medio plazo en la creación e impulso de esos proyectos, sin participar en la dirección y gestión de las sociedades resultantes. La inversión máxima anual será de 25.000 euros y las plusvalías resultantes estarán exentas.
Alfredo Pérez Rubalcaba ha subrayado que el Ejecutivo trata de que "el ahorro familiar, que existe, pueda ponerse a disposición de los emprendedores, que también existe, y que en este momento no tiene créditos". "Si yo tengo dinero y conozco a alguien que tiene una buena idea, puedo invertir en su empresa 25.000 euros cada año, sabiendo que, al cabo de tres años, las plusvalías que gane las recuperaré sin impuestos, con exención del IRPF total", ha añadido.
Junto a estas, el Decreto-Ley incluye otras modificaciones de menor entidad, referidas al fomento de la inversión en el sector cinematográfico o a la agilización del proceso de constitución de nuevas sociedades.